Represión
Alerta Solidària presenta tres querellas contra las “cloacas de la Generalitat” por espiar a movimientos sociales

Alerta Solidària, colectivo dedicado a hacer frente a la represión contra entidades independentistas catalanas, ha presentado una querella judicial, además de otras dos pendientes de tramitarse, por suplantación de identidad y revelación de secretos. “Después de meses de investigación, hemos destapado una trama de espionaje contra la izquierda independentista y movimientos sociales que apunta a la Generalitat de Catalunya” como responsable, ha denunciado hoy el colectivo.

Los movimientos juveniles, políticos y sociales espiados desde enero de 2020 son los grupos juveniles Arran, Endavant y La Forja; el partido político la CUP; el movimiento social Sindicat de Llogateres y los sindicatos CGT y CNT.

Con los datos recabados, Alerta Solidària apunta a que la responsabilidad del espionaje recae sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, junto con el cuartel general de los Mossos d’Esquadra Complex Egara, y otras dos direcciones de IP situadas en Madrid y Vic.

Hay constancia del envío de más de 60 correos electrónicos falsos, con identidad suplantada, para captar información de las distintas organizaciones espiadas

El periódico La Directa informó ayer en un amplio reportaje de este grave caso de criminalización en el que ha desvelado más de 60 correos electrónicos falsos enviados para “captar información desde al menos once direcciones suplantadas, siguiendo siempre un mismo patrón: remitente clonado o control no autorizado de dirección electrónica con petición de información de organigramas, documentos internos, calendarios, campañas o próximas asambleas”, indica la cabecera catalana. 

Alerta Solidària ha comparecido este mediodía en rueda de prensa, junto con los portavoces de las organizaciones afectadas, para dar a conocer las acciones judiciales emprendidas. Denuncian que se trata de una “operación sin lugar a dudas gubernamental con una finalidad de engordar las bases de datos policiales de carácter ideológico y político por parte de, como mínimo, el Gobierno de la Generalitat y, por tanto, de una operación de persecución política”, dado que el espionaje “se prolonga en el tiempo, es claro y sistemático, y no se trata de una actuación puntual”. 

Consideran que puede haber más organizaciones afectadas y, en tal caso, les han ofrecido apoyo jurídico.

Juntos en el Parlament, espiados en la trastienda

En el acto, se ha cuestionado que el Gobierno catalán espiara a un movimiento social como el Sindicat de Llogaters, con el que pactaron la nueva ley catalana de los alquileres, y a un partido como la CUP, que ha mostrado su solidaridad con los miembros de JxCat y ERC ajusticiados durante el Procés. 

Según explica La Directa en su reportaje, las organizaciones recibían correos electrónicos desde identidades suplantadas, o clonadas, como el caso del diario Vilaweb, para recabar información interna —actas de asambleas, organigramas y estatutos—, bajo cualquier pretexto de solicitar información para, por ejemplo, una charla.

Ante la recepción un tanto extraña de uno de estos mails, La Forja se puso en contacto con el remitente original —en vez de el clonado— y empezó a sospechar de que se tratara de un caso de usurpación de identidad, por lo que emprendieron su propia investigación que dejó al descubierto dos direcciones IP, que reveló “identidades inequívocas”, señala el artículo.

“En la historia reciente de los Mossos d’Esquadra nunca se habían podido demostrar praxis comprometedoras de suplantación de identidad por parte de organismo de información del cuerpo policial”, indican los periodistas de La Directa Gemma Garcia y Jesús Rodríguez, que recuerdan que “la anterior actuación abusiva de recogida de datos se remonta al escándalo del desaparecido Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, desde donde se monitorizó la actividad de activistas sociales y periodistas a las redes sociales, para después organizar bases de datos e informes”.

De ese escándalo surgió una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya y exigencias de dimisión del entonces conseller de Interior. Consideran que este caso “es un salto cualitativo en estas praxis, tanto por la suplantación de identidades como por el acceso no autorizado a correos electrónicos desde dos organizaciones”.

Por todo ello, tanto Alerta Solidària como las portavoces que han comparecido hoy, solicitan explicaciones a la Generalitat y una depuración de responsabilidades en los Mossos d’Esquadra.