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Los vecinos del distrito de Usera seguirán con las movilizaciones para impedir que los ancianos de la Residencia de Mayores San José, situada en el barrio de Orcasur y que incluye un comedor social, sean trasladados a otras instalaciones. Y es que las palabras del consejero de la Comunidad de Madrid de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, con las que supuestamente se compromete a no proceder al traslado, no les convencen.
Las movilizaciones comenzaban el 23 de noviembre con una asamblea multitudinaria en el Auditorio del Centro Cultural de Orcasur poco después de que las asociaciones de vecinos dieran la voz de alarma: la Comunidad de Madrid tenía previsto cambiar el uso de la Residencia de Mayores San José, enviar a sus residentes a otras instalaciones todavía sin determinar y trasladar a esta residencia a los jóvenes del centro de menores extranjeros no acompañados Manzanares, situado en Arturo Soria. “El proyecto lleva tiempo pero nosotros nos hemos enterado hace 20 días”, indica Cristina Rodríguez, portavoz de la Plataforma Stop Cierre Residencia de Orcasur, que alude al secretismo con el que ha procedido la Comunidad.
“Reivindicamos que los mayores residentes se queden porque están plenamente integrados, porque además necesitamos más residencias de proximidad. La población de Usera es una población envejecida, con un índice alto de personas muy mayores, y se necesitan más plazas de residencias, no que nos quiten una que además es de gestión pública, una de las pocas que hay de gestión pública en la Comunidad de Madrid”, explica Flor Cabrera, vocal de Ahora Madrid en Usera y también miembro de la plataforma.
Para hacer frente a este envejecimiento del barrio, la Asociación de Vecinos de Orcasitas había pedido, además, a las autoridades otra residencia de proximidad, petición que fue aprobada por un pleno de la Junta Municipal de Distrito en mayo. Por otro lado, el patio de la residencia de mayores es contiguo al patio del colegio Montserrat, que realiza actividades de integración entre los ancianos y los niños, indica Cristina Rodríguez, que apunta a lo negativo de trasladar a unos mayores que hace años que se hallan muy integrados en el barrio.
Los vecinos apuntan también que el traslado de unos jóvenes “de gran fragilidad, con situaciones personales complicadas, muy vulnerables y propensos a conductas de marginación” a Orcasur, uno de los barrios con mayores desequilibrios sociales, con falta de inversión en educación, sanidad y empleo y con una esperanza de vida cuatro años por debajo de la media de Madrid, situado además en Usera, uno de los distritos con menor renta per cápita de la capital, no es la medida más inteligente. “Nosotros somos un barrio con muchas deficiencias, y estamos incluidos en los presupuestos de reequilibrio territorial lanzados por el Ayuntamiento para hacer que el desequilibrio que hemos tenido siempre los barrios más empobrecidos se compense”, dice Cristina Rodríguez.
Flor Cabrera considera, además, que “traer a estos chavales es una medida racista, porque los vecinos de Arturo Soria [una de las zonas más ricas de la capital], muchos de ellos votantes del PP, lo que quieren es que les quiten ese ‘problema’, y han tenido la brillante idea de que en Orcasur iban a estar más integrados”. Aunque, insiste, el motivo principal de la movilización es la oposición a la eliminación de la residencia de mayores.
la comunidad da Marcha atrás
Tras la rápida movilización de los vecinos, el consejero Carlos Izquierdo se trasladaba a Usera y mantenía una reunión con la recién creada Plataforma STOP Cierre Residencia Orcasur --formada por la Asociación de Vecinos Orcasur, la Asociación de Vecinos de Orcasitas, el Colegio Montserrat, la Mesa de Orcasur, la Residencia para mayores autónomos y comedor social San José y numerosos vecinos-- para echarse atrás en su decisión de proceder al cierre de la residencia de ancianos el próximo 15 de enero. En una carta enviada por el consejero a la Plataforma el día 29 de noviembre, Izquierdo afirma: “Les confirmo nuestro deseo de que los mayores usuarios de la Residencia San José puedan seguir en la misma, tal y como ha venido siendo hasta la fecha”.“Esperábamos tener una respuesta más contundente, pero se reduce a que ‘la Comunidad desea que la residencia se mantenga como está’. No se compromete. Y nosotros no vivimos de deseos, sino de compromisos formales, políticos y firmes, no de demagogia. Fue bastante duro ver que una vez más había sorteado el tema, porque lo que pretendía bajo nuestro punto de vista era paralizar las movilizaciones”, indica Cristina Rodríguez. Y es que los vecinos no olvidan que la Consejería ya se comprometió anteriormente a no cerrar un centro de mayores en Carabanchel e incumplió posteriormente su palabra. Por ello, la plataforma pide un compromiso de la Comunidad de Madrid por escrito.
El consejero, Carlos Izquierdo, mantuvo ayer 30 de noviembre otra reunión con la concejal-presidenta del distrito de Usera, Rommy Arce, en la que le trasladó que “era firme la decisión de no trasladarlos y de no cerrar la residencia”, ha indicado Arce a este periódico. Según la concejal, el consejero le explicó que el plan de actuación de residencias de la Comunidad de Madrid les obliga a adaptar todas las residencias para dependientes, “y como esta residencia presenta muchas dificultades para su adaptación habían tomado la decisión de trasladar a los residentes a otros centros, pero que visto el malestar generado, lo van a reevaluar”. Además, el consejero pidió a la concejal un escrito de la Junta de Distrito “que sostenga la petición de excepcionalidad para esa residencia”, escrito que ha sido enviado hoy. En él “les hago saber que por nuestra parte expresamos nuestro deseo de que se mantenga en las condiciones actuales por prestar un servicio público de primer orden”, indica Arce.
Además, y tras el pleno de mayo de la Junta Municipal en el que se solicitaba a la Comunidad de Madrid la construcción de otra residencia de mayores en Usera, la concejal ha trasladado de nuevo al consejero su oferta de cesión de suelo municipal para destinarlo a este nuevo centro, “pero hasta el momento no se ha recibido petición formal por parte de la Comunidad de Madrid de suelo para construir la misma”, según un comunicado de la Junta emitido hoy.
A pesar de las promesas, y hasta que los vecinos no dispongan de una confirmación por escrito de la paralización del proyecto de traslado de la residencia por parte de la Comunidad de Madrid, continuarán con las movilizaciones, incluida la manifestación prevista hoy 2 de diciembre a las 11h desde la residencia hasta la Plaza de la Asociación de Orcasur.
Un problema de licencias ya resuelto
La Comunidad de Madrid se acogía para su propuesta de traslado a un supuesto “informe” del Ayuntamiento de marzo de este año en el que se establece que la residencia solo es apta para acoger mayores no dependientes, “y la Comunidad de Madrid se apoya en esto para decir que no es válida la residencia y que no hay manera de arreglarla, pero hemos visto por una serie de informes y de reuniones con la Junta Municipal que esto no es verdad”, indica Cristina Rodríguez.En conversaciones con este periódico, la concejal-presidenta del distrito de Usera, Rommy Arce, indica que el Ayuntamiento de Madrid otorgó la licencia de actividad a esta residencia hace casi dos décadas teniendo en cuenta una memoria de la Comunidad de Madrid de 1998 en la que especificaba que la residencia estaba destinada solo a mayores no dependientes. “Cuando llegamos al Ayuntamiento [en 2015] vimos que, como muchos equipamientos públicos, no tiene licencia de funcionamiento, y quisimos poner en orden algunos problemas de este tipo. La licencia de funcionamiento la otorgan los técnicos en función de la licencia de actividad, que establecía que la residencia era para personas no dependientes”. Por ello, en 2015 se procedió al traslado de las 19 personas dependientes que se hallaban en sus instalaciones y en marzo de este año se concedía la licencia de funcionamiento.
“Solicitaron licencia de obra para llevar a cabo obras de mejora y mantenimiento del complejo residencial”, indica la concejal-presidenta de distrito Rommy Arce, pero las obras, que se pusieron en marcha, “quedaron paralizadas, no se sabe muy bien por qué, se presume que porque la Comunidad tenía planeado este cierre”. Según la concejal, en la reunión mantenida ayer con el consejero Carlos Izquierdo le trasladó la importancia de que las obras de mejora se lleven a cabo, y este afirmó que volverán a ponerse en marcha.
Casualmente, el pasado 7 de noviembre Edhinor se convertía en la primera empresa vetada para realizar contratos con el Ayuntamiento de Madrid para los próximos tres años. En una nota de prensa publicada el 13 de noviembre, el Consistorio de la capital informaba de que el veto a Edhinor ha sido inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado debido a un incumplimiento de contrato de obra para construir el Centro Municipal de Salud de Usera. Esta constructora fue contratada en 2006 para construir el centro de salud pero en 2007, cuando estaba prevista su finalización, “dejó paralizada la edificación y no finalizó los trabajos”, según el Ayuntamiento. El centro fue construido por otra empresa e inaugurado finalmente en 2010. El plazo de la prohibición se sustenta en la “mala fe del adjudicatario durante la ejecución del contrato, el daño causado a los intereses públicos municipales y el perjuicio a los ciudadanos madrileños, destinatarios del centro de salud objetivo del contrato incumplido”, según especificaba el decreto de 30 de agosto de 2016 que se ha hecho efectivo este mes.
Además, Edhinor saltó a la palestra en 2014 al hacerse público que esta constructora pagaba el chalé en el que Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el “pequeño Nicolás”, captaba inversores. Aunque la empresa se desvinculó del chalet, finalmente reconoció que había gestionado su alquiler. Además, también reconoció que Nicolás trabajó como comisionista de la constructora entre abril y septiembre de 2013. De hecho, “el pequeño Nicolás” habría pedido al secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que le prestara “apoyo institucional” para que esta empresa, “amigos míos”, consiguiera hacerse con un contrato de construcción de un hotel de cinco estrellas en Guinea Conakry por 40 millones de dólares, según se desprende de un mensaje que trascendió a los medios. Cuatro días después de que Nicolás Gómez fuera detenido acusado de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas, los propietarios de Edhinor crearon la empresa Aguas Tecnológicas S.L.
Según datos de la web Quién Cobra la Obra extraídos del BOE, entre 2009 y 2015 Edhinor consiguió de forma directa 30 contratos con diversas administraciones por valor de 100,8 millones de euros. Y ha formado parte de tres UTE que han obtenido otros tres contratos por 12,3 millones de euros. De los más de 113 millones de euros, el grueso proviene de contratos con el Ministerio de Trabajo (43,5 millones de euros) y con el Ayuntamiento de Madrid (otros 43,5 millones), siendo el último contrato con el Consistorio municipal en el año 2014.
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Una sociedad que no se defiende, está condenada a desaparecer. Y Europa YA HA INICIADO ese proceso. Cuánto tardará en desaparecer?????
MUY PRONTO!!!!!!