Universitat Autònoma de Barcelona
Ermengol Gassiot: “Este caso muestra que hay listas negras también en la universidad”

“Algo que era hace pocos años impensable, como es que haya una persecución penal contra estudiantes y trabajadores de la Universidad, es ahora un hecho”, afirma a El Salto Ermengol Gassiot, secretario general de CGT en Catalunya.

Gassiot es una de las 27 personas imputadas por la ocupación del rectorado de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), en abril de 2013. La ocupación, que tenía como objetivo poner freno a los recortes en la Universidad y hacer que el equipo de gobierno del centro acatara las decisiones tomadas por el claustro en este sentido, fue tachado de “plan criminal” por la Fiscalía, que pide penas que van de los 11 a los 14 años para los 27 imputados —25 estudiantes, un trabajador de la Universidad y Gassiot, profesor—. La Fiscalía también pide para ellos el pago de multas de 9.600 euros y el pago solidario de 12.000 euros en concepto de indemnización a la UAB. En concreto, Gassiot se enfrenta a once años de cárcel. 

Sin embargo, según señala Gassiot, a los imputados no se les acusa de hechos concretos, y en su caso, solo de organizar la rueda de prensa durante los días de la ocupación. El secretario general de CGT añade que, por parte de la Universidad, que en su día se presentó como acusación particular, hubo declaraciones por parte de tres cargos del equipo de gobierno que se concatenaban entre sí: “La primera declaración afirmaba que existía un entramado en torno a la protesta, la segunda declaración analizaba su formación y en la tercera declaración dieron un listado de 27 nombres; y a partir de ahí no se imputa ningún hecho concreto a nadie”.

En 2015, la Universidad se retiró como acusación particular en la vía penal, pero se negó a hacer una manifestación. En cuanto a la vía civil, rebajó la petición por daños de los 300.000 euros iniciales a los 12.000 euros.

A día de hoy, el caso está pendiente de que, desde el Juzgado de Cerdanyola del Vallés terminen de notificar la apertura de juicio oral a todos los acusados para, tras ello, fijar una fecha para el juicio. 

“Es un ejemplo que muestra que hay listas negras y persecución político también en la Universidad, en contra de esa imagen de que las universidades son torres de marfil en la que los conflictos laborales se diluyen en pro de una supuesta mayor libertad de expresión”, señala el secretario general de CGT en Catalunya. “Han ido a por estudiantes de cada asamblea de facultad y a por gente que fuera significativa en el periodo de lucha contra los recortes y privatizaciones”, añade.

Gassiot recuerda que el curso de 2012-2013 fue especialmente “movido”. Fue el curso de los incremento de las tasas  —aquí de hasta el 65%— hubo muchos despidos de profesorado, precariedad, introducción de negocios privados en la Universidad. “La UAB fue donde la lucha fue más contundente y donde conseguimos frenar más cosas a partir de una confluencia entre estudiantes y trabajadores”, explica. 

La lucha contra los recortes en la UAB consiguió varias victorias, entre las que Gassiot destaca el freno de hasta 95 despidos, la paralización de la privatización de estudios de masters y grado o la cesión de espacios a empresas privadas —“o al menos que no fuera ta evidente”, matiza, Gassiot—, se incrementó el canon a las actividades privadas. En cuanto a las tasas universitarias, Gassiot afirma que, aunque no se consiguió revertir su incremento, si se evitó que hubiera nuevas subidas.

El incremento de las tasas universitarias fue uno de los principales temas que dio lugar a la protesta en el rectorado. Gassiot explica que en las elecciones al rectorado anteriores a esa primavera, la opción que más votos consiguió fue una candidatura surgida desde el ámbito sindical que incluía en su programa la desobediencia al aumento de tasas. A pesar de conseguir más del 70% de los votos, la candidatura que finalmente salió vencedora —a causa del voto ponderado en el que el profesorado tiene más peso— fue la contraria. Aun así, se llevó al claustro este programa, donde consiguió un apoyo mayoritario. “A partir de ahí fue la ocupación del rectorado, que duró un mes”, recuerda Gassiot. “Queríamos una negociación para que el equipo de Gobierno de la Universidad desplegara las decisiones tomadas por el claustro”, añade. Entre estas decisiones figuraba también el incremento del canon que la universidad cobraba a las entidades privadas por la realización de actividades en el centro para, con este dinero, devolver a los estudiantes parte del amento de las matrículas ya abonadas. “Era un conflicto político de primer orden”, concluye Gassiot.