Argentina
Argentina clama contra la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interna

Pese al día lluvioso y frío, bajo el lema “No a los milicos en la calle”, los organismos de derechos humanos volvieron a convocar a miles de personas en repudio al decreto 683/2018 de Defensa Nacional publicado en el Boletín Oficial del Estado que rompe con años de un consenso social en torno a que los cuerpos militares solo pueden intervenir ante agresiones desde el exterior y no en cuestiones de seguridad interna.

Desde el regreso a la democracia y tras los alzamientos carapintadas de mediados de los 80, la sociedad argentina llegó al necesario consenso de que los cuerpos militares no podían actuar en cuestiones de índole interna

Los manifestantes llenaron los aledaños al Edificio Libertad, icónica sede del Ejército y del Ministerio de Defensa, un escenario inédito para las protestas. El acto central estuvo encabezado por las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres Línea fundadora, secundadas por un centenar de organizaciones de defensa de los derechos humanos, sindicales, sociales y estudiantiles.

Desde el regreso a la democracia y tras los alzamientos carapintadas (motines de grupos del ejército) de mediados de los 80, la sociedad argentina llegó al necesario consenso de que los cuerpos militares no podían actuar en cuestiones de índole interna. Los treinta mil desaparecidos que dejó la dictadura militar y el no arrepentimiento de los ejecutores del genocidio y su nula colaboración para esclarecer los crímenes cometidos llevaron a legislar en tal sentido.

En 1988 el primer presidente constitucional tras los años de dictadura, Raúl Alfonsín, ratificó una Ley de Defensa que en su artículo 4 estableció que se debería “tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”. Muchos años después, en 2006, Néstor Kirchner profundizó esa diferenciación estableciendo que la función intrínseca a los militares es repeler cualquier “ataque externo de otro Estado”.

El nuevo decreto, por el contrario, bajo el argumento de combatir “nuevas amenazas”, permitirá la intervención militar en cuestiones de seguridad interior. Un reformado primer artículo especifica que “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. “El Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad", acota. 

La decisión del gobierno del neoliberal Macri llega meses después de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un desplome de la economía y un creciente malestar social que se prevé irá en aumento en la medida en que se apliquen los ajustes impuestos por el organismo internacional.

Por ello, el temor de las organizaciones sociales es que esto sea el anticipo de un plan para reprimir con mayor contundencia las manifestaciones venideras. “Este decreto refuerza el modelo represivo de un gobierno que representa los intereses de pocos mientras empobrece a las mayorías. Este plan de ajuste solo puede imponerse con re-pre-sión”, exclamó desde el escenario la representante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Lita Boitano.

En Madrid, una veintena de argentinos se congregaron frente a la sede del Ayuntamiento para sumar su rechazo. Con banderas y el histórico lema de “Nunca Más”, emblema de la lucha contra la dictadura y que dio nombre al informe final de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, en donde se recogieron miles de casos de personas perseguidas, secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas en la dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983.