Personas refugiadas
Una semana sin noticias de Benhalima, el activista del Hirak que España entregó a Argelia

Hace una semana, el pasado 24 de marzo, la policía acudió al CIE de Zapadores en Valencia para llevarse a Mohamed Benhalima. Los dos procesos que había pendientes y de los que dependía su entrega a Argelia habían sido resueltos de urgencia: las alegaciones contra el expediente sancionador que tenía abierto, y su proceso de protección internacional. Tras notificárselo, los agentes le trasladaron al aeropuerto, y en poco tiempo ya estaba volando hacia Argel. Una semana después ni sus abogados ni su familia han conseguido hablar con él. La única señal de vida: un vídeo autoculpabilizador que retransmitieron varias emisoras del país el domingo 27 de marzo, algo que levantó sospechas de que el activista habría sido, como temía, torturado.

Adrían Vives pertenece a CIEs No, desde este colectivo han estado apoyando al activista del hirak de 2019 —un exmilitar que denunció la corrupción en el todopoderoso ejército argelino— en su pugna por escapar a la persecución y la tortura en su país. Desde Valencia, Vives lleva toda la semana conectado con activistas en Argelia para informarse de la suerte de Benhalima. Como señaló en redes sociales el pasado domingo, el vídeo en el que Benhalima da la razón al gobierno argelino, no hizo otra cosa que corroborar los temores de tortura: pocos días antes de su deportación, Benhalima había grabado otro vídeo en el que advertía que en caso de producirse una autoinculpación pública como la que se dio, esta solo se habría obtenido mediante tortura o extorsión.

“Como ya parecía en el momento y como hemos sabido a posteriori, había una orden política para expulsar a Benhalima a Argel y para hacerlo de la manera más rápida posible”

Vives cuenta cómo todo se aceleró tras el internamiento de Benhalima en el CIE, pocos días antes de su deportación: “como ya parecía en el momento y como hemos sabido a posteriori, había al parecer una orden política para hacer esto y para hacerlo de la manera más rápida posible”, frente a la velocidad de los acontecimientos se trabajó en varios frentes: incidencia política y mediática, protestas en la calle —como la manifestación ante el CIE que tuvo lugar el 18 de marzo— y el uso de las vías jurídicas, con abogados trabajando en el caso además de la implicación de Acnur o el Defensor del Pueblo.

Tras la expulsión de Benhalima, el pasado martes 29 de marzo Amnistía Internacional emitía una declaración pública firmada por organizaciones estatales, argelinas e internacional, en la que manifestaba su condena a la deportación. “Las autoridades habían sido advertidas, mediante recursos jurídicos y llamamientos de la sociedad civil, de que Mohamed Benhalima corre un riesgo elevado de tortura, detención arbitraria y juicio sin las debidas garantías en Argelia, donde este tipo de violaciones de derechos humanos son cada vez más habituales contra presos de opinión y activistas pacíficos”, se denunciaba en el texto. La misma organización había documentado que al menos otros cuatro activistas habrían sufrido tortura bajo custodia de las fuerzas de seguridad argelinas debido a su participación el las movilizaciones del 2019 en el país. Los motivos de alarma eran ineludibles.

Antecedentes

En 2020 el gobierno argelino publicó una instrucción en la que afirmaba que iban a ser detenidos algunos activistas que habían denunciado casos de corrupción en el seno del ejército. Ante el anuncio Benhalima salió del país y solicitó asilo en España, no vino solo, su compañero Mohamed Abdellah hizo lo mismo. Ambos obtuvieron la tarjeta roja que les documentaba como solicitantes de asilo. La enumeración de los antecedentes la realiza Alejandro Gámez, de Red Jurídica, uno de los abogados que intentó evitar hasta el último momento la deportación del ex militar.

Los precedentes, como ya alertaban en CIEs NO o Amnistía Internacional no podían ser más claros. Gámez recuerda cómo, en agosto de 2021, Abdellah  “fue a comisaría a notificar el cambio de domicilio, que es una obligación cuando eres solicitante de asilo, y en ese momento lo detuvieron. Menos de 10 días después estaba deportado en Argelia”. Ante esta situación, tras ser llamado tres días después de la detención de su amigo por la policía, Benhalima partió a Francia donde solicitó de nuevo asilo, y allí en aplicación del protolo de Dublín —que obliga a pedir asilo en el primer país comunitario de llegada— le dijeron que debía volver a España, una vez en el país fue detenido el pasado 14 de marzo. Las cartas para él ya estaban echadas. “En el momento de la detención se le abrió un expediente administrativo sancionador por infracción a la Ley de Extranjería, por suponer un peligro para la seguridad nacional española o para las relaciones de España con terceros países”, detalla Gámez.

No había información en el procedimiento sancionador que sostuviese las acusaciones, “simplemente mencionaban a varios grupos supuestamente o bien terroristas o extremistas de Argelia”, explica el abogado. Ni relación directa establecida con los grupos, ni indidios de que hubiese participado en ninguna acción peligrosa, y sobre todo, ninguna referencia al hecho de que Benhalima había denunciado corrupción y estaba siendo perseguido por ello en su país, señala Gámez respecto al expediente. Benhalima quedó internado en el CIE de Zapadores para evitar que se fugara mientras se tramitaba un expediente que se resolvería en un plazo récord. Una vez allí, el activista volvió a pedir asilo.

“El procedimiento de asilo y el procedimiento administrativo sancionador fueron resueltos al mismo tiempo. Es decir, hubo una coordinación por parte de las dos unidades del Ministerio del Interior para resolverlas al mismo tiempo y notificárselas a la vez”

“El procedimiento de asilo y el procedimiento administrativo sancionador fueron resueltos al mismo tiempo. Es decir, hubo una coordinación por parte de las dos unidades del Ministerio del Interior para resolverlas al mismo tiempo y notificárselas a la vez”, recrea el abogado, no eran las 5.30 de la tarde cuando a Benhalima se le notificó la resolución de ambos procedimientos. A CEAR, que estaba a cargo de la solicitud de protección internacional y a la Red Jurídica la notificación les llegaría una hora y media después, a las 19. Benhalima ya estaba en el aeropuerto. “Cuando pusimos las medidas cautelares ante el juzgado de instrucción para que ordenara la suspensión de la expulsión, ya era tarde porque ya estaba volando a Argelia”, lamenta Gámez: pudieron ver desde el juzgado los vídeos en los que Benhalima descendía en el aeropuerto de Argel. El propio activista tampoco pudo avisar a nadie, le habían confiscado el móvil en el CIE acusándole de estar grabando en el interior de las instalaciones. 

Los esfuerzos jurídicos que se habían hecho para detener este desenlace no fueron tenidos en cuenta: ni las alegaciones al expediente sancionador en el que los abogados señalaban la falta de información, requiriendo imformes que sustentasen las sospechas expresadas, ni el informe positivo de ACNUR, en el que se da fe a las alegaciones que apuntan a que Benhalima podría ser torturado una vez en Argelia, en base al caso de Abdellah.

“Lo que queda claro es que el Ministerio del Interior se organizó o se coordinó para lograr la deportación lo más rápido posible, porque un proceso sancionador nunca dura tan poco. Este duró menos de diez días”, reflexiona Gámez, sumando todos los hechos: imposiblitaron las alegaciones, le dejaron incomunicado, ignoraron la postura de Acnur, “se utilizaron todas las armas que tenía el poder administrativo para garantizar la deportación y que no pudiera ser supervisado por ningún órgano judicial”.

Vives recalca que los hechos se enmarcan en un contexto más amplio: el de la denegación sistemática de asilo de quienes son perseguidos por su participación en el Hirak. No solo en el caso de España las relaciones bilaterales con Argelia pesan más que los derechos humanos, lo mismo sucede con Francia. Inglaterra, a donde huyeron algunos de estos activistas, “es uno de los pocos países que sí que les concede la protección internacional pues tiene unas relaciones menos estrechas con Argelia”. Conceder asilo a estos activistas supondría para Francia y España reconocer las vulneraciones sistemáticas por parte de Argelia de sus derechos, considera el integrante de CIEs No: “esto además sucede en un momento como el de ahora, con todo esto que acaba de pasar con Marruecos y el Sahara, con Argelia y el gas”. Entregar a Benhalima haciendo uso de la ley de extranjería, en lugar de proceder a una extradición, mecanismo con mayores garantías, habría sido una forma de acelerar el proceso y satisfacer a Argel.

Realpolitik vs Derechos Humanos

Había gente en marcha, movilización social, organizaciones apoyando, y antecedentes inquívocos, y pese a todo esto, nadie pudo evitar que el gobierno español repatriara a quien puso su integridad en riesgo para denunciar corrupción en el ejército argelino y le enviara a un destino seguro de tortura y malos tratos. Por todas estas razones, este caso “nos ha caído como un jarrón de agua fría”, considera Vives.

Sin embargo, no cree que el camino acabe en el momento en el que Benhalima se halla ya en Argelia. “Lo primero es contactar con organizaciones que estén allí en Argelia, con la filial directamente de Amnistía Internacional, que allí puedan intentar obtener la mayor información posible de su estado, de su paradero o de cómo se encuentra, de qué se le acusa, qué se tiene previsto para él”.

“Una administración que no reconoce o que evita el control judicial de sus actuaciones, incurre en un comportamiento despótico o absolutista. Se ha primado la realpolitik antes que los derechos fundamentales”

En el apartado jurídico, Gámez se muestra menos optimista. “Queda poco que hacer. Lo estamos estudiando ahora porque por una parte ya tiene sus abogados en Argelia. Pero bueno, sabemos que siendo como es el régimen en Argelia, pues tampoco tenemos muchas garantías de que eso puede evitar que sea sometido a malos tratos”. El vídeo que se publicó el domingo corrobora para ambos estas sospechas. Por ahora han puesto una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y “probablemente continuaremos el procedimiento contencioso administrativo contra la resolución de expulsión y contra la resolución de denegación de asilo”. Lo fundamental, considera, es que se reconociera que la administración incurrió en la ilegalidad cuando deportó a Benhalima conociendo el riesgo de tortura.

Por otro lado, se busca la implicación de los grupos políticos. “Ya hubo varios grupos que interpelaron a interior por varios canales, sabemos, pero no llegaron a obtener respuesta del Ministerio, explica Vives, en los últimos días Esquerra Republicana y Compromis han solicitado la comparecencia del Ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska sin haber obtenido aún respuesta, ayer, 31 de marzo, fue Unidas Podemos quien interpuso algunas preguntas por escrito ante Interior.

Gámez considera que “una administración que no reconoce o que evita el control judicial de sus actuaciones, incurre en un comportamiento despótico o absolutista”. La entrega de Benhalima para quedar bien con Argelia, sería una muestra de cómo “se  ha primado la realpolitik antes que los derechos fundamentales”. “Te acabas dando cuenta que pueden hacer lo que les dé la gana con total impunidad”, reconoce Vives, quien tiene en su memoria demasiadas irregularidades respecto al trato a personas en el marco de los CIE, “pero sí que es verdad que yo algo tan rápido y tan bien cuadrado en cuanto a tiempos, y tan descarado, tratándose de algo que habíamos hecho público, no lo había visto nunca”.