Salud laboral
Enfermas crónicas: “Más que bajas flexibles queremos que se reconozcan nuestras incapacidades”

Mientras el Gobierno negocia una reforma de las incapacidades temporales, afectadas por covid persistente o encefalomielitis miálgica explican que su prioridad es acabar con las altas automáticas que está dando el INSS y las obligan a ir a trabajar enfermas.
Afectadas Vacunas Astrazeneca - 5
Leticia Bravo, portavoz de la Asociación de Trabajadoras Esenciales Afectados por la Vacuna de Astrazeneca (ATEAVA). David F. Sabadell

Susana Puchalt tiene covid persistente y encefalomielitis miálgica/ Síndrome de Fatiga Crónica derivado de tres infecciones de covid. Estuvo un año y medio de baja, el máximo que admite la legislación, y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad permanente. Es profesora y tenía que reincorporarse a trabajar con debilidad, mareos, nauseas, niebla mental y enormes cefaleas. Pertenece a la plataforma Movilización persistente, que aglutina a unas 300 personas que padecen estas dos enfermedades. La mayoría ha sufrido altas automáticas en la Seguridad Social, obligadas a ir enfermas a trabajar, según denuncia. “Con la experiencia de los problemas laborales que se derivan de nuestra situación, la propuesta de implementar bajas flexibles nos parece de entrada una medida que va a favorecer no precisamente a los trabajadores y trabajadoras”, expresa Leticia Bravo, portavoz de la asociación de enfermas ATEAVA, quien describe que el camino que han seguido el más de un centenar de integrantes de su asociación ha sido el mismo: de la cama al trabajo por obligación.

El pasado 3 de octubre, y durante un desayuno con prensa en Nueva Economía Fórum, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sorprendía poniendo una nueva medida en la palestra. Aseguraba que iba a crear una mesa de negociación con los agentes sociales para reformar la incapacidad temporal en la que propondría “bajas flexibles” que permitan estar de baja médica y a la vez trabajar “de manera voluntaria”.

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Los nombres formales son “jubilación flexible” y “baja flexible”. El 31 de julio se aprobó un plazo de seis meses para darle un empujón a la primera; ayer se anunció la creación de un grupo de trabajo para impulsar la segunda.

"Hay procesos, por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás desde la voluntariedad y la garantía de su salud y su seguridad pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o de baja. O en casos de pluriactividad, personas que en una actividad estén de baja y en otra sí puedan desarrollar determinados trabajos”, afirmaba.

Declaraciones que desataron un terremoto de quejas sindicales, y la oposición desde el Ministerio de Trabajo, por la posible desprotección de los trabajadores y trabajadoras enfermas en favor de la patronal. “No vamos a consentir ninguna variación ni desvirtuación en la incapacidad temporal tal y como la tenemos concebida”, expresaba la ministra Yolanda Díaz. Días después, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, salía a matizar lo afirmado. Tras la reunión con los agentes sociales, Suárez explicaba que cualquier cambio en el estado de la incapacidad temporal conllevará una supervisión médica. Y, en todo caso, la “gradualidad” en la incorporación del trabajador tendrá lugar tras recibir el alta. También eliminaba la palabra “voluntaria” de la ecuación. 

Este lunes, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, volvía a la carga. Mientras entregaba el premio Premio Autónomo del año a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y en presencia de la ministra Saiz, reclamaba las bajas flexibles para que los enfermos crónicos puedan “trabajar y recibir una prestación”. La ministra respondía a Amor asegurando que trabajarán para “avanzar hacia nuevos modelos en los que desde lo público podemos ofrecer un mayor abanico de derechos a los enfermos de cáncer”. 

Enfermas crónicas coinciden en que, más allá de las bajas flexibles, su prioridad es no quedar desamparadas ante las altas sistémicas que concede el INSS

Un globo sonda impulsado desde las mutuas

Enfermas crónicas consultadas para este reportaje coinciden en que, más allá de las bajas flexibles, su prioridad es no quedar desamparadas ante las altas sistémicas que concede el INSS. “A nosotras ya nos están dando bajas flexibles, nos hacen incorporarnos estando enfermas”, ironiza Susana Puchalt, quien reconoce que durante su proceso de baja, en el que ha experimentado subidas y bajadas, hay momentos en los que ha pensado en reincorporarse a trabajar. “Hubo un momento en el que me encontraba mejor e hice la petición de incorporarme a una media jornada y la respuesta fue que no podía. Pero me da miedo que los empresarios se acojan a este tipo de solución para presionar más al trabajador que está enfermo. En el caso de las enfermas crónicas, más que bajas flexibles necesitamos que se reconozca nuestra incapacidad”, expresa.

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Una de cada 10 personas que se infecta por covid-19 desarrolla síntomas más allá de las cuatro semanas. Es el covid persistente y el 79% de las afectadas son mujeres.

Lo que preocupa es de dónde parte la propuesta de reformar las incapacidades temporales que, desde el Gobierno, afirman responde a demandas de asociaciones de enfermos de cáncer. Desde el sindicato USO señalan como precursores a la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo (AMAT) quienes en su informe El absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal por contingencias comunes, publicado en abril de 2024, lo proponen claramente en la página 41: “Incluir la posibilidad de implantar la incapacidad temporal parcial, que permite compatibilizar el tratamiento con la reincorporación parcial al trabajo, y la incapacidad temporal en pluriempleo”.

“Se está criminalizando tanto a los trabajadores como a los facultativos en lugar de revisar qué está ocurriendo por el elevado porcentaje de bajas por contingencia común y profesional”, expresan desde USO

Para Sara García de las Heras, secretaria de Acción Sindical de USO, la propuesta de la ministra fue un “globo sonda” lanzado “sin fundamento” que “está marcando un discurso que nos parece peligroso” y en favor de las mutuas. “No se puede hablar con esa ligereza de la salud de los trabajadores”, expresa. De un lado, la baja y la pluriactividad ya existen. Desde USO ponen un ejemplo: podemos tener un trabajo como mozo de almacén y otro de atención telefónica al cliente el fin de semana. Si sufrimos una lumbalgia, el médico nos dará la incapacidad temporal para nuestro trabajo de almacén, pero podemos seguir trabajando de teleoperador.

Del otro, hay un discurso peligroso enmarcado en un aumento del absentismo que coincide con un aumento de trabajadores y trabajadoras en activo tras la pandemia. “En España en 2023 se produjeron más de 8.100.000 de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, que supusieron un coste de más de 25.300 millones de euros en prestaciones económicas de Seguridad Social y coste directo para las empresas, habiendo crecido este gasto en más de un 74% en los últimos cinco años”, detallan en el informe de las mutuas.

Y, pese a que desde el Ministerio de Seguridad Social han intentado recular, el run run que vincula a las incapacidades temporales con el fraude ya se ha traído al relato, explica García, como si todos los facultativos y trabajadores estuviesen coaligados para cometer un fraude. “Se está criminalizando tanto a los trabajadores como a los facultativos, en lugar de revisar qué está ocurriendo por el elevado porcentaje de bajas por contingencia común y profesional”.

“Una baja flexible va a suponer lo que ya está sucediendo: personas que no están en condiciones se tienen que reincorporar porque no se les prorrogan las bajas, no se reconocen sus incapacidades, no tienen adaptaciones a sus puestos de trabajo”, denuncian desde USO

En cuanto a las enfermas crónicas, explica De las Heras, hay asuntos pendientes mucho más importantes como el reconocimiento de sus afecciones como contingencias laborales cuando esto es así, lo que supone una pérdida económica y una merma en sus condiciones. Es el caso de los enfermos y enfermas a los que representan ATEAVA, cuyas siglas significan Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de Astrazéneca. Esto es, son funcionarios que fueron los primeros en vacunarse contra el covid con la vacuna que fue finalmente retirada por sus efectos secundarios y hay un vínculo directo entre la decisión de acceder a las primeras vacunas y su profesión.

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Mayoría de mujeres entre las enfermas

“Una baja flexible va a suponer lo que ya está sucediendo: personas que no están en condiciones se tienen que reincorporar porque no se les prorroga la baja, no se reconocen sus incapacidades, no tienen adaptaciones a sus puestos de trabajo”, zanja la portavoz de USO.

Espejo en el que se miran enfermas de covid persistente o fibromialgia, enfermedades que tienen una mayor prevalencia entre las mujeres, pues son de origen autoinmune y estas tienen respuestas inmunológicas, tanto innatas como adquiridas, más fuertes que los hombres.

“Me tocó pedir un permiso sin sueldo de dos meses que estoy acabando ahora. Después toca reincorporarme con todos mis síntomas. Tengo 57 años y me quedan dos años para jubilarme”, Susana Puchalt, enferma de covid persistente

Además, sus diagnósticos son complicados y muchas veces camuflados en la práctica clínica. “Hay muchos médicos que no reconocen mi enfermedad. Cuando empecé con la encefalomielitis miálgica, los médicos achacaron todo a la depresión y así me estuvieron tratando durante los primeros años”, explica Susana Puchalt. En junio de 2024, y tras agotar el tiempo máximo de baja que marca la legislación, el INSS rechazó su incapacidad permanente y ya ha agotado todas las balas que tenía en la recámara. “Me tocó pedir un permiso sin sueldo de dos meses que estoy acabando ahora. Después toca reincorporarme con todos mis síntomas. Tengo 57 años y me quedan dos años para jubilarme. No sé qué va a ser de mí en estos dos años hasta alcanzar la jubilación”, lamenta.

Leticia Bravo denuncia el “maltrato” que están recibiendo las enfermas crónicas con las bajas y las incapacidades. “Quieren ahorrar dinero de cualquier parte, especialmente con los más vulnerables”

Leticia Bravo, que también es profesora, denuncia el “maltrato” que están recibiendo con las bajas y las incapacidades. “Quieren ahorrar dinero de cualquier parte, especialmente con los más vulnerables. La prioridad debería ser la salud de las personas y las condiciones en las que van a trabajar, no que produzcas a cualquier precio”, se queja Bravo, mientras añade un último dato: con su colectivo se han reunido representantes del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Trabajo; pero, hasta el momento, ninguna puerta se les ha abierto en el Ministerio de la Seguridad Social.

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