Valle de los caídos
La historia perdida del valle de los presos

Es un lugar escondido. Para llegar hasta aquí hay que tomar una pista forestal asfaltada que parte del poblado del Valle de los Caídos, un conjunto de viviendas construidas en los años 50 para los trabajadores de Patrimonio Nacional que gestionaban el antiguo mausoleo fascista y donde aún hoy viven algunos de ellos con sus familias. La pista se pierde entre los pinos en el paisaje primaveral de la Sierra de Guadarrama, en uno de los espacios más singulares de la zona.

Estamos en pleno Valle de Cuelgamuros, rebautizado por el régimen franquista como De los Caídos, dentro del recinto que gestiona Patrimonio, una extraña mezcla de reserva natural, memoria, paisaje idílico, restos de un pasado oscuro, pinos, jaras y granito, mucho granito. Todo siempre bajo la sombra de una inmensa cruz monumental de 150 metros. Bajo ella ya no hay dictador enterrado, aunque aún quedan, oficialmente, mezclados, los huesos de 33.847 personas. La mayor fosa común de España, aún a la espera de ser abierta.

El emplazamiento en cuestión dista algunos cientos de metros del poblado hoy habitado y está a algo más de un kilómetro del conjunto monumental. Aquí, en torno a una decena de personas trabaja en sacar a la luz un capítulo de la historia de España poco conocido. La mayoría son pequeñas construcciones, todas de tamaño similar. “Parece que hubo una orden desde arriba, no más de 3x3 metros”, explica Carlos Marín, arqueólogo integrante del grupo del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que está excavando en la zona. Son viviendas —chabolas, como especifican algunos integrantes del equipo— construidas por familiares de presos políticos que vinieron a vivir a este recóndito valle junto a sus padres, nietos o maridos mientras estos trabajaban en la construcción del gran mausoleo franquista para conseguir reducción de penas. De dos a seis días a restar por jornada de tajo.

Grandiosidad fascista frente a chabolas

Las “viviendas improvisadas” son humildes. En algunas quedan los restos del hogar para calentarse y cocinar, pues en los años 40 el cambio climático aún no había llegado con toda su dureza y la nieve era habitual aquí. También de pequeñas fresqueras, junto a las que han aparecido botellas y latas. Todo en 9 metros cuadrados. Las hubo aún más pequeñas: las del Destacamento Penal de Bustarviejo, a apenas unas decenas de kilómetros de aquí, un campamento similar que albergaba a los presos que construyeron la línea de ferrocarril Madrid-Burgos (hoy cerrada por el tsunami AVE), tenían 4 metros cuadrados.

En el Valle, construidas en su día con muro y techumbre de “retama de escoba”, como especifica Marín, ocupaban más de la mitad del espacio del llamado poblado Banús. Es uno de los tres que se construyeron para albergar la mano de obra, prisionera o libre, que levantó el sueño del dictador. Llevan el nombre de las tres constructoras que se valieron de presos políticos para los trabajos: San Román, Banús y Estudios y Construcciones Molán.

“Lo que estamos haciendo aquí es algo absolutamente razonable y básico, y cualquier sociedad democrática entendería que esto es necesario hacerlo", señala Alfredo González-Ruibal

Hoy solo son visibles para buenos observadores y profesionales de la arqueología, pero fueron auténticas pequeñas ciudades, con barracones para presos y obreros libres —separados—, economato y fosas sépticas. Solo en el sector Banús el equipo ha documentado 42 viviendas, barracones aparte. Incluso hay un campo de fútbol en el de San Román, el más grande. Fueron dos décadas de trabajos, entre 1940 y 1959, y por aquí pasaron miles de personas, de ellas “entre 6.000 y 20.000 presos, aunque es muy muy difícil de saber porque hay continuas entradas y salidas”, apunta Luis Antonio Ruiz, el historiador especialista en la Guerra Civil responsable del estudio de archivo y documentación previo a los trabajos de arqueología. Como añade, “el universo penitenciario franquista a veces es absolutamente demencial, con presos trasladados continuamente de unos lugares a otros”, lo que complica hablar de números fijos y claros.

Quienes habitaron el poblado de Banús se encargaron, entre otras cosas, de las obras de la carretera de acceso al recinto. “Según las fuentes consultadas, era el más duro y con unas condiciones de vida más complicadas —expone Ruiz—, y tenía fama de ser llevado de una manera bastante autoritaria, con mayor vigilancia, menor libertad de movimiento y obreros peor alimentados”. Además, aquí los presos iban identificados según la pena impuesta por el Régimen: “Los que tenían condenas menores iban con un botón de un color, los de condena a 30 años con uno de otro y los conmutados de pena de muerte con un tercer color para que los funcionarios y la gente encargada de la vigilancia se atuviesen a la supuesta peligrosidad de cada categoría de presos”, explica el historiador.

Prisión, trabajo forzado, hambre, enfermedad, muerte

Los poblados no eran ajenos al contexto socioeconómico. “A principios de los 40 España está en una situación muy delicada tras la Guerra Civil y el bloqueo internacional tras la victoria de los aliados después. Sabemos que hubo auténticas hambrunas que afectaron a toda España, y concretamente al Valle de los Caídos”. Ruiz cita documentación por la que hasta el gobernador civil de Bizkaia tuvo que mandar “ayuda humanitaria” —toneladas de bacalao— para abastecer a los trabajadores. “En estos periodos los trabajadores libres, en general, abandonan la obra, pero si eras un penado, no. El recurso de los presos es una cuestión práctica: no había mano de obra, con lo que lo más barato, fácil y sencillo es movilizar a trabajadores forzados”.

Al reclutamiento forzoso —no estricto en muchos casos, aunque la posibilidad de elección es difícil de defender cuando se trata de cumplir la condena completa o reducirla a un sexto— se le sumaban las enfermedades. Ruiz muestra los planos del “barracón de desinsectación”: “Hay documentos que relatan que los presos venían de las cárceles comidos de piojos, liendres y chinches, y en un momento dado se hace necesario este tipo de estructuras, lo que da una idea de la situación”. Además, hubo epidemias de fiebre tifoidea y existe documentación en la que se alerta de un riesgo de epidemia seria tras el desborde de las las fosas sépticas del poblado de San Román y del uso de aguas fecales para regar los huertos de subsistencia que algunos trabajadores crearon en las inmediaciones del poblado. “Incluso se plantearon de urgencia construir un hospital para tuberculosos con 300 camas, según aparece en las actas de la comisión que construye el Valle de los Caídos”, relata el historiador.

Para conseguir ingresos los penados lo tenían mucho más difícil que los libres. “El salario se lo quedaba el Estado”, indica Alfredo González-Ruibal, investigador y arqueólogo del CSIC a cargo de las excavaciones. Las empresas pagaban al Estado lo mismo por trabajador, pero el Régimen se quedaba con la mayoría del dinero dedicado a los presos. Como añade Ruiz, “para poder tener algo de ahorro hacían horas extra tras una jornada laboral que ya era agotadora”.

Aquellos que murieron

La cifra de fallecidos durante las obras, aunque no está del todo clara, ronda la treintena de personas según los investigadores, pero dos circunstancias hacen suponer que ese número es muy superior: “Por un lado, los que salían heridos graves y morían en Madrid, que no están registrados. Por otro, los muertos de silicosis, de los que no hay ningún registro porque es gente que igual murió diez años después en otro punto de España”. González-Ruibal se refiere a la enfermedad que provoca la inhalación de moléculas de sílice, muy presente en el polvo de granito que respiraron los obreros. Como recuerda el director de la excavación, se calcula que el 25% de la gente que estuvo trabajando en la cripta fallecería de esta afección pulmonar, lo que eleva la cifra de muertos a cientos de personas.

Los trabajos comenzaron en 1940, inicialmente con obreros libres, aunque el arquitecto Pedro Muguruza ya proponía el uso de mano de obra presa desde los inicios y hay constancia de algún batallón de trabajadores, como se conocían entonces, compuesto por presos de guerra en los primeros años de construcción. En cualquier caso, para 1943 ya había prisioneros políticos trabajando en la zona “de una manera estable y sistematizada bajo el sistema de redención de penas”. Así fue hasta 1950, cuando cambió la dirección de las obras y hay un cambio de directrices. “La interpretación más convincente de esto”, expone Ruiz, “es que, en un momento en que habían evolucionado las cosas en cuanto al discurso oficial de la dictadura, les convenía que el monumento emblemático no tuviese la lacra de haber sido levantado con obreros penados en sus fases finales”.

El lugar que hoy vuelve a la luz fue deliberadamente ocultado. Primero por “una cuestión estética”, señala Luis Antonio Ruiz. Las viviendas fueron demolidas tras el fin de los trabajos y la zona fue repoblada con pinar. “Todo el paisaje del Valle de los Caídos es artificial, está muy pensado”, añade González-Ruibal, “y tiene mucho que ver con la lógica de la construcción del paisaje de los regímenes fascistas de los años 30 y 40, en la que está desde la repoblación del bosque, el itinerario, el vía crucis, el viaducto, cómo uno se acerca a la basílica… Está todo muy pensado como para dejar unas ruinas de chabolas por ahí”. 

Resignificar el Valle

El objetivo de las excavaciones es, según fuentes de Patrimonio Nacional, “conocer mejor las condiciones de vida de los trabajadores”, para ayudar así a “construir un nuevo relato patrimonial de este espacio”. Para el director de las excavaciones, estas, además, “ayudan a historificar el Valle de los Caídos para que deje de ser una especie de monumento ajeno a la historia que parece que está fosilizado, con una especie de aura sacra intocable”.

“Esto demuestra que en realidad es como cualquier otro espacio histórico”, continúa el científico del CSIC, “que puede ser objeto de intervención arqueológica y musealizarse con criterios patrimoniales estrictamente”.

La idea de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es que el espacio siga excavándose más adelante para restaurar las estructuras e incluirse estas dentro de los itinerarios del Valle de los Caídos con el fin de poner más el foco, no ya en el conjunto monumental, sino en la construcción del mismo. El apoyo se ha hecho explícito en una subvención de 12.000 euros al proyecto, una ayuda que, aunque limitada, es inusual: la mayoría de las excavaciones dirigidas por González-Ruibal no tienen fondos públicos y se nutren de voluntarios y estudiantes para poder llevarse a cabo. Con ese dinero el equipo ha podido contratar arqueólogos especializados, además de contar con profesionales del Incipit y con estudiantes en prácticas del grado de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid.

“Lo que estamos haciendo aquí es algo absolutamente razonable y básico, y cualquier sociedad democrática entendería que esto es necesario hacerlo”, continúa el director del proyecto al ser preguntado sobre cómo cree que la sociedad española del 2021 puede ver estas excavaciones. “Salvo gente muy en los extremos, tendrían que aceptarlo no solo como algo muy necesario para la democracia, sino también muy interesante: descubrir parte de la historia de tu país. Pero es verdad que vivimos un momento muy excepcional y la gente proyecta todos sus prejuicios sobre lo que uno hace o trata de hacer, y es muy difícil el diálogo. Ahora, nosotros vamos a seguir intentándolo”.