Salud
La temporalidad y el desmantelamiento abocan a Osakidetza al colapso

“Llevamos veinte años viviendo bajo el mantra de que tenemos la mejor sanidad del mundo, pero ya se está derrumbando”, resume Jesús Oñate, trabajador de Osakidetza y delegado sindical de LAB. “La sanidad pública vasca hace mucho tiempo que no solo no es la mejor del mundo, sino que ofrece unos parámetros de calidad que la ciudadanía empieza a rechazar. La gente palpa los déficits porque, cuando tiene que recurrir al sistema, este le falla”, añade. El 22 diciembre se iniciaron tímidas concentraciones frente a los centros de salud, que escalaron el miércoles 19 de enero y concluyeron con grandes manifestaciones en defensa de la sanidad pública en las capitales vascas el domingo 23 de enero.

“Una sanidad ineficiente impulsa a la gente a hacerse seguros privados”, alerta Marta Macho, anestesista del Hospital de Arrasate que denunció irregularidades en las oposiciones del Servicio Vasco de Salud. Junto con sus compañeros de servicio, inició una huelga el 29 de noviembre, que desconvocaron a primeros de diciembre ante la llegada de la sexta ola. Reivindicaban más personal, porque no dan abasto para cubrir las guardias. Tres al mes son las obligatorias, no cubren menos de cinco. De ocho de la mañana hasta las ocho de la mañana del día siguiente. “Hicimos huelga y, para nuestra sorpresa, a pesar de que las pruebas diagnósticas son servicios mínimos, el hospital programó cirugías de patologías ligeramente incapacitantes, como cataratas y juanetes, mientras que pospuso pruebas diagnósticas cuyo resultado puede ser cáncer”, indica Manoel Martínez, otro anestesista que se ha movilizado contra el desmantelamiento sobre decisiones que tiene consecuencias en la población: Osakidetza dejó de detectar 1.695 tumores de colon y 202 de mama en 2020, según la estimación realizada por los coordinadores de los tres programas de cribado existentes en Euskadi. Publicaron el estudio en septiembre de 2021 en la revista Gaceta Sanitaria.

Elegir las operaciones que se programan en hospitales, los cuidados que ofrece Atención Primaria, cuánto personal trabaja y en qué condiciones, son políticas que se ejecutan a través de un presupuesto económico anual, cada vez más hinchado de licitaciones a empresas privadas.

Osakidetza cuenta con un personal de 27.606 trabajadoras —100 son directivos—, según los presupuestos públicos del Gobierno Vasco. Otro asunto es la plantilla: Osakidetza pagó 41.254 nóminas de jornadas completas, 2.078 de medias jornadas, 854 de un tercio y 3.850 por otras jornadas completas en mayo de 2020, como reflejan los datos de una respuesta parlamentaria a Rebeka Ubera, de EH Bildu. Tirando por lo bajo y eliminando a las 4.000 profesionales contratadas de refuerzo para la pandemia despedidas el 4 de octubre, 12.000 profesionales trabajan fuera de la estructura del sistema de salud, mediante interinidades y contratos temporales. Casi un tercio del total.

“A Osakidetza le toca una revisión a fondo de su organización, funcionamiento y formas de trabajar obsoletas para pasar de un modo asistencial y hospitalocentrista a poner en primera línea la Atención Primaria, con la prevención y la promoción de salud como objetivo. Atención Primaria es la puerta de entrada de Osakidetza y la pandemia ha remarcado que la teníamos abandonada y marginada, pero el problema más relevante es que en dos años no se ha hecho nada por corregirlo”, apunta Ubera.

Barra libre para la temporalidad

La reforma constitucional llevada a cabo en 2011 modificó el artículo 135 de la Carta Magna para “garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria”, que conlleva primero la congelación y luego, el paulatino descenso del gasto público de todo el Estado y, por consiguiente, en la salud pública vasca. Fue un informe de la Comisión Europea, en su nueva edición del State of Health in the EU, el que puso de manifiesto las consecuencias de este golpe de austeridad. Al analizar la situación de los sistemas sanitarios de la Unión Europea (UE), señalaba que el Estado español destinó el 8,9% de su PIB a sanidad en 2017, mientras la media comunitaria se situaba en 9,8% de su PIB en ese mismo año. En Euskadi, por el contrario, suponía el 5,2 % del PIB.

Dicho recorte presupuestario también quedó reflejado en el número de camas disponibles. En 2017, en los 39 hospitales vascos (15 públicos y 24 privados) había 7.152 camas, un 1,3 % menos que el año anterior, según el Euskat. Es decir, 3,3 camas por cada mil habitantes, similar al Estado español, uno de los países europeos con menos disponibilidad por habitante, donde el ratio es de tres camas por cada mil.

Por otro lado, para entender la elevada temporalidad de Osakidetza, además de la Ley Montoro, influye el deseo de un modelo de gestión gerencialista o neoliberal. “Para el Departamento de Salud, la cruda realidad de Osakidetza no tiene cabida ni en el orden del día de una reunión”, denunció el sindicato ELA tras la última reunión de la mesa sectorial, dirección a la que calificó de “inmovilista”. Ese modelo se plasma también en la no ampliación del cupo de matriculaciones en los centros universitarios públicos para las carreras sanitarias y, al mismo tiempo, la autorización administrativa concedida a la universidad privada de Deusto para impartir el grado de Medicina desde este curso. Titulación que ofrece 80 plazas gracias a una alianza con el hospital privado IMQ de Zorrotzaurre. En la entrada de esta clínica, una escultura del exalcalde del PNV y médico de profesión, Iñaki Azkuna, recibe al visitante.

Mientras el Gobierno vasco repetía que la sanidad vasca era la mejor del mundo, paralelamente consolidó un modelo de contratación laboral basado en la temporalidad

Mientras el Gobierno vasco repitió durante dos décadas que la sanidad vasca era la mejor del mundo, paralelamente consolidó un modelo de contratación laboral basado en la temporalidad y una colaboración constante con entidades privadas que apostaron por reforzar, ampliar y construir sus propias instalaciones para ofrecer una sanidad privada. Sobre todo, a través del Igualatorio Médico Quirúrgico.

Una estimación de la evolución de los datos a 2020 indica que País Vasco es la comunidad autónoma con un mayor gasto sanitario per cápita (2,6), junto a Madrid y Catalunya, pero también se estima que las tres tienen los gastos más elevados en el gasto privado (758, 815 y 777 respectivamente). Asimismo, la evolución del gasto privado total (conciertos, gasto privado directo y seguros de privados) sobre el gasto absoluto en salud en el País Vasco es un dato clave, pero a la vez engañoso. Si bien parece poco comparado con el resto de España, Gipuzkoa y Araba bajan considerablemente el porcentaje de gasto en seguros privados: Bizkaia se encuentra por encima del 30%, lo cual es equiparable con Madrid y Catalunya. A su vez, el País Vasco destinó 221 millones de euros a la partida de conciertos en 2019, que ha registrado una tasa de crecimiento anual de -0,74% en el periodo 2008-2019.

Cuando Iñaki Azkuna fue nombrado consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, la población pasó a entenderse como si fueran meros clientes que consumen sanidad, convirtiéndose en un mercado como otro cualquiera y aumentando la inseguridad sobre el servicio público.

La historia de esta privatización sanitaria en el País Vasco arranca en 1991, cuando Iñaki Azkuna fue nombrado consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, cargo que ostentó hasta 1999. El sindicalista de ESK Antón Altamirano señala que la población vasca pasó a entenderse como si fueran meros clientes que consumen sanidad, convirtiéndose en un mercado como otro cualquiera y aumentando la inseguridad sobre el servicio público. Una dinámica que se consolidó mediante el hospitalocentrismo, el vaciamiento de la primaria y el conflicto laboral constante, debido a la precarización del trabajo. Paralelamente, el consumo de medicamentos se disparó notablemente, lo cual habla indirectamente del precario estado de la salud mental de la sociedad: una persona se suicida en Euskadi cada dos días.

Del gerencialismo al coaching

Las dinámicas gerencialistas de Osakidetza también tienen su recorrido durante la epidemia, la mayor crisis sanitaria de este siglo, mediante la entrada de “el coaching, mindfulness y el desarrollo personal”, denuncia el médico Aitor Montes Lasarte. “Se está delegando a una red de empresas privadas que proveerán a Osakidetza de infinidad de servicios”, alerta. Osakidetza solicitó a trabajadores que trabajaran sin cobrar durante las pasadas vacaciones navideñas, a cambio de un salario emocional y que consultaran con una asesoría de desarrollo personal para sentirse gratificadas por vacunar y realizar PCR gratuitamente.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández considera que el desmantelamiento de la sanidad pública no es algo nuevo que haya traído la pandemia. “Hace tiempo que los sindicatos lo llevan denunciando tras los recortes generalizados en la anterior crisis de 2008. Osakidetza oferta todo lo público que puede ofertar a través del sector privado, con intención de favorecerlo, incluyendo clínicas y hospitales privados donde el paciente ya no es paciente, sino un cliente. Hay que revertir inmediatamente privatizaciones como las del transporte sanitario e impulsar la publificación, en vez de transferir dinero público a empresas privadas a través del programa infantil de salud bucodental PADI”.

El gerencialismo de Osakidetza no renuncia a las firmas de consultoría acusadas de cartel y que, según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, “impactaron de lleno en el erario público” y han tenido un rol central en la neoliberalización del servicio público en los últimos tiempos. Destacan PricewaterhouseCoopers y la externalización del “control, seguimiento e impulso de la corporativización del transporte” (500.555 euros) y Deloitte con la asistencia técnica para la transformación digital de los sistemas clínicos y de gestión (20.000 euros) y la instalación SAP (218.000 euros). También los casi 70.000 euros entregados a PKF Attest (creada por el exvicelehendakari Jon Azua y gestionada por Iñaki Azua, su hermano) dan buena cuenta de ello: “consultoría para la evaluación competencial de los colectivos de enfermería”, “consultoría para el desarrollo competencial de los colectivos de celadores y auxiliares administrativos” y “servicio de gestión del talento”. Todas estas muestras de la deriva hacia el emprendimiento contratado por el Hospital Universitario Araba para el OSI de la ciudad.

Asimismo, la privatización sanitaria se ha plasmado en distintas iniciativas del Gobierno vasco, como indican las acciones del último plan de emprendimiento destinadas al Departamento de Salud. En primer lugar se encuentra Baliostasun, un “programa para la gestión y valorización de la innovación en el sistema sanitaria” donde se intenta extraer la máxima plusvalía y rentabilidad de cada trabajadora. A continuación, la elaboración de una normativa general de explotación de resultados del I+D+i en el sistema sanitario capaz de aumentar la productividad de dichas innovaciones digitales. Por último, en la “creación de la oficina de compra pública innovadora en Osakidetza”, destinada a la delegación de funciones, como la innovación, en empresas privadas.

Estas prácticas, cada vez más orientadas a que el sistema público opere como una empresa privada, se han impulsado desde el Programa Izarki, cuyo objetivo estratégico fundamental es convertirse en “líderes en formación” y promover “la adaptación de metodologías estratégicas de empresas o startups a una organización sanitaria pública”. Y lo hace a través del enfoque teórico de Peter Drucker, el padre de la nueva organización empresarial, plasmado a través de las ideas que se derivan del Project Management Institute, donde la Responsable de la Unidad Gestión Conocimiento en Osakidetza (Josune Retegi) ha recibido una formación que la acredita como experta en esta materia. Quien, además, se autodefine en Linkedin como especialista en “coaching” o “mentoring” ha dedicado las últimas tres décadas a gestionar el área de recursos humanos de Osakidetza con el fin de generar un “cambio en la prestación de servicios (customer centric strategy)”. Esto es, “un enfoque centrado en el/la cliente” y que se “adapta más ágilmente a los nuevos requerimiento”.

Cabe destacar que las revistas académicas más punteras en sociología han puesto al instituto que inspira al sistema vasco como ejemplo de la corporativización del sector público, mientras que otras lo han utilizado como ejemplo para criticar los discursos sobre la resiliencia al justificar que se destruyan algunos elementos de la vida pública, en lugar de evitar o resistir las estructuras y procesos gerenciales que perpetúan la vulnerabilidad existencial.

Si en el lado de la oferta del servicio la intención es cuantificar, medir y hacerlo todo más eficiente con muchos menos recursos —el dogma neoliberal de “más con menos”—, respecto a la ‘mano de obra’ sanitaria se trata de justificar el debilitamiento de la salud pública y su conversión en una empresa privada.

Si en el lado de la oferta del servicio la intención es cuantificar, medir y hacerlo todo más eficiente con muchos menos recursos —el dogma neoliberal de “más con menos”—, respecto a la ‘mano de obra’ sanitaria se trata de justificar el debilitamiento de la salud pública y su conversión en una empresa privada. A nivel de formación de gerentes, Osakidetza lleva años implantando el Programa Líder Coach para directivos, impartido por la Deusto Business School (Universidad de Deusto), así como por perfiles del estilo de Jesus Mari Iturrioz, un consultor, coach y profesor en “liderazgo transformacional” que presume de formar a los directivos del IBEX-35 en su página de Linkedin. Sea como fuere, la práctica neoliberal de sustituir al personal público por perfiles corporativos no es una novedad en Euskal Herria. Hace una década, Osakidetza dejó desierta una dirección de personal por primera vez para fichar a una coach privada.

Renunciar a un perfil técnico, profesional o científico es una decisión política que también se ha observado durante la pandemia. El órgano consultor para tomar las medidas sanitarias, el LABI, “es una caja negra que sirve para justificar que las decisiones están basadas en la ciencia, pero sobre las que no hay mucha evidencia de que haya sido así”, advierte Ugo Mayor, investigador de Ikerbasque y profesor de bioquímica de la UPV. Este científico tiene muy clara una medida sanitaria que podría haberse tomado, según la ciencia: la compra masiva de medidores de CO2 para colocarlos en lugares cerrados, de modo que podrían determinar cuándo es necesario abrir ventanas o activar una ventilación mecánica para evitar la expansión del virus. “Sabemos que el covid se transmite mediante la respiración exhalada, que se mantiene en el aire. El rango seguro se encuentra en hasta 800 partes por millón de CO2 (un 2% de aire respirado)”, explica.

Mikel Baza es médico de familia en el municipio de Zeberio (1.059 habitantes). Cuando terminó la residencia tuvo contratos muy precarios. “En 2013 firmé 70 contratos”, recuerda. Ahora trabaja a gusto, en una pequeña población, cuidando de su salud. Advierte que su situación no es habitual y que muchos profesionales prefieren no optar por la medicina comunitaria. “No es atractiva, hay que tenerlo en cuenta. La población está perdiendo la confianza hacia el sistema público de salud, especialmente hacia Atención Primaria y gran parte de esa responsabilidad la achacaría a los políticos, a los gestores de Osakidetza, por no saber invertir ni dimensionar adecuadamente”, diagnostica.