Trabajo sexual
Kenia García: “Las trabajadoras sexuales atraviesan una situación nefasta sin ayudas de protección social”

Kenia García, portavoz de la campaña por la regularización de las personas migrantes en el Estado y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, reconoce que la situación de la emergencia sanitaria está siendo “complicada” para las trabajadoras sexuales. “La injusta condición de clase en la que vivimos ha quedado más evidenciada que nunca”, afirma.

El principal motivo, cuenta, es que las prostitutas no están reconocidas como trabajadoras y no tienen acceso a políticas de ayuda y protección social. “El Ministerio de Igualdad decretó una ayuda para las víctimas de género, de explotación sexual y para víctimas de trata para explotación sexual, pero nosotras hemos quedado totalmente fuera y no tenemos dónde reclamar”, resume. Por eso, desde el colectivo están enfocadas en buscar redes de apoyo, albergues o bancos de alimentos para compañeras en situación de calle o expulsadas de sus habitaciones, intentando que todas puedan pasar el confinamiento de la mejor forma posible. “Nos encontramos ahora mismo un poco desbordadas haciendo lo que tendría que hacer el gobierno”, resume García.

¿Cómo estáis viviendo la crisis del covid-19?
Hace décadas que venimos denunciando el desamparo que sufrimos por la falta de derechos, y con la actual situación de emergencia esto se ha agudizado. Sin ingresos no se puede pagar el alquiler, ni comprar alimentos o medicamentos..., muchas ni siquiera pueden pagar el teléfono para comunicarse con sus familias en sus países de origen. Las que no tienen los papeles en regla tienen miedo de salir a la calle incluso para ir a un banco de alimentos.

El propietario del macroburdel Paradaise en La Jonquera, tuvo el derecho de beneficiarse de un ERTE para 69 empleados, pero ninguno de ellos era una trabajadora sexual

Puedo poner como ejemplo lo que ocurre en uno de los 1.600 clubes que, según la policía nacional, existen en España. El propietario del macroburdel Paradaise en La Jonquera, tuvo el derecho de beneficiarse de un ERTE para 69 empleados, pero ninguno de ellos era una trabajadora sexual. Tenía trabajando a 90 mujeres a las que dejó en la calle y que no tienen dónde reclamar. Muchas viven en estos clubes en las habitaciones donde trabajan y tienen que pagar una “diaria” de entre 60 a 90 euros, con lo que se están endeudando. Dese el 14 de marzo al 10 de mayo que se prevé la prolongación del confinamiento, imagina la deuda que van a acumular. Otras han sido amenazadas con ser expulsadas directamente, los contratos de alquiler de las habitaciones son verbales, así que ¿dónde reclamas? Estamos al margen de las políticas públicas.

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Nos cuesta más atender a aquellas que se han quedado colgadas en los márgenes del sistema, por eso poco o nada se ha dicho sobre las trabajadoras sexuales, que a la fuerza han desarrollado estrategias de resistencia y lucha de las que podríamos extraer muchas lecciones.

¿Cuáles son las reivindicaciones y el trabajo que hacéis desde vuestro colectivo?
El colectivo surge en diciembre 2017 con el objetivo de reivindicar nuestros derechos y el reconocimiento de nuestro oficio. Tratamos de luchar contra la violencia institucional, de sensibilizar a la sociedad sobre nuestra realidad y de acabar con el estigma social que sufren las trabajadoras sexuales.

A corto plazo queremos que se deroguen las ordenanzas cívicas de los ayuntamientos y la ley mordaza. A largo plazo, buscamos una voluntad política para debatir nuestra realidad y para que se elaboren leyes con nosotras. Hasta hoy, todas las políticas que se han promovido son sin nuestra participación y afectan a nuestras vidas de manera negativa. También buscamos que las compañeras tomen conciencia y se fortalezcan como sujetos políticos de derecho, tratamos de romper con ese discurso que nos victimiza y nos criminaliza, muchas no se reconocen como merecedoras de derechos por culpa de estos discursos y eso las paraliza.

Con la aplicación de la Ley Mordaza se recaudaron 55.000 euros en multas solo a prostitutas, denunciadas por desobediencia y exhibicionismo en espacios públicos

¿Cómo afecta a vuestro trabajo la La ley mordaza?
La ley se aprobó en 2105, en 2017 el colectivo AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) denunció el abuso de poder que algunos agentes del grupo XI de la UCRIF (Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) estaban ejerciendo contra ellas en vez de protegerlas. Con la aplicación de esta ley se recaudaron 55.000 euros en multas solo a prostitutas, denunciadas por desobediencia y exhibicionismo en espacios públicos. Esto solo hace que empobrecerlas y dejarlas en una situación aun más vulnerable, ya que quienes están en trámite de regulación, no pueden obtener ni renovar su documentación con una deuda al Estado en forma de multa.

Antes has hablado de la dificultad de la concienciación de las trabajadoras sexuales para considerarse sujetos de derecho, ¿puedes explicar esto un poco más?
Nosotras estamos marcadas por un estigma de violencia social e institucional y esa discriminación y ese señalamiento es algo que las mujeres interiorizan. Se creen víctimas o delincuentes y eso las paraliza en vez de fortalecerlas. Muchas veces dicen que en nuestros colectivos “somos cuatro” pero es que dar la cara es muy difícil, tienes que soportar mucha violencia y eso te afecta emocionalmente, hay que tener mucha fortaleza.

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Algunos sectores feministas están utilizando la pandemia del covid-19 como forma de justificar políticas prohibicionistas desde una supuesta perspectiva de salud pública. Negar a las trabajadoras sexuales su condición de trabajadoras supone dejarlas fuera de cualquier ayuda mientras los propietarios de clubs y pisos pueden beneficiarse de las medidas del Estado.

Eso hace que el colectivo no acabe de arrancar porque no todas se animan a reivindicar, muchas incluso no se creen merecedoras de derecho, de respeto o de dignidad. Las trabajadoras sexuales somos mujeres y para nosotras la prostitución es una estrategia de supervivencia, sin derechos no tenemos recursos para denunciar la explotación y el abuso.

¿Qué aliadas tenéis para reivindicar vuestros derechos?
Nuestro colectivo es un híbrido, ya que lo forman personas que ejercen o han ejercicio prostitución y también compañeras de otras esferas profesionales que nos apoyan. Uno de nuestros objetivos es establecer lazos con colectivos y movimientos sociales que sean proderecho, que nos reconozcan como trabajadoras y nos ayuden. En esta línea están la PDH (asociación proderechos humanos), CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia o Genera en Barcelona. A las ONGs “salvacionistas”, que nos ven como víctimas, no las consideramos aliadas.

Tratamos de romper con ese discurso que nos victimiza y nos criminaliza, muchas no se reconocen como merecedoras de derechos por culpa de estos discursos y eso las paraliza

En este sentido vincularos a la campaña #RegularizaciónYa, imagino que también es útil para seguir tejiendo redes, ¿cómo lo estáis viviendo?
Decidimos sumarnos a la campaña porque también nos atraviesa esta situación en el caso de nuestras compañeras en situación irregular, tenemos muchos ejes de opresión: raza, género, clase. La vulneración de nuestros derechos como trabajadoras sexuales y migrantes se debe a políticas criminalizadoras, a la ausencia de derechos civiles, a una estructura que nos explota y nos estigmatiza como putas y como migras.

La campaña surge porque la situación ya es insostenible, no sabemos qué va a pasar, se habla incluso de un posible rebrote, si ya estamos en una situación insostenible y la cosa se prolonga, vamos a llegar a un colapso total. Mientras, el gobierno habla de regularización ordenada y se mantiene a los migrantes trabajando en el campo convirtiéndolos en ciudadanos de uso y desuso, eso es mercantilizar a los migrantes con regularizaciones utilitarias. La regularización debe ser permanente.

El movimiento antirracista exige que se regularice a la población migrante

Redacción El Salto

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Mediante una carta dirigida al Gobierno y una campaña en redes sociales, grupos antirracistas y proderechos de la población migrante urgen a regularizar la situación administrativa de todas las personas que se encuentran en el país. Los colectivos entienden que, en estado de alarma, la protección de toda la población pasa por su acceso a la ciudadanía.

Son muchos los colectivos que llevan años reivindicando sus derechos y ahora se han unido para reclamarlos juntos.
Estamos unidas para hacer presión política, para que dejen de precarizar nuestras vidas y se priorice nuestra salud y nuestro bienestar al igual que al resto de ciudadanos. Comenzamos la campaña con 100 asociaciones y ya llevamos 1.000 adhesiones. Nunca se hizo una iniciativa de este tipo y el gobierno debe comprender que no podemos seguir en una situación en la que exista una sociedad de primera y otra de segunda.

No puedes hablar de justicia social, de derechos humanos, mientras haya personas en situación irregular. Solo desde la unidad podemos hacer frente a esta situación. Las personas migrantes hemos demostrado que formamos parte de esta sociedad, hemos arrimado el hombro a pesar de que estamos en situación de desigualdad y es hora de que nos reconozcan los derechos que nos corresponden.

Por una regularización inmediata, sin condiciones, para todas y permanente

Carlos Soledad

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Diversas colectivas de migrantes racializadas y antirracistas coordinadas a nivel estatal exigen a la clase política la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria del coronavirus.