Alicante
Los edificios de tu ciudad abandonados por las instituciones podrían ser autogestionados

El País Valencià cuenta con más de 450.000 viviendas vacías según el INE. Si hablamos solamente de las capitales de provincia, Castellón tiene 10.359 viviendas sin gente, Valencia 36.454 y Alicante 15.733. Es importante recordar que esta tercera ciudad es la primera en desahucios ejecutados con 368 al trimestre y la cuarta de España. Además, las asociaciones de vecinos, como es el caso de Benalúa, exigen centros sociales mientras empresas y Ayuntamiento mantienen cerrados y abandonados edificios desde hace años.

A lo largo del día paso por delante de varios edificios abandonados. Concretamente cuatro. El edificio de Cáritas de la Avenida de Aguilera, el antiguo asilo del barrio de Benalúa, el edificio de lo que fue Canal 9 y uno de los edificios de lo que fue Telefónica. Si siguiera caminando podría llegar a las casas del puerto de Alicante, detrás de la nueva estación de autobuses, incluso hasta el Cine Ideal. Este último es el más conocido de todos los casos por su historia, tanto pasada como presente, una ligada a la cultura y la otra a la lucha entre partidos. Se puede recorrer Alicante entera encontrando edificios en desuso.

¿De quién son los centros sociales?

Ante este tipo de situaciones comienzan a surgir organizaciones y personas que reivindican no solo el derecho a la vivienda, si no a espacios para ayudarse entre trabajadoras. Bajo la consigna de que, igual que se enfrentan la vivienda como mercancía y el derecho a la misma, es también imprescindible enfrentar edificios abandonados por instituciones o empresas con la necesidad de espacios autogestionados.

El docente y filósofo Mario Espinoza, coautor de De la especulación al derecho a la vivienda (Traficantes de Sueños, 2018) afima que debemos hacerlo. “Así como oponemos el derecho a la vivienda a su faceta mercantil como bien de inversión –el valor de uso social frente al valor de cambio– creo que también debemos someter los espacios abandonados y deshabitados en las ciudades a las necesidades sociales y colectivas de quienes las habitan. Todo ello podría enmarcarse dentro de lo que autores como Henri Lefebvre denominaron hace décadas como el Derecho a la ciudad.” 

“Pensemos en los procesos de gentrificación y expulsión que provocan muchas inversiones de este tipo cuando su único objetivo son los beneficios privados. A mi juicio algo así no debería ser legal”, reflexiona Espinoza

En términos más prácticos, se pregunta si es lícito mantener espacios así abandonados a la espera de una inversión económica sin pensar en el impacto que esto tiene en quienes habitan la ciudad: “Pensemos en los procesos de gentrificación y expulsión que provocan muchas inversiones de este tipo cuando su único objetivo son los beneficios privados. A mi juicio algo así no debería ser legal, el problema es que esto suele suceder con ciertos inmuebles deshabitados o espacios no urbanizados (solares, por ejemplo) a los que se les encuentra un rendimiento económico tras años de abandono”, reflexiona Espinoza. 

Para el filósofo, “si estos espacios pertenecen a la administración pública y existe una demanda ciudadana sobre los mismos esta debería hacer todo lo posible por buscar fórmulas que no refuercen la mercantilización urbana, como generar vías de colaboración comunitaria en la gestión de esos enclaves urbanos”. Algo que no es habitual, “por desgracia esto no es lo que suele suceder y son los poderes económicos privados quienes acaban dictando las normas”, añade Espinoza.

Raquel Rodríguez, doctora en arquitectura y coautora junto a Espinoza de De la especulación al derecho a la vivienda, explica que el concepto recogido en el artículo 33 de la Constitución, que habla de función social de la propiedad, es perfectamente aplicable a cualquier bien inmueble abandonado: “Es un concepto que está detrás de la regulación urbanística (cualquier propietario sabe que en su suelo solo puede hacer lo que la administración pública le permita hacer), que se ha intentado desarrollar vinculado al derecho a la vivienda (las expropiaciones temporales planteadas por Andalucía o Cataluña en lo peor de la crisis inmobiliaria tenían mucho que ver con esa concepción de la propiedad)”. 

Con todo, añade que “debería ser extensible a cualquier propiedad inmobiliaria: la administración y los gobiernos pasan muchas horas de trabajo y gastan muchos recursos económicos en gestionar, pensar y regular la ciudad para que luego llegue alguien y abandone o cierre los edificios esperando subidas de precio, cambios de regulación, procesos urbanos que mejoren la rentabilidad, etc”. Además, Rodríguez recuerda que es obligación de cualquier propietario (incluida la administración) mantener en perfecto estado los edificios y los suelos, incluso destinarlos al uso previsto. “El abandono de por sí (sin causa justificada, y la especulación —o el miedo— no lo son) podría ser una causa para actuar”, afirma.

Para la arquitecta y geógrafa Esmeralda Martínez, la autogestión es “una de las formas más genuinas de promover la participación ciudadana y de ejercer el derecho a la ciudad”

Un uso alternativo a mantener edificios enteros vacíos es que colectivos decidan impulsar en ellos proyectos autogestionados. Sobre este concepto , la arquitecta y geógrafa Esmeralda Martínez habla de “una de las formas más genuinas de promover la participación ciudadana en las decisiones que atañen a la ciudad y de ejercer el derecho a la ciudad. Sin embargo, dado que el derecho a la propiedad está protegido por la Constitución Española cualquier intento de autogestión sin autorización se enfrenta a procesos de desalojo y sanciones”.

A su vez, destaca la posibilidad de las entidades públicas de adquirir estos edificios y destinarlos a usos sociales: “Si la Administración tiene interés en revertir esos procesos, dispone de herramientas para hacerlo, como el “Registro municipal de solares y edificios a rehabilitar”, que habilita al ayuntamiento para la expropiación forzosa y para dotar al solar o edificio de un uso dotacional que, por qué no, podría ser autogestionado”.

Militantes de la OJS (Organització Juvenil Socialista d’Alacant) creen que el problema es sistemático: “En este sistema, basado en la apropiación privada y la producción de beneficio, el espacio urbano se encuentra, desde una lógica política, en una disputa por el poder, esto es, por la capacidad de acceder a ese espacio, por dotarle de una funcionalidad u otra, por los objetivos a los que puede servir”. Además, añaden que “en la actual etapa marcada por la derrota política y cultural del proletariado, necesitamos espacios donde reunirnos, socializar, hacer deporte, arte y tantas otras cosas que permiten a la clase trabajadora organizarse, compartir, entenderse, crear experiencias propias y avanzar posiciones en la lucha de clases”.

La especulación en Alicante

Hablando más concretamente de los espacios abandonados de la ciudad alicantina, Martínez destaca que “la existencia de estos en ciudades que carecen de equipamientos comunitarios, como es el caso de Alicante, representa una contradicción porque desaprovechamos su potencial para dar respuesta a las necesidades de muchos colectivos ciudadanos”. 

Por su parte, militantes de la OJS explican que los espacios abandonados son importantes para impulsar iniciativas autogestionadas porque “podrían mantenerse más fácilmente a lo largo del tiempo”. Sin embargo, añaden, “hay que valorar, en la concreta realidad de Alicante pero también en un marco más general, una serie de limitaciones a este recurso”.

El proceso intensivo de turistificación provoca que en la puerta de edificios que llevan años e incluso décadas abandonados se acumulen los folletos de 'compramos tu casa'. Esta presión inmobiliaria condiciona la configuración del terreno urbano

En concreto, se refieren al “proceso intensivo de turistificación que provoca que en la puerta de edificios que llevan años e incluso décadas abandonados se acumulen los folletos de 'compramos tu casa'”. Esta presión inmobiliaria condiciona la configuración del terreno urbano, “las posibilidades de darle un nuevo uso al suelo abandonado quedan acotadas a unos pocos lugares apartados de los barrios y de los conflictos que ocurren en su seno”, señalan las portavoces del movimiento socialista, que apuntan otra de las dificultades para sostener estos proyectos autogestionados en el tiempo en el “ataque sistemático y represión a los movimientos sociales. Mantener un espacio bajo estas condiciones es cada vez más complicado”.

Destacan también que, además del de la Antiga Massana, es importante poner el foco en casos que tenemos más cerca e igualmente recientes como el del Centro Social Cals Flares en Alcoi. Un espacio que tras 17 años funcionando, haciendo charlas, talleres, conciertos o mercadillos, fue desalojado.

Aquí es donde entra en debate también la intervención de las entidades públicas y la palabra reformismo se vuelve el centro. La decisión de tomar medidas por parte de los gobiernos puede parecer una solución si se mira únicamente el ahora, pero es mucho más complejo que eso, ya que las decisiones tienen muchas aristas. Entonces, casos como el de la Casa Orsola, ¿es un éxito o una ralentización del fracaso?

Martínez, Rodríguez y Espinoza coinciden en que no se puede definir todo como una cosa u otra. Martínez destaca que es importante tomar decisiones que supongan medidas inmediatas en función de la situación mientras Rodríguez destaca que este tipo de actuaciones tienen el objetivo de poner sobre la mesa que las cosas pueden abordarse de otra manera.

Espinoza, por su parte, señala que a corto plazo es una victoria, pero incide en algo importante en cuanto a la compra del edificio: “El Ayuntamiento compra la finca a Lioness Inversiones por 9’2 millones de euros (pagarán alrededor de 5 al final, la fundación Hábitat3 pondrá el resto), lo que supone una inmensa 'subvención' a un fondo de inversión con dinero público”.

Espinoza: “hay que perder miedo a términos como expropiación o socialización de la vivienda cuando lo que está en juego son los derechos habitacionales de miles de personas”

Para el filósofo, “de un modo u otro, el rentismo sale ganando. Mientras tanto Collboni puede 'hacerse la foto' y sacar pecho con una fórmula social y colaborativa que se autoproclama como pionera. Pero a costa de millones de dinero público, no se nos olvide”.

Llegados a este punto, cabe plantearse qué sucede con estos espacios cuando sí se llevan a cabo desalojos o simplemente, se mantienen en desuso y abandonados.  Espinoza comenta que “hay que comenzar a perder miedo a términos como expropiación o socialización de la vivienda o del uso de la misma cuando lo que está en juego son los derechos habitacionales de miles de personas”. Algo que también se puede aplicar a estos espacios si son para uso comunitario, señala.

Para llegar a esto, tanto Espinoza como las militantes de la OJS, cuestionan el término de propiedad o propietario. Aunque es innegable su existencia y su vigencia dentro de un marco legal y de una sociedad capitalista, tiene matices. “Por desgracia en nuestra sociedad capitalista y neoliberal predomina un concepto de propiedad irrestricto, exclusivo y despótico, en el que cualquier límite social que queramos establecer frente a la propiedad privada suele acabar menoscabado por intereses económicos o por el arbitrio del propietario”, explica Espinoza.

“Si atendemos al origen y al desarrollo histórico de la propiedad privada como relación social, el atributo que ha permitido expandir la lógica mercantil hasta los confines del mundo es el valor de cambio”, dicen desde la organización socialista.

La ciudad dividida por clases sociales

Espinoza se plantea preguntas acerca de los muchos edificios o espacios abandonados en las ciudades: “¿A quién pertenecen? ¿Qué sentido tiene dejar un espacio deshabitado y en estado de abandono cuando podría ser aprovechado colectivamente? ¿No entra en colisión la propiedad privada o el arbitrio del propietario con el interés general de quienes habitan la ciudad?”.

Y, asegura, que la cuestión en este caso es hacer prevalecer el derecho a la ciudad por parte de sus habitantes frente a los derechos de quien opera en beneficio propio, en beneficio de capitales privados o cuya pasividad redunda en la degradación de un espacio al que se le podría dar una función social: “Se puede llegar a hacer prevalecer ese derecho al barrio y a la ciudad si se lucha, si se logran acuerdos de cesión con instituciones, por ejemplo, pero también se puede lograr a través de la acción directa”, culmina.

Las políticas de la vivienda y urbanismo han organizado la ciudad de forma que la gente vive separada en barrios en función de su clase social

Este derecho se ve mermado en cuanto se analiza la ordenación de las ciudades. Los barrios no solo marcan diferencias por sus nombres. Las políticas de la vivienda y urbanismo han organizado la ciudad de forma que la gente vive separada en barrios en función de su clase social. Esto también condiciona el acceso a la vivienda y a espacios de ocio fuera de la lógica consumista, ni siquiera en edificios o zonas de viviendas abandonadas, como es el caso de las casas portuarias de Alicante, que están en una zona de clase alta y no se contempla su uso para vivienda social.

Lo mismo ocurre con edificios como el del antiguo Cine Ideal, la antigua residencia de ancianos de Benalúa, el edificio de Cáritas anexo o los edificios de la antigua Telefónica repartidos por la ciudad. Esto sucede también en gran parte de los cascos antiguos de muchas ciudades del resto del estado.

En el caso de las viviendas portuarias de Alicante, conocida como barriada Heliodoro Madrona, estuvo a punto de ser derribada y hoy se encuentra dentro del catálogo municipal de edificios protegidos

Sobre los edificios abandonados, Espinoza señala que “al haberse convertido las ciudades en espacios urbanos altamente mercantilizados, estos enclaves se convierten en zonas estratégicas para hacer negocio debido a su ubicación, los agentes privados e inversores se los disputan para transformarlos y extraer beneficios”

En el caso concreto de las viviendas portuarias de Alicante, conocida como barriada Heliodoro Madrona, que estuvo a punto de ser derribada y ahora se encuentra dentro del catálogo de edificios protegidos por el Ayuntamiento, Espinoza recuerda que “cuando Ciudadanos ocupaba la concejalía de urbanismo junto al PP intentó convertir las viviendas en un coworking y zona de negocios, pero  nada de aquello llegó a buen puerto”.  Sin embargo, en València, un proyecto que sí se llevó a cabo fue el del Kremlin de la Patacona, recientemente convertido en un proyecto urbanístico.

“Las políticas de vivienda no se pueden separar de las lógicas del mercado del sistema capitalista a la hora de elaborarse y estructurarse”, explican desde la OJS. Esto siempre supone una estratificación, donde el acceso a los espacios depende de la posibilidad económica.

Desde la organización socialista hacen la lectura que “esta necesidad requiere de ir acompañada de una estética concreta que resulte atractiva para quienes invierten en ella y se sientan así más propensos e invitados a consumir, de estas exigencias deriva no solo la permisión de elevar cada vez más los precios conforme nos acercamos a estos núcleos y alejar hacia la periferia a la gente más precarizada, sino también el empleo de elementos hostiles y de la violencia para expulsar a todo aquel que pretenda acercarse a estos espacios”. Algo que dota de mayor fuerza a la idea de expulsión a las clases bajas que son las que necesitan estos espacios comunitarios.

¿Qué consecuencias tiene esta idea de ciudad? Espinoza, que además participó en La Ingobernable, cuenta las claves ejemplificándolas con el caso de la Antiga Massana. “ Se trataba de un espacio que mantenía buenas relaciones con el anterior consistorio de Ada Colau, con el que los colectivos llegaron a acuerdos, pero no se regularizó su situación, lo cual terminó por desproteger al espacio. Ahora sabemos que se quiere construir un “polo cultural”, demoler parte del edificio para unir las calles paralelas (los Jardines Rubió i Lluch con la plaza de la Gardunya) e instalar un bar donde antes existía un espacio autogestionado. La justificación que han dado para el desalojo ha sido una supuesta “inseguridad” vecinal, pero lo cierto es que se trata de un proyecto gentrificador y turistificador que termina con una apuesta comunitaria que incluía a más de 300 personas y un banco de alimentos”. 

La cultura de la okupación y la autogestión como claves

Partiendo de este contexto social y económico, los términos propiedad, compra, venta, reformas y leyes nos llevan al debate central, que no es otro que la cultura de la okupación. Los edificios abandonados de la ciudad de Alicante en este caso se encuentran en un evidente estado de degradación mientras que desde el tejido social de los barrios que los albergan, se demandan centros sociales y culturales. 

Raquel Rodríguez destaca dos aspectos fundamentales sobre la regulación de los edificios y la posibilidad de que la cultura de la okupación juegue un papel importante si se sigue un camino correcto: “Yo creo que la regulación siempre garantiza (para bien y para mal, pero sobre todo para bien) que lo que sucede en la ciudad es lo que queremos que suceda. Porque si no sería el capital el que haría u desharía con muchísima más facilidad. La pregunta para mí, sobre la cultura de la okupación, es si puede ampliarse y cómo debe evolucionar. Si intentar ser más amplia o si eso acabaría con ella al perderse el foco”.

A pesar de que la cultura de la okupación o autogestión “existe y ha existido a lo largo y ancho de todo el Estado español” como dice Espinoza, y de que desde su surgimiento en los años 70 ha variado su objetivo, uno de los momentos clave de la criminalización de los colectivos fue la pandemia de 2019. “A los largo de estas dos últimas décadas empieza el declive del movimiento, entre otras cosas por la despolitización y falta de reformulación estratégica”, señalan desde la OJS.

Cada vez es más habitual la circulación de vídeos de empresas de desokupa en Alicante, tanto en hogares como en locales. Esto también es el motivo por el que la okupación se ve como algo negativo. “La criminalización de la okupación y las estrechas relaciones entre las empresas de Desokupación y la policía permiten su impunidad y aportan mayor atractivo aún a este recurso para los propietarios”, explican desde la organización socialista.

Esmeralda Martínez: “la cultura de la autogestión juega un papel social muy relevante al denunciar y frenar procesos que atentan contra los derechos más básicos y que son absolutamente reprobables”

“El contexto de la pandemia ayudó mucho a ello al desatarse un pánico moral en torno a la supuesta okupación de las viviendas, pánico generado a través de bulos y de desinformación –las denuncias por usurpación en 2023 afectaron a un 0,057% del total del parque inmobiliario, cifra que cayó en 2024–. La cultura okupa de los Centros Sociales siempre ha tenido que luchar para prevalecer frente a la propiedad privada, pero ahora la situación parece aún más cuesta arriba”, añade Espinoza.

Algo en lo que coinciden todas las voces y que Martínez considera fundamental es que “la cultura de la autogestión juega un papel social muy relevante al denunciar y frenar procesos que atentan contra los derechos más básicos y que son absolutamente reprobables. Gracias a movimientos sociales que han impulsado proyectos como Astra Guernika, la Casa Invisible de Málaga, Can Batlló en Barcelona y otros muchos ejemplos de centros sociales autogestionados exitosos, se fomenta no solo la cultura, sino también la cohesión ciudadana, el apoyo social y la formación de redes, elementos fundamentales para los sectores sociales menos favorecidos”, explica.

A la lista de edificios abandonados de Alicante se pueden añadir la definitivamente dada por muerta Colonia de Santa Eulalia o el Matadero, aunque este parece que será un centro de innovación tecnológica y captación de empresas

A la lista de edificios abandonados de Alicante se pueden añadir la definitivamente dada por muerta Colonia de Santa Eulalia o el Matadero de Alicante, aunque este último parece que será un centro de innovación tecnológica y captación de empresas. El Ayuntamiento realizará una “inversión” de 9.252.506 euros para reahabilitarlo con este fin mientras no destina dinero de sus presupuestos a ningun tipo de acción que rehabilite edificios más próximos a los barrios con fines sociales.

La expansión de la gentrificación y la explotación del suelo con fines únicamente económicos no deja lugar a la comunidad. Es por eso que “es imprescindible la creación de espacios al servicio de la clase trabajadora que nos permitan avanzar en la construcción de un poder propio”, señala el colectivo socialista. En definitiva, todas las voces están de acuerdo en que hay que lucha por estos espacios autogestionados y creer en un horizonte común. El de un lugar en el que la gente pueda habitar dignamente. “¿Cómo hacerlo? A través de la presión colectiva, la movilización y la negociación”, sentencia Espinoza.