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La India ha saldado esta semana una cuenta pendiente con millones de sus ciudadanos. Una deuda histórica que se remonta al Imperio Británico y que se ha arrastrado a lo largo de siete décadas como país independiente. Un compromiso por el que muchos lo han dado todo. Un camino todavía inacabado.
Con la anulación de parte del artículo 377 del Código Penal, que criminalizaba a “quien voluntariamente tenga relaciones carnales contra el orden de la naturaleza”, el Tribunal Supremo del país asiático aleja de su marco legal la moral puritana absorbida durante la época victoriana. En ese controvertido apartado, prácticas como el sexo anal y oral, ya fueran entre personas homosexuales o heterosexuales, se interpretaban como un delito castigado con prisión. Esto limitaba las relaciones sexuales legales, o “naturales”, a las practicadas entre un hombre y una mujer, ciñéndose al pene y la vagina.
La metrópoli londinense implantó sus vetos sobre las orientaciones sexuales no hetero en un territorio que llevaba siglos aceptando un amplio abanico de diversidades sexuales e identitarias
Aquella herencia británica, que la reconocida abogada Menaka Guruswamy definió como un “legado colonial terrible”, data de 1861 y se inspira en la ley de sodomía de 1533, promulgada durante el reinado de Enrique VIII. La metrópoli londinense implantaba así sus vetos sobre las orientaciones sexuales no hetero en el subcontinente indio, un territorio que, sin embargo, llevaba siglos aceptando un amplio abanico de diversidades sexuales e identitarias, tal como puede verse hoy día en representaciones literarias o mitológicas y en los grabados que decoran templos hindúes milenarios. Como dijo en su momento el escritor bengalí Vikram Seth, “es la homofobia lo que vino a la India, no la homosexualidad”.
En 1947 la metrópoli se marchó. El artículo 377, en cambio, se quedó. Y ha perdurado hasta ahora. La decisión histórica y unánime de cinco jueces del Tribunal Supremo significa que el polémico apartado no podrá ser aplicado para criminalizar actos consensuados entre adultos, pero sí para castigar casos de “bestialidad”, un concepto que se aplica en agresiones sexuales o en prácticas con animales. El presidente del tribunal, Dipak Misra, se mostró contundente al definir el apartado 377 como una norma “irracional, indefensible y manifiestamente arbitraria”. “Cualquier discriminación que se base en la orientación sexual es una violación de los derechos fundamentales”, dijo el magistrado al leer el fallo.
Este paso supone que las autoridades no puedan amenazar a miembros de la comunidad LGBT con denunciarles
Este paso supone, además, que las autoridades públicas, los policías, los empleadores u otros ciudadanos no puedan amenazar a miembros de la comunidad LGBT con denunciarles por su orientación sexual, un hostigamiento que sufren habitualmente. Los jueces, de hecho, reconocieron esta semana que el artículo 377 se ha utilizado de manera común como “un arma para acosar a los miembros de la comunidad LGBT”.
Por eso, activistas LGBT, organizaciones humanitarias y magistrados coinciden en que la decisión del Supremo va más allá de despenalizar un delito. Es una cuestión de equiparar y reconocer derechos fundamentales. Así lo señaló el juez D. Y. Chandrachud al afirmar que “negarle a la comunidad LGBT su derecho a la orientación sexual es negar su ciudadanía y violar su privacidad. No pueden ser empujados a la oscuridad por una legislación colonial opresiva”. Chandrachud participó el año pasado en la sentencia del alto tribunal que determinó que la privacidad es un derecho fundamental.
“Tengo 29 años. El tribunal más alto de mi país me ha dicho finalmente que soy, inequívocamente, un ciudadano más. Que tengo, inequívocamente, el derecho a amar”, decía el activista queer Danish Sheikh en plena celebración de la victoria judicial.Una celebración que empezó en la mañana del jueves en las calles de las principales ciudades, que resistió por la tarde a las lluvias del monzón y que se trasladó, ya de noche, a los clubes que suele frecuentar el colectivo gay.
Entre la comunidad LGBT reina estos días el optimismo frente a una ventana que acaba de abrirse y que espera que no vuelva a cerrarse. La activista transgénero Kalki Subramaniam, originaria de Tamil Nadu, al sur del país, es hoy pura esperanza. “Me siento victoriosa y orgullosa. Todos estos años de culpa y miedo por las atracciones que sentimos nos han estado oprimiendo. Me siento positiva de cara a los días que vienen. Ahora que ha caído el apartado 377, la gente empezará a preguntar por qué y eso abrirá el camino hacia la inclusión y la aceptación”.
Pero la realidad en las calles de India obliga a tomar la decisión del Tribunal Supremo como un primer paso en un camino en el que queda mucho por recorrer. India es un país que deposita en la familia, y no en el individuo, la decisión de elegir con quién compartirá éste su vida. La libertad de amar queda cercenada en una sociedad en la que imperan los matrimonios concertados.
La población, profundamente conservadora, sigue castigando con el rechazo y el ostracismo a quienes desafían su destino y más aún a quienes hacen pública su orientación no heterosexual. El miedo a la deshonra familiar, a la persecución de la comunidad, al rechazo en el mercado laboral, al acoso en el lugar de trabajo y a la violencia física llevan a muchos gais, la mayoría,al secretismo, a las huidaso la resignación a ser algo que saben que no son.
En ese sentido, la despenalización de las relaciones homosexuales que dictó el Tribunal Superior de Delhi en 2009 sirvió como espaldarazo para una salida masiva del armario, así como para una mayor aceptación social. El sueño se vino abajo cuatro años después, cuando el Tribunal Supremo anuló aquella orden, obligando a la comunidad LGBT a volver a la oscuridad de siempre.
Todavía hoy la creencia de que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar es alentada por políticos indios y líderes espirituales con millones de seguidores. Además, en una sociedad tan devota como la india, la férrea oposición de los grupos más conservadores de las distintas religiones,que propugnan que la homosexualidad es una aberración importada de Occidente, también hace mella en el imaginario colectivo. De ahí la importancia de declaraciones como la de los jueces del Supremo, que remarcaron la necesidad de abandonar la idea de creer que la homosexualidad es “un desorden mental”. La orientación sexual, insistieron, es natural e individual.
“Lo que une a los individuos LGBT con las parejas que se aman superando castas y líneas comunitarias es el hecho de que ambos están ejerciendo su derecho al amor ante un enorme riesgo personal y en el proceso alteran las líneas existentes de la autoridad social”, dijo el jueves el juez Chandrachud, unas palabras que llevan inevitablemente a la siguiente pregunta: ¿será este el inicio para acabar legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo en India?
“Ya no soy ilegal ni me ocultaré en la sombra. Puedo vivir libremente. Espero que ahora mi matrimonio con mi marido también se reconozca. Lucharé por ello”
Este derecho, como el de adoptar o el de recibir una herencia, se encuentra por el momento en la lista de deberes pendientes. “Ya no soy ilegal ni me ocultaré en la sombra. Puedo vivir libremente. Espero que ahora mi matrimonio con mi marido también se reconozca. Lucharé por ello”, dijo a la prensa el empresario Keshav Suri, uno de los demandantes que llevó a los tribunales el artículo 377, tras escuchar el fallo del Supremo.
Queda mucho trabajo. Tumbar una ley es más sencillo que cambiar una mentalidad profundamente arraigada. Lo sabe toda la comunidad LGBT de la India. Lo saben también los jueces. Por eso Misra, el presidente del alto tribunal, concluyó su lectura de la sentencia apelando a las cadenas que faltan por romper: “La exclusión social, el aislamiento de la identidad y la marginación de la corriente mayoritaria siguen siendo las duras realidades a las que se enfrentan los individuos hoy y sólo cuando cada uno se libere de los grilletes de esa esclavitud podremos llamarnos una sociedad verdaderamente libre”.
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