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Tribuna
Las derechas en Extremadura: un gobierno de Clase
“Es la economía, estúpido”, es la famosa frase que un asesor del expresidente norteamericano Bill Clinton escribió y pegó en un folio en su despacho en la campaña electoral de las presidenciales en 1992. Con ello quería recordar que el factor económico y las condiciones de vida eran el factor fundamental que determinaría el voto en los comicios. Esa parece ser la máxima que se ha tatuado el Gobierno de las derechas en Extremadura a tenor de lo que practican con sus políticas.
Y es que, si bien, en un primer momento Maria Guardiola escenificó un rechazo a pactar con la ultraderecha, basándose en sus posiciones sobre los derechos LGTB o los derechos de las mujeres, hicieron falta sólo 48 horas para olvidarse de esas veleidades progresistas y pasar al acuerdo con VOX para formar gobierno. ¿Qué iban a hacer? ¿Perder el poder de la inmensa maquinaria de la Junta de Extremadura por la defensa de unos derechos que solo comparten por puro electoralismo?
Efectivamente, el acuerdo de gobierno firmado con los ultras contenía algunas cesiones en el terreno de eso que se ha dado en llamar “guerra cultural”, que provocó cierto escándalo entre los medios y el electorado de izquierdas, en especial la cesión de la titularidad de una nueva Consejería llamada de “Gestión Forestal y Mundo Rural” al partido ultraderechista, la desaparición de la Consejería de Igualdad o el compromiso de la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
Educación pública
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Lo cierto es que una vez analizadas las competencias reales cedidas por el PP a VOX lo que quedan son un grupo muy reducido de facultades que no permite apenas margen de maniobra en algunos sectores determinados. Por una parte, la famosa Consejería es una parte del anterior departamento de Agricultura a la que se le ha despojado precisamente de las competencias más importantes: agricultura y ganadería. Por otra, los compromisos en materia de Igualdad o Memoria quedan en manos del PP que los frenará o impulsará en base a lo que soplen los vientos demoscópicos. De momento, salvo algún leve gesto, siguen sin ejecutarse.
Una vez analizadas las competencias reales cedidas por el PP a VOX lo que quedan son un grupo muy reducido de facultades que no permite apenas margen de maniobra en algunos sectores determinados
Algo debía tener entonces el acuerdo de gobierno que lo hiciese valioso para ambos actores. Algo que ambos comparten. Sí, salta a la vista, “es la economía, estúpido”. El Gobierno del PP y VOX es un gobierno de clase, de la clase capitalista, y se han empeñado en demostrarlo pronto y sin dudar. La primera prueba contundente es que la primera medida de carácter político es un decreto en el que se suprimen impuestos como el de sucesiones que sirven para la redistribución de la riqueza, junto a reforma del tramo autonómico del IRPF en el que los sectores que tienen las rentas más altas son los grandes beneficiados de la rebaja. Toda una declaración de intenciones.
Pero la cosa no acaba ahí, y aunque aún no ha pasado ni un año de la toma de posesión, el gobierno de Guardiola no ha perdido un momento en demostrar para quiénes gobiernan. Todos sabemos de la predilección de las derechas por acabar con uno de los grandes pilares del llamado “estado del bienestar”, la Educación. Además de facilitar la llegada de las universidades privadas, este gobierno ha metido la mano en la política de becas educativas acabando por completo con su propósito como igualador de oportunidades, eliminando el criterio de rentas para la obtención de becas universitarias. La convocatoria de este año de las becas complementarias establece que solo podrán percibirse por el alumnado con un expediente considerado de excelencia académica, es decir, de aquellos que hayan aprobado el curso anterior con más de un 8 de media.
Esto es muy grave porque esta convocatoria venía a complementar unas becas del Ministerio de Educación con una cuantía individual muy escasa para los perceptores y con unos umbrales muy bajos, que dejan fuera a familias con una renta bastante baja. Esto hubiera aconsejado dividir la convocatoria en dos líneas, una de complemento a quienes las perciben y otra a quienes se quedaban fuera por haber superado ligeramente los umbrales. En lugar de ello, al eliminar el criterio de renta ahora se pone a competir a familias sin recursos con otras ricas con capacidad de sobra para costear los gastos del curso universitario.
El pegamento que mantiene unido este gobierno está claro, son las políticas privatizadoras y de recortes que perjudican a quien vive de su salario echando cuentas y benefician a unos pocos que no necesitan mirar el saldo de sus cuentas a final de mes
Por si esto fuera poco, esta política neoliberal ha llegado también a uno de los bienes más necesarios y cuyo acceso cada vez es más difícil para la juventud y la clase trabajadora: la vivienda. En línea con su ataque a todo lo que huela a justicia social, el gobierno ha hecho pública su intención de eliminar también el criterio de renta en la línea de avales a la compra de vivienda. No solo eso, sino que el precio de la vivienda a a avalar puede llegar hasta los 210.000 euros o 250.000 en determinados casos. Incluso si se trata de parejas, el requisito de que suponga la primera vivienda solo deberá cumplirlo una de las dos personas.
La lista de agravios a los derechos de la mayoría social trabajadora podría ser más larga si analizáramos el resto de medidas con un mínimo calado que han aprobado en estos escasos 9 meses de gobierno conservador. Para muestra un botón: la universalidad de los comedores escolares es la única que ha sufrido la introducción del criterio de rentas, precisamente la medida que más homogeneizaba el derecho a una alimentación de calidad y saludable.
El pegamento que mantiene unido este gobierno está claro, son las políticas privatizadoras y de recortes que perjudican a quien vive de su salario echando cuentas y benefician a unos pocos que no necesitan mirar el saldo de sus cuentas a final de mes. Políticas de clase. Cuando el socio minoritario apriete sacarán los toros de la plaza, estrecharán los márgenes de una Ley de Memoria que no estaba ejecutando o mostrarán un aparente distanciamiento si es necesario. Lo que no van a hacer es equivocarse de bando a la hora de distribuir la riqueza. “¡Es la economía, estúpido!”.