Memoria histórica
Las últimas voces de la memoria: Zaragoza sigue buscando justicia para las víctimas del franquismo

Un camión falangista llega, en silencio, al pueblo, que amanece en calma. Sus ocupantes se dispersan por las calles, como la sangre por las venas, en busca de concejales, sindicalistas y “agitadores sociales”. Las tropas, entre amenazas y golpes a los nuevos prisioneros, salen del pueblo. Pocos kilómetros después, en un desvío menor, el vehículo abandona la carretera principal para avanzar por los caminos. El destino elegido no se parece en nada a la ciudad a la que, teóricamente, se dirigían. En un barranco se pone en fila a los recién capturados. Nadie escucha el estallido de la pólvora, el silbido de las balas o el impacto de los cuerpos yermos en la tierra. No hay supervivientes. El camión vacío, en silencio, abandona el barranco y viaja para perturbar la calma de otra localidad. Todo esto ocurrió en España durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra. 

En los años 70 ya no se disparaban fusiles ni se abandonaban cuerpos en cunetas. El mundo de los capturados era mucho más privado. Pequeñas habitaciones, con bloques de piedra como cama, con una oscuridad infinita o con una luz insoportable. Las amenazas y los golpes seguían siendo los mismos. Las armas de fuego, sin embargo, habían cambiado por porras y palos; un dolor menos letal, pero más duradero. Las víctimas —sindicalistas, miembros de partidos clandestinos y “agitadores sociales”— tenían otro nombre y menos relevancia social, pero eran acusadas de los mismos delitos. Casi cuarenta años después de la Guerra Civil, a poco de la llegada de la democracia, el régimen continuaba con su violencia.

La historia a juicio ­

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ) se encargó de presentar una querella criminal contra los responsables de los asesinatos, las torturas y las detenciones ilegales producidas por el régimen franquista en la provincia de Zaragoza. “En junio del 18 abrimos la Oficina de Atención a Víctimas del Franquismo, de lunes a jueves por la tarde y viernes por la mañana a puerta abierta, para quien quisiera contar su historia”, explica el abogado Javier Checa. Los testimonios de 33 familias de víctimas son la muestra de las atrocidades que ocurrieron desde la Guerra Civil hasta los últimos días del régimen franquista (1936-1977). 

La represión ejercida durante esta etapa supuso la mayor parte de las ejecuciones por motivos políticos, principalmente. “Una vez que se ha depurado la sociedad, que ha habido esa profilaxis social en la que se ha ejecutado a muchos de los dirigentes políticos sindicales, que si no están muertos están exiliados, el enemigo dentro del país es menor, más controlado, entonces la intensidad de los crímenes es más baja”, explica el historiador Iván Heredia. Pese a ello, la segunda etapa del franquismo trajo consigo una gran falta de libertad, y torturas para todos los que fueron en contra del régimen.

La pesadilla para miles de ciudadanos de las zonas rurales y de la propia capital comenzó la noche del 18 de julio de 1936. La cárcel de Torrero se convirtió en uno de los destinos de todas aquellas personas que luchaban en el bando contrario. Los presos eran conducidos hasta diferentes puntos de ejecución, principalmente tapias, donde eran fusilados sin un juicio previo. “El momento en el que más fusilamientos hay es ese verano del terror caliente, tal y como lo denomina el historiador Julián Casanova, cuando se producen el 70 u 80%. Luego, entre 1937 y 39, el número de sacas va a ser también muy importante, aunque no tan intensas”, afirma Heredia. A partir de ese momento, la mayoría fueron ejecutados basándose en una condena firme, principalmente por rebelión.

Estos crímenes no cesaron al finalizar la Guerra Civil. El régimen franquista se caracterizó por las innumerables torturas producidas en las comisarías y cárceles del país, incluidas la de Zaragoza. Los años 70 fueron un periodo de reivindicación, impulsado por todas aquellas personas que formaban parte de los sindicatos contrarios al régimen, que luchaban por sus derechos. 

Los doce de Ateca: el vivo recuerdo de un destino olvidado

“Sé que esta historia es muy parecida a la que vivieron cientos y cientos de personas en España”, comenta Paco Cansado segundos antes de narrar los últimos días de su abuelo.

A José Cansado, concejal en Ateca en 1936 y fundador de la sede de UGT en el pueblo, le reclamaron en el ayuntamiento una tarde en la que estaba trabajando en sus campos. Una extraña orden que adquirió un carácter inverosímil cuando se vio forzado a dormir en el ayuntamiento, junto a todos los miembros de la corporación municipal. A la mañana siguiente, un camión se los llevó a todos hasta Calatayud. El drama se cebó con la familia Cansado: un hermano de José, “sin ninguna afiliación política”, fue obligado a subir al mismo transporte que los miembros del consistorio. Por delante, más de un mes encerrados en la Plaza de Abastos de Calatayud, improvisada prisión durante la Guerra Civil. Solo las visitas periódicas de algún familiar les permitían tener contacto con el exterior.

“Uno de sus hijos iba tres veces por semana a llevarle algún paquete y ropa”, cuenta Paco Cansado. “Hasta que un día, en la puerta, un guardia le dijo: Llévate eso y no vuelvas, que ya no necesita nada”.

Los conocidos como ‘Doce de Ateca’ salieron de la prisión como de su pueblo: sin aviso previo y en la parte trasera de un camión. Su viaje a Zaragoza tomó un desvío hacia Morata de Jalón, a poco más de veinte kilómetros de Calatayud. Y allí, en una fosa bajo un cerro, todos los miembros del ayuntamiento de Ateca fueron fusilados. La vida de José Cansado se apagó en la década de los 30 pero no ha sido hasta el siglo XXI cuando su nombre ha vuelto a ser recordado. “Yo todo esto lo he empezado a saber hace diez años”, comenta su nieto Paco, que reconoce que la Ley de Memoria Histórica de 2007 sirvió para comenzar a investigar qué pasó con su abuelo. “Yo con mi padre no puedo hablar casi de este tema, porque se me pone a llorar”. En Ateca, confiesa, todos conocen la historia de ‘los Doce”, pero son muy pocos los interesados por el tema. “En mi familia soy el único, por ejemplo”.

El caso de estos doce malogrados atecanos se enrevesa aún más con el traslado de sus restos al Valle de los Caídos. “Mi abuela le contó en el año 59 a sus hijos que se habían llevado a su padre al Valle”, cuenta Paco, “pero no sabemos cómo se enteró ella. Nunca nos lo dijo”. Lo que sí sabe toda la familia es que el padre de Paco encontró restos en el lugar donde asesinaron a José: “Él recuerda la tierra removida, abombada. Encontró unos huesecillos, que podían ser de manos o pies. Mi abuela guardó esos restos hasta el día de su muerte”.

Paco siente cómo algunos políticos sí se esfuerzan en reconocer la memoria histórica, pero también cree que sin cambios en el aparato judicial será difícil conseguir que las sentencias favorables a las víctimas del franquismo comiencen a aparecer. “Mi padre siente tristeza, porque se hacen pequeños reconocimientos, pero lo que queremos, no”.

En el caso de la familia Cansado, como en el de muchas otras, el objetivo es recuperar los restos de sus antepasados, por encima de la condena de los crímenes. “Ninguna de las personas sentimos rencor o ganas de venganza. Lo único que queremos es que nuestros familiares no estén en el Valle de los Caídos, porque no tienen que estar enterrados bajo una cruz ni para la mayor gloria de su asesino”. Además, en el caso de los concejales de Ateca, Paco lo tiene claro: “Lo que queremos es la caja entera, con los ‘Doce de Ateca’, para que vuelva al cementerio de nuestro pueblo”.

“Mi padre no había llevado nunca flores al cementerio del pueblo. Desde que tenemos una placa conmemorativa, en la que se incluye a los ‘Doce’, nos acercamos dos veces al año”, concluye Paco. Los muertos que fueron olvidados durante el franquismo y los primeros años de la democracia son recordados, todavía, por sus familiares. 

Las más olvidadas

Con una capacidad para 10 mujeres, la cárcel zaragozana de Torrero llegó albergar hasta 500 durante la Guerra Civil. Ellas se convirtieron en uno de los blancos de la represión. Fueron detenidas, humilladas, torturadas y fusiladas. El Padre Gumersindo de Estella relató en sus memorias algunos de estos casos, como el de Selina Casas y Margarita Navascués. En la oscuridad de la noche, las dos mujeres fueron arrastradas al exterior y, después de que les arrancaran a sus hijas de las manos, fueron fusiladas.

Transición: de las últimas torturas al silencio de la democracia

Si bien las víctimas del franquismo parecen haber caído en el olvido, las de la última etapa son quizás las más marginadas por el recuerdo colectivo. Muchas de estas víctimas aún tienen voz propia para contar sus casos y denunciar el silencio que la llegada de la democracia aplicó a su sufrimiento. “Ha habido gente que lo ha pasado bastante peor que yo, y lo mío, comparado con ellos, no es nada”, lamenta David Ubico al recordar una vez más el tormento con el que carga desde hace casi 50 años.

La necesidad de una organización sindical al margen del sindicato único dirigido por el régimen llevó a los trabajadores a reunirse de forma clandestina para planificar huelgas que serían fundamentales en los años 70 para empujar a la dictadura hacia la democracia. “No estábamos haciendo nada excepcional, estábamos haciendo una labor que ahora es una tontería y en aquel tiempo te jugabas la vida”, reconoce David. El 23 de septiembre de 1975, la policía irrumpió en el Colegio Pignatelli, donde se estaba celebrando una reunión sindical, y detuvo a 23 trabajadores del metal entre empujones. Ubico, que era miembro de CCOO y de la Comisión Negociadora del Convenio del Metal, fue uno de los detenidos. “Nuestra detención no fue por casualidad —garantiza—, fue para asegurar la transición que ellos llaman democrática. Naturalmente, el objetivo era paralizar y controlar todo lo que pudiera cuestionar la transición; no podían hacer que ­fuera tranquila, pero sí podían asegurarla”.

Los 9 días que David pasó en comisaría, que dejarían una huella imborrable en él, estuvieron marcados por las torturas a las que fue sometido, una tónica habitual en aquella época llevada a cabo por la Brigada Político-Social. “Fueron 9 días de dormir en una cama de piedra”, afirma con rabia. “Era dormir con una manta y era comer un bocadillo de sardinas al día. Recuerdo las pocas veces que bebía. Seguramente no fui al baño de una forma normal, nunca recordé esa imagen. Mi situación de trauma era tal que hay cosas que se te olvidan”. Las condiciones de vida deplorables solo eran comparables al trato que Ubico recibía de sus torturadores: “Era levantarte por la mañana y llevarte directamente a una habitación donde, entre risas, te empezaban a dar de hostias”. Las torturas iban más allá de lo físico. David era continuamente amenazado con la posibilidad de que violasen a su madre o a su novia. “Recuerdo un día que me dieron un café con leche, pero era para decirme simplemente: ‘eres tonto perdido, lo que estás haciendo es una tontería, tus compañeros no merecen absolutamente nada porque están largando y chivándose de todo’ y es lo único que recuerdo de esos 9 días; el café con leche para luego seguir recibiendo palizas”. Apenas una semana viviendo esa pesadilla basta para hacer que una persona se plantee la muerte como vía de escape: “El tema era humillación, golpes, humillación, golpes y hacerte sentir una mierda. En realidad, es lo que eres allí; una mierda. No vales para nada —confiesa—. En algún momento, te quieres ir del mundo”.

David relata cómo, en cierta ocasión, los policías, tras un chivatazo de uno de los torturados, lo despertaron en plena noche para que los llevara al lugar donde guardaban propaganda. Ubico los condujo al sitio exacto en los pinares de Venecia, queriendo creer que la propaganda ya habría sido retirada por algún compañero. “Uno de ellos (los policías) empezó a cagarse en dios y en mi puta madre”, recuerda David. “Sacó una pistola y me amenazó con meterme dos tiros ahí mismo. No me los dio, valía con el acto en sí. No creo que les importase mucho si había o no propaganda, solo querían tener más información para podernos culpar con más datos”.

Como la mayoría, después de las torturas en comisaría, David fue enviado a la cárcel de Torrero, donde permaneció unos meses hasta ser juzgado. La condena, que se estimaba en casi ocho años de cárcel, se vio anulada por la muerte de Franco. Ubico, junto a muchos otros presos políticos, fue puesto en libertad un día después del fallecimiento del dictador. Sin embargo, su memoria seguía presa en aquella comisaría cuando vio por la tele cómo uno de sus torturadores, en concreto, el que dirigía las torturas, estaba recibiendo una medalla de manos del Rey como comisario general de información. “Era Jesús Martínez Torres, el que nos torturó aquí en Zaragoza, el que llevaba toda la marcha, el que te venía por la mañana y te decía: ‘¿Qué tal Ubico? Yo acabo de echar un polvo y como comprenderás no tengo ganas de que se me acabe la paciencia, tú verás’”.

La carta que David envió a El País denunciando a Jesús Martínez Torres y contando su experiencia fue una explosión contenida, como una bomba que estalla debajo del agua. Apenas unas declaraciones del ministro de Interior calificando al torturador como “gran profesional al servicio del Gobierno” bastaron para acallar las críticas. Ubico lamenta el olvido al que muchas historias como la suya fueron condenadas en plena democracia: “La transición fue ayer. Para los jóvenes parece cosa del siglo pasado, pero fue hace cuatro días. Y la mayoría de los medios de comunicación han estado colaborando en todo este silencio”.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ratificó la decisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza el pasado 28 de febrero. Los autos de los dos organismos coinciden en que el proceso penal tiene por misión “hacer recaer un reproche social y jurídico sobre quien resulte responsable de un delito” y que el hecho de “conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal”. Tras el enroque de la Justicia, los represaliados, apoyados por sus representantes legales y las asociaciones memorialistas aragonesas, buscarán el amparo del Tribunal Constitucional.

De las más de 50 denuncias presentadas en España para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, las que han sido aceptadas a trámite pueden contarse con los dedos de una mano. Quizás por este motivo, las esperanzas de la querella zaragozana estén puestas en las instancias internacionales, el caballo que pueda saltar la barrera jurídica española. Las dos vías que se distinguen en el horizonte son la del Comité de Derechos de la ONU y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Hay informes del relator de la ONU con recomendaciones a España en las que dice que estos hechos deben investigarse, que la Ley de Amnistía contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la justicia debería ser aplicable”, asegura Javier Checa, de ALAZ.

Sin embargo, aunque los organismos judiciales internacionales fallaran a favor de la causa que defiende ALAZ, estas resoluciones quedarían supeditadas a la soberanía nacional y al marco jurídico de la Constitución española del 1978. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría sancionar al Estado español con una indemnización a las víctimas o a sus familias, pero no podría imponer una investigación en la que se juzgara a los acusados. En el caso del Comité de Derechos Humanos de la ONU, puede emitir una recomendación para que se tomen medidas, pero el asunto quedaría en manos del Congreso, por lo que todo quedaría en un simple jaque. “La ONU da consejos como los de una abuela: una señora mayor, con mucho conocimiento, pero que no tiene una capacidad coercitiva”, comenta el periodista Eduardo Bayona, que ha cubierto la evolución de la querella zaragozana. Bayona considera que las circunstancias hacen muy difícil que se aplique una justicia efectiva, “con acusados en el banquillo, jurado, condena o absolución”, pero que por lo menos deberían “esclarecer los hechos en un auto judicial, para conocer la verdad de lo ocurrido y completar la historia de nuestro país”.

En marzo de 2018, Podemos, Compromís y los grupos nacionalistas catalanes presentaron en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Ley de Amnistía; sin embargo, fue rechazada por los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. Mientras la justicia avanza dando tumbos, en su lento caminar de paquidermo cansado, el tiempo hace mella en las expectativas de aquellos que prestaron sus testimonios a la querella. Al ser preguntado por el futuro del caso, David Ubico —torturado a sus 24 años, hace ya más de 50—, es muy claro: “No tengo ninguna esperanza, pero me da igual: menos habría si no existiera esta denuncia”.

Han pasado más de 80 años desde que estallara el conflicto bélico que rompió España y los días siguen muriendo sin que se arroje luz sobre los crímenes cometidos. La impunidad jurídica construida sobre la Ley de Amnistía y la reticencia del Estado español a alinearse con la justicia universal han condenado los esfuerzos de aquellos que han intentado reconstruir la historia de un país que todavía está dividido. Sin embargo, seguirá habiendo esperanza mientras haya quien se atreva a recordar, mientras haya piezas en el tablero de la memoria.