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Privatizaciones
Una denuncia desvela el negocio de la derivación a la privada de pacientes de cardiología de Osakidetza
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) desestimó en mayo el recurso presentado por Osakidetza contra la resolución judicial que paralizaba el traslado del servicio de cirugía cardíaca del Hospital de Basurto de Bilbao al Hospital de Cruces de Barakaldo. El tribunal daba la razón a la plataforma Basurto Bizirik, poniendo sobre la mesa el desmantelamiento del hospital bilbaíno, y también al Comité de Empresa del Hospital de Basurto.
Tras la denuncia de “intereses ocultos” realizada por la plataforma, el nuevo consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, hasta su nombramiento jefe de servicio en Cruces, echó marcha atrás y llegó a un acuerdo en julio pasado para que el servicio de cirugía cardíaca en Bizkaia contase con dos sedes: Basurto y Cruces. Sin embargo, sigue vigente el concierto de Osakidetza con la Policlínica de Gipuzkoa para derivar pacientes de cirugía cardíaca. La parlamentaria Rebeka Ubera, de EH Bildu, ha solicitado información sobre la concertación de este servicio público con el centro sanitario privado guipuzcoano.
El servicio de pacientes de cirugía cardíaca derivados por Osakidetza al sector privado revela el conflicto entre dos competidores: una firma vinculada al presidente de la Policlínica Gipuzkoa y otra de un cirujano cardíaco del hospital público de Cruces
Pero, ¿qué está pasando realmente? Hordago-El Salto ha tenido acceso a documentación en poder de un juzgado de Donostia sobre el servicio de pacientes de cirugía cardíaca derivados por Osakidetza al sector privado que revela el conflicto protagonizado por dos competidores: una firma vinculada al presidente de la Policlínica Gipuzkoa y otra empresa controlada por un cirujano cardíaco del hospital público de Cruces.
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Negocio con pacientes de cirugía cardíaca
En diciembre de 2017, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa dictó un auto donde hacía referencia a una denuncia interpuesta contra la Policlínica Gipuzkoa y el doctor Ignacio Gallo, presidente del centro privado guipuzcoano, ahora gestionado por el grupo Quirón. La denuncia fue interpuesta por Juan José Goiti, acusando a Gallo de utilizar su cargo en la Policlínica Gipuzkoa para rescindir el contrato que desde 2003 el centro tenía con Cirugía Cardíaca del Norte SL, empresa administrada por el propio Goiti, en la actualidad jefe de cirugía cardiovascular en el Hospital Quirón de Bizkaia.
Según la denuncia, el equipo de cirugía cardíaca del presidente de la Policlínica Gipuzkoa pretendía hacerse con todo el servicio de derivados de Osakidetza, utilizando su posición para rescindir el contrato y eliminar la competencia
Según la denuncia de Goiti, el equipo de cirugía cardíaca de Gallo pretendía hacerse con todo el servicio de derivados de Osakidetza y apunta que utilizó su posición de presidente del centro guipuzcoano para rescindir el contrato, eliminando así a la competencia. Gallo era en ese momento vicepresidente de la Policlínica, y a su vez administrador de Servicios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinámica SL, esta última prestaba servicios desde 2008 al centro guipuzcoano.
La documentación judicial en poder de esta revista refleja que el contrato firmado entre la Policlínica Gipuzkoa y la firma Cirugía Cardíaca del Norte SL para atender pacientes de cirugía cardíaca derivados por Osakidetza establecía una serie de objetivos a cumplir: reducir la media de estancia de pacientes en UCI (de 3,9 días a 2,9 días); reducción del promedio de hospitalización (de 7,3 a 5,3 días); y reducir un 15% el resto del coste de cirugía cardíaca.
En caso de lograr los tres objetivos, Cirugía Cardíaca del Norte SL recibía una aportación equiparable al 20% de la tarifa abonada a Policlínica Gipuzkoa por los pacientes provenientes del concierto con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, y el 30% del importe facturado en el caso de los pacientes privados y de compañías aseguradoras. El equipo de Juan José Goiti, administrador de Cirugía Cardíaca del Norte SL, percibía 1.438 euros por cada cirugía practicada al paciente derivado por Osakidetza a Policlínica Gipuzkoa.
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El doctor Gallo se defendió alegando que el denunciante, el doctor Goiti, era, además de propietario de Cirugía Cardíaca del Norte SL, cirujano cardíaco en el Hospital Universitario de Cruces, por lo que estaría incurriendo en algún tipo de incompatibilidad. Sin embargo, Goiti alegó que la Dirección Territorial de Sanidad de Gipuzkoa consideró en 2012 que no existía incompatibilidad alguna. Además, presentó un certificado emitido ese mismo año por Osakidetza donde se reconoce la compatibilidad, un documento que firmó el director gerente del Hospital Universitario de Cruces.
Por entonces, el director gerente de Cuces era Gregorio Achutegui, quien en su momento encabezó el ranking de las retribuciones de los altos cargos de Osakidetza gracias al aumento de incentivos a la productividad implantados en la etapa de Rafael Bengoa como consejero de Salud. Achutegui llegó a ser director de Salud en Gipuzkoa y director gerente del Servicio Navarro de Salud (2020-2023).
En 2015, Achutegui fue nombrado socio de honor de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, un lobby madrileño que promueve la privatización sanitaria y recientemente ha fichado a una decena de directivos de Osakidetza, entre ellos a Mariluz Marqués, gerente de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces y casada con el exconsejero de Salud del Gobierno Vasco Jon Darpón.
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De fondo, la precarización
Según datos oficiales recabados por esta revista, cuando se inició el concierto entre Servicio Vasco de Salud y Policlínica Gipuzkoa, el Hospital Donostia de Osakidetza realizaba la actividad de cardiología hemodinámica con una plantilla bajo mínimos. De los cinco facultativos especialistas en cardiología con experiencia en hemodinámica, solo uno tenía vinculación laboral con carácter fijo, los otros cuatro eran eventuales.
Además, los nueve diplomados en enfermería, con perfil específico en esta actividad, estaban contratados con una dedicación del 50% de la jornada.
La actividad de cardiología hemodinámica tenía una plantilla bajo mínimos: de los cinco facultativos especialistas, solo uno tenía vinculación laboral con carácter fijo, los otros cuatro eran eventuales
La actividad de cardiología hemodinámica en el Hospital de Donostia comenzó a finales del 2010. El consejero de Salud Rafael Bengoa, arquitecto de la privatización sanitaria en los 90, se lo vendió a los medios como la forma de poner fin a una “carencia” estructura del sistema de salud, sin embargo, para trabajar en la nueva unidad de Osakidetza, el Hospital Donostia había contratado a Mariano Larman y su equipo de Policlínica Gipuzkoa, cinco médicos.
Hasta entonces, el servicio de cardiología hemodinámica se prestaba en “exclusiva” en Policlínica Gipuzkoa, de forma concertada con la red pública, es decir, Osakidetza carecía de recursos propios en la provincia para prestar ese servicio y derivaba todos los pacientes al centro privado guipuzcoano.
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Factura de 13,1 millones
El concierto vigente para derivar pacientes de Osakidetza al área de cirugía cardíaca y hemodinámica de la Policlínica Gipuzkoa data del año 2011. Fuentes consultadas por esta revista calculan que desde entonces Osakidetza habrá derivado medio millar de pacientes cada año. Oficialmente, entre enero y septiembre de 2023, el Servicio Vasco de Salud derivó 613 operaciones al sector privado en Gipuzkoa, de ellos 597 a Policlínica Gipuzkoa, la mayoría para operaciones cardiovasculares.
El Gobierno Vasco destinó 122,8 millones de euros en 2022 a sufragar los servicios que le presta la sanidad privada, y la Policlínica Gipuzkoa destacaba como uno de los principales beneficiados, con el 11% de los fondos
Estos datos son indicativos del negocio que hay detrás del concierto para derivar pacientes del área de cirugía cardíaca, y la documentación judicial a la que ha tenido acceso esta revista da cuenta de ello. Pero este asunto no es más que la punta de un iceberg mucho más profundo. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco destinó en 2022 un total 122,8 millones de euros a sufragar los servicios que le presta la sanidad privada, y la Policlínica Gipuzkoa destacaba como uno de los principales centros sanitarios beneficiados por esta externalización, con una factura de 13,1 millones, es decir, el 11% de los fondos.
Gipuzkoa es la provincia con mayor volumen de concertación de servicios sanitarios de Osakidetza con el sector privado. Como señala el comité de empresa del Onkologikoa de Donostia, “cada vez es más frecuente que pacientes oncológicos se deriven desde el Hospital Universitario de Gipuzkoa a la Policlínica Gipuzkoa”. Probablemente siga siéndolo.
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Puertas giratorias detrás de las privatizaciones
Como denunciaba Basurto Bizirik, “existen cargos del PNV que ahora están en empresas privadas que gestionan la sanidad privada”. Ciertamente, entre 2019 y 2022, el sector privado vinculado a excargos y personalidades del PNV se benefició con más de 220 millones en concertaciones con Osakidetza.
Basurto Bizirik también apuntó a una conexión entre la intención de “desmantelar lo público” y las “puertas giratorias”. El asunto no es excepcional, ni se circunscribe solamente a Bizkaia. Hace algunos años, un informe de Medicus Mundi, “Amenazas al derecho a la salud en Euskadi”, señalaba que “en lo referente a la concertación hospitalaria, en 2013 fueron varios los centros con los que el Departamento de Salud concertó esta asistencia”, destacando entre ellos la Policlínica Gipuzkoa, gestionada por el grupo Quirón y propiedad de la multinacional Fresenius.
Por un lado, en Quirón trabajan el exconsejero de Salud del Gobierno Vasco Gabriel Inclán y el exviceconsejero Guillermo López. Por otro lado, el servicio de diálisis de Osakidetza en Bilbao está externalizado a una filial vasca de Fresenius, Dialbilbo, constituida en su momento por el Jefe de la Unidad de Trasplante del Servicio de Nefrología del Hospital de Cruces y Jefe de Servicio de Nefrología de Cruces.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), a la que pertenece OSALDE, Osasun Eskubidearen Aldeko Elkartea, denuncia la sistemática “colusión de intereses que se produce entre las empresas privadas y el sistema público, situación esta que se favorece con los procesos privatizadores y con el hecho de que algunos profesionales trabajan en el sector público y el privado”.
Otro ejemplo de lo denunciado por la FADSP lo encontramos tirando del hilo de la firma Hemobesa, beneficiada con la externalización de los servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis para pacientes de Osakidetza, y a su vez presidida por el doctor Nicolás Guerra, exdirector de los hospitales públicos de Basurto y Santa Marina. Guerra dejó Osakidetza para hacerse cargo de la dirección de las clínicas IMQ, sustituyendo en ese puesto del sector privado a Jon Darpón, quien acababa de ser nombrado consejero de Salud del Gobierno Vasco.
La madeja de clientelismo y puertas giratorias ha permitido a Darpón convertirse en directivo de una firma privada del sector sanitario, la alavesa Keralty, acompañado del exconsejero de Sanidad Jon Azua, dos exviceconsejeros de Sanidad (José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegui) y una exdirectora de calidad de Osakidetza (María Teresa Bacigalupe).
Osakidetza, protegida durante mucho tiempo por un desierto informativo, no es ningún oasis que se diferencie de las tan denostadas políticas privatizadoras acometidas por Isabel Díaz Ayuso. Más bien todo lo contrario. En palabras del periodista Gorka Castillo, ha ido perdiendo su “esplendor” hasta convertirse en un “espejismo” tras “una sucesión de sombras”, porque el modelo de colaboración público-privada del Servicio Vasco de Salud es un referente para la presidenta madrileña como apuntan desde la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad Pública de Madrid o sindicatos vascos.