Derecho a la vivienda
Las ayudas al alquiler se quedan cortas y no terminan de llegar

Organizaciones de consumidores y sindicatos de inquilinos denuncian que las medidas de apoyo al alquiler que ha lanzado el Gobierno de coalición no están llegando a quienes las necesitan.

Los microcréditos avalados por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) chocan con los grandes bancos, que hasta ahora se han negado a firmar el convenio y siguen negociando las condiciones de implementación de la medida. Y las ayudas directas al alquiler —gestionadas por las comunidades autónomas y que no deben ser devueltas— en algunas ciudades se han agotado en la primera semana de lanzamiento. Por distintas razones, ninguna de las familias con problemas para pagar el alquiler por la crisis del covid-19 ha podido acceder a las ayudas. Según una encuesta reciente de la organización de consumidores OCU, el 9% de los españoles considera difícil o imposible pagar el alquiler.

Una semana después de que se habilitaran los cauces oficiales para solicitar las ayudas directas al alquiler, la Comunidad de Madrid anunció que ya había agotado el presupuesto asignado por el Gobierno central

En la Comunidad de Madrid, una semana después de que se habilitaran los cauces oficiales para solicitar las ayudas directas al alquiler, el Gobierno regional anunció que ya había agotado el presupuesto asignado por el Ejecutivo central. A fecha de 20 de mayo había recibido 3.071 solicitudes, 200 personas más de las que podrían atender, según un comunicado oficial. 

El consejero madrileño de Vivienda y Administración Local, David Pérez, calcula que el presupuesto asignado serviría para cubrir “apenas un 10% de las necesidades reales”. Para atender las 60.000 solicitudes que esperan recibir, la Comunidad demanda 150 millones de euros adicionales. La aceptación de solicitudes se realizará, advierten, por riguroso orden de inscripción: “Cuando el crédito disponible esté agotado, las solicitudes recibidas con posterioridad serán resueltas desfavorablemente”.

Las ayudas directas al alquiler son una de las medidas sociales anunciadas por el Gobierno a finales de marzo y que pueden alcanzar hasta 900 euros por mes, hasta un máximo de seis mensualidades. Estas ayudas se pueden solicitar desde el pasado 11 de mayo hasta el 30 de septiembre.

Los sindicatos de inquilinos consideran estas ayudas —que no conllevan como tantas otras del “escudo social” el endeudamiento de las familias más vulnerables— como un avance frente a los microcréditos. Sin embargo, indican, no dejan de ser “solo una medida paliativa”, ya que el Estado asume los precios de burbuja en una “transferencia de dinero público directa a los bolsillos de los rentistas y del lobby inmobiliario”. 

Los sindicatos de inquilinos denuncian que estas ayudas dejan fuera a “una gran mayoría de familias” y reproducen “la lógica excluyente de la administración: utilizar la burocracia como un tapón que impida el acceso a los más pobres”

Desde estos sindicatos señalan que estas ayudas dejan fuera a “una gran mayoría de familias”. Muchas de ellas, sobre todo si viven en Madrid o Barcelona, deben pagar alquileres superiores a esa cifra, y muchas otras no pueden acceder a ellas por unos trámites burocráticos que “excluyen a las personas con menos recursos, por ejemplo aquellas que se encuentran residiendo en situación irregular, inquilinos que no se hayan podido empadronar por algún motivo en su actual residencia, o inquilinos que no tengan un contrato por escrito y realicen su pago en metálico”. 

Además, el hecho de que estos trámites tengan que repetirse cada mes generan “una tensión añadida a las personas afectadas” y reproducen “la lógica excluyente de la administración: utilizar la burocracia como un tapón que impida el acceso a los más pobres”.

Por estas razones, estos sindicatos llevan ya casi dos meses en una huelga de alquileres en la que están participando más de 16.000 personas, organizadas en más de 80 comités de huelga.

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Asociaciones de consumidores y el movimiento por la vivienda denuncian que el “escudo social” frente al covid19 no está funcionando como debería. La burocracia, las dificultades añadidas en tiempos de confinamiento, la brecha digital y unos requisitos “excesivos”, según denuncian, hacen que buena parte de las personas que las necesitan no puedan acceder a las ayudas.

El tapón de los grandes bancos

Más allá de los límites de presupuesto y las trabas burocráticas que limitan el alcance de estas ayudas, la apertura del proceso de solicitudes está chocando con los intereses de los grandes bancos, que hasta ahora no han aceptado tramitar estas medidas. Dos meses después de que hayan sido aprobadas todavía no hay acuerdo entre las grandes entidades y el ICO sobre las condiciones en las que estos bancos tendrán que hacer llegar el dinero a las familias que lo necesiten.

Según cuenta a El Salto Fernando Bardena, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, hasta ahora la gente que ha tramitado tanto los microcréditos como las ayudas directas no han recibido nada. Desde hace dos semanas, comenta, los bancos ya han recibido los protocolos, pero “todavía no se las han concedido a nadie”. Otro problema añadido, continúa, es que muchos solicitantes se encontrarán previsiblemente con la negativa del banco: “Aunque cumplan los requisitos del Real Decreto, las restricciones que hay en relación a gente que tiene otro crédito, entre otras circunstancias, abre una casuística que va a hacer que echen para atrás muchas de esas peticiones”. Unas ayudas, recuerda Bardena, que van directamente al arrendador sin pasar por las familias. 

El 90% de la banca sigue sin firmar el convenio con Estado para distribuir los microcréditos para las familias que no puedan pagar el alquiler. Hasta ahora solo lo han hecho pequeñas cajas. Ninguno de los grandes bancos se ha adherido todavía

La organización de consumidores OCU señalaba el 26 de mayo que son pocas las entidades financieras que se han adherido al convenio con el ICO para conceder los microcréditos. Hasta ahora, solo lo han hecho pequeños bancos, como es el caso de Cajamar, Caja Ontinyent, Caja Pollença, Laboral Kutxa, Bankoa, Abanca, Unicaja y Liberbank. Además, según denuncian, “muchos de ellos solo ofrecen la posibilidad a sus clientes y, dentro de ellos, solo a quienes ya llevan tiempo con la entidad”.

Algo que contradice el convenio firmado con el ICO, donde se establece que “deberían conceder esos préstamos a cualquier inquilino que cumpla las condiciones exigidas por la normativa”, precisa OCU. En la práctica, los bancos “no tienen prisa por conceder dinero a quienes tienen dificultades de pago, por mucho aval del ICO que pueda existir”.

En el caso de los grandes, ninguno ha firmado todavía. Según publicaba El Confidencial, el 90% de la banca sigue negociando con el ICO la “letra pequeña” y no ha suscrito todavía el convenio. Sin embargo, las ayudas, que tienen carácter retroactivo, podrán pedirse de todas formas para que sean aplicadas desde el pasado 1 de abril.