Minería
Organizaciones ecologistas denuncian el boom de la minería especulativa

El pasado 25 de abril se cumplieron 20 años del conocido como desastre de Aznalcóllar provocado por la rotura de una balsa minera —propiedad de la empresa sueca Boliden—, que causó vertidos tóxicos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Con motivo de este aniversario las cinco principales organizaciones ecologistas del Estado señalaron el riesgo de que un desastre así se vuelva a producir.

Ese mismo día, en Ávila, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León emitía una valoración negativa a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de cantera de feldespato en la sierra de Ávila, uno de los tres proyectos en marcha actualmente en esa provincia.

Otros muchos proyectos han ido surgiendo en fechas recientes, como el de las denominadas 'tierras raras', al sur de Ciudad Real, de uranio en Retortillo (Salamanca), de cobre entre los concellos coruñeses de Touro y O Pino; de litio y wolframio en Cáceres capital y su provincia respectivamente; de zinc y plomo en Cantabria; de potasas entre Aragón y Navarra y un largo etcétera que extiende esta lista a todas las provincias del Estado.

A la vista de estos múltiples casos, podríamos hablar de un intento de resurgimiento de un sector que, según los últimos datos disponibles —de 2015—, generaba 29.097 empleos directos en las 2.853 explotaciones con producción registradas en esa fecha.

No son casos aislados

Preguntamos a Roberto Martínez Orio, jefe del Área de Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre esta proliferación de casos. Para él existe un cierto repunte de solicitudes de explotación en la minería metálica, mientras que otros minerales tradicionalmente punteros, como la sepiolita o la glauberita, se han mantenido en un nivel alto. Sin embargo, en aquellos materiales relacionados con la construcción se ha producido un retroceso desde que ese sector entró en crisis hace ya una década.

Elena Solís, abogada ambientalista y miembro de Ecologistas en Acción, sí que nos habla, en cambio, de un auténtico “boom de la minería especulativa” por la cantidad de nuevos proyectos mineros que están surgiendo por doquier en casi todas las comunidades autónomas, resucitando minas dormidas y sacando a concurso multitud de proyectos nuevos.

Algo parecido opina Carles Mulet, senador de Compromís, para quien se trata de “una burbuja especulativa que concede licencias a empresas muy opacas” y que no responde a una demanda real, como por ejemplo la industria cerámica de Castelló en los casos de las minas de feldespato. Esta dinámica supone, en su opinión, una mayor desprotección de la población, ya que no saben cuáles serán las consecuencias de la proliferación de estas explotaciones.

“Podemos hablar de 'minería especulativa' porque, además de tener como objetivo final la reventa de los permisos a empresas mineras que extraerán recursos, con todo el daño ambiental y social que eso conlleva, su objetivo inmediato es obtener ganancias antes de la explotación”, explica Solís. Estas ganancias se generan en los mercados financieros, donde los proyectos se convierten en instrumentos que se usan como cebo para atraer inversores privados, y en bolsa, donde la compra de acciones de la compañía dueña de los derechos, a su vez, contribuye a inflar artificialmente su valor.

Como ejemplo, Solís nos cuenta el caso de la mina de litio de Cáceres y advierte: “Mientras Valoriza Minerías —el brazo minero del grupo Sacyr— tramita los permisos en Extremadura, su socio, Plymouth Minerals, va informando a sus inversores en la bolsa australiana de que casi tiene concedidos los permisos y hecho el estudio de viabilidad de la mina. Aunque el ayuntamiento de Cáceres haya paralizado las obras porque carecían de los permisos urbanísticos necesarios, las acciones de Plymouth Minerals han subido considerablemente. Esta empresa ya ha sido paralizada por las autoridades bursátiles australianas en dos ocasiones porque los permisos de investigación no llegaban a materializarse”.

Siguiendo este modelo de “finanzas del espectáculo”, numerosas compañías mineras internacionales con poco capital social cotizan en mercados secundarios poco regulados, como los de Toronto, Australia o Londres, para atraer a fondos privados de inversión, y están consiguiendo permisos mineros a través de empresas pantalla españolas.

A este respecto, Solís señala también que “el carácter especulativo de un proyecto no impide que no haya desastre ambiental” ya que, por ejemplo, “en el de uranio de Retortillo [Salamanca] la empresa Berkeley empezó hace mucho tiempo a talar hectáreas y hectáreas de encinas centenarias”. Para ella, estas imágenes sirven para que los inversores vean que hay avances convirtiéndose en un “espectáculo de destrucción para mantener el beneficio de la empresa”.

El caldo de cultivo: la ley de minas y la política de la UE

Pero todo este proceso, surgido por un lado al calor de la crisis financiera que se inició hace una década, tiene unas circunstancias beneficiosas que lo hacen posible en el Estado español en este momento. Por un lado, la ley de minas de 1973 y, por otro, la política estratégica de la Unión Europea con respecto a los recursos minerales.

La ley vigente en la actualidad se aprobó en los estertores del franquismo —es, por tanto, preconstitucional— y, según un informe publicado recientemente por SEO Birdlife, “es en realidad una herramienta de carácter técnico y existe una importante inercia que favorece su mantenimiento, tanto entre las empresas como entre las administraciones públicas”. Además,  es previa a la organización autonómica, que es sobre la que reposan buena parte de las competencias sobre minería, y “está lejos de incorporar criterios de sostenibilidad y no está adecuada a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que establece la normativa vigente”, según sostienen desde esta asociación dedicada a la conservación de la naturaleza.

Como ejemplo de este conflicto competencial entre ley estatal y normativas autonómicas, el senador Mulet nos cuenta el caso de Prat de Cabanes-Torreblanca, uno de los principales humedales de la Comunidad Valenciana. A pesar de estar protegido desde 1989, figurar en el listado Ramsar, ser Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y formar parte de la Red Natura 2000,  no se pudo impedir que se continuara con la práctica de la extracción de turba dentro de este humedal por primar la ley estatal sobre la protección autonómica.

La reforma se ha intentado en varias ocasiones, las más importantes en 2003 y 2015. Pero, según SEO Birdlife, hasta ahora ningún gobierno se ha esforzado realmente por cambiarla y el Partido Popular ni siquiera lo llevaba en su programa. Mulet explica cómo, dentro de los grupos políticos, todos están de acuerdo con la necesidad de cambio pero “nadie le pone el cascabel al gato” y observa que, al menos en el Senado, no hay debate global para el cambio de esta ley. A su juicio y el de su grupo parlamentario, es necesaria una reforma que dé como resultado “una ley que impida la especulación y que permita una explotación razonable que esté limitada desde una perspectiva medioambiental”.

Martínez Orio, del IGME, señala por su parte que la ley es muy antigua pero que se adelantó a su tiempo, y que el hecho de que haya durado tantos años prueba que era una buena herramienta legal. Reconoce sus carencias, ya señaladas anteriormente: no contempla la realidad autonómica y tiene grandes carencias en regulación ambiental y seguridad en el trabajo. Nos cuenta que, dentro del sector, hay diversidad de opiniones en cuanto a la necesidad de cambio legal, habiendo actores que temen que este cambio les pueda perjudicar al complicarse los procedimientos de explotación.

Mientras se produce este cambio, el actual marco legal permite, según Solís, que se desarrolle la “principal causa de la burbuja minera en España: la estrategia de materias ‘críticas’ de la UE”, que son “fundamentalmente metales, elementos metálicos y minerales industriales, como tierras raras, wolframio, litio, cobre, zinc, titanio, potasas o fosfatos”. La Unión Europea los considera fundamentales para el desarrollo económico y para la llamada “transición energética”, y, por ello, pretende extraerlas mayoritariamente de territorio comunitario, evitando así la importación de China.
Sin embargo, Solís afirma que esto es “una falacia”, puesto que “la demanda de estos metales ha caído porque la economía en China se ha ralentizado y habría que excavar toda Europa para conseguir la cantidad de metales que necesitamos”. Además, detrás de estos entramados empresariales especulativos se encuentran también involucradas, directa o indirectamente, empresas chinas, por lo que el mineral acabaría igualmente en sus manos.

Orio también señala como utópico el objetivo de un autoabastecimiento de materias primas en la industria europea, pero sí cree que es factible, al menos, tratar de ser menos dependientes en las que denomina como materias primas críticas, es decir, aquellas que están en manos de pocos productores mundiales, lo que puede poner en riesgo su suministro.

Por otra parte, Solís nos explica cómo la Comisión Europea lleva esta política a la práctica a través de acuerdos con las comunidades autónomas denominados planes estratégicos de recursos minerales no energéticos (PERMINE), fruto de los cuales, la mayoría de ellas han sacado estrategias incentivando la minería sin prácticamente ninguna información pública.

Pero no solo las organizaciones ecologistas se hacen eco de esta política europea, hace unos meses aparecía un artículo en la web de la empresa que explota la mina sevillana de Las Cruces en el que se hablaba del programa de la Unión Europea denominado Horizonte-2020 que pretende, con un ambicioso presupuesto de 80.000 millones de euros, impulsar la revitalización de la industria minera en la Unión. En este mismo artículo se recoge cómo esta inversión se utilizará para “afianzar un modelo tecnológico avanzado de minería sostenible” para la faja pirítica ibérica, en la que se sitúan las explotaciones mineras más antiguas de la península, así como las minas de Aznalcóllar.

“Los políticos han vendido nuestro territorio sin consultarnos y la UE ejerce de celestina entre compañías mineras multinacionales, universidades y empresas pantalla locales que se supone que están innovando nuevas formas de extracción y concentración”, concluye Solís. En contraste con esta supuesta innovación, pone como ejemplo el caso de Torrenueva (Ciudad Real), donde un supuesto laboratorio de última tecnología promovido por la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, Quantum Minerías y otros socios es, en realidad, un corral a las afueras del pueblo.