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Análisis
Abre la cárcel italiana para migrantes en Albania con el aplauso de Von der Leyen
“Deberíamos seguir explorando posibles vías respecto a la idea de construir centros de repatriación fuera de la UE, sobre todo con vistas a una nueva propuesta legislativa sobre repatriaciones. Con ocasión del inicio de las operaciones previstas por el protocolo entre Italia y Albania, tendremos la oportunidad de sacar relevantes lecciones desde un punto de vista práctico”. Con estas optimistas palabras se dirigía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a los líderes europeos en una carta enviada en ocasión del Consejo que tendrá lugar este fin de semana. Un claro espaldarazo a la pionera construcción de una cárcel para migrantes en Albania, punta de lanza —sobre todo en términos mediáticos— de las políticas migratorias del gobierno italiano. “Nos hemos convertido en un modelo a seguir y estoy orgullosa de ello”, se apresuraba a declarar Giorgia Meloni en sede parlamentaria.
“The European dream ends here”
Ambas dirigentes hacían referencia al proyecto oficialmente inaugurado este miércoles cuando, al amanecer, el patrullero Libra de la Marina italiana entraba en las aguas del puerto albanés de Shengjin. A bordo, junto con la tripulación, viajaban dieciséis migrantes cuya patera había sido interceptada en medio del mar el domingo por la noche. Tres días de navegación que costaron entre 250 y 290.000 euros de dinero público y que se concluyeron con una imagen icónica: el grande barco militar acercándose al puerto y presentando en su proa, como si de un trofeo se tratara, a los involuntarios pioneros de esta nueva política migratoria.
Tras el atraque, empiezan a descender de cuatro en cuatro, lentamente. Son todos hombres, diez provenientes de Egipto y seis de Bangladesh. Apenas un puñado de activistas del colectivo Mesdhe les esperan, con una pancarta que anuncia el final del sueño europeo. Una de ellas declaraba a los periodistas presentes: “Protestamos desde hace meses, este acuerdo es una afrenta a la Constitución albanesa, el hecho de que estos territorios se consideren área extraterritorial italiana es un peligro para nuestra democracia. […] Se trata de un acto de neocolonialismo que sirve únicamente para reforzar la propaganda en favor de Rama [Edi, primer ministro de Albania] y Meloni en toda Europa. En Albania, la libertad de expresión y de prensa están en profunda crisis y la situación ha precipitado desde el acuerdo con Italia”.
Análisis
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Una vez en tierra, los migrantes recorren en fila india, entre policías y con la cabeza agachada el breve tramo que los separa de la entrada de un primer centro, donde se les realiza un rápido chequeo médico y posteriormente un largo proceso de identificación que dura hasta la noche. Cuatro hombres no pasan estos primeros filtros, dos por motivos de salud y dos por haberse declarado menores de edad (y quedando así automáticamente excluidos del acuerdo entre Roma y Tirana). Los cuatro son de nuevo transportados al patrullero Libra, con el que alcanzarán las costas italianas, entrando en los cauces “normales” de la acogida.
Para los diez restantes, el destino final es el campo de Gjader, a pocas decenas de kilómetros del puerto. Allí esperarán a que se resuelva su petición de asilo. Si el resultado será negativo, se les transferirá a un edificio adyacente, un CIE. Un tercer edificio funcionará como cárcel sensu stricto —con espacio para veinte presos—, donde serán encerrados aquellos que cometan delitos dentro del campo.
El “casting” de las personas frágiles
En el ámbito de la petición de asilo en Italia, Egipto y Bangladesh están incluidos en la listas de países considerados “parcialmente seguros”. Por este motivo, los hombres encontrados en la patera y provenientes de estos países fueron “seleccionados” para su deportación a Albania. Sus compañeros de viaje —mujeres, niños y hombres de otros orígenes— fueron en cambio transportados a territorio italiano.
Este procedimiento no es arbitrario, se trata de la mera aplicación del acuerdo italoalbanés. Tal y como ha explicado Teresa Florio, miembro de una red activista contra los CIEs italianos, a los micrófonos de Radio Onda D’Urto, “a través de una selección, llevada a cabo con el triste aval del UNCHR en la misma patera, se decide qué personas son vulnerables y cuáles no. Las mujeres y los niños lo son por defecto, mientras que todos los hombres provenientes de 'países seguros' serán deportados a Albania, forzando así a muchas familias a separarse. […] La realidad es que todas las personas rescatadas en el mar son vulnerables. Las de hoy, por ejemplo, venían de Libia, donde quizás hayan tenido que pasar por uno de sus campos de concentración”.
La inclusión de países como Egipto y Bangladesh en la lista de “países parcialmente seguros” forma parte del lento asedio que sufre el derecho de asilo en Italia desde hace años
La activista explica que, en la práctica, el nuevo procedimiento acelera la repatriación de algunas personas mediante la aplicación de un criterio racista y antihumanitario, ya que la selección se lleva a cabo únicamente en función del país de origen, sin evaluar mínimamente las condiciones concretas de la persona en cuestión. Y añade: “Se trata de una deportación basada en criterios étnicos hacia un país, Albania, donde las pocas garantías existentes en Italia son imposibles de verificar”. La activista concluye: “Hemos esperado hasta el último momento que no llegase a iniciarse este infame proyecto, pero evidentemente para el gobierno era necesario dar una sensación de eficiencia, considerando las enormes inversiones realizadas, económicas y políticas”.
Eficiencia reclamada no solo por las derechas italianas, sino también por los partidos considerados de centroizquierda —con el Partido Democrático a la cabeza—, para quienes “frenar las pateras” es un objetivo político declarado. No debería sorprender: el ámbito migratorio es aquel en que más se difuminan las líneas de separación entre las diferentes familias políticas europeas. Vale la pena recordar las palabras de Pedro Sánchez hace apenas un año y medio cuando, tras una reunión con la presidenta Meloni, declaraba: “Creo que se ha dado un paso importante a la hora de reconocer, por parte de algunos países, que la migración irregular es un problema europeo […] que exige una respuesta europea. Italia y España compartimos que lo que tenemos que hacer es hablar menos de la dimensión interior de la migración y hablar más de la dimensión exterior de la migración”. Palabras que toman en estos días un cariz distinto.
Estrasburgo, un posible palo en las ruedas
La inclusión de países como Egipto y Bangladesh en la lista de «países parcialmente seguros» forma parte del lento asedio que sufre el derecho de asilo en Italia desde hace años, mucho antes de la llegada del gobierno actual. Una modificación burocrática con consecuencias tan graves que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra. Con sentencia del pasado 4 de octubre, los jueces de Estrasburgo consideraban que el concepto de “países de origen seguro”, tal y como se aplica en Italia, no está conforme a la normativa europea vigente. Desde hace tiempo, los grupos de solidaridad con las personas migrantes —y las mismas personas migrantes procedentes de esos países— insisten en que la persecución política, social y económica que sufren en sus territorios natales es tan real como generalizada.
Gracias a esta sentencia, serán los jueces italianos quienes decidirán, en cada caso individual, la validez de la detención administrativa en el nuevo “centro” para migrantes italoalbanés. Podría así ocurrir —como muchas esperan— que la acción judicial dejara la estructura vacía de “usuarios”. Una posibilidad que ha contrariado al gobierno italiano, cuyos portavoces, en cuanto conocieron la sentencia, desempolvaron enseguida la vieja crítica berlusconiana a las togas rojas, esto es, jueces supuestamente de izquierdas que confabulan desde sus posiciones de poder para obstaculizar la acción gubernamental conservadora. Está por ver cuál será la oposición real que realizará la judicatura a este nuevo movimiento del gobierno Meloni.
Tomar nota
Para el gobierno italiano la dimensión mediática de este proyecto es esencial. En ese contexto hay que leer las declaraciones que la presidenta realizaba el miércoles: “Quiero lanzar un claro mensaje a quienes pretendan entrar ilegalmente en Italia: no conviene confiar en los traficantes de personas, porque os piden mucho dinero, os meten en barcos que a menudo no están preparados para hacer ese tipo de viajes y, en cualquier caso, si entráis en Italia ilegalmente seréis retenidos y repatriados”. Una retórica de hierro dirigida no a las personas migrantes —cuyas motivaciones para moverse son infinitamente más fuertes que las amenazas que puedan recibir—, sino a una base electoral que exige continuas tomas de posición 'antimigrantes' por parte de su líder.
La realidad es que, tal y como contaban a El Salto dos activistas con larga experiencia en el ámbito de las migraciones, las políticas del gobierno Meloni en este ámbito —más agresivas, pero en línea con las de sus predecesores— tienen como objetivo principal disciplinar la mano de obra migrante, crear masacrantes filtros —legales, paralegales o ilegales— que eviten “que las personas migrantes se sientan clase” y convertirlas en carne de explotación. La producción Made in Italy así lo exige. Y las élites europeas están tomando nota de la alumna aventajada.
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