Tribuna
Silencio administrativo ante el menoscabo de derechos laborales en la Universidad Autónoma de Madrid

Se sabe: hay silencios que son atronadores, cuando no cosas peores. La escritora Sara Mesa, en su crónica Silencio administrativo, mostró la realidad descarnada que puede llegar a esconder la ausencia de respuesta por parte del laberinto burocrático ante una petición tan perentoria como el reconocimiento de los Derechos Humanos. En una escala distinta, pero en la que opera la misma lógica, la Universidad Autónoma de Madrid no ha dado contestación a las reclamaciones presentadas por Registro exigiendo el abono de las cantidades adeudadas correspondientes al complemento salarial por antigüedad, también conocido como “trienios”. Ante este nuevo —pero no novedoso— caso de silencio administrativo, cabe preguntar: ¿qué realidad oculta dicho mutismo?

No es ningún secreto que la universidad pública está quebrada económicamente y ello repercute en las condiciones laborales de sus trabajadoras, afectando especialmente a los estratos más vulnerables de su estructura de poder, que está sustentada sobre un precariado: investigadoras predoctorales, investigadoras contratadas en proyectos de investigación, becarias, profesoras asociadas, ayudantes, etc. Pero el problema no debe reducirse a las —por lo demás, flagrantes— incógnitas a propósito de qué fondos sufragarán la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para que sus promesas no terminen convirtiéndose en papel mojado. La ausencia de respuestas y explicaciones hunden sus raíces en causas más profundas y complejas, cuyo resultado, sin embargo, es siempre una variante del mismo mal endémico: la relación de causalidad entre la infrafinanciación de la universidad pública y el menoscabo de los derechos laborales de algunas de sus trabajadoras.

Uno de cada cuatro docentes en las universidades públicas es asociado

Redacción El Salto

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Universidad

Uno de cada cuatro docentes en las universidades públicas es asociado

Redacción El Salto

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Un reciente informe del Observatori del Sistema Universitari (OSU) concluye que la mayor parte de las comunidades autónomas y universidades públicas sobrepasa el límite de contratos temporales entre el cuerpo docente que contempla la ley. Catalunya, Navarra e Illes Balears son las autonomías que más abusan de la figura de profesor asociado.

La Universidad Autónoma de Madrid no es una excepción a este respecto. En la introducción al presupuesto del ejercicio de 2023, firmada por Amaya Mendikoetxea, su actual rectora, podía leerse lo siguiente: “Nuevamente los gastos aumentan a un ritmo muy superior a los ingresos, lo que profundiza en nuestro desequilibrio estructural […] la Comunidad de Madrid ha incluido en sus presupuestos (no aprobados) una partida de 25 millones como ayuda para los costes energéticos, muy inferior a la cifra de 60 millones estimada desde las universidades, que se ha repartido de forma porcentual a la subvención nominativa de cada universidad y de la que nos corresponden 3,9 millones. Por otro lado, se ha pospuesto al año 2023 la negociación de un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas madrileñas”.

Desde la sección sindical de CGT-UAM hacemos un llamamiento a organizar una respuesta colectiva para combatir el desmantelamiento de la estructura pública de nuestras universidades y la vulneración de los derechos laborales.

Ante este diagnóstico nefasto, la conclusión era la siguiente: “Los fondos públicos son claramente insuficientes para poder desarrollar el enorme potencial que tiene nuestra universidad”. Un año después, en la introducción al presupuesto del ejercicio de 2024, firmada también por la antecitada rectora, se afirma que: “Desde 2008, el último año de bonanza en la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a la financiación universitaria, la caída de la financiación hasta 2012 fue superior al 30% y fue descendiendo progresivamente hasta 2015 cuando comenzó a repuntar ligeramente, sin llegar a alcanzar, teniendo en cuenta la inflación, la cantidad previa a la crisis. La subida de un 1,8% de la subvención nominativa para 2024 hasta los 161,7 millones de euros (cifra que consolida la subida experimentada en 2023, a pesar de la prórroga de los presupuestos de la Comunidad) resulta decepcionante y a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades estructurales de la Universidad”. El patrón, por desgracia, es muy conocido: lamento por la escasez de recursos, buenismo —el texto concluye así: “Decía Winston Churchill que ‘el éxito siempre es un viaje, no un destino’. En este viaje que emprendemos juntos en el año 2024, recordemos que cada desafío es una oportunidad para crecer y que, trabajando unidos, podemos transformar los obstáculos en logros significativos”— y, en última instancia, la misma resignación de siempre. De esta manera, año tras año, decepción tras decepción, negociación fallida tras negociación fallida, se sigue desmantelando la estructura “pública” y el “enorme potencial” de la universidad.

En este contexto de cuantiosos y diversos recortes en sus partidas presupuestarias, la Universidad Autónoma de Madrid ha visto emerger, con especial intensidad en el último año, una adversidad más, de naturaleza diferente aunque no menos indeseada: el incremento notable de la movilización autoorganizada, que ahora exige el pago de los trienios adeudados a sus trabajadorxs, especialmente a su precariado. Ante una oleada de reclamaciones presentadas por Registro —a consecuencia, fundamentalmente, de una serie de acciones sindicales— la universidad no ha ofrecido ninguna respuesta en absoluto. Un silencio administrativo que, sin embargo, es revelador y puede desentrañarse a partir de dos hipótesis de lectura principales. 

Los investigadores denuncian que algunas universidades se quedan con parte de su salario

Laura L. Ruiz

Precariedad laboral

Precariedad en la uni Los investigadores denuncian que algunas universidades se quedan con parte de su salario

Laura L. Ruiz

El sindicato CNT interpone una denuncia contra la UNED sobre la cuota patronal que extraen del salario de los postdoctorales de programas subvencionados por el Ministerio. Creen que es un hecho que ocurre en muchas universidades.

La primera ya ha sido sugerida: la universidad, sencillamente, está económicamente desangrada, a lo que se añade otro aspecto relevante, que daría cuenta de por qué es en su precariado en quienes más impacta esta carestía. Lo analiza Josep Moreno Gené, Profesor de Derecho Laboral de la Universitat de Lleida, en un artículo dedicado a comentar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 15 de marzo de 2022, que reconoció el derecho del personal investigador predoctoral en formación a percibir trienios en dicha Comunidad Autónoma. El factor que explica la asimetría de facto entre estas figuras contractuales —junto a todas las demás que conforman el precariado— es la no equiparación real entre sus derechos laborales y los del resto de personal incluido en las leyes laborales y convenios colectivos correspondientes —en el caso de la Comunidad de Madrid, el I Convenio del Personal Docente e Investigador en régimen laboral de las Universidades Públicas Madrileñas (BOCM 12 de julio de 2003), pendiente de renegociación desde hace casi 20 años—. La condición material en la que se basa este menoscabo no es otra que la externalización de la financiación que apenas sostiene las exiguas remuneraciones contempladas para este tipo de trabajadorxs: programas o convocatorias de ayudas a la investigación, proyectos de investigación, etc. Pero la procedencia del dinero con el que la universidad sufraga las partidas presupuestarias destinadas a su precariado en ningún caso debería conducir a la negación de su estatus jurídico —es decir, el de personas que prestan sus servicios de docencia e investigación en un régimen laboral, con independencia de la naturaleza de sus contratos—. En palabras de Moreno Gené, la insuficiencia de esa financiación externa habría de evitarse con un “modelo mixto de cofinanciación del contrato”, de tal manera que “aquellos costes salariales que no sean asumidos por la entidad financiadora externa del contrato —es decir, el proyecto o el programa de ayudas a la investigación— deberán ser asumidos por la entidad contratante”. No sorprende, entonces, que una universidad pública sin fondos para soportar ese modelo mixto de cofinanciación —ni otras tantas “necesidades estructurales”— guarde silencio ante el quebranto de los derechos laborales de sus asalariadxs más precarixs. Ellxs son el eslabón más débil y, por lo tanto, el que supuestamente menos fuerza reúne para hacer ejecutar sus desoídas reclamaciones. 

“Aceptas contratos de sustitución de 600 euros con una dedicación real que sobrepasa la jornada completa”

Gessamí Forner

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UPV/EHU “Aceptas contratos de sustitución de 600 euros con una dedicación real que sobrepasa la jornada completa”

Gessamí Forner

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Alrededor de 5.000 docentes e investigadores de la Universidad del País Vasco están convocados por Steilas, ELA y LAB en la jornada de huelga que llevan a cabo el 6 de marzo.

Rotundidad judicial

La segunda clave de lectura nace de la rotundidad con la que el sistema judicial ha condenado este menoscabo de los derechos laborales. En una línea argumentativa similar a la de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias o Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó, en su sentencia del 8 de marzo de 2023, la demanda presentada por la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid contra la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Carlos III. En ella, el TSJM declara “el derecho de todos los trabajadores que prestan sus servicios en régimen laboral como personal investigador de las Universidades demandadas a percibir el complemento de antigüedad (trienio) en los mismos términos que los aplicados para el resto del personal docente e investigador laboral de estas Universidades”. Sin embargo, conviene señalar que el hecho de que dicha resolución no se cuestione no implica su efectivo cumplimiento. En primer lugar, una vez más, son lxs afectadxs sobre quienes recae la responsabilidad de hacer ejecutar lo dispuesto en la sentencia a la universidad que ha venido negando sus derechos laborales. Aquí la desinformación —la Universidad Autónoma de Madrid, con anterioridad a la citada sentencia, llegó a negar tales derechos— y la desmovilización operan en favor de una disfuncionalidad institucional que resulta casi tan incontestada como las propias reclamaciones presentadas.

En segundo lugar, la insolvencia económica no da lugar a otra cosa que al consabido silencio administrativo, ante el cual sólo caben ya dos reacciones: la resignación, que la propia institución adopta ante el estrepitoso fracaso de las negociaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas con la Comunidad de Madrid para erradicar la infrafinanciación de sus universidades públicas, o la demanda judicial. Pero en el caso de que el precariado reúna la fuerza suficiente como para decidirse por esto último, una tercera dificultad se interpone en su camino: el 3 de mayo de 2024 expira el plazo legal para interponer la demanda ante el Juzgado de lo Social de Madrid exigiendo el abono de las cantidades adeudadas en razón del complemento salarial por antigüedad o trienios.

Esta compleja coyuntura hace comprensible y, por las mismas razones, intolerable el silencio de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde la sección sindical de CGT-UAM denunciamos esta situación y hacemos un llamamiento a organizar una respuesta colectiva para combatir el desmantelamiento de la estructura pública de nuestras universidades y la vulneración de los derechos laborales.