Trabajo sexual
Ámsterdam estudia remodelar el Barrio Rojo

Las luces de neón del distrito rojo de Ámsterdam se van apagando: hace una década había hasta 500 ventanas; hoy, quedan unas 330. Según la ley, cada ciudad es autónoma para organizar su propia industria sexual y establecer licencias. La estrategia del anterior gobierno local de la capital neerlandesa, que impulsó el cierre de los escaparates en callejones —los más preciados por su privacidad— por considerar que daban amparo a actividades criminales explica la mengua estos ventanales.

La nueva alcaldesa de la ciudad, la ecologista Femke Halsema —elegida en junio de 2018—, se ha sumado al debate sobre qué hacer con el Barrio Rojo proponiendo varias medidas que van desde cerrarlo y abrir burdeles en otras zonas de la ciudad a ampliar los escaparates del barrio, pero manteniendo las cortinas de las ventanas cerradas para evitar que se conviertan en una atracción turística.

Los pasos que se han dado hasta ahora hacen pensar que el cambio es inevitable: en marzo de este año, el Ayuntamiento aprobó la prohibición de las visitas guiadas por esa área. Además, durante este verano, agentes municipales se han reunido con vecinos, trabajadoras autónomas y propietarios en un debate público sobre esas propuestas cuya resolución se votará a finales de año.

Con ello, el equipo del Gobierno local quiere “garantizar los derechos” de las prostitutas autónomas y combatir las actividades criminales asociadas a este mundo. La prostitución en burdeles se legalizó completamente en el año 2000 para combatir el tráfico sexual y el maltrato de las prostitutas, pero esa problemática sigue más que viva dos décadas después. 

En 2017, las autoridades procesaron a 157 traficantes, 127 de los cuales fueron declarados culpables, más que en 2016. Aún así, esos datos pueden referirse a otro tipo de trata, como la que destina al sector agrícola a personas en régimen de semiesclavitud. También asistieron a menos víctimas, 952, algo que se achaca a la disminución de recursos destinados a combatir este problema, que han sido destinados a la vigilancia antiterrorista.

La falta de datos oficiales sobre la industria hace que el debate sea más complejo, pero las estimaciones del Gobierno y de las Naciones Unidas señalan que de las 30.000 trabajadoras sexuales que hay en todo el país hasta 3.000 mujeres podrían estar siendo forzadas a prostituirse cada año, muchas de ellas del este de Europa. De éstas, casi la mitad —unas 1.320— son menores. La situación es preocupante porque, en muchos casos, esas víctimas tienen poca visibilidad.

“Es un barrio antiguo, extremadamente caro, y para tener a gente rica y privilegiada deben desaparecer los burdeles y los escaparates”, lamenta Antje. A sus 53 años, esta enfermera nacida en la capital que optó hace media década por salir del hospital y ejercer de ‘escort’ para gente con discapacidades ve en las medidas de los últimos años una agenda oculta de gentrificación.

TRABAJADORAS QUE PAGAN IMPUESTOS

Es otro día gris y húmedo en Ámsterdam, pero cuando uno sale a la calle los grandes ventanales sin cortinas siguen mostrando la intimidad de sus habitantes. También en el concurrido Barrio Rojo, cuyos canales medievales serpentean entre las luces de neón de tiendas de juguetes eróticos, burdeles y locales donde operan, cada vez menos, las trabajadoras sexuales de la capital neerlandesa. Desde 2000, ofrecer servicios sexuales es legal, pero aún hoy ser trabajadora sexual en los Países Bajos es difícil.

El gobierno legalizó la prostitución a finales del siglo pasado. Aunque aceptada, la industria del sexo no tenía un sitio legal donde ejercerse, creando un absurdo parecido al que vive actualmente el mundo cannábico. En el año 2000 se puso fin a esa situación con la regulación de los burdeles: se convirtieron en negocios autorizados con licencias y, desde entonces, las prostitutas entraron al sistema, crearon su sindicato y pagan impuestos como otra trabajadora más. El turismo sexual es un jugoso negocio que actualmente aporta al país unos 100 millones de euros al año.

No obstante, su situación no es idílica. “Es horrible como hay gente de la calle que se ríe de ti, te saca fotos o te mira con pena como si fuese una víctima”, explica Kim, una socióloga estadounidense de 26 años que en 2016 se mudó a Ámsterdam para estudiar y que por curiosidad empezó a trabajar en las ventanas. “Exhausta”, tuvo que parar y ponerse a trabajar en un restaurante, pero al poco tiempo también lo abandonó, explica, por su “ambiente sexista”.

Las ventanas del Barrio Rojo cuentan con un espacio sanitario y un mecanismo de protección que, en caso extremo, las conecta con la policía

Por temor al qué dirán, Kim evitó compartir su realidad con su familia. Antje la entiende, pasó por lo mismo. “No estoy avergonzada de lo que hago, pero aún debo llevar una vida en paralelo”, asegura. A diferencia de otras, ella está registrada como autónoma de cuidado personal, no como prostituta, una situación que puede considerarse en cierto modo afortunada, ya que estar registrada como trabajadora sexual dificulta alquilar un piso, adquirir una hipoteca e incluso abrir una cuenta en un banco, como denuncia el sindicato de las trabajadores y trabajadoras sexuales PROUD. “Siguen siendo mal vistas”, remarcan. Legalización sí; aceptación, ya no tanto.

A pesar de ese estigma social, las trabajadoras sexuales también destacan los beneficios de un sistema que les permite “ser independientes”, aseguran, y tener un espacio legal con derechos. Hay quien opera como ‘escort’, quien trabaja por internet y quien lo hace en burdeles o en las ventanas del Barrio Rojo —en la calle sigue prohibido—. Esas ventanas se alquilan por tiempo y las prostitutas pueden decidir cuando, cómo y con qué clientes trabajan. Los servicios sexuales suelen pagarse a 50 euros, aunque cada trabajadora pone sus condiciones. “Me siento más segura y empoderada detrás de la ventana que como mujer andando por la calle”, señala Kim. Las ventanas cuentan con un espacio sanitario y un mecanismo de protección que, en caso extremo, las conecta con la policía.

DEBATE FEMINISTA

Dentro y fuera de los Países Bajos, la prostitución se ha convertido en uno de los temas que más divide al movimiento feminista. La corriente más presente en Ámsterdam es la regulacionista, que aboga por una legalización del trabajo sexual que dote de derechos a las prostitutas voluntarias para que ejerzan de manera digna y que persiga el tráfico. “Las mujeres siempre somos utilizadas como objetos”, asegura Kim. “Al menos en este trabajo yo tengo el control y establezco las condiciones”.

Aunque reconoce que no es un trabajo “que todo el mundo pueda y deba hacer”, la antropóloga cultural de la Universidad de Ámsterdam Marie-Louise Janssen ve en la prostitución regulada una “vuelta de tuerca al patriarcado” que permite a la mujer controlar su sexualidad sin paternalismos, y le reporta un salario para ser más independiente. “No es un modelo perfecto, pero al menos da a las chicas un entorno de seguridad jurídica”, explica. “Es ridículo pensar que todas las mujeres de las ventanas son esclavas”.

Sin embargo, otra corriente está haciéndose visible en la capital. Según la visión abolicionista, la prostitución es una institución patriarcal que fuerza a mujeres y niñas a ser explotadas sexualmente en beneficio de un proxeneta que las oprime y que condena a las más vulnerables perpetuando la desigualdad.

Así, a principios de abril, la asociación ‘Exxpose’ recabó 42.000 firmas para impulsar una ley que criminalice a los clientes que paguen por sexo con mujeres explotadas, siguiendo el modelo ya aplicado en los países nórdicos y en Francia, algo que ahora se debatirá en el Parlamento. “La prostitución es un círculo de abuso y violencia”, explica Natasja Bos, psicóloga y fundadora de esta iniciativa. “Si su legalización no sirvió para frenar el tráfico, ¿por qué no cambiamos de modelo?”. El debate sigue abierto.