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Análisis
Sí a un pacto de la riqueza, a una regulación de los mercados eléctricos y de derivados de materias primas
Distintas voces, entre ellas la del presidente del Gobierno, reclaman un pacto de rentas para controlar la subida de precios y esquivar así efectos de segunda ronda. Se trata de un eufemismo bajo el cual se pretende limitar, por un lado, las subidas salariales destinadas a evitar la pérdida de poder adquisitivo que conlleva el repunte de la inflación, y/o, por otro, restringir el incremento de las pensiones vinculadas al IPC. Para ello, incluso, se moldea el relato atribuyendo la inflación actual a la guerra de Ucrania. Ello es falso, ya que la invasión rusa de Ucrania simplemente acelera y mantiene en el tiempo el repunte de la inflación, ya en curso. Las causas profundas, como ya detallamos en estas líneas, son otras.
Lo que se debería hacer de una vez por todas, aprovechando las consecuencias negativas de la guerra, es atajar los factores que están detrás del repunte de la inflación, y que obedecen a fallos en el diseño de los mercados derivados de materias primas, y a una reestructuración global del sistema eléctrico basada en el fundamentalismo de mercado.
Regulemos los mercados derivados de materias primas y el sector eléctrico
En el origen de todo, los precios de la energía y materias primas agrícolas, establecidos en los mercados de derivados, concretamente en los mercados de futuros. Durante los últimos meses estamos siendo testigos del impacto de la financiarización en la subida del precio de los alimentos no elaborados y, muy especialmente, de la luz. La guerra de Ucrania, debido a la importancia de Rusia y Ucrania en los mercados energéticos y de determinados productos agrícolas -cereales, fertilizantes, aceite de girasol,…- lo exacerba.
En determinados momentos la evolución de los precios no obedece a fundamentales económicos sino a burbujas especulativas y procesos de propensión o aversión al riesgo de los inversores
La financiarización de la energía y los alimentos, se llevó a cabo mediante la expansión y el acceso a los futuros y derivados de las materias primas y de la electricidad no sólo a quienes ya los utilizaban para cubrir los riesgos asociados a las fluctuaciones de sus precios, bien como productor o como consumidor de ese insumo, sino también a los especuladores y a los fondos institucionales. Al estar dominados por fondos institucionales, en determinados momentos la evolución de sus precios no obedece a fundamentales económicos sino a burbujas especulativas y procesos de propensión o aversión al riesgo de los inversores, si bien no son simétricos, impactando mucho más en los precios, al alza, durante las fases de toma de riesgos excesivos, como la actual.
Paralelo a la desregulación de los mercados derivados de materias primas energéticas y agrícolas, bajo la hegemonía del neoliberalismo, se llevó a cabo una reestructuración radical de los sectores industriales, de los que la electricidad es un ejemplo muy destacado. Los sectores eléctricos de todo el mundo se han reestructurado en las últimas tres décadas. Las empresas se han desintegrado y las actividades competitivas de generación y venta al por menor se han separado de los monopolios naturales de transmisión y distribución. Las empresas eléctricas estatales se han corporativizado y la mayoría se han privatizado. Se han creado nuevos regímenes reguladores para gestionar los mercados mayoristas y minoristas y determinar las tarifas de los servicios de transmisión y distribución. España estuvo a la vanguardia de esta reestructuración con uno de los sectores eléctricos más liberalizados.
Estos cambios globales se apoyaron en tres objetivos políticos fundamentales: aumentar la competencia; reducir la participación del gobierno en la producción y el suministro de electricidad; y confiar mucho más en la determinación de los precios y los resultados de las inversiones por parte del mercado. Los precios más bajos para todos los consumidores, las operaciones más eficientes gracias a la reducción de los costes, la eliminación de las subvenciones cruzadas y una inversión mucho más productiva fueron los beneficios proclamados.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Se ha constatado que los sectores eléctricos reestructurados, incluido el de España, están mostrando resultados contrarios a los beneficios afirmados, como una rápida escalada de los precios de la electricidad en los hogares y empresas. Además, la inversión en nueva capacidad de generación no está siendo estimulada por los precios del mercado mayorista.
Los precios de la electricidad se obtienen a partir de un modelo de coste marginal de generación y de consumo esperado de electricidad. El problema es que si realmente fueran competitivos la diferencia entre el coste marginal y el coste medio de generación jamás sería la brutalidad que es ahora. La situación en nuestro país se agrava por un factor adicional. Mientras países como Francia, Alemania e Italia mantienen una elevada participación estatal en un sector estratégico crucial para las actividades socioeconómicas y para la seguridad de cualquier país, aquí, “as usual”, más papistas que el Papa. Las empresas eléctricas españolas fueron privatizadas y entregadas a precio de coste a emporios económicos y financieros españoles y extranjeros.
Guerra en Ucrania
Opinión Las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania
Una política pública para garantizar la seguridad alimentaria y energética
Ante tanto desorden, es necesario crear un marco para la estabilidad de la seguridad alimentaria y energética. Basándonos en los resultados empíricos, se deberían implementar diferentes acciones políticas. Los responsables políticos deberían poner límites a la negociación en los mercados de futuros o, alternativamente, imponer un impuesto a la negociación de futuros de productos alimentarios y energéticos, siguiendo el modelo de la tasa Tobin.
Los responsables políticos deberían poner límites a la negociación en los mercados de futuros o, alternativamente, imponer un impuesto a la negociación de futuros de productos alimentarios y energéticos
Debe evitarse la práctica de la especulación con índices por parte de inversores institucionales: las estrategias de réplica de índices de materias primas de alimentos y energía son inadecuadas para las inversiones institucionales, y deben ser prohibidas por el daño que hacen a los mercados de futuros de materias primas. Los límites de las posiciones especulativas deben “mirar a través” de las transacciones opacas e identificar la contraparte final, manteniendo sometida a esa contraparte a los límites de las posiciones especulativas. Esta disposición de “mirar a través” reduciría la especulación con índices y sometería a todos los especuladores a límites de posición. Los organismos supervisores y reguladores deberían reclasificar todas las posiciones distinguiendo las que son controladas por los que hacen coberturas físicas “de buena fe” de las controladas por los bancos de inversión globales. Las posiciones de los bancos de inversión globales deberían desglosarse además en función de sus contrapartes “over the counter” (OTC) en operaciones llevadas a cabo por inversores que pretenden hacer coberturas, y especuladores.
En el caso español, además, hay que modificar radicalmente el mecanismo de fijación de precios de la luz, en una doble vertiente: por un lado, abandonar el actual sistema de fijación de precios mediante mecanismos marginalistas, es decir, el precio no lo puede fijar la fuente de energía más cara cuya oferta haya sido aceptada. Por otro lado, hay que acabar de una vez con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas (beneficios puros que veremos después).
Sí al pacto de riqueza
Además, con el fin de distribuir el coste del impacto del conflicto bélico se debería implementar un pacto de riqueza, donde los beneficios puros y la riqueza sean coparticipes solidarios en sufragarlos. Si nuestros políticos quisieran hacer un pacto de rentas realmente justo, deberían leerse el artículo académico Declining Labor and Capital Shares, publicado en 2020 en The Journal of Finance, donde el autor, Simcha Barcai, muestra que la participación del capital, igual a la relación entre los costes de capital y el valor añadido bruto, no compensa el descenso de la participación del trabajo. En cambio, un gran aumento de la participación de los beneficios puros compensa los descensos en la participación del trabajo y del capital.
Además de un pacto de riqueza, el pacto de rentas debería hacer recaer el coste de la guerra en los beneficios puros
Los beneficios puros son lo que una empresa gana por encima de todos los costes de producción (materias primas, mano de obra y costes de capital). Las empresas que invierten mucho en bienes y equipos tienen altos costes de capital. Las empresas que cobran a los consumidores precios elevados en relación con los costes de producción tienen unos beneficios puros elevados. Un aumento de la cuota de beneficios puros, igual a la relación de los beneficios puros con respecto al valor añadido bruto, indica un aumento del poder de mercado y una disminución de la competencia. Por lo tanto, además de un pacto de riqueza, el pacto de rentas debería hacer recaer el coste de la guerra en los beneficios puros.