Precariedad laboral
Madrid adjudica un millón a una empresa acusada de contratar en fraude de ley

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado adjudicar la contratación de servicios por 1.085.793,50 euros a la empresa LAVOLA 1981 SA. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado del 3 de octubre, que especifica como ventaja ser “la oferta económicamente más ventajosa”.

Se trata de un contrato del área de Medio Ambiente y Movilidad para diseñar y ejecutar una campaña de información y sensibilización para la separación del biorresiduos o residuo orgánico.

LAVOLA 1981 SA fue señalada en mayo de 2015 por CC OO. Entonces, el sindicato denunció la decisión de la empresa adjudicataria de prescindir de los servicios de todos los educadores que trabajaban en CanalEduca por negarse a firmar contratos en fraude de ley.

Según CC OO, el Canal de Isabel II se negó a hacerse cargo y a mediar entre la empresa y los trabajadores, permitiendo que educadores cualificados con antigüedades de hasta siete años en el proyecto perdieran sus puestos trabajo.

Como explicaron los propios educadores en una campaña de recogida de firmas en change.org, los educadores del programa CanalEduca, una programa del Canal de Isabel II, eran contratados mediante contratos temporales por obra y servicio.

El programa, gestionado por diferentes empresas adjudicatarias mediante concurso, recayó en enero de 2015 en la empresa Lavola 1981 SA, que ya había gestionado el proyecto el año anterior.

Al renovarse la adjudicación para otros dos años, la empresa ofreció a los trabajadores “un contrato fraudulento en el que los educadores firmaríamos 40 horas de trabajo semanales, pero trabajaríamos 32 horas reales y cobraríamos en base a esas 32 horas (un salario muy por debajo del que determina el Convenio Laboral de Educación Ambiental en Madrid)”, explicaban.

La empresa ofreció a los trabajadores un contrato por el cual trabajarían 40 horas y cobrarían 32 horas

Al negarse a aceptar estas condiciones, “la empresa nos hizo otra propuesta en la que esta vez sí coincidían las horas de trabajo firmadas y las reales a hacer posteriormente, pero en la que nos rebajaban el sueldo con respecto al año anterior y nos aplicaban la categoría de auxiliar administrativo, que nada tiene que ver con las tareas de un educador ambiental”.

Como contaron entonces, ante la petición de los educadores para negociar sus condiciones laborales, la responsable de CanalEduca, Pilar Gómez, reiteró que Canal de Isabel II Gestión no tenía ninguna relación contractual con los educadores y que por tanto “ni quería ser informada, ni podía hacer nada al respecto”. Los educadores perdieron sus puestos de trabajo.

El Ayuntamiento, preguntado por El Salto sobre esta adjudicación, asegura que la delegación de servicios de limpieza y recogida no tenía conocimiento de esta denuncia y explican que la empresa adjudicataria “reunía la solvencia necesaria para presentarse al concurso y se encontraba al corriente de los pagos con hacienda y la seguridad social”, tal y como requiere el pliego del concurso que recoge el perfil del contratante.

La delegación de limpieza asegura que los criterios de adjudicación que se establecían en los pliegos eran objetivos y que la empresa adjudicataria es la que obtuvo mayor puntuación en las valoraciones de los mismos.