Inteligencia artificial
Los creadores rechazan las licencias ampliadas para el uso de sus obras en la IA: “Es un genocidio cultural”

El martes 10 de noviembre venció el plazo dado por el Ministerio de Cultura para la presentación de aportaciones sobre el proyecto de Real Decreto con el que se pretende regular la concesión de licencias colectivas ampliadas para la explotación masiva de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial (IA) de uso general. 

Escritores, ilustradores, artistas o creadores de contenido cuyo trabajo pueda ser utilizado para el desarrollo de modelos de IA generativa estaban convocados para dar su opinión acerca de este proyecto legislativo que pretende facilitar la concesión de autorizaciones no exclusivas para el uso con tal fin del repertorio que manejan las entidades de gestión de derechos. Es decir, facilitar que la SGAE, por ejemplo, conceda, bajo determinados supuestos, autorizaciones para la explotación de obras y prestaciones en nombre de los titulares de derechos, con independencia de que estos hayan autorizado o no a la entidad a hacerlo, es decir, en ausencia de autorización expresa por parte de esos titulares de derechos.

Y esos titulares de derechos han respondido a la propuesta del ministerio. El artista gráfico Luis NCT ha hecho público el texto que ha remitido, en el que expresa que el proyecto de Real Decreto supone “posicionarse inequívocamente del lado del genocidio cultural, de la destrucción de empleos presentes y futuros, de la debilitación del tejido cultural y artístico, y de la degradación de la salud mental de todos los creadores”. En su opinión, el ministerio, con esta propuesta, está apoyando “un sistema en el que la mente humana, supeditada al uso de ‘herramientas’ que no ayudan sino que sustituyen parte de los procesos mentales, se verá debilitada generación tras generación”.

El guionista de cómic El Torres también ha compartido en redes sociales su aportación sobre el proyecto legislativo. Tras recordar las condiciones de extrema precariedad en las que viven quienes se dedican al cómic en España, este guionista espeta a los responsables del ministerio que “ustedes pretenden que mis creaciones y las de muchos otros compañeros sirvan para alimentar una maquinaria tecnológica que me dejará sin el poco trabajo que puedo hacer, sin manera de plasmar esa vocación en un trabajo”.

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La ilustradora Nia Soler ha sido otra de las voces que se ha pronunciado sobre el proyecto de Real Decreto. Tras leerlo, ella llegó a la conclusión de que el Estado “ha vuelto a desoír las advertencias de las asociaciones artísticas, y  elige defender los intereses de las Big Tech y la ‘ventaja competitiva’ del país antes que los derechos de las personas”. Para Soler, participante en el colectivo Arte es Ética, el “derrotismo institucional ante la IA generativa es apabullante. Frente a la pérdida de derechos deciden abrazar esta tecnología y adaptarse a una mediocridad que sólo ‘beneficia’ a miopes culturales”.

Junto a Segap, la Federación de Sindicatos de Espectáculos, Artes Gráficas, Audiovisuales y Papel adheridos a CGT, Arte es Ética ha hecho llegar al ministerio su “total y absoluto rechazo” a este proyecto por el que “se pretende expropiar ilegalmente los Derechos de Autor de todos los españoles y que de ser implementado marcará un espantoso precedente a replicarse en otros países”. En el texto, reclaman al ministro Ernest Urtasun que detenga un proyecto que “expropia los derechos de autor de todo el país y rompe el contrato social actual”. Las dos entidades ya habían reclamado con anterioridad una “legislación valiente”, que rompa con el método opt-out, por el que los artistas deben pedir explícitamente la retirada de sus obras del proceso de desarrollo de una inteligencia artificial generativa. Proponen sustituirla por la metodología opt-in, en la que sea elección del artista incluir su obra en dicho desarrollo.

Desde XNet, Instituto para la Digitalización Democrática, se considera loable el “esfuerzo por parte del ministerio para que el reparto de los ingresos por licencias sea justo” y en el documento con el que han participado en la consulta pública expresan los problemas, corregibles según su opinión, que presenta el proyecto como son el exceso de burocracia o la imposibilidad de la retroactividad, y demandan el establecimiento de tarifas para “evitar efectos monopolísticos y excluyentes”.

El proyecto de Real Decreto consta de siete artículos en los que se regulan las licencias colectivas ampliadas, su finalidad y objeto, así como las condiciones que tienen que cumplir las entidades de gestión colectiva y los usuarios para poder suscribir este tipo de licencias. El propio texto del proyecto explica que las licencias colectivas ampliadas, un instrumento previsto en el artículo 12 de la Directiva (UE) 790/2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, permiten que las entidades de gestión colectiva concedan, bajo determinados supuestos, autorizaciones no exclusivas para la explotación de obras y prestaciones en nombre de los titulares de derechos, con independencia de que estos hayan autorizado o no a la entidad a hacerlo, es decir, en ausencia de autorización expresa por parte de todos ellos.

El Ministerio de Cultura, encabezado por Ernest Urtasun, es consciente, y así lo refleja el mismo texto, de que hay una gran cantidad de titulares de derechos de propiedad intelectual “legítimamente preocupados por el hecho de que sus obras o prestaciones puedan ser utilizadas para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de uso general, en aplicación de dicho límite de minería de textos y datos, lo que, en definitiva, les impediría participar en los ingresos económicos obtenidos por los proveedores de sistemas o modelos de inteligencia artificial, por la explotación comercial de sus obras o prestaciones y, en general, en los beneficios económicos generados por esta nueva vertiente del progreso tecnológico que, además, plantea serios desafíos para el sector cultural en términos laborales y competitivos”.

De hecho, el proyecto de Real Decreto recoge la posibilidad de que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan excluir sus obras o prestaciones protegidas de la licencia colectiva ampliada. Lo hace en los artículos 1.d y 5.1, donde se explicita que “los titulares de derechos de propiedad intelectual que no hayan autorizado a la entidad de gestión a conceder la licencia colectiva ampliada, sean o no miembros de la entidad, y cuyas obras o prestaciones vayan a ser o sean objeto de dicha licencia colectiva ampliada tienen derecho a oponerse a que sus obras o prestaciones sean objeto de dichas licencias y podrán comunicar su oposición a la entidad en cualquier momento”.

Pero el ejercicio de este derecho a la “autoexclusión voluntaria” generaría, según el texto del proyecto legislativo, “una importante traba para el adecuado desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que, sin embargo, pueden resultar estratégicos para nuestro país”.