Memoria histórica
La Justicia Universal busca a El Posturas, presunto asesino de Arturo Ruiz

Recuerdo especialmente aquel crimen porque tuvo lugar en una de las zonas que yo frecuentaba a menudo, por residir no demasiado lejos del lugar. Fue uno más de los atentados que el terrorismo de ultraderecha -entonces muy activo- perpetró en aquellos agitados años que querían abrir el camino de la Transición. Se cometieron en no pocos casos con la connivencia de la policía tardofranquista y algunos de ellos quedaron impunes. El pasado jueves se cumplieron 43 años de la muerte en el centro de Madrid de Arturo Ruiz, un joven estudiante granadino de 19 años.

Ocurrió el domingo 23 de enero de 1977, con motivo de la manifestación convocada en pro de la amnistía que no había sido autorizada por el ministro de Gobernación Martín Villa, con Juan José Rosón como responsable del Gobierno Civil de Madrid. Miles de personas se dieron cita en los alrededores de la Plaza de España, dando lugar a una violenta intervención de la Policía Nacional que dispersó a cientos de asistentes por las calles próximas a la Gran Vía (avenida de José Antonio entonces) y la Plaza de Callao. En la intercesión de las calles Silva y Estrella, varios grupos de pistoleros ultraderechistas se apostaron para provocar verbalmente a los manifestantes y hacer uso después sus armas. Arturo Ruiz cayó fulminado por dos disparos de pistola por la espalda.

Los hermanos de Arturo están seguros de que “fueron a por mi hermano, quizás le reconocieron por su físico y porque le conocerían de otras….ocasiones”. El autor material y el grupo acompañante huyó del lugar, sin ser identificado ni detenido por la policía antidisturbios que, sin embargo, sí destruyó un “sencillo señalamiento con ladrillos en forma de cruz en donde se apreciaba un gran charco de sangre”, según leemos en una reciente información publicada por el diario El Independiente de Granada. 

Iniciada la investigación policial por presunto asesinato -y descartada la primera versión oficial del Gobierno Civil que hablaba de “enfrentamientos con agentes policiales o de enfrentamientos entre grupos de manifestantes y contra-manifestantes”-, se identificará como autor de los disparos a un tal José Ignacio Fernández Guaza, alias El Posturas, de 29 años, integrante del grupo ultraderechista Triple A, y conocido pistolero muy reputado en las cloacas de la seguridad del Estado. El Posturas pasó en menos de 24 horas del País Vasco a Francia y de aquí, presumiblemente, a Argentina -según el citado periódico-, sin que se volviera a saber de su paradero. Sin embargo, la hermana del presunto asesino habría manifestado en la instrucción judicial que “trabajaba para la Guardia Civil o la Policía;…. realizaba funciones que la Policía no podía hacer”. Hoy, si vive, tendría 72 años. 

Como cómplice de Fernández Guaza fue detenido Jorge Cesarsky, líder de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A, que fue condenado a 6 años por delito de terrorismo y tenencia ilícita de armas (prestó su pistola para que Fernández Guaza efectuara los disparos), pero sólo cumplió uno al beneficiarse precisamente de la amnistía que demandaba el propio Arturo Ruiz en las calles. 

El de Arturo Ruiz fue el asesinato que daría paso a la llamada semana negra de enero de 1977, sobre la que el director Juan Antonio Bardem realizó dos años después el documental Siete días de enero. Un día más tarde de la muerte de Ruiz, otra estudiante, María Luz Nájera, perdía la vida como consecuencia del impacto de un bote de humo disparado por la policía para dispersar a los manifestantes que protestaban en el mismo lugar donde la ultraderecha mató al estudiante granadino. Fue también esa misma noche cuando un grupo de matones de la ultraderecha asesinó a cinco personas de un despacho laboralista de la calle Atocha, militantes de Comisiones Obreras y el Partido Comunista, un hecho que por su impacto popular y mediático, y también por la ideología de las víctimas, difuminó los dos asesinatos anteriores, olvidados a lo largo de décadas. Todavía hoy se está a la espera de que Brasil extradite a Carlos García Juliá, condenado en 1980 a 193 años de cárcel por haber sido uno de los autores materiales del atentado terrorista de Atocha. García Juliá se encuentra prófugo desde que en 1994 obtuvo la libertad condicional y huyó a América Latina. Se le había perdido la pista hasta que fue arrestado en diciembre de 2018. 

El pasado jueves, medio centenar de personas se reunieron en la plaza Soledad Torres Acosta para recordar a Arturo Ruiz. En esa plaza, la anterior corporación municipal del Ayuntamiento de Madrid logró colocar una placa conmemorativa in extremis, el último día de su gestión. La placa está en el respiradero de un garaje subterráneo porque ninguna de las comunidades vecinales de los edificios próximos al lugar exacto del crimen, entre los números 23 y 25 de la calle Silva, dio el correspondiente permiso. Puede que en esas comunidades la memoria democrática de este país no cuente, les sea indiferente o se le tenga la misma aversión que dejó patente la actuación de la actual corporación municipal eliminando las lápidas con los nombres de los republicanos fusilados por la dictadura en el cementerio de La Almudena. 

Durante la Transición se produjeron en España 700 víctimas mortales, de las que 512 corresponden a acciones terroristas de ETA y GRAPO, y 188 se deben a las Fuerzas de Orden Público y aparatos del Estado en connivencia con grupúsculos de la extrema derecha. No fue, por lo tanto, una Transición modélica, tal como se nos vendió. Recordaba en un reciente artículo Rafael Gil, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, que en estos días una misión del Parlamento Europeo ha visitado España para conocer los motivos por los que 379 asesinatos cometidos por ETA (de un total de 883) aún están por resolver, aunque consten como iniciadas las causas y procedimientos respectivos. Sin embargo, apunta Gil, los hermanos de Arturo Ruiz García deben acudir a instancias de la Justicia Universal* porque la justicia de nuestro país no garantiza sus derechos a la verdad, justicia y dignidad de quien forma parte de esas 188 víctimas de los aparatos del estado y la extrema derecha. 

Fue en 2015 cuando los hermanos de Arturo Ruiz llevaron su asesinato a la Querella Argentina, la única causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura y la Transición. Su testimonio es uno de los que ha servido de base para la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa como máximo responsable de las Fuerzas del Orden Público entre julio de 1976 y abril de 1979. Manuel Ruiz estuvo en Buenos Aires prestando declaración. Lo hizo ante la jueza María Servini y, al día siguiente, ante el fiscal del caso.

Las palabras verdad, memoria y justicia están inscritas en recuerdo del estudiante granadino abatido en las calles de Madrid en 1977 por querer para su país un tiempo nuevo de libertad. Solo la segunda de esas palabras se cumple, aunque sea en el respiradero de un garaje, pero como señala Manuel, uno de los siete hermanos Ruiz, quedan pendientes las que corresponden a la verdad y la justicia, 43 años después de que Arturo fuera víctima de la dictadura que murió tal como había nacido: matando.