Argentina
Milei, la vivienda y el sueño de la casta propia

No era necesario esperar seis meses para saber cuál sería el plan económico de Milei. A pocas horas de asumir la presidencia, modificó mediante un decreto inconstitucional leyes estructurales de las relaciones sociales y económicas de la Argentina. Esto frente al silencio cómplice del poder judicial, los medios de comunicación, vastos sectores de la “casta” política y el rotundo apoyo de los grupos económicos más importantes.

El decreto debe confirmarse en ambas cámaras del Congreso Nacional (Senado y Diputados) aunque su implementación está vigente. El 14 de marzo fue rechazado en el Senado y aún aguarda ser tratado en la cámara baja sin señales de que esto suceda.

Entre estos empresarios que sostienen a Milei se encuentra Eduardo Elsztain (el más importante desarrollador inmobiliario) al cual se le entregó la agencia que administra la tierra y el suelo en propiedad del Estado

El Gobierno de Javier Milei está sostenido por los empresarios más importantes de la Argentina y los sectores financieros internacionales que esperan con los colmillos afuera para quedarse con los recursos naturales —agua, gas, petróleo, minerales— a cambio de saldar una deuda en dólares heredada del Gobierno de Macri y ratificada por Alberto Fernández.

Entre estos empresarios se encuentran Eduardo Elsztain —el más importante desarrollador inmobiliario— al cual se le entregó, entre otras cosas, el manejo de la AABE, agencia que administra la tierra y el suelo en propiedad del Estado. Imaginen el final.

Otro de los empresarios del desarrollo inmobiliario es Gerardo Werthein quien financió la campaña y ahora es embajador en Estados Unidos. 

La Cámara Inmobiliaria Argentina y la Cámara de Propietarios, fueron aportantes económicos para la campaña presidencial de Milei y redactaron el fragmento del decreto para la derogación de la ley de alquileres. 

El Fondo Monetario Internacional

Mientras se desarrollan las consecuencias de la desregulación de las condiciones para alquilar vivienda el Fondo Monetario Internacional —policía de la política económica— en su último reporte de junio felicitó al Gobierno nacional de la siguiente forma: “Los esfuerzos de desregulación para crear una economía más orientada al mercado continúan. En cuanto a los precios relativos, aunque la eliminación de los controles de precios ha avanzado más gradualmente de lo previsto originalmente, las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte público) aún están experimentando ajustes notables para reflejar mejor los costos, los precios de los combustibles ahora están alineados con los comparadores internacionales y los subsidios a los precios del trigo se han eliminado para impulsar la producción y las exportaciones. El amplio decreto de emergencia desregulatoria (DNU 70/2023) emitido en diciembre ya está mejorando la asignación de recursos en sectores críticos. Por ejemplo, la derogación de los controles de alquiler ha provocado una notable transformación en el mercado de alquiler residencial, duplicando la superficie ofertada y reduciendo las tasas de alquiler reales”. 

Una encuesta reciente indicaba que el 15% de los consultados había sido desalojado en los últimos meses por no poder afrontar el precio del alquiler

Es fundamental preguntarse cómo llegan a la conclusión de que se está reduciendo la “tasa de alquileres reales”. Aunque parezca absurdo el dato está tomado de un portal web —https://www.zonaprop.com.ar/— que en la actualidad tiene publicados 41.000 avisos de alquiler para toda la Argentina mientras que hay tres millones de viviendas alquiladas. 

La crisis se profundiza mes a mes        

En el mes de junio desde Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos realizamos la Encuesta Inquilina Nacional. 

Aquí algunos datos: 

● Para el mismo mes de alquiler y para una vivienda con la misma cantidad de ambientes, se observa que los/as inquilinos/as con contratos iniciados en el año 2024 bajo el DNU 70/2023 pagan aproximadamente entre un 40% y un 50% más que aquellos que comenzaron en el marco de la Ley de Alquileres.

● El 15% de los encuestados indicó que fue desalojado en los últimos meses por no poder afrontar el precio del alquiler.

● En los contratos más nuevos, el plazo de tres años se presenta sólo en el 9,7% de los casos. Como contrapartida, creció fuertemente la participación de contratos de alquiler cortos. Aquellos con un período de duración menor o igual a un año representan el 27,2% de los casos. Y los contratos entre uno y dos años son ahora los más frecuentes, en un 57,7% de los casos relevados en junio.

● Sin la Ley de Alquileres, la actualización anual ya casi no se presenta como una posibilidad. El 95,5% de los inquilinos/as tiene actualizaciones en el precio de su alquiler en plazos iguales o menores a seis meses. Específicamente, en promedio, 7 de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada 3-4 meses atados a la inflación.

● El 62% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente. Y estas deudas son para pagar el alquiler y/o alimentos.

● La amplia mayoría (más del 80%) respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios/ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad.

● El 88,4% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses.

● Entre las respuestas relevadas, la enorme mayoría (97,8%) cree que los únicos beneficiados con el DNU 70/2023 y su consecuente eliminación de la Ley de Alquileres son los rentistas y el mercado inmobiliario.

● Aquellos inquilinos/as que tienen menores niveles educativos son quienes también afirman en mayor proporción (más del 65%) que su familia no es propietaria de vivienda. 

Se alquila

En este escenario el Gobierno nacional anunció a bombo y platillo una línea de créditos hipotecarios atados a la inflación. Una estafa a la que por suerte pocos pueden acceder. Nada sorprende de un Gobierno que se asume admirador de las políticas de Margaret Thatcher, quien desarmó (remató) todo el sistema público de vivienda de Inglaterra. El encargado de llevar adelante la política de privatización y mercantilización de la vivienda fue Mark Boleat, uno de los intelectuales más importantes de la corriente ultraliberal.  

Pero el discurso conservador sobre la vivienda atraviesa todo el arco político que repite como un mantra “hay que ser propietario”. Totalmente alejados de los conflictos y demandas cotidianas de nuestra sociedad eligen congraciarse con el mercado inmobiliario, actitud que no es patrimonio único de los libertarios.

El 95,5% de los inquilinos en Argentina tras la derogación de la Ley de Alquileres tiene actualizaciones en el precio de su alquiler en plazos iguales o menores a seis meses, según una reciente encuesta

En un país con el suelo y la vivienda dolarizada desde la última dictadura, y donde hay más construcciones privadas —viviendas— que hogares, el eje común de la clase dirigente es el cuento del déficit habitacional puesto que si faltan viviendas hay que someter el Estado al servicio de la construcción: reducir los impuestos a los desarrolladores inmobiliarios, desregular los alquileres, descentralizar las ciudades para entregar lotes o cualquier otra razón que hace más de cien años vienen pregonando los empresarios de la construcción.

Nada nuevo bajo el sol. Nadie está dispuesto a entrar en conflicto con el mercado inmobiliario porque claro, también ellos son parte del negocio. 

El desafío es grande. Inquilinos Agrupados y otras organizaciones inquilinas del mundo venimos advirtiendo sobre la gravedad que significa este sistema de acceso a la vivienda. Aquí estamos, entre un discurso sobre la vivienda que muere y organizaciones inquilinas que bostezan.