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El Estado se queda con la Sareb y los bancos con los créditos fiscales

Ni diez meses han pasado desde que el Eurostat dijera que la triquiñuela para esconder la deuda de la Sareb no colaba más. Tras tener que asumir en marzo de 2021 los 35.000 millones de deuda de la Sareb que estaba avalada por el Estado español y aumentar la deuda pública del 117% al 120% del PIB en un solo día, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto Ley para modificar la norma que imposibilitaba al Estado superar el 50% de las acciones del “banco malo”, paso fundamental para hacerse con el control de la entidad.

La aprobación del Real Decreto-ley permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales, sin la necesidad de que SAREB adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. Dispondrá de un régimen societario específico con el fin de que pueda mantener la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora, si bien le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección.

Hasta el momento, el Estado, mediante el FROB, controlaba el 45,9% de las acciones. El resto del accionariado lo componen otras entidades financieras que ahora pretenden abandonar el barco sin asumir la deuda avalada por el Estado.

Tras nueve años de pérdidas, ahora toda la responsabilidad recae en las arcas públicas, mientras que los bancos han solicitado salir de la ecuación pero manteniendo los créditos fiscales acumulados

Los 35.000 millones son el resultado de una deuda inicial de 50.000 millones de la que el Estado ya ha amortizado 15.000 y que fue utilizada para comprar los inmuebles y activos tóxicos tras la reestructuración bancaria. Dicha cantidad fue pedida mediante bonos que avaló solamente el Estado, librando a los bancos dueños del 55% de toda responsabilidad sobre ella. Su creador, el exministro de Economía Luís de Guindos, creó esta fórmula en la que el Estado no supera el límite del accionariado para que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) no fuera considera una empresa pública, pero Europa declaró que si la deuda está avalada íntegramente por el Estado, entonces la deuda debe ser contabilizada como deuda pública.

Tras nueve años de pérdidas, ahora toda la responsabilidad recae en las arcas públicas, mientras que los bancos han solicitado salir de la ecuación pero manteniendo los créditos fiscales acumulados. Es decir, el Estado les pagará por ese 55% de las acciones, posiblemente por un euro, y las pérdidas que han tenido durante estos años se las anotarán en los próximos años como pérdidas, haciendo así que disminuya el beneficio contable de esos bancos y, por lo tanto, paguen menos impuestos en sus declaraciones de Impuesto de Sociedades en los próximos años.

Rechazo del PSOE a convertirlo en una “herramienta social”

Desde Unidas Podemos han declarado que los socialistas se hayan negado a incluir en este Real Decreto-Ley las medidas propuestas por los morados para que la Sareb asuma esta misión social de convertirse en una “herramienta pública para garantizar el derecho a vivienda”. En concreto, el PSOE ha rechazado la propuesta de UP de establecer con carácter indefinido, en lugar de a 5 años, las cesiones de vivienda a comunidades autónomas y entidades locales, así como que se publiquen los inmuebles que conforman la cartera de la Sareb.

Con el posible aumento de la participación del Estado en el accionariado del Banco Malo, el partido morado teme que “se socialicen estas pérdidas del conocido como 'banco malo', sin que se conozca su cuantía y sin ninguna contrapartida social”, según han declarado.

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