Derecho a la vivienda
Extremadura en lucha por la vivienda pública

Diversos colectivos en lucha por el derecho a la vivienda nos manifestaremos el día 15 de Julio, en Mérida, haciendo un llamamiento a la participación y movilización como único camino para que el gobierno de Extremadura atienda y haga frente a las diferentes cuestiones que presenta la problemática habitacional entre la población de nuestra Comunidad.

Algunos datos sobre lanzamientos

Hay cientos de familias y personas jóvenes, en multitud de localidades extremeñas, a quienes las carencias habitacionales condicionan y frenan el desarrollo de sus perspectivas vitales. No sólo la falta de viviendas públicas es un problema común que castiga a ciertos sectores sociales de la población extremeña; también las consecuencias derivadas de la crisis económica agravadas por la pandemia contribuyen a incrementar sus efectos negativos,  traducidos en lanzamientos por impago de alquileres y ejecuciones hipotecarias.

Las cosas se complicarán mucho más, especialmente para las clases trabajadoras que son las que han sufrido y sufren las consecuencias de la pandemia, cuando a partir del 8 de agosto de este año termine la moratoria aprobada por el gobierno. Las previsiones para los próximos meses pueden ser aterradoras, tanto en Extremadura como en el resto del territorio nacional.

La situación a nivel estatal en materia de lanzamientos no es ni mucho menos prometedora después de lo acontecido en estos últimos meses. Tal y como pone de manifiesto la PAH, a pesar del “escudo social” del autodenominado “gobierno más progresista de la historia”, que presume de “no dejar a nadie atrás”, durante la pandemia ha seguido habiendo desahucios.

Las cosas se complicarán mucho más, especialmente para las clases trabajadoras que son las que han sufrido y sufren las consecuencias de la pandemia, cuando a partir del 8 de agosto de este año termine la moratoria aprobada por el gobierno

Así, en el Estado español, según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial, han sido expulsados de sus casas entre enero y marzo de este año unas 11.000 familias por no poder pagar su alquiler o hipoteca. El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2021 fue de un 13,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y todo esto a pesar de que están en vigor las medidas anti pandemia que paralizan los desahucios. En las ejecuciones hipotecarias, se dan las cifras más altas desde 2017.

En Extremadura, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos practicados por los juzgados, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias, en el primer trimestre de 2021 se situó en 126, lo que implica un incremento del 17,76 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Moratorias recayendo en las clases trabajadoras pagadas con fondos públicos. La banca gana

La nota informativa del Banco de España sobre la aplicación de las moratorias legislativas y sectoriales hasta el 30 de abril de 2021 señala que, atendiendo los tres tipos de moratorias, más del 70 % de las personas afectadas por estas deudas son trabajadores y trabajadoras, personas asalariadas, y el 30 % restantes corresponden a trabajadores autónomos, empresas y profesionales.

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Desde la declaración del primer Estado de Alarma, más de 30.000 familias han sido expulsadas de sus hogares pese a cuatro meses de juzgados cerrados y a un “escudo social”, que no ha servido para reducir esta “cifra aterradora”, según la PAH.

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Las moratorias aprobadas durante la pandemia COVID-19, con garantías hipotecarias en apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, hasta el 30 de abril de 2021, suponen un capital  pendiente de amortización de unos 20.500 millones de euros. Las moratorias sin garantías hipotecarias alcanzaban una cantidad en créditos de 2.900 millones de euros, y las cantidades en préstamos suspendidos ascendían a unos 39.000 millones de euros, siendo el capital total pendiente de devolver de unos 57.400 millones de euros, según datos del Banco de España. Este estado de cosas ofrece un futuro que puede ser catastrófico en el momento en el que las entidades bancarias quieran recuperar sus préstamos e hipotecas.

En el Estado español, según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial, han sido expulsados de sus casas entre enero y marzo de este año unas 11.000 familias por no poder pagar su alquiler o hipoteca

En este orden de cosas, se intensifica la circulación de noticias acerca de los movimientos que se comienzan a realizar en el Parlamento y en la Comisión Europea para poner en marcha una especie de SAREB cuyo objetivo sería comprar todos los préstamos y créditos morosos y evitar las pérdidas y la posible ruina de algunas entidades bancarias. Estas organizaciones acaparadoras de las morosidades, que se crearían en los ámbitos de los países de la Unión Europea, serían similares a la SAREB, pero en esta ocasión a nivel europeo, con directivas trazadas desde la propia Unión Europea y con una interrelación internacional para la compra y venta de las deudas, que en última instancia pasarían a los fondos de inversión.

La burguesía europea estaría trabajando para salvar una vez más a los bancos a costa de los fondos públicos, adquiriendo en este caso, en vez de suelo, viviendas y locales, los créditos, préstamos y demoras difíciles de recuperar por sus chiringuitos crediticios.

Poniendo nombre a los casos. Una lista de vergüenza y otra de propuestas

Las viviendas de los Álamos, en Mérida; las 31 de Villafranca de los Barros; las 90 del barrio de Suerte de Saavedra en Badajoz; otras en Plasencia, Talayuela… Una enumeración cada vez más larga de casos con rostro de dolor, de exclusión y de desigualdad.  

Desde Campamento Dignidad y Mérida Solidaria consideramos que la situación habitacional en la actualidad y lo que pueda ocurrir después del 8 de agosto, cuando termine la moratoria, requieren de una intervención urgente de la Junta de Extremadura, ejecutando políticas que ataquen básicamente el déficit de viviendas públicas al menos en varias cuestiones fundamentales:

1.- Adquisición para su puesta en alquiler social de las muchas viviendas que están en manos de entidades bancarias y otras administraciones públicas, como ocurre en Mérida y Badajoz.

La Junta de Extremadura no puede continuar permitiendo que las viviendas en manos de entidades bancarias sigan abandonadas esperando a que vengan tiempos mejores para la obtención de buenas plusvalías cuando hay necesidades humanas que deben ser satisfechas imperiosamente, del modo más urgente.

Así, por ejemplo, ya es hora de poner solución a lo que venimos denunciando desde hace largo tiempo: la adquisición y recuperación de las viviendas situadas en la Avenida del Prado, en Mérida, que pertenecen a una entidad bancaria.

Las viviendas, que llevan años abandonadas, presentan un estado deplorable que cualquier persona puede observar y visualizar desde los exteriores, por las diversas calles, ángulos, y pisos adyacentes.

Las viviendas y el poder político en Extremadura

VV.AA.

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Derecho a la vivienda

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Los problemas relacionados con la vivienda se ven agravados por comportamientos institucionales, como la lentitud con la que se conceden las ayudas de alquiler y la escasez del parque de viviendas sociales

Estos bloques de pisos van perdiendo poco a poco sus elementos materiales hasta transformarse en estructuras vacías que lastiman y dañan la estética visual de la zona.

El poco cuidado y abandono son lamentables, lo que permite el crecimiento de la vegetación en los patios situados en el interior del cuadro delimitado por las viviendas. El pastizal, seco en esta época del año, se transforma en un peligroso combustible que genera una situación potencial de incendio que puede trasladarse fácilmente y afectar a los pisos adyacentes ocupados por vecinos.

Al mismo tiempo, las suciedades en estas zonas interiores, con el crecimiento de los pastos, son focos de enfermedades, puesto que dan paso a la existencia y reproducción de ratones, ratas, serpientes e insectos; algunos de ellos, con capacidad para pasar a los pisos próximos propiciando situaciones de ansiedades, miedos e incertidumbres entre el vecindario que habita las viviendas colindantes.

En repetidas ocasiones hemos manifestado que estas viviendas debieran ser adquiridas por la Junta para ponerlas en alquiler social a las familias que las necesitasen; de hecho, en 2015, los partidos políticos presentes en la Asamblea de Extremadura dieron un paso en este sentido, aprobando una partida presupuestaria de un millón de euros para la adquisición de estos bloques de pisos. Las cosas se quedaron ahí. De tal modo que estamos en una situación que empeora día tras día, con unas viviendas abandonadas y en manos de no se sabe quién.

Por tanto, en vista de las necesidades habitacionales en la localidad y el estado de deterioro y potencial peligro para la comunidad vecinal que concurren en las mismas, es una obligación para la Junta de Extremadura adquirirlas para su adecuación y posterior puesta en alquiler social a las familias más necesitadas. Por otro lado, la Consejería de Sanidad y al Ayuntamiento de Mérida tienen que actuar tomando las medidas sanitarias adecuadas para acabar con el estado deplorable de suciedad y los potenciales peligros físicos que concurren y afectan al vecindario.

2.- La Junta debe proceder de modo inmediato a la finalización de viviendas a medio construir en Villafranca de los Barros, negociar con el Ministerio del Interior las 90 viviendas del Cuartel de la Guardia Civil en Badajoz, y programar la construcción o adquisición de viviendas particulares en venta en aquellas localidades en dónde haya necesidades.

En este punto, nos referimos a las 31 viviendas que llevan paralizadas más de dos años en Villafranca de los Barros y que deben finalizarse urgentemente, dadas las necesidades en la localidad. Así mismo, deben ser entregadas las construidas en Talayuela y Plasencia sin más demora, a pesar de las dificultades electorales que tales decisiones implican. Hay otras localidades en las que es necesario un programa de construcciones o adquisiciones que satisfagan los déficits de viviendas públicas, como en algunas zonas de la Campiña Sur.

Las 90 viviendas de la guardia civil en el barrio de Suerte de Saavedra, en Badajoz, deben ser adquiridas de una vez por la Junta y cedidas en alquiler social; nos encontramos con una negociación interminable de años y años entre el gobierno de la Junta y el gobierno de España. Parece mentira que no se valoren las necesidades de la población por encima de otros intereses particulares mientras el deterioro de la edificación avanza lentamente y cientos de familias siguen esperando un techo para sus vidas.

3.- La Junta debe impedir el desahucio de familias que se encuentren en un estado de vulnerabilidad económica y social.

Ya que la Junta de Extremadura decidió suspender los desahucios en viviendas públicas hasta la finalización del estado de alarma, es de esperar que dada la situación económica de paro y precariedad por el que pasan un buen número de familias extremeñas se siga manteniendo la suspensión de los desahucios de modo indefinido.

4.- Los Bancos Locales de Viviendas.

Una cuestión, que desde años venimos reclamando en base a la experiencia que nos proporciona el hecho de estar en contacto con personas que sufren problemas habitacionales, es la necesidad de que los ayuntamientos constituyan Bancos Locales de Viviendas.

Estos Bancos Locales se pueden conformar destinando todos los años un porcentaje pequeño de los presupuestos municipales para la adquisición de viviendas en alquiler o mediante compra, según las posibilidades económicas del Municipio. El objetivo sería salvar la situación temporal de muchas familias y personas que en determinados momentos carecen de un techo donde resguardarse.