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Trabajo sexual
No, el SEPE no te va a obligar a ser prostituta: la propuesta de despenalización del trabajo sexual al detalle
Tras años de lucha por la despenalización de la prostitución, el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS presentó este verano una propuesta legislativa para materializar la consigna que tanto repiten en sus manifestaciones: “trabajo sexual es trabajo”. Este martes 17 de diciembre es el Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales y por eso te explicamos las claves de esta iniciativa que “atendería a los derechos laborales y humanos de las trabajadoras sexuales” según quienes la impulsan.
Josune Delgado, técnica jurídica que redactó la propuesta legislativa de la mano de OTRAS, explica que el “estigma puta” se incluiría entre las causas de discriminación que penaliza el Estatuto de los Trabajadores. La jurista opina que el reconocimiento del trabajo sexual reduciría las situaciones de exclusión que sufren las prostitutas , tales como discriminación en el acceso a la viviendo o en el ámbito sanitario, pero esta medida “debe ir acompañada de una lucha cultural” para eliminar los prejuicios que sufren las trabajadoras del sexo y con ellos las violencias contra ellas.
“Es una propuesta pragmática, redactada por trabajadoras del sexo para trabajadoras del sexo”, resume Miquel Bibiloni, secretario de relaciones exteriores de la organización sindical, que cuenta que OTRAS está iniciando ahora una ronda de contactos con cada formación política para sacar adelante la proposición de ley. El sindicalista dice que han tenido “muy buena recepción” por parte de Catalunya en Común, partido mayoritario de la coalición Sumar, y se muestra optimista respecto a que otros grupos también se interesen por la iniciativa: “Queremos propiciar un cambio de paradigma y, cuantos más actores políticos se sumen, mejor”.
“En el momento en que se reconoce el trabajo sexual asalariado —que no el que se ejerce por cuenta propia, que ya tiene un encaje dentro del régimen de autónomos—, se desbloquearían para las trabajadoras de clubes, pisos o agencias derechos que tienen todas las personas trabajadoras: derecho a una jornada con descansos, a vacaciones, a bajas médicas o prestaciones por nacimiento”, explica uno de los porqués de la despenalización Delgado.
La proposición de ley orgánica presentada el 22 de junio es un texto complejo, que entre el articulado y la exposición de motivos o recorrido histórico suma más de 200 páginas, así que vamos a recoger y responder las que puedan ser las dudas más frecuentes o relevantes. ¿Por qué la despenalización? ¿Exigirá el SEPE a demandantes de empleo que se hagan prostitutas? ¿Qué pasa con la trata? Si se firma un contrato, ¿se compra el consentimiento continuo de la trabajadora? ¿Seguirá habiendo políticas públicas para apoyar a quienes quieran dejar la prostitución?
La despenalización
Despenalizar el trabajo sexual significaría retirar el ejercicio de la compraventa de servicios sexuales del ámbito del derecho penal o sancionador. Además, proporcionaría un marco regulador claro, a diferencia del caos normativo ahora vigente en el que conviven varios modelos legislativos que se solapan entre sí y no permiten discernir con claridad a las trabajadoras qué conductas caen dentro de la legalidad y cuáles no. También podría acabar con las multas por Ley Mordaza que reciben las trabajadoras sexuales a pesar de que la norma de seguridad ciudadana solo sanciona la demanda de prostitución y no su oferta.
Las impulsoras de la propuesta de ley proderechos defienden que el suyo es un enfoque “pragmático” para adaptar a España el modelo despenalizador neozelandés y así mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales. Abogan por eliminar las multas a la clientela porque es “necesario para garantizar los derechos de las trabajadoras” y aseguran en el documento que explica su propuesta que esta no se diseñó para aumentar el consumo de prostitución, incentivar el ejercicio o fomentar la migración para ser trabajadora del sexo.
El reconocimiento del trabajo sexual supondría que quienes se dedican a ello podrían solicitar el permiso de residencia por la vía del arraigo laboral mientras, aunque el enfoque proderechos pasa por la derogación de la Ley de Extranjería
El tema de la extranjería es central en el texto de la propuesta. No puede ser de otra forma, dado que una gran cantidad de trabajadoras sexuales son migrantes, algunas de las cuales están en situación administrativa irregular. Josune Delgado, la jurista especializada en derecho laboral y extranjería que redactó la propuesta de ley, expresa su deseo por que se derogue la Ley de Extranjería, pero, mientras esto no ocurra, la propuesta de despenalización tiene un gran beneficio para quienes migran de forma irregular: el reconocimiento del trabajo sexual supondría que quienes se dedican a ello podrían solicitar el permiso de residencia por la vía del arraigo laboral.
Trabajo sexual
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Jefes y proxenetas
Uno de los argumentos que se lanzan más comúnmente contra la postura de despenalización del trabajo sexual es que este es el modelo por el que apuestan los proxenetas. Aquí se mezclan dos confusiones: la despenalización se equipara a la propuesta regulacionista, que sí defiende la patronal de la industria del sexo; y a estos jefes se les pone al mismo nivel que los proxenetas.
“Los empresarios suelen ir más del lado del regulacionismo porque implica menos obligaciones para ellos y menos derechos para las trabajadoras que la postura proderechos, que es un planteamiento que se hace desde el sindicalismo”, aclara Delgado.
La propuesta del sindicato OTRAS se afana en diferenciar el proxenetismo —una actividad ilegal que requiere forzar la prostitución de otra persona por violencia, intimidación o engaño— de la patronal de la industria del sexo. Además, Delgado especula que hacer la relación laboral más transparente facilitaría la identificación de casos de trata: “Ahora, las trabajadoras sexuales por cuenta ajena no tienen ningún contrato, pero si la Inspección de Trabajo acude a un club y algunas trabajadoras estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social y otras no, esto podría hacer saltar las alarmas más fácilmente”.
“La falta de límites al empresario hace que el trabajo sexual pueda ser un empleo más violento que otros, cuando no tiene por qué serlo”, lamenta OTRAS
La iniciativa de despenalización del sindicato OTRAS pide que se regule el trabajo sexual como una actividad laboral de carácter especial. Esto es necesario para garantizar un consentimiento específico y siempre revocable, pero también para limitar el poder de la organización empresarial sobre las trabajadoras. “La falta de límites al empresario hace que el trabajo sexual pueda ser un empleo más violento que otros, cuando no tiene por qué serlo”, explica Delgado.
Aunque el Estatuto de los Trabajadores es la base de la propuesta de reconocimiento del trabajo sexual en la propuesta del sindicato OTRAS, Delgado explica que es necesario reconocer una serie de especificidades que tiene el trabajo sexual. Por ejemplo, los servicios públicos de empleo no obligarían a nadie a trabajar en prostitución “porque ya hay una industria de trabajadoras en activo y es más interesante priorizar la protección y el dar derechos”, dice Delgado.
Un informe publicado en marzo de este año señala que un tercio de las trabajadoras sexuales en activo abandonaría la prostitución “por cualquier empleo”. Por ello, la propuesta de OTRAS incluye “mecanismos de transición” hacia otros sectores. Una de las iniciativas estrella en este sentido es permitir que las trabajadoras sexuales accedan a las prestaciones por desempleo al abandonar el ejercicio, independientemente de si fueron despedidas o lo dejaron voluntariamente. Así, las recién paradas podrían dedicar su tiempo a cursos de formación o a echar currículums en otras empresas.
La propuesta abolicionista del PSOE
En diciembre del año pasado, el grupo socialista en el Congreso registró una proposición de ley “contra la trata”. En el articulado del texto destacaban los propósitos de sancionar a todos los clientes —actualmente solo se persigue la demanda de prostitución en vía pública—, perseguir a proxenetas y empresarios del sexo por igual y castigar a los dueños de los espacios donde las trabajadoras hacen servicios independientemente de si se trata de un local comercial o del domicilio de la propia trabajadora.
La propuesta de despenalización se presenta meses después de que la proposición de ley abolicionista del PSOE presentada hace un año no saliera adelante por el rechazo de una mayoría de partidos
La proposición de ley no salió adelante por el rechazo de una mayoría de partidos. Sumar votó en contra y Podemos, que había mantenido una línea abolicionista de la prostitución con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, se abstuvo. Miquel Bibiloni, el secretario de relaciones internacionales de OTRAS, tacha la propuesta de norma del PSOE de “electoralista” y achaca la negativa de muchas formaciones políticas a apoyar la iniciativa del partido gobernante al “enorme trabajo” que los colectivos de trabajadoras del sexo organizadas han hecho “para tener más presencia en la sociedad civil”.
Bibiloni afirma que el ministerio de Ana Redondo no contó con los sindicatos de trabajadoras sexuales para redactar la proposición de ley que decayó hace un año, y no espera que les ayuden ahora a sacar adelante la propuesta de despenalización de OTRAS. “Nos hemos intentado reunir con el PSOE, pero el Ministerio de Igualdad ni siquiera ha tenido la consideración de responder a nuestro correo [proponiendo un encuentro]”, denuncia el sindicalista.