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Medio rural
Escuelas castellonenses reclaman un marco legal de comedores sostenibles para el mundo rural
El pasado sábado se celebró en el Auditorio Municipal de Navajas, localidad castellonense de l'Alt Palància, la jornada reivindicativa que da inicio a la campaña: “Menjadors sostenibles, territoris possibles”, promovida por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la plataforma “Escoles que Alimenten” para denunciar el desmantelamiento de las cocinas y la obligación de las criaturas a comer, en el mejor de los casos, cocina de catering. La organización pone de relieve la situación de desigualdad en la que se encuentran los comedores rurales respecto a los urbanos, reclamando generar una normativa diferenciada, en la cual se valoren los retos y las oportunidades del contexto rural.
La alimentación que llega a estos centros suele ser, según denuncian las familias, de baja calidad, y en algunos casos catering en frío, debido a que el presupuesto para el menú —4,25 € por comensal— es insuficiente para cubrir una ratio tan pequeña de alumnado que vive en los municipios del interior de Castellón, donde los ayuntamientos se ven obligados a pagar el déficit que supone el mantenimiento de los comedores. Por ejemplo, en las localidades de Almedíjar y Vall de Almonacid asisten al comedor menos de diez criaturas, y el catering llega el lunes envasado en frío hasta el viernes, cuentan las familias.
“En Almedíjar y Vall de Almonacid asisten al comedor menos de diez criaturas, y el catering llega el lunes envasado en frío hasta el viernes”
La lectura del manifiesto que contextualiza la campaña, junto a la presentación del estudio diagnóstico preliminar sobre la situación de cuatro centros educativos de la comarca de l’Alt Palància, centraron el acto que se desarrolló en un ambiente festivo con la organización de otras actividades, como la cata de productos de la región, talleres de serigrafía y de concienciación medioambiental, además de una performance a cargo de David Trashumante e Ysa Cruz.
El hecho de ser centros con un número reducido de alumnado, y que, en el caso de los Colegios Rurales Agrupados (CRA), funcionan con diferentes aularios dispersos en el territorio, provoca que se incrementen los gastos para el servicio de comedor y se dificulte la logística. La normativa considera el mismo precio del menú tanto para las escuelas urbanas como para las rurales, generando, en muchos casos, superávit en las primeras y en las segundas déficit en el balance económico de sus comedores escolares.
Las familias en el entorno rural
Para las familias, el comedor es clave a la hora de estabilizarse en una zona: “Para mí es indispensable el uso del comedor escolar, sin él no podríamos conciliar el trabajo con el cuidado de mis hijas”, comenta Elisabeth Julia Sifre, quien decidió asentarse hace tres años junto a su familia de seis miembros en Vall de Almonacid, debiendo acudir sus hijas al comedor del limítrofe Castellnovo. Un pueblo de casi 1.000 habitantes y sede del CRA Palencia-Espadán, donde su aulario de reciente construcción dispone de cocina in situ capaz de dar alimento a los casi 50 alumnos y alumnas que asisten al comedor de este CRA.
“Para mí es indispensable el uso del comedor escolar, sin él no podríamos conciliar el trabajo con el cuidado de mis hijas”
No obstante, la cocina de Castellnovo se encuentra actualmente inutilizada por cuestiones, supuestamente, de falta de adaptación técnica y normativa a las necesidades alimentarias del centro, reduciéndose su uso a la recepción de la comida de catering de la empresa adjudicataria, cuya sede se encuentra a 50 km del municipio.
Parece que según la normativa, con el diseño actual no podría cocinar y transportar una parte de la comida al resto de aularios, porque si se extrae fuera de la cocina más del 30 % de la comida cocinada en esta, su diseño tiene que cumplir las exigencias de una “cocina central”, un requisito que al parecer tampoco se cumple.
“Yo cuando llegué aquí propuse encargarme del servicio de cocina para evitar que la comida llegara fría, pero la normativa no lo permite”, se lamenta Elisabeth quien, como Agustín Sánchez Pascual, llegaron al pueblo de Almedíjar hace tres años procedentes de la ciudad para iniciar un proyecto de vida, ayudando a combatir el despoblamiento de la zona.
”Yo cuando llegué aquí propuse encargarme del servicio de cocina para evitar que la comida llegara fría, pero la normativa no lo permite”
Hace dos años que Agustín, junto a su pareja e hijas, conocieron el pueblo a través de la Asociación Almedíjar Vive, una organización vecinal que se encarga voluntariamente de acoger a los recién llegados para facilitar su instalación. No pasó ni un mes cuando decidieron alquilar una casa y mudarse a vivir a Almedíjar, veían posibilidades laborales en el pueblo, y se había reabierto el colegio.
Agustín y Elisabeth son socios de la Cooperativa Canopia que ofrece un servicio a pequeños productores y pequeñas productoras de la zona para que tengan la posibilidad de comercializar sus productos, y acceder a los registros sanitarios necesarios para ponerlos en venta de manera legal en pequeños comercios de la zona.
Asimismo, forman parte del proyecto para rehabilitar el albergue de La Surera, un espacio de encuentro e integración social para los vecinos y visitantes del municipio. “Estamos esperando la licencia para un obrador compartido y hemos creado un taller de herramientas, además de un espacio para quien quiera trabajar en el albergue”, comenta Agustín.
La normativa para dar el servicio de comedor en escuelas rurales exige unos requisitos que proyectos pequeños no pueden asumir
Estas organizaciones rurales se encargan de dinamizar la economía local de la zona con multitud de actividades que potencian el consumo directo de los productos del campo. Es una fórmula que trata de evitar intermediarios, lo que supone, además de un abaratamiento del producto, un aumento notable de su calidad.
Alimentación
Alimentación Menos croquetas y más berenjenas en los comedores escolares de València
En Canopia, se plantean como solución si podrían dar ellas el servicio de comedor a aularios como Almedíjar con las instalaciones que tienen en el albergue; sin embargo, la normativa exige unos requisitos que proyectos pequeños no pueden asumir. Pese a quien pese, en la comarca existen activos agroalimentarios que, en algunos casos, podrían estar interesados en abastecer a los comedores escolares de la zona con varios de sus productos.
Es el caso de Saborita, empresa dedicada a la producción agroecológica de aceite de oliva y almendras. Una de sus socias, Claudia Flatten, vecina de Viver desde hace nueve años y madre de usuaria del comedor escolar de esta localidad, apuesta por la organización de una mesa redonda entre todos los agentes implicados para que “sea realmente un conjunto y no una competencia, y así decidir cómo ser los proveedores de un comedor”.
Esta opinión coincide con una de las propuestas de cambio y mejora que asevera el estudio diagnóstico preliminar sobre la situación de los CRA de la comarca de l’Alt Palància. El documento propone una posible hoja de ruta general, que impulse una especie de mesa de producción; con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y reflexión conjunta para compartir los retos de abastecer con productos del territorio los servicios públicos de restauración colectiva.
Abrir un espacio de diálogo y reflexión conjunta para compartir los retos de abastecer con productos del territorio los servicios públicos de restauración colectiva.
Conclusiones del estudio de caso
El estudio, elaborado por la consultora técnica de proyectos de dinamización agroalimentaria, Natalia Castellanos Ayala, impulsado por el CERAI y enmarcado dentro del proyecto “La Sostenibilitat al Plat”, pretende incidir políticamente en las administraciones públicas competentes para asegurar la sostenibilidad ambiental y económica de los comedores escolares rurales.
Castellanos destaca “el potencial que tienen los territorios rurales para abastecer, si no de todos los productos, de muchos de ellos, a los comedores escolares de las zonas rurales” para que las criaturas consuman alimentos de proximidad y apostar por la sostenibilidad. También señala la falta de coherencia que se da en la apuesta por habitar el rural y no estar comiendo de él, llegando estos comedores a ofrecer peores productos que en las ciudades y que provienen de miles de kilómetros de distancia.
“Los territorios rurales tienen el potencial para abastecer, si no de todos los productos, de muchos de ellos, a los comedores escolares de las zonas rurales”
El estudio se nutre de una recopilación de normativas y estudios previos ya realizados, pero, “de manera central, de entrevistas en el Alt Palància a todos los agentes implicados: dirección de los CRA, familias, AMPAS, inspectores de Educación y ediles de ayuntamientos de la comarca”, indica la autora.
La investigación realizada previamente para su elaboración revela, en las entrevistas a las direcciones de los CRA y familias, un temor latente por la posibilidad de “perder” el servicio de comedor escolar frente al bajo número de comensales, especialmente en los aularios más pequeños. Respecto a la comparativa entre la comida de catering y la comida hecha en cocina in situ por el personal de cocina, existe el consenso de que la mayoría de las personas entrevistadas y encuestadas prefieren la segunda opción.
A raíz de la oportunidad perdida que supone tener la cocina del aulario de Castellnovo, inutilizada por las cuestiones identificadas anteriormente, en las entrevistas realizadas también se menciona el interés por potenciar esta y otras cocinas in situ con el objetivo de que puedan transportar y distribuir la comida al resto de aularios.
Castellanos enfatiza en el estudio que se llevaron a cabo reuniones con inspectores de Educación con los que se identificó la necesidad de abordar la temática de los comedores escolares rurales desde un punto de vista no urbano-céntrico.
Se identificó la necesidad de abordar la temática de los comedores escolares rurales desde un punto de vista no urbano-céntrico
Llegando a la conclusión de que “haría falta que las inspecciones de Educación y Sanidad también tuvieran en cuenta las particularidades de las zonas rurales y de las empresas de pequeña envergadura a la hora de evaluar e inspeccionar los espacios, procesos, recursos e instalaciones relacionadas con el servicio de comedor”.
Efectos de la normativa vigente
Rogeli Santamaría Luna, investigador educativo e inspector coordinador de circunscripción en la Inspección Territorial de Castelló hasta 2022, participa en el estudio y, en declaraciones a este periódico, coincide en el análisis general de la situación, advirtiendo de que los CRA son deficitarios porque “con la cuota máxima de 4,25 euros/comensal no da para pagar todo el servicio (comida y personal de comedor)” y alerta de que: “Habitualmente, en estos centros, para hacer frente a una parte del déficit del comedor, utilizan dinero de los fondos propios, dinero que tendría que ir para el funcionamiento y la mejora de otras partidas del presupuesto de la escuela”, generando esta situación un agravio comparativo hacia los centros más pequeños.
"Para hacer frente a una parte del déficit del comedor, los centro educativos rurales utilizan dinero de los fondos propios, dinero que tendría que ir para el funcionamiento y mejora otras partidas del presupuesto de la escuela”
El investigador educativo recalca las consecuencias que se derivan de esta visión urbano-céntrica y advierte de que, actualmente, “la activación y sostenibilidad de un servicio público depende del número de personas usuarias y del interés de las empresas de restauración para prestar el servicio que, generalmente, dará poca rentabilidad por la reducida cantidad de comensales”.
La consecuencia es que los colegios en zonas rurales, aunque la normativa permite elegir a la empresa adjudicataria, no tienen esta posibilidad, ya que al tratarse de servicios de baja rentabilidad y debido a las exigencias normativas, solo las que disponen de más recursos pueden asumir contrataciones tan ajustadas.
“La activación y sostenibilidad de un servicio público depende del número de personas usuarias y del interés de las empresas de restauración para prestar el servicio"
En este sentido, la Estrategia Adelante (Agenda Valenciana Antidespoblamiento) y el Anteproyecto de la Ley Antidespoblamiento de la GVA, aprobado el proyecto de ley por el Pleno del Consejo el 13 de enero de 2023 y remitido a Les Corts para su tramitación parlamentaria, reconocen en su articulado la importancia de mantener y habilitar comedores escolares en los entornos rurales.
Concretamente, en el punto 2 del artículo 16 de esta última, se ordena que la administración autonómica, en colaboración con las administraciones locales, desarrollen una red de comedores escolares y aulas matutinas adaptadas a la realidad de los municipios en riesgo de despoblamiento, obligando a posibilitar una oferta educativa complementaria en periodos estivales y no lectivos. Por eso, la Generalitat, en palabras de Santamaría, “tiene que articular mecanismos de financiación y apoyo técnico a las entidades locales que acompañan esta colaboración para la prestación adecuada de estos servicios”.
“La Generalitat tiene que articular mecanismos de financiación y apoyo técnico a las entidades locales"
El ex inspector de educación hace hincapié en que “la declaración de intenciones parece positiva, pero las disposiciones transitorias tercera y cuarta pueden aplazar su aplicación hasta 3 años si el Govern Valencià actual no acorta los plazos”. Por eso, es urgente señalar la necesidad de apoyar al servicio de comedor y otras iniciativas en zonas rurales ahora, “antes de la aprobación de la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2024 y los presupuestos municipales, de mancomunidades y las tres diputaciones provinciales”, remacha Santamaría.
En esta línea se mostró también Sarai Fariñas, técnica del CERAI, quien, durante la presentación del estudio en Navajas, expresó que desde la ONGD esperan que esta publicación sea el punto de partida para pedir cambios, y recordó que su labor es la de presionar a la administración pública para que trabaje en sus obligaciones, en este caso, señaló la técnica: “Garantizar el derecho a la alimentación de la infancia en nuestros pueblos”.
“Vamos a generar una Mesa técnica con las personas implicadas en este territorio e inspectores de Sanidad y Educación para poder llevar propuestas al nuevo gobierno de la Generalitat”, así anunció Fariñas el primer paso que van a realizar el próximo mes de noviembre con el apoyo de la Mancomunidad de l'Alt Palància. El objetivo será trasladar esas enmiendas de mejora a las Consellerias competentes para que esta normativa que es general (urbana y rural) sea específica para los colegios rurales.
'Menjadors sostenibles, territoris possibles'
La autora del estudio se muestra optimista frente a este momento clave y, aunque reconoce la importancia del acompañamiento normativo que se ha de revisar, destaca la cantidad de activos existentes en el territorio rural, como Claudia, productora agroecológica de aceite, que, como manifiesta Castellanos, “de una manera coordinada, es factible que contribuyan a la transformación de la restauración escolar en el País Valencià hacia un modelo inclusivo, equitativo y sostenible”, como parte del reto que marca la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Al mismo tiempo, la instalación de nuevas familias en entornos rurales, en este caso en la comarca de l'Alt Palància, como la de Agustín o Elisabeth, sobreviene una esperanza para evitar el cierre de los comedores de los CRA. Pieza clave para mantener las escuelas rurales abiertas y fijar población. Quieren que sus demandas de mejora se apliquen y así posibiliten acabar con el despoblamiento de unos territorios que reclaman, entre otros servicios, comedores sostenibles.