Crisis climática
La declaración de emergencia por sequía afecta a ocho de cada diez catalanes

A 1 de febrero, y después de tres años de pocas lluvias y décadas de mucha ganadería intensiva, la Generalitat de Catalunya ha declarado la emergencia por sequía, “la más dura y profunda que ha sufrido este país desde que hay datos, desde hace 110 años”, ha afirmado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha comparecido junto con el consejero de Acción Climática, David Mascort. Las restricciones afectarán a casi toda la población del territorio —a 5,9 millones de personas de los 7,5 millones de población, el 79%— en distintos grados y se han aprobado cuando las reservas de agua disponibles están al 16%. 

Hasta ahora ya había 36 municipios de los embalses de Siurana-riudecanyes i Darnius y del acuífero Fluvià-Muga en emergencia, hoy se añaden 202, los que se abastecen de la cuenta del Ter-Llobregat: Barcelona, toda su área metropolitana y gran parte de la provincia de Girona. Toda la costa desde el norte hasta el Delta de l’Ebre.

Las principales son la rebaja de agua por habitante y día, de los 210 litros a 200 —dado que ya había restricciones previas al estar en preemergencia—, y una reducción del 80% para la agricultura, del 50% para la ganadería y del 25% en los usos industriales. Las granjas de cerdos es uno de los principales sectores económicos de Catalunya, las cuales necesitan un consumo desaforado de agua. La Generalitat ha retrasado la apertura de nuevas granjas y las ampliaciones de granjas existentes. 

El Plan de Sequía, realizado en 2020, calculará los 200 litros de agua por día y habitante, según la población presente mes a mes. Si en verano multiplica la población, se multiplicará el consumo. La población la calculará cada ayuntamiento, cada 30 días. La Generalitat no baraja rebajar la presión a todas las viviendas, con independencia de la capacidad de compra y gasto de agua de los hogares.

En cuanto a las piscinas, no se podrán llenar —excepto con agua de mar; hay piscinas que ya están cambiando la forma de llenado para ajustarse a esta prohibición—. Solo las de usos deportivos de federaciones y usos médicos en hospitales. El riego en jardines públicos queda prohibido, pero se mantendrá el de árboles, para que no se mueran. 

Aragonès ha insistido en fomentar el uso de las desaladoras —Aragonès ha indicado que producen casi el 55% del agua consumida—, en modernizar las redes y en buscar pozos. De la ganadería intensiva, del turismo y de la privatización del agua no ha comentado nada. Ha agradecido la actitud ciudadana y su colaboración, así como los ayuntamientos y las empresas. Ha considerado que el “conjunto de estos esfuerzos nos ha permitido retrasar 15 meses la activación de la emergencia por sequía”.

La mala gestión

Organizaciones vecinales, sociales y ambientales, agrupadas en la campaña De donde no hay, no se puede sacar, han denunciado hoy en una acción en el monte Montjuïc de Barcelona que la emergencia por “sequía no es solo falta de lluvia, es mala gestión”. 

Subrayan que los datos de consumo de las actividades económicas con concesión de agua otorgada por la Agencia Catalana del Aguga (ACA) no son públicos, por lo que “no hay forma de saber si el Plan Especial por Sequera se está cumpliendo y si las restricciones son suficientes”. Y señalan la actitud “interesada y partidista” del PSC y Junts en sus enmiendas a la Ley de la Sequía, de septiembre de 2023. También acusan a los ayuntamientos, los cuales tienen las competencias sobre el abastecimiento de agua potables y el alcantarillado, “por lo que tienen la responsabilidad sobre todo lo que pasa en la red, como la reparación de fugas y el control de los consumos de agua urbanos”, algo que las organizaciones denuncian que los consistorios no hacen.

“El consumo de agua en Catalunya es una de las zonas del mundo con mayor gestión privada: el 78%”, agregan. “Todos los contratos con operadores privados contienen inversiones para la mejora del rendimiento de las redes que se imputan a la tarifa del agua. Ahora, con dinero público, pagamos la mala gestión de los Ayuntamientos, quienes no han fiscalizado a los operadores privados que durante décadas se han embolsado millones de euros a costa de un servicio esencial”, concluyen sobre este punto.

En cuanto al modelo agrícola y ganadero intensivo e industrializado, las organizaciones apuntan a que causan la contaminación del 57% de las aguas subterráneas, dejándolas inservibles. 

Por todo ello, piden “cambiar el paradigma actual de la gestión del agua, basado en suministrar agua a todos los sectores que la demandan, como si fuera infinita, y apostar de forma decidida por una reducción progresiva, empezando por los sectores que más consumen”.