Autogestión
La Gazte Asanblada de Zestoa consigue un nuevo gaztetxe

La Gazte Asanblada de Zestoa anunció ayer que tendrá un nuevo gaztetxe tras llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. La localidad guipuzcoana contaba con un espacio autogestionado en el edificio Elizondo que era propiedad de la Diócesis de San Sebastián y que tenía una segunda orden de desalojo para el próximo 11 de septiembre.

La primera fue la del 19 de julio, cuando cientos de jóvenes se juntaron en el municipio de Urola Kosta para defender el gaztetxe y evitar que la Ertzaintza o la autoridad judicial pudiesen entrar. Tras varios meses de desencuentros con la Iglesia y con el consistorio liderado por EH Bildu, este conflicto parece llegar a su fin. 

“Gracias a la lucha de la Gazte Asanblada durante estos últimos años”, explicaron los jóvenes zestoarras, el ayuntamiento cambió la postura de inmovilismo que ha mantenido hasta ahora: “ha propuesto un nuevo espacio que responda a las carencias que tenía el viejo gaztetxe”.

Por lo tanto, “ante las dificultades para seguir con el espacio que teníamos”, la asamblea ha decidido aceptar esta opción y ha decidido abandonar el gaztetxe una vez garantizado un nuevo espacio adecuado.

La Gazte Asanblada paraliza el desalojo del gaztetxe de Zestoa

Mikel Gisasola Axpe

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Centros sociales

Euskal Herria La Gazte Asanblada paraliza el desalojo del gaztetxe de Zestoa

Mikel Gisasola Axpe

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El edificio pertenece a la diócesis de Donostia y está ocupado por los jóvenes de Zestoa desde febrero de 2023. Otros centros sociales, en una situación similar, como el de Burlata, el de Lizarra o el de Zornotza, están en peligro.

La Gazte Asanblada recordó que esta decisión también viene motivada porque la Iglesia no tiene intenciones de cambiar su posición y de sentarse a negociar. En todo momento la postura del Obispado ha sido acabar con las actividades populares que se han realizado en el edificio Elizondo.

Además, afirmaron que el juez ha impuesto a los jóvenes multas de 6.500 euros en concepto de indemnizaciones por la okupación, y pidieron que se apoye las próximas iniciativas que van a organizar para afrontar “un gasto gigantesco”. 

Más de 700 personas participaron en la campaña de apostasía como medida de presión

Ante las amenazas de desalojo por parte de la Iglesia, la Gazte Asanblada Zestoarra inició en diciembre una campaña de apostasía para presionar a la Diócesis de San Sebastián. Un total de 723 personas rellenaron los formularios y, según la asamblea, es hasta la fecha la mayor apostasía colectiva en Euskadi.

Una decena de miembros de la Gazte Asanblada se reunieron a las puertas del edificio del seminario del Obispado de San Sebastián para denunciar las multas que los jóvenes podían recibir. Al término de la lectura del comunicado pretendieron entregar los formularios, pero la Ertzaintza cerró las puertas y, según explicaron los presentes, la iglesia “no quiso recoger las peticiones”. Una situación que denunciaron ante el Ararteko.

Miembros de la Gazte Asanblada se colocaron frente al altar de la iglesia y desplegaron una pancarta en la que se podía leer “Eliza diruzale, espekulatzaile!”

Tanto la Gazte Asanblada de Zestoa como otros actores políticos y juveniles fomentaron esta renuncia a la fe. Los diferentes agentes del Mugimendu Sozialista repartieron formularios en diferentes gaztetxes guipuzcoanos. Una vez completados los datos que se pedían en la ficha y con la entrega de una fotocopia del DNI, se presentaban a la Gazte Asanblada zestoarra para llevarlos a la diócesis.

Las reivindicaciones de la Gazte Asanblada para mantener el gaztetxe en el edificio Elizondo cobraron relevancia en los medios de comunicación de Euskadi cuando varios jóvenes de la localidad de Urola Kosta entraron a la parroquia vestidos con buzos y máscaras blancas. 

Allí, se colocaron frente al altar y desplegaron una pancarta en la que se podía leer “Eliza diruzale, espekulatzaile!”. De esta forma, cortaron la misa —sin ningún tipo de acto violento— y lanzaron billetes por toda la iglesia.

Choque entre Bildu y la Iglesia

El Ayuntamiento zestoarra condenaba hace ya unos meses “la apropiación por parte de la jerarquía eclesiástica, a lo largo de la historia y en las últimas décadas, de infraestructuras populares que deberían estar en manos del patrimonio público”.

Así, abogaba por “ seguir dialogando con la Iglesia y a firmar un acuerdo global sobre las infraestructuras del pueblo y de los barrios para que se utilicen en beneficio de todos”.

Ante estas declaraciones la Diócesis reclamaba a la alcaldía y demás autoridades que “cumplan con su deber ante estos hechos y que, además de hacer respetar las propiedades de la comunidad cristiana, protejan a estos ciudadanos de Zestoa, que requieren la misma atención y protección que el resto de conciudadanos”.

Además, el Obispado reiteraba “la defensa de esta comunidad manteniendo la demanda judicial en vigor, a la espera que se pueda recuperar la actividad en el edificio cuanto antes”.