Perú
Narcotráfico en territorios indígenas amazónicos

Marcelino Tangoa es el jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu del pueblo Kakataibo, ubicado en Huánuco en la Amazonía centro oriental del Perú, asumió el cargo después de unos meses de consternación y temor, al cabo del asesinato de Arbildo Meléndez en abril del 2020, el anterior jefe de la comunidad. A partir de allí su objetivo principal fue seguir exigiendo a las autoridades competentes cumplir con la ley, asegurando jurídicamente su territorio a través de un título de propiedad colectivo y reestableciendo la paz social en su pueblo.

Dos años y medio después aún no lo consigue, lo que sí no ha cesado son las amenazas, hostigamiento y violencia que ha imperado en su territorio. Marcelino tuvo que abandonar temporalmente su comunidad, y sus compañeros se vieron sometidos al asedio de intrusos. La profesora del único centro educativo, que se unió a los reclamos, abandonó la comunidad después de un intento de asesinato. Los responsables de este ambiente agreste en medio de la selva amazónica son invasores que se dedican a la siembra de coca, donde también se produce y comercializa a través de vuelos en avionetas clandestinas.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) acaba de publicar un reporte donde muestra que, en 2021, la siembra de hoja de coca ha avanzado especialmente en territorios indígenas, donde se reportan 15 380 hectáreas

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) acaba de publicar un reporte donde muestra que, en 2021, la siembra de hoja de coca ha avanzado especialmente en territorios indígenas, donde se reportan 15.380 hectáreas, de las cuales 11.102 corresponden a comunidades nativas —71% más respecto al 2020— y 4.278 a comunidades campesinas, 22% más respecto al 2020. Además, las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, donde suelen estar asentadas muchas comunidades indígenas, han incrementado un 36% más respecto al año anterior, con un total de 12.436 hectáreas de cocales.

El narcotráfico, en sinergia con otras formas de economía ilegal, está en disputa directa del control territorial amazónico. La información analizada refiere que iniciada la pandemia Covid-19 la débil institucionalidad estatal que existía en zonas lejanas se contrajo o desapareció, mientras que la criminalidad se fue expandiendo en algunas zonas, de forma violenta. Prueba de ello son los 18 asesinatos en la Amazonía en dos años y medio, una cifra record para el Perú. El narcotráfico tiene además estrategias más sutiles para penetrar en zonas empobrecidas, donde ningún producto alternativo puede competir con la siembra de coca, demandada de forma abrumadora por los 21 millones de consumidores de cocaína del norte global.

El caso Unipacuyacu es representativo, una comunidad cercada por el narcotráfico muestra que, a pesar de la buena voluntad de algunas autoridades del gobierno central, la titulación colectiva, la erradicación de cultivos de coca o la protección efectiva de los miembros de la comunidad es una quimera porque, en buena parte, la implementación de esa buena voluntad, se tendrá que resolver en el mismo territorio, y allí no imperan las normas del Estado, impera el poder económico del narcotráfico capaz de corromper a todas las autoridades que se opongan a sus objetivos. Según información del Ministerio de Desarrollo Agrario existen 64 comunidades nativas sin títulos de propiedad que se encuentran en zonas de conflicto y emergencia, ya sean asediadas por el narcotráfico, la tala y minería ilegal, el tráfico de tierras; es decir territorios comunales cercados por la criminalidad organizada.

Los pueblos indígenas ya no solo son barreras para evitar la destrucción de los bosques, hoy son la primera línea que enfrenta a la criminalidad organizada, sin recibir ninguna ayuda pública ni estar preparados para ello

Lo cierto es que no existe hasta el momento una respuesta gubernamental efectiva para asegurar tierras indígenas donde existe violencia, incluso con el reciente Mecanismo Intersectorial para la Protección a Persona Defensores de Derechos Humanos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los avances son exiguos. A pesar que el mecanismo permite la articulación de nueve instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio Público, Ministerio del Interior, Cultura, Ambiente, DEVIDA, Ministerio de Desarrollo Agrario, con la observación de organismos supranacionales, no se ha logrado todavía entrar al territorio para titular la comunidad, ni proteger de manera eficiente las vidas de las personas defensoras amenazadas.

En estos dos años y medio de contracción institucional si no es custodiados por fuerzas militares y policiales, ninguna institución pública puede garantizar cumplir sus funciones fiscalizadoras o simplemente hacer respetar la ley. Los pueblos indígenas ya no solo son barreras para evitar la destrucción de los bosques, hoy son la primera línea que enfrenta a la criminalidad organizada, sin recibir ninguna ayuda pública ni estar preparados para ello.

Los resultados son claros: las víctimas del narcotráfico son pueblos indígenas (11 de los 18 asesinatos son por esa causa). La presencia del Estado es urgente, pero antes, para operar en ese ámbito es necesario establecer protocolos de actuación en territorios indígenas donde exista narcotráfico u otro tipo de crimen organizado, para evitar represalias, después establecer servicios oportunos duraderos para la población, así como proyectos alternativos sostenibles que prioricen la economía indígena.

No se puede enfrentar por vías separadas la deforestación en la Amazonía para evitar el cambio climático, financiando con cuantiosos recursos, sin que exista una efectiva protección a la vida e integridad de los pueblos indígenas en territorios donde las economías ilegales se van imponiendo con violencia.