Violencia sexual
Violencia sexual contra la infancia: lo que dicen y lo que ocultan los datos

“Existen significativas dimensiones ocultas de la violencia sexual a menores y en particular en el ámbito familiar contra niñas, niños y adolescentes”. Es lo que denuncian las autoras del estudio Violencia institucional contra las madres presentado el 16 de marzo. La fragmentación de los datos que se recogen, la dificultad de contrastar y el uso de criterios no uniformes de registro son algunas de las dificultades que señalan las investigadoras. Otro problema es la parcialidad de los datos que proceden de fuentes judiciales o lo que se oculta detrás de la ausencia de denuncias, ya que precisamente estos delitos se caracterizan por una tasa muy alta de infradenuncia.

Las autoras de un estudio creen que la fragmentación y parcialidad de los datos sobre violencias sexuales contra la infancia permiten que haya zonas de sombras, sobre todo en lo referido a violencia sexual intrafamiliar 

Como consecuencia, habría “significativas dimensiones ocultas de la violencia sexual en el ámbito familiar contra niñas, niños y adolescentes que permanecen fuera del escrutinio público, lo que los convierte en hechos con altas probabilidades de ser infravalorados”, dicen las investigadoras: “En España existe aún un gran desconocimiento de la magnitud real del maltrato infantil, y en particular de la violencia sexual en el ámbito familiar”.

Pese a todo, diversas fuentes muestran las diferentes formas y el alcance de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El Consejo de Europa calcula que la violencia sexual afecta a 1 de cada 5 niñas y niños antes de cumplir los 18 años, refiriéndose con ello a “tocamientos, la violación, el acoso sexual, el estupro, el exhibicionismo, la explotación en la prostitución y la pornografía, la violencia sexual en línea y el chantaje sexual”.

El Ministerio de Interior, el Registro Unificado de Maltrato Infantil, organizaciones como Save The Children o ANAR y fuentes judiciales son otras fuentes que permiten tener una foto panorámica de las cifras de la violencia sexual contra la infancia.

Datos incompletos

El registro unificado de maltrato infantil (RUMI) compila notificaciones de casos de maltrato infantil y entre ellos incluye los de violencia sexual. Para el año 2019 el registro arroja 1.412 notificaciones de “abuso” sexual en el ámbito familiar a niñas, niños y adolescentes, de las que un 58% se produjo contra niñas. Sin embargo, como advierte Marta Pérez, una de las autoras del informe Violencia institucional contra las madres, este registro no desglosa por relación familiar, por lo que no es posible saber cuántos de los casos registrados implican al padre u otros familiares. Además, este registro, que procede de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas, es incompleto y depende del proceso de recogida de datos de cada territorio.   

El Ministerio del Interior, por su parte, emite informes anuales sobre delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. El último disponible destaca la gran proporción de niñas, niños y adolescentes, y constata que el grupo de 0 a 17 años es el más victimizado: un 49% sobre el total de franjas de edad —de 0 a 65 y más—. Dentro de este grupo de edad, el 45,7 % corresponde a victimizaciones de menores de 13 años. Respecto a la distribución por sexo de las victimizaciones, se muestra una proporción donde algo más de 8 de cada 10 son de mujeres (83 %) y el 97 % de las victimizaciones totales son cometidas por hombres. De nuevo, en la foto faltan datos, ya que este último datos no se cruza con el de la edad de las víctimas y tampoco se especifica el agresor. Además, se trata de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, notificados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Ni el registro unificado de maltrato infantil ni el Ministerio del Interior desglosan los datos por relación de la víctima con el agresor, por lo que no es posible saber cuántos de los casos registrados implican al padre u otros familiares

Otra fuente relevante es la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, una operación estadística de gran relevancia por la amplitud de su muestra: casi 10.000 entrevistas. Esta encuesta indica que, del total de mujeres, el 3,4 % del total de 16 o más años ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja antes de cumplir los 15 años de edad. Extrapolando estas cifras a la población, se estima que 703.925 mujeres de 16 o más años han sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja en la infancia (antes de cumplir los 15 años de edad). Entre las mujeres que han sufrido violencia sexual exclusivamente antes de los 15 años, el 13,5% cita como agresor al padre/padrastro, el 6,7% a un hermano/hermanastro y el 26,7% a otro familiar masculino, frente al 0%, 0,45% y 4% respectivamente de las que han sufrido violencia sexual exclusivamente a partir de los 15 años, lo que revela que los agresores en el caso de la violencia sexual en la infancia son en mucha mayor proporción familiares de la víctima que cuando la violencia sexual ocurre a partir de los 15 años. Entre aquellas que solo han sufrido violencia sexual antes de los 15 años, casi el 40% (39,2%) de los agresores han sido familiares hombres (padre, hermano, otro familiar hombre) frente al 4% en el caso de las que solo han sufrido violencia sexual después de los 15 años.

“Las deficiencias de las fuentes hace difícil combinar, comparar y ponderar distintas fuentes, debido a su infra-registro o recopilación dispersa por parte de las instituciones”, explica Pérez. Por eso las investigadoras de la Complutense acuden a estudios más allá de las cifras oficiales para conocer la dimensión de la violencia sexual. Por ejemplo, el realizado a partir del análisis de 200 sentencias judiciales por violencia sexual Agresiones sexuales, argumentaciones jurídicas y estereotipos, publicado en 2023, y que concluye que el 59,23 % (138 casos) de las víctimas eran menores de edad, en el 78,99 % (109 casos) de los casos con víctimas menores de edad, la víctima era una niña, y en el resto de los casos, un niño. Según este estudio, en el 75,36 % de los casos (104 casos) los agresores eran los abuelos, amigos, pareja, expareja, padre, pareja de la madre, primo, profesional de la enseñanza, tío, conocido (sin especificar). 

Más allá de las fuentes oficiales

Cristina Sanjuán, experta en prevención de la violencia hacia la infancia de Save the Children, explica algunos de los obstáculos que se encuentra su organización para desentrañar el alcalde de las violencias sexuales contra la infancia. 

“Dependiendo de la fuente, la desagregación de datos por edad, por ejemplo, no siempre es posible”, explica, lo que impide discriminar entre diferentes rangos de edad cuando se trata de personas menores de 18 años. Además, la edad en que la se considera que una persona puede dar consentimiento sexual se elevó de los 13 a los 16 años en 2015, lo que también impactó en las estadísticas.

Save The Children cuenta además con estudios propios que permiten ampliar la foto de la violencia sexual. En 2021, la organización publicó el informe Los abusos sexuales hacia la infancia, que analiza 432 casos y sus respectivas sentencias. Otro informe de referencia es Ojos que no quieren ver, los abusos sexuales a niños y niñas en España y los fallos del sistema, publicado en 2017.

“Para nosotros, es muy importante un análisis de sentencias porque nos permite tener una visión más amplia”, explica. Con ese análisis se conocen datos sobre los procesos que se dan uan vez que un caso entra al sistema judicial, quién denunciado cuánto dura el proceso.

Es Save The Children quien puso números al alto porcentaje de sobreseimientos que se da cuando se denuncian los abusos sexuales contra la infancia: un 72 % los sobreseimientos, lo que equivale a 3 de cada 4 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes denunciados. 

Los datos de Save The Children también constatan la persistencia de la violencia sexual intrafamiliar: en el 24 % de los casos de violencia sexual en el ámbito familiar el agresor es el padre, mientras que el 18 % corresponde a la pareja de la madre, un 4,69 % a la expareja de la madre y el 12,2 % al abuelo. Si bien el padre aparece como agresor en un 24 % de las denuncias, supone el 40 % de las absoluciones, dato que llama la atención y que podría estar relacionado, entre otros factores, con la aplicación del falso SAP.

Una organización de referencia en la atención a todo tipo de violencias contra la infancia es ANAR, que tiene varias líneas de atención especializadas —900 20 20 10 para niños y 600 50 51 52 si quien llama es una persona adulta—. Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda ANAR, pone en valor los datos del informa Abuso sexual en la infancia y adolescencia según los afectados y su evolución en España, que analiza los 6.183  casosayudados por ANAR entre 2008 y 2019. Díaz cree que la muestra es robusta como para dar no solo una imagen detallada de las violencias sexuales contra la infancia en España sino también para mostrar su evolución. “Podemos acercarnos muy bien al fenómeno e identificar los perfiles de las víctimas y de los agresores”, dice.

Díaz, que explica que el informe es anterior a la ley del solo sí es sí y por tanto habla del término “abuso sexual”, entiende que hoy el concepto que sirve de paraguas es el de “agresiones sexuales”. ANAR recoge diferentes tipos en su informe.

Un datos que la responsable de las línea de ayuda destaca en el crecimiento de los casos de abuso, que cifra en un 300,4% en una década, pasando de 273 casos en 2008 a 1.093 casos en 2020. Además, mientras que el incremento anual del número de casos fue de un 14,3% de media, en los últimos 5 años se ha disparado al 20,5%, aumentando especialmente los abusos a través de las tecnologías: grooming (36,7% de crecimiento anual) y sexting (25,0%).

Las víctimas, según los datos de ANAR, son en su inmensa mayoría mujeres (78,3%), de las cuales el 59,1% son adolescentes de 13 a 18 años. 1 de cada 5 casos son varones, en su mayoría menores de 12 años (53,4%).

La mayoría de los abusos sexuales se produjeron de forma reiterada (69%) y, además de ser abusadas, las víctimas tuvieron que soportar violencia física o intimidación en el 53,6% de los casos. El estudio revela que la violencia es mayor hacia las mujeres y sobre todo cuando llegan a ser adolescentes.

En cuanto a los tipos de abuso, la mayoría se concentran en: tocamientos obscenos hacia la víctima o hacia el agresor y abuso con penetración. Uno de cada 10 casos de penetración fue con violencia física. En el 22% de los casos la tecnología estuvo implicada en el abuso, y el 1,6% había consumido algún tipo de droga.

Los menores de 12 años tienen mayor riesgo, están más desprotegidos y poseen menor capacidad de reacción, según un informe de ANAR

En cuanto el perfil del agresor, un hombre de la familia o del círculo de confianza, mayor de edad, que actúa en solitario y que abusa en la casa del menor de edad es lo más frecuente y el padre es el agresor principal: en un 32% de los casos. 

Los menores de 12 años tienen mayor riesgo, están más desprotegidos y poseen menor capacidad de reacción: en este grupo hay mayor porcentaje de varones (53,4%), el abuso se suele producir en su propia casa y por un familiar cercano.

La reacción más habitual con los más pequeños es la negación de los hechos (40,9%) y la negligencia o falta de reacción (27,8%). En los pocos casos en  que se denuncia (10,6%), es más habitual el archivo judicial por falta de pruebas y la no identificación de daños por parte del profesional (11,3% frente a 5% en edades superiores), según ANAR.

Mejorar los datos

La Ley de Infancia, aprobada en abril de 2021, incluía dos medidas para mejorar la recogida de datos con respecto a las diferentes violencias que se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Por un lado, un nuevo registro, el RUSSVI (Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia) con información procedente de los servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la entidad pública de protección a la infancia, que sustituiría al actual e incompleto RUMI.

Por otro, la creación de un Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia a través del cual el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el RUSSVI  y las distintas administraciones públicas deben suministrar los datos requeridos al registro. Este registro deberá recoger una serie de datos con respecto a las víctimas —dad, sexo, tipo de violencia, gravedad, nacionalidad y, en su caso, discapacidad—, agresores —edad, sexo y relación con la víctima—, información policial y judicial, así cómo ls medidas desplegadas.

El Ministerio de Derechos Sociales asegura que estas medidas se encuentras en una primera fase de implementación. En cuanto al RUSSVI, se ha realizado ya trabajo conjunto con las comunidades y ciudades autónomas y se trabaja en unificar los criterios de las 19 entidades para que sea una herramienta útil para todas las autonomías.

El Ministerio de Derechos Sociales asegura que se ha avanzado en la primera fase de creación de un Registro Único que la segunda fase se terminará antes de que acabe la legislatura, pero no precisa cuándo estará en marcha

Además, dicen fuentes del Ministerio, se está trabajando en la plataforma digital del registro único, para que esa plataforma tenga el mismo lenguaje del RUSSVI para que se pueda incorporar toda la información a este registro único. 

Se espera que esta primera fase junto a una segunda, de información e implementación, estén listas para el término de la legislatura y que se puedan poner en marcha lo antes posible, explica desde el Ministerio. El Ministerio no aclara cuando podría estar funcionando este registro, aunque la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia que sirve de guía en este asunto contempla que esté en pleno funcionamiento en 2025.