Derecho a la vivienda
La movilización de los sindicatos de inquilinos consigue evitar que el PSOE impugne la ley catalana de alquileres

La indignación entre los sindicatos de inquilinos, así como las protestas de algunos de los socios del PSOE, parece estar dando resultado. Este 15 de junio, el Sindicat de Llogateres ha realizado un comunicado de prensa expresando que han logrado parar la suspensión de la regulación de alquileres catalana. “La Ley sigue vigente”, indican, tras desistir el Gobierno de llevarla al Tribunal Constitucional, tal y como pretendió desde el primer momento el Partido Popular y Ciudadanos.

“Constatamos que los esfuerzos de la patronal inmobiliaria para tumbar esta regulación, a pesar de no haberlo conseguido, tienen una razón de ser: la regulación funciona y esto les hace limitar sus beneficios. Recordemos que la regulación ha hecho caer los precios del alquiler un 4,8% interanual durante los seis primeros meses de funcionamiento en los municipios catalanes donde se aplica. En cambio, en los municipios catalanes sin regulación, los precios del alquiler ha subido un 1,2% a pesar de la pandemia”, ha recordado el Sindicat.

Un día antes, el diputado de ERC Gabriel Rufián adelantaba que el Gobierno no iba a impugnar la ley de alquileres catalana: “Finalmente, el Gobierno no tumbará la Ley de Regulación del Alquiler aprobada en Catalunya. La buena noticia es que a veces Esquerra tiene fuerza suficiente para ayudar a que pasen (o no pasen) cosas. La mala es que sea todo tan difícil con un Gobierno supuestamente progresista”.

El portavoz del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya, Jaime Palomera, confirmaba que el sindicato llevaba días “hablando con el Gobierno estatal”, pero advertía contra cualquier triunfalismo y pedía prudencia y mantener las movilizaciones previstas para el 14 de junio porque “no es la primera vez que el Gobierno dice una cosa y luego hace otra”. Hasta última hora, el Gobierno seguía sin descartar oficialmente que vaya a presentar en el Consejo de Ministros de este 15 de junio una impugnación ante el Constitucional de la ley que regula el precio de los alquileres en Catalunya. Esta sería su última oportunidad, ya que el plazo para recurrir la ley 11/2020 finaliza el próximo 21 de junio. En Madrid, Barcelona y Zaragoza están previstas a partir de las 18h concentraciones y caceroladas frente a las sedes del PSOE para dejar muy claro que “la regulación no se toca”. Según Palomera, “la presión ciudadana era y sigue siendo la clave”.

Finalmente el Gobierno no tumbará la Ley de Regulación del Alquiler aprobada en Catalunya.

La buena noticia es que a veces Esquerra tiene fuerza suficiente para ayudar a que pasen (o no pasen) cosas.

La mala es que sea todo tan difícil con un Gobierno supuestamente progresista.

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 14, 2021

Llevamos dias hablando con el Gobierno estatal. No está para nada confirmado que no vayan a suspender la Ley que regula los alquileres. Hasta mañana no lo sabremos. Se mantienen las convocatorias de esta tarde en la sede del PSOE. La presión ciudadana era y sigue siendo la clave.

— Jaime Palomera Zaidel (@JaimePalomera) June 14, 2021

Durante más de un año, el Sindicat de Llogaters trabajó con el Govern y los distintos partidos nacionalistas y de izquierdas para sacar adelante una ley que pusiera freno a la escalada del precio del alquiler. En septiembre de 2020, con el apoyo de 4.000 organizaciones de la sociedad civil —desde sindicatos y el movimiento de vivienda a las gigantescas entidades soberanistas— consiguieron convencer a Junts para que apoye el texto original y retire unas enmiendas que hubieran desvirtuado la ley catalana de regulación de los alquileres.

Jaime Palomera confirma que llevaba días “hablando con el Gobierno”, pero advierte contra cualquier triunfalismo, pide prudencia y mantener las movilizaciones previstas porque “no es la primera vez que el Gobierno dice una cosa y luego hace otra”

Con el inicio del curso, la nueva ley, la primera de su tipo en el Estado español, decretó el congelamiento de los precios en las 60 localidades catalanas más afectadas por la especulación inmobiliaria, con la ciudad de Barcelona y las zonas costeras a la cabeza. La ley 11/2020 también ha obligado a reducir el alquiler de los pisos cuyos precios superan el índice de referencia catalán, siempre en estos 60 municipios tensionados.

Diez meses después de su aprobación, desde el Sindicat de Llogaters hablan de dos noticias, una buena y otra mala. La buena, que la ley que regula el precio de los alquileres estaba funcionado: los alquileres han bajado más en las localidades sujetas a la ley 11/2020 —que son las más afectadas por la especulación— que en aquellas en donde no se aplica, mientras que la oferta de pisos no se ha visto afectada, según datos oficiales. La mala, que el PSOE pretendía tumbarla para “enterrar” con ella, los aspectos más avanzados de la Ley de Vivienda, que actualmente negocian los socialistas con Unidas Podemos. 

Los rumores sobre una impugnación por parte del Gobierno por supuestos problemas competenciales se confirmaron cuando el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, dijo en el Congreso el pasado 8 de junio que no podía “mirar a otro lado” si “una ley autonómica vulnera el marco competencial”. 

El Gobierno se suma a la ofensiva del PP y el lobby inmobiliario contra la regulación catalana de los alquileres

Martín Cúneo

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Alquiler

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Martín Cúneo

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El Ejecutivo estudia presentar en el próximo Consejo de Ministros una impugnación ante el Constitucional de la ley que limita el aumento de precios de los alquileres en Catalunya. De hacerlo, la norma quedaría en suspenso de forma automática.

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Este martes 15 de junio es el día clave. En el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene la última oportunidad para impugnar la ley, algo que supondría su suspensión automática. A diferencia del recurso interpuesto en enero de 2021 por el PP ante el Tribunal Constitucional, una impugnación por parte del Ejecutivo viene acompañada con medidas cautelares, es decir, la ley quedaría suspendida hasta la resolución del Tribunal. “Si mañana el Gobierno tumba la regulación de alquileres en Catalunya hará historia, y no precisamente progresista”, escribía el diputado de Más País Íñigo Errejón.

“El Gobierno quiere hacer el trabajo sucio de los fondos buitres y la patronal inmobiliaria. Están protegiendo los intereses de una minoría especulativa, que se ha enriquecido en la última década a costa de especular con muchísimos hogares trabajadores”, denuncia el Sindicat de Llogaters, quien señala que la próxima víctima de este lobby inmobiliario en el Gobierno es la propia Ley estatal de Vivienda: “No solo quiere tumbar la regulación de alquileres catalana, sino que además amenaza con no extenderla al resto del Estado, incumpliendo así el pacto de Gobierno PSOE-UP”.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid Javier Gil apunta a las razones detrás de estos movimientos en el PSOE: “Los fondos buitres y las grandes inmobiliarias de este país están presionando al Gobierno para que no apruebe estas medidas porque para nosotros significa alquileres dignos, pero para ellos significa menos beneficios”.

“Es un ataque para que la ley de vivienda se retrase todo lo que pueda para que sea lo menos garantista posible y para que no incluya la regulación de los precios de los alquileres”, denuncia Javier Gil

Y no se trata solo de un “ataque” contra la ley catalana sino contra el “conjunto de la Ley de Vivienda”, que hace meses debería estar debatiéndose en el Parlamento estatal. “Es un ataque para que la ley de vivienda se retrase todo lo que pueda para que sea lo menos garantista posible y para que no incluya la regulación de los precios de los alquileres”, denuncia Gil. Para este sindicato, el objetivo no es otro que “facilitar a Ábalos una Ley de Vivienda descafeinada y al gusto de la patronal”. 

En el caso de que el PSOE decida impugnar la ley, “en en dos o tres días dejaría de estar en vigor, con la inseguridad jurídica y el consiguiente abandono de toda la ciudadanía que ha firmado contratos al amparo de esa ley, o que está en vías de negociación de su alquiler”, explican desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid.