Palestina
El sistema jurídico militar israelí no es la forma de tratar a niños y niñas palestinas

El sistema judicial militar israelí (compuesto por diversas órdenes militares) es el intento de las autoridades israelíes de judicializar la ocupación y sus prácticas en el terreno, exhimiéndose de sus responsabilidades aludiendo a la legislación. Es el intento de los comandantes militares de fingir ser independientes y actuar conforme a un Estado de Derecho. Pero estos intentos no les están saliendo bien al Estado de Israel.

En el sistema jurídico militar israelí no hay una separación de poderes como en otros sistemas jurídicos democráticos. En el israelí, los tres poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) se concentran en manos del comandante militar de turno. Éste es quien legisla y ejecuta las órdenes militares.

Actuar conforme a la ley no añade ningún valor a la propia ley, ya que ésta en sí misma puede ser discriminatoria e injusta. El sistema jurídico militar israelí es un instrumento para legitimar la dominación y el castigo, pero no para impartir justicia. Las órdenes militares no son leyes, aunque funcionan como tales, y tienen por objeto dar una apariencia legal al sistema institucionalizado de discriminación impuesto a la población palestina en territorio ocupado.

El principal objetivo de la justicia militar israelí, como parte de un sistema jurídico más amplio, es procesar a las personas palestinas que son detenidas y acusadas de delitos de "seguridad”, entre otros. La ley militar y la ley de emergencia vigentes en los tribunales militares israelíes tienen por objetivo penalizar la "violencia" de los y las  palestinas, pero también, y mayoritariamente, otras muchas otras actividades que llevan a cabo, incluidas algunas formas de autoexpresión a través de la política o la cultura, así como el asociacionismo o las protestas no violentas. Las protestas estudiantiles o el acoso al salir del colegio son acciones en las que menores de edad palestinos están involucrados y no están exentas de esta persecución. El sistema de tribunales militares israelíes está diseñado principalmente para proteger la "seguridad de Israel", mantener el orden público y controlar las zonas ocupadas por Israel mediante la criminalización y el castigo de todas las formas de resistencia palestina a la ocupación israelí, independientemente de su gravedad.

Un sistema militar que se focaliza en la población más vulnerable, las y los menores de edad

El alcance de este sistema es muy amplio y afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana de la población palestina. Por ejemplo, las incursiones nocturnas periódicas del ejército israelí en localidades palestinas tienen un efecto devastador en la comunidad, causando una grave ansiedad, miedo y depresión a la población. Esta táctica tiene un efecto traumático en toda la familia y, en particular, en las mujeres y los niños y niñas. El acoso de colonos israelíes camino a la escuela, cruzar checkpoints para llegar al colegio o al médico o simplemente para visitar a familiares forman parte de la rutina diaria de niñas y niños que se ve perturbada por la militarización extrema del Territorio Palestino Ocupado.

La seguridad es un componente esencial y estructural de la ideología de Israel como Estado sionista, y este componente se vincula directamente con la realidad de la vida del pueblo palestino, lo que tiene múltiples efectos en diversos aspectos de sus vidas, limitando la capacidad de disfrutarla de manera normal o casi normal.

La cuestión de la seguridad también es transversal a otras políticas de Israel, ya sean económicas o a nivel político así como a la relación de Israel con los países vecinos y extranjeros. Con la justificación de la seguridad, Israel ha logrado aprobar muchas de sus políticas internas, una excusa para justificar prácticas que violan los valores, los principios y las disposiciones de los derechos humanos. Israel concibe el concepto de seguridad, y trata de promoverlo, como una noción neutral con el pretexto de que el entorno en el que se encuentra Israel es, según dice, un entorno hostil, y no el sistema de dominación y subyugación que Israel ejerce contra el pueblo palestino para eliminar sus aspiraciones legítimas de libertad y autodeterminación. 

El sistema de tribunales militares israelíes se formó en vísperas de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel en 1967, y forma parte del sistema administrativo militar israelí diseñado para gobernar y controlar a la población palestina. Comenzó con la ocupación y así seguirá mientras los territorios palestinos estén ocupados.

Entre las formas de subyugación y control del pueblo palestino que vive en el Territorio Ocupado Palestino se encuentran los arrestos masivos. Desde 1967, el ejército israelí ha detenido y procesado a cientos de miles de personas. Aunque el arresto, el juicio y la detención son mecanismos legales a los que todos los países del mundo recurren para hacer cumplir la ley y reforzar el control del Estado, la tasa de detenciones entre las personas  palestinas desde la ocupación israelí es alta según todos los estándares. Durante los períodos de tensión política, como en la Primera y la Segunda Intifada, las tasas de arrestos entre los palestinos y palestinas fueron las más altas del mundo en comparación con su población. 

Cada año, entre 500 y 700 menores palestinos (niños y niñas de 12 a 17 años) de Cisjordania son procesados en los tribunales militares israelíes tras ser detenidos, interrogados y encarcelados por el ejército, la policía o los agentes de seguridad israelíes. Se estima que desde el año 2000, alrededor de 12.000 niños y niñas de población  palestina han sido detenidos y procesados bajo este sistema. Desde hace años se han ido conociendo informes fiables de torturas y/o malos tratos durante las etapas de detención, traslado e interrogatorio. A la mayoría de estos niños y niñas se les acusa de tirar piedras. 

Los malos tratos comienzan en el momento de la detención. Muchos niños y niñas informan de que han experimentado incursiones nocturnas en el hogar familiar, también informan de que se les esposan las manos, a menudo de forma dolorosa, y se les vendan los ojos. El efecto desestabilizador de estas detenciones nocturnas se ve agravado por el hecho de que pocos padres y madres son informados del lugar al que se lleva a su hijo y/o hija, a menudo en medio de la noche. La experiencia común de muchos niños y niñas es que el viaje al centro de interrogación va acompañado habitualmente de más sufrimiento, ya sea por la forma en que se sujeta al niño o niña, o por recibir más abusos físicos o verbales. El proceso de traslado puede durar muchas horas y a menudo incluye paradas intermedias en asentamientos o bases militares donde se producen nuevos malos tratos, incluyendo en algunos casos falta de agua y prohibición de acceso al servicio. 

A su llegada al centro de interrogatorio, los niños y niñas son interrogados solos y rara vez son informados de sus derechos, en particular del derecho a permanecer en silencio y no autoinculparse. Las técnicas de interrogación incluyen frecuentemente una mezcla de intimidación, amenazas y violencia física con el claro propósito de obtener una confesión escrita. Ese documento, en algunos casos, está escrito en hebreo, un idioma que pocos niños y niñas palestinas entienden. Una vez concluida la etapa de interrogatorio, la mayoría de estos menores permanecen en detención preventiva en espera de su procesamiento ante un tribunal militar. La principal prueba contra la mayoría de los y las menores en los tribunales militares será su confesión, o la confesión de otro niño u otra niña al que hayan sometido a un tratamiento similar. En la inmensa mayoría de los casos, los y las menores se declaran culpables porque es la forma más rápida de salir del sistema de abusos y opresión al que están siendo sometidos.

La utilización de un sistema de justicia al servicio de la ocupación

Las tasas de detención no siempre son indicativo de la prevalencia de los delitos y los castigos por violación de la ley, pero podrían serlo de cómo utilizar la ley en un contexto específico y cuál es el límite entre los actos legales e ilegales. En caso de que la ley criminalice muchos actos y conductas, que son derechos básicos de los individuos, eso en sí mismo es un indicativo de lo injusta que es dicha ley. En este caso es posible considerar las detenciones masivas de personas palestinas como actos legales si se llevan a cabo de acuerdo con la ley y en cumplimiento con los procedimientos previstos por la ley. Sin embargo, esto no anula el hecho de que tales actos sean injustos, dado que la propia ley es discriminatoria, y sus procedimientos contravienen las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en muchos casos. En el caso de la ley de excepcionalidad que aplica al territorio ocupado palestino también está diseñada principalmente para restringir la práctica de los derechos de las personas, como el derecho a expresar sus opiniones o a protestar de forma pacífica. 

En septiembre de 2009 se estableció un tribunal militar de menores, tras el incremento de críticas relacionadas con el procesamiento de niños y niñas de tan sólo 12 años en los mismos tribunales militares que se utilizan para juzgar a las personas adultas. Es importante señalar que, en virtud de la nueva orden, las solicitudes de libertad bajo fianza y las audiencias para determinar si un niño o una niña sigue detenida en espera de la conclusión del caso pueden seguir a cargo de los tribunales militares para población adulta, en los que los jueces y juezas no necesariamente han recibido formación para tratar casos de menores de edad. Además, la nueva orden no introduce cambios en el período de tiempo durante el cual se puede negar a un niño o una niña el acceso a un abogado/a y no impone directrices específicas en relación con la liberación de menores bajo fianza. En ambos casos se rigen por las mismas disposiciones que se aplican a las personas adultas. Por último, la nueva orden no introduce ninguna nueva directriz que aborde específicamente las necesidades especiales que tienen los niños y las niñas en lo que respecta a la sentencia. 

El proceso de maquillaje realizado en el sistema de tribunales militares israelíes durante los últimos años, especialmente en los procedimientos relacionados con los niños y las niñas, tales como el establecimiento de un tribunal militar de menores, el aumento de la mayoría de edad de 16 a 18 años y la reducción del período de la primera comparecencia ante el juez o jueza, no ha cambiado nada la realidad ni la naturaleza de este sistema que está diseñado para controlar y someter. Estas enmiendas no han implicado ningún derecho ni protección adicional y no han limitado las prácticas ilegales de maltrato y tortura de niños y niñas durante la detención y el interrogatorio. A esto hay que añadir que no se ha proporcionado ninguna protección especial a los niños y niñas según su edad. Además, estas enmiendas no han reducido los períodos de encarcelamiento que se pueden imponer a los y las menores o liberarlos bajo fianza durante los procedimientos judiciales, ya que la mayoría, en el sistema de tribunales militares israelíes, permanece en prisión hasta el final del proceso. 

“una ley injusta no es una ley en absoluto. Está en el espíritu de la ley romper y confrontar estas leyes injustas”.

En definitiva, cualquier sistema legal diseñado para controlar y someter no alcanzará la justicia, y las enmiendas hechas a este sistema no cambian nada de su esencia, ya que su objetivo es suprimir las aspiraciones legítimas del pueblo palestino de liberación y autodeterminación. La discriminación en la propia redacción de la ley y en la aplicación de dicha ley es la característica de este sistema. Además, un sistema legal discriminatorio no tiene en cuenta el interés superior del niño o la niña, dado que la primera y última preocupación de Israel es mantener la "seguridad" y el orden público, lo que limita la posibilidad de que las personas ejerzan sus libertades y derechos básicos. En resumen, como escribió Agustín, “una ley injusta no es una ley en absoluto. Está en el espíritu de la ley romper y confrontar estas leyes injustas”. 

Ayed Abu Eqtaish estudió trabajo social y realizó un máster en Estudios Avanzados de Derechos de la Infancia en la Universidad de Fribourg en Suiza. Lleva 20 años trabajando en Defence for Children International focalizado en menores detenidos, incluyendo la documentación de casos de mal trato y tortura.