Medio ambiente
Las Zonas de Bajas Emisiones de Alicante: sombras y luces de un proyecto que no termina de arrancar

Alicante se suma a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) siguiendo con las indicaciones europeas. El plazo máximo de cumplimiento es diciembre de 2023, pero mientras la ciudad pide más tiempo para su implementación, la oposición señala la insuficiencia de las reformas.
Terrazas 3
Zona peatonal en el centro de Alicante. Miguel Ángel Valero
10 dic 2022 05:00

Como todas las localidades españolas de más de 50.000 habitantes, Alicante se lanza a la carrera para adaptarse a la normativa europea y establecer dos Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes de que se termine el 2023. Los objetivos son la mejora medioambiental y social en las ciudades, la lucha contra el cambio climático y la reducción de la polución para mejorar la calidad del aire.

Las reformas entrarán en vigor de manera progresiva en dos anillos de la ciudad. El primero, exterior, y arteria principal de tráfico, abarca casi un 20% del municipio y afecta a 22 barrios. El segundo, interior, ubicado en el centro urbano y que incluye el Casco Histórico, tiene una superficie de aproximadamente 54 hectáreas.

Para conseguirlo, el ayuntamiento ha previsto una inversión de 37 millones, de los cuales 15 pertenecen a las subvenciones de los Fondos Europeos, para poner en marcha 14 proyectos y, de esta manera, implantar las ZBE antes de la fecha estimada. En caso de que no se llegara a tiempo el dinero se perdería.

Puesta en marcha de las ZBE

La ciudad ha iniciado un proceso de reurbanización que incluye cambios en la modalidad de transporte y pone como prioridad la incorporación de movilidad alternativa, como los autobuses eléctricos. Esto supondrá un reacondicionamiento de las calles y avenidas para aumentar la peatonalización, ampliar las aceras y calmar la velocidad de la circulación. Con tal de hacerlo posible, y de acercarse al mismo tiempo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Ayuntamiento ha elaborado la Agenda Urbana Alicante 2030.

Con todo, se prohibirá el acceso a los anillos a los vehículos con alto nivel de contaminación, algo que se vigilará con los sistemas inteligentes de reconocimiento de matrículas, actualmente en proceso de instalación. Sin embargo, estas restricciones se efectuarán cuando las emisiones alcancen niveles superiores a los permitidos, esto es, en ocasiones puntuales, teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra dentro del índice de las menos contaminadas de España. Como forma de control se utilizarán los datos extraídos de las estaciones de medición de calidad del aire de la ciudad y los de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.

Aplicando estas medidas, a largo plazo se conseguiría reducir el 60% de las emisiones de CO2, casi el 90% de CO, un 95% el NOx y el PM10, un 20% de la contaminación acústica, y hasta un 20% de tráfico rodado.

Las reformas de Barcala a debate

“Fallan en lo principal”. Estas fueron las palabras de Natxo Bellido, portavoz de Compromís, durante la jornada “Hacia la Ciudad Cero”, refiriéndose a las reformas realizadas en el Paseo de los Mártires y la Avenida Eusebio Sempere. A pesar de incluir mejoras y adaptarse a las condiciones de las ZBE, excluyen los carriles bici, no reducen las vías para el transporte privado y no incluyen a los autobuses, por lo que la oposición la señala como insuficiente. “Es el ejemplo perfecto de la descoordinación y falta de planificación”, declaró el portavoz, asegurando que “hay que integrar la movilidad sostenible como parte del proceso de transformación y modernización urbana que la ciudad de Alicante todavía tiene pendiente”.

Xavier López, portavoz del grupo municipal Unides Podem, declara que “Barcala no está haciendo nada en la ciudad”. “La remodelación del fondo de saco de la Explanada entre la calle Bilbao y La Rambla es la única que se ha hecho con la intención de calmar el tráfico, pero no potencia el transporte público ni la bici”, denuncia López. Desde su partido critican la obsolescencia que tendrán estas medidas y la “apuesta del ayuntamiento por reformas inmediatas” que no piensan en el futuro de la ciudad.

Ejemplo de ello han sido las reformas de la Avenida Aguilera, en las que en un primer momento ampliaban de cuatro a seis los carriles de circulación, dejando las aceras estrechas y sin contar con carriles bici. Estas medidas no cumplían con el Plan de Movilidad Sostenible de Alicante (PMUS), creado en 2013 por el propio gobierno del Partido Popular, e incluso el concejal de Urbanismo se mostró en desacuerdo. Ante esto, y en su defensa, el edil del proyecto afirmó que no se trataba de un “proyecto de ciudad”, sino de la concejalía de Transportes.

Desde el Colectivo Social por Benalúa criticaron que la reforma “choca de frente con el objetivo de pacificar el tráfico, ganar espacio para las personas ampliando aceras y la cubierta vegetal, y potenciar el uso del transporte público y la bicicleta”. Bellido aseguró, por su parte, que la reforma “representa un atentado contra la sostenibilidad, el sentido común y la transformación de la movilidad urbana”. Todo ello, junto con la encuesta vecinal que realizó el PSOE, que confirmó una clara oposición (85%), instó al gobierno de Barcala a modificar el proyecto. Sin embargo, esta rectificación sigue siendo insuficiente, ya que se reducirán los carriles para ampliar las aceras, pero no valoran incluir un carril bici. Sigue sin cumplir, así, el PMUS.

“En esta reforma nos gastamos miles de euros y no cumple ni con el PMUS que crearon ellos. El Ayuntamiento no cumple ni sigue sus propios planes municipales”

“En esta reforma nos gastamos miles de euros y no cumple ni con el PMUS que crearon ellos. Ahora el Ayuntamiento dice que más adelante lo cumplirá, pero si no se hace ahora difícilmente se hará más tarde. El Ayuntamiento no cumple ni sigue sus propios planes municipales”, denuncia Xavier López.

Son estas tres las que se han puesto en marcha, y ninguna cumple totalmente con los objetivos de las ZBE. Por su parte, desde el ayuntamiento Barcala aseguró en la mesa redonda “Zonas de bajas emisiones hacia la descarbonización de las ciudades”, celebrada en junio de este año, que el objetivo general del proyecto “no es la restricción de la movilidad, sino la monitorización, la medición y toma de datos sobre el tráfico que permita la adopción de otras medidas en caso necesario”.

La red de autobuses, clave para las ZBE, insuficiente

Para lograr la buena acogida de las ZBE y que se adapte a Alicante, se debe apostar, en primer lugar, por conexiones de transporte públicas suficientes que se adapten a las necesidades de sus habitantes, algo que, según la oposición, no se consigue. Las consecuencias son, según López, que “se continuará usando el privado y habrá más reticencias y comentarios negativos a las medidas del ZBE”. Para evitarlo, la solución sería “impulsar la peatonalización y que hubiera una mejora real del transporte público”, ya que, en ese caso, “el cambio sería progresivo, no tan grande, y habría una mayor adaptación y acogida”, explica el portavoz.

Coincidiendo con las reformas, este año ha habido un cambio de contrata de autobuses que, según declaró Compromís, el ayuntamiento no ha aprovechado. Las razones son que no se ha conseguido reforzar la conectividad y la coordinación de horarios con los centros de trabajo e instituciones educativas. Desde Unides Podem declaran que “no responde a la necesidad de la ciudad del siglo XXI. Veníamos de una contrata de 50 años y el proyecto presentado no fomenta la movilidad radial y hace complicada la interconexión entre barrios”. Además, López apunta que “se ha perdido una oportunidad importante para conformar una empresa pública metropolitana de transporte que tienen otras ciudades, como Valencia, y aquí se externaliza”, denuncia.

Como máximo, el 31 de diciembre de 2023 las ciudades deben tener instaladas al menos una ZBE. Para la Federación Española de Municipios y Provincias esta fecha no se adecúa al trabajo que conlleva conseguirlo y solo el 13% de las ciudades lo lograría

¿Es viable el plazo de las ZBE?

Como máximo, el 31 de diciembre de 2023 las ciudades deben tener instaladas al menos una ZBE. Para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) esta fecha no se adecúa al trabajo que conlleva conseguirlo y, según fuentes municipales, solo el 13% de las ciudades lo lograría. Alicante, por su parte, no ha marcado todavía una fecha de finalización del proyecto.

El principal problema, según la FEMP, es la no concreción para el desarrollo del reglamento de Ley, que impide a los ayuntamientos avanzar siguiendo unos criterios de actuación y que “los ayuntamientos puedan establecer la correspondiente ordenanza reguladora de estas zonas”. Así lo afirmó su presidente, Abel Caballero, en las jornadas “Hacia la Ciudad Cero”, que remarcó, además, “la inseguridad jurídica de avanzar sin conocer en detalle cómo ha de ser el desarrollo de este proceso de implantación”.

Sin embargo, las ZBE a nivel nacional viene de lejos. Ya en 2020 el PSOE del grupo municipal propuso abordar algunas transformaciones destinadas a paliar los efectos de la pandemia implantando una ZBE provisional que serviría como preparación para la futura. Un año después, en 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó las Directrices para su creación en todo el país y Alicante acordó su implantación y su adhesión al programa de ayudas. Desde entonces ha pasado un año y las mejoras realizadas hasta ahora han sido insuficientes. Habrá que esperar para determinar si realmente la ciudad pueda llegar a convertirse en sostenible, “más amable, más habitable, […] respetuosa con el medio ambiente”, como declaró Barcala, o si “perdemos trenes que no volverán a pasar nunca”, como sentencia López.

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