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Líbano
Las esclavas del Líbano abandonadas en medio de los bombardeos israelíes
Hoy es un día especial en uno de los tres refugios seguros que Cáritas Líbano tiene en Beirut. La felicidad de Boribori, una mujer de 22 años, es la razón. Mañana, por fin, vuela a Kenia, su país natal y cuenta, con satisfacción, que allí le espera su hijo de cinco años por el que emigró para ofrecerle un futuro. “Su caso ha sido fácil, se ha podido resolver en apenas diez días”, las trabajadoras de Cáritas se refieren a la preparación de la documentación para salir del país.
Cuando en septiembre comenzaron los bombardeos, Boribori no dudó en volver a su tierra. Después de pedir, sin éxito, a la familia para la que trabajaba como empleada del hogar la devolución de su pasaporte, fue abandonada por su empleador frente a la embajada de Kenia con su equipaje. La sede diplomática contactó con Cáritas y, desde entonces, se encuentra en el refugio de esta organización.
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El conflicto ha dejado al descubierto la extrema vulnerabilidad en la que viven 250.000 personas trabajadoras migrantes, la gran mayoría trabajadoras del servicio doméstico procedentes de Bangladesh, Sri Lanka, Filipina, Nepal, Pakistán y África Subsahariana entre otros. El contrato de trabajo se rige por la kafala, un sistema que pone sus vidas en manos de sus empleadores. El estado no tiene responsabilidad de tal manera que, la situación administrativa en la que se encuentran, está ligada a las familias que las contratan. No pueden cambiar de trabajo ni salir del país sin el consentimiento del empleador o kafeel y, estos, en la gran mayoría de los casos, les confiscan sus pasaportes. La huida de los hogares, a causa de los bombardeos, ha dejado a estas mujeres en una situación administrativa irregular pudiendo ser, incluso, encarceladas o deportadas.
Su experiencia como trabajadora del hogar, bajo la kafala, no ha sido buena según explica Boribori, un nombre elegido al azar por ella misma. En un año y medio de estancia en Líbano ha pasado por cuatro casas. En la primera solo estuvo un mes, su empleador no pudo pagar el total de gastos que la agencia intermediaria le exigía. La misma agencia le ordenó dejar la segunda casa sin que ella supiera las razones. La primera noche que pasó en la tercera, su empleador, un hombre de 64 años que vivía solo, entró en su habitación con la intención de acostarse con ella: “Se volvió loco, me dio una paliza cuando me resistí, pasé mucho miedo durante toda la noche”. A la mañana siguiente llamó a la agencia y la enviaron a otra casa situada cerca del aeropuerto de Beirut, pero comenzaron los ataques isreaelíes y decidió marcharse: “No, no volveré nunca más a Líbano, la gente es muy cruel”, sentencia con una seguridad absoluta.
Naciones Unidas ha alertado sobre casos de mujeres confinadas en sus hogares mientras sus empleadores escapaban del conflicto
Refugios vetados a las personas migrantes
Desde que Israel comenzó a bombardear el sur del Líbano, el Valle de la Bekaa y el sur de Beirut a partir del 23 de septiembre, más de 20.000 mujeres migrantes se han visto obligadas a huir de sus hogares en busca de seguridad según la OIM. Unas lo han hecho por iniciativa propia, otras porque las viviendas donde trabajaban fueron destruidas y, otras, porque sus empleadores huyeron o salieron del país. Naciones Unidas ha alertado sobre casos de mujeres confinadas en sus hogares mientras sus empleadores escapaban del conflicto.
A pesar de que miles de mujeres se encontraron en la calle de un día para otro, el Gobierno libanés veta la entrada de personas migrantes a los refugios habilitado para la ciudadanía libanesa. Por esa razón, la OIM concluye que, estas mujeres, han enfrentado un mayor peligro que la población local porque se encuentran cada vez más abandonadas. Frente a la inacción estatal, las ONG y el voluntariado han tomado la iniciativa para garantizar un techo a quienes lo necesitan.
“El primer momento de los bombardeos fue una catástrofe”, explica Julia Soanirina vicepresidenta de Migrants Domestic Workers Alliance, una asociación creada por las propias mujeres migrantes para defender sus derechos laborales. Soanirina cuenta que había cientos de mujeres durmiendo en las calles, no las admitían en los refugios habilitados por el Gobierno, no tenían nada porque habían huido con lo puesto. “Esa situación es muy peligrosa para ellas porque pueden acabar en la cárcel”. Desde finales de septiembre, Alliance ha recibido más de cien llamadas de mujeres solicitando ayuda: “Hemos servido de conexión entre las mujeres y las organizaciones humanitarias libanesas que habilitan refugios especialmente para migrantes”.
Estos refugios no oficiales se encuentran ubicados en edificios abandonados, sótanos, naves industriales, tiendas de campaña y, también en pisos alquilados por las organizaciones o las propias mujeres. El estado de irregularidad administrativa en el que han quedado estas trabajadoras, obliga a estas organizaciones a no publicar, en la mayoría de los casos, el número de refugios ni su localización “para evitar el tráfico de personas, la cárcel o la deportación”, refiere Soanirina. Además de servir de enlace, las socias de Alliance, junto al voluntariado y las organizaciones, buscan los recursos necesarios para los refugios. “También cocinamos todos los días para llevar comida caliente a más de 250 mujeres”, dice Soanirina.
Ante la inacción del estado, son muchas las asociaciones e iniciativas solidarias que han surgido estas últimas semanas de bombardeos. El voluntariado de las asociaciones Amel Association International y Wish and Will respaldan unos 23 refugios repartidos por todo el país, tres de ellos en Beirut. Situado en el suburbio de Mkallis, en la capital, el garaje subterráneo de un edificio abandonado sirve de cobijo a 320 personas todas originarias de Bangladesh.
Es la hora del almuerzo en Mkallis. Sentadas en el suelo alrededor de una gran olla, un grupo de mujeres trocea verduras mientras los hombres preparan el fogón. Hoy comerán macarrones con verduras cocinadas al estilo bangladesí. Lo que antes era un lugar inmundo, se está convirtiendo en un hogar provisional: “Hemos retirado la basura y hemos conseguido colchones, mantas, productos de higiene, letrinas, módulos de ducha, ollas, tanques de agua potable, alimentos frescos diarios y alimentos para bebés”. Quien habla es Lamia Ramadan, una socióloga beirutí que cuenta, con orgullo y mucho entusiasmo, todo lo que están haciendo.
Cuenta Lamia que también han conseguido la visita de una unidad médica móvil de la organización Amel, una vez a la semana. No solo se encargan de cubrir las necesidades básicas, también de dignificar el lugar. Entre todas, están preparando un pequeño trozo de tierra, situado junto a la salida del garaje, para diseñar un jardín donde las personas refugiadas puedan relajarse de los traumas que arrastran. “Y todo esto lo hemos conseguido con una red de voluntariado dividida en nueve grupos temáticos de whatsapp. En esos grupos compartimos los problemas y las necesidades relacionados con la salud, alimentos, repatriación o transporte”. Lamía destaca que la acogida ha sido posible gracias a la labor conjunta y coordinada de las líderes de comunidades migrantes, las asociaciones y el trabajo del voluntariado.
Las 175 mujeres empleadas del hogar y los 130 hombres del refugio de Mkalles, que también trabajan bajo el sistema de Kafala en empresas privadas, tienen sus pasaportes confiscados por sus empleadores. Tampoco tienen documentación en regla varias de las 20 menores que viven allí. Una de estas mujeres es Riya (nombre ficticio). Se casó con 12 años, a los 15 tuvo a su única hija y, a los 18, llegó a Líbano donde comenzó a trabajar en una casa como empleada del hogar. Durante tres años sufrió explotación, violencia e impago de salario: “Un día me escapé con lo puesto”. El resto del tiempo ha trabajado por su cuenta limpiando casas, gana ente 500 y 800 euros, según el mes, y con ese dinero tiene que pagar el alquiler, la comida, la ropa, el transporte y enviar dinero a su familia en Bangladesh. “Me gustaría encontrar casas para trabajar por horas alrededor del refugio porque no tengo dinero”, comenta Riya con la esperanza de que la guerra termine cuanto antes. “Tienen más esperanza que yo”, suspira Lamia mirando al cielo, refiriéndose a las mujeres. Aún no sabe que un alto al fuego llegará en los próximos días.
“El Gobierno debería tener un plan estratégico inmediato para las trabajadoras migrantes que, incluya, la búsqueda de refugios seguros y la repatriación segura a sus países”
La repatriación
Una vez realojadas en los refugios, el segundo problema que se presenta es la falta de recursos de las mujeres. Como Riya, nadie trabaja desde hace dos meses. El tercer problema es la repatriación de las que han decidido marcharse del país como explica Julia Soanirina y asegura que todas las asociaciones tienen una ardua tarea por delante para cubrir tantas necesidades.
Numerosas organizaciones denuncian la pasividad del Estado ante la grave situación que enfrentan miles de mujeres migrantes en estos momentos. Una de ellas es This is Lebanon, una organización registrada en Canadá y dirigida por antiguas trabajadoras migrantes en Líbano: “El Gobierno debería tener un plan estratégico inmediato para las trabajadoras migrantes que, incluya, la búsqueda de refugios seguros y la repatriación segura a sus países porque se trata de un grupo vulnerable”, reivindica Teyah Saab, portavoz de esta organización que, comenzó denunciando casos concretos de abusos y, ahora, amplían su radio de acción a la defensa de los derechos de estas mujeres. En declaraciones a este diario desde Canadá, Saab continua explicando que el Gobierno tiene que abolir el sistema kafala: “Nosotros lo hemos exigido desde hace décadas, ya es suficiente”. This is Lebanon es una asociación muy activa en recopilar y denunciar , a través de su página web, casos concretos de abusos laborales y violaciones de derechos sufridos por las mujeres en los hogares donde trabajan.
Sin el protagonismo del Estado, la evacuación es una gestión que protagonizan las ONG, junto a las embajadas y las autoridades libanesas de Migración, explica Soanirina. Una de estas organizaciones es Cáritas Líbano. Con una experiencia de treinta años trabajando con mujeres migrantes, ofrecen refugios seguros en pisos alquilados, atención médica, apoyo psicológico, dinero en efectivo, asistencia legal, preparación de la documentación para salir del país y también atienden a las mujeres con minusvalía, embarazadas y con hijos. Desde finales del pasado septiembre han atendido a más de 200 mujeres y tienen unas 50 personas en refugios seguros con sus hijas e hijos, aunque el número varia por día como explica Hessen Sayah, Jefa del Departamento de Protección de esta organización: “Estamos trabajando en la repatriación segura para evitar el tráfico de personas y eso pasa por estar en permanente contacto con las embajadas y las autoridades de Migración”. Sayah cuenta que el proceso de repatriación de cada trabajadora puede extenderse varias semanas dependiendo de la colaboración de las embajadas. Además, destaca que el acompañamiento a las mujeres se extiende, también, hasta sus lugares de origen, ya que muchas llegan embarazadas o con hijos, lo que puede llevar al rechazo y la violencia por parte de sus familias y comunidades.
Desde finales del pasado septiembre, la OIM (Organización Internacional del Trabajo) ha recibido miles de solicitudes de ayuda a migrantes y sus embajadas para regresas a sus países de origen. Paralelamente, países como Senegal han habilitado vuelos especiales para la evacuación de las ciudadanas que deseen regresar a su país.
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“Son migrantes en crisis dentro de una crisis”
La crisis económica de Líbano se agudizó con el colapso financiero en 2019, desencadenando una devaluación de la libra libanesa de casi el 98% frente al dólar. La pandemia de COVID-19 y la devastadora explosión en el puerto de Beirut en 2020 agravaron significativamente esta precaria situación. Para 2022, el Banco Mundial reportaba que la tasa de pobreza de los 5,3 millones de habitantes era del el 33%, sin olvidar los dos millones de personas refugiadas de origen palestino y sirio que viven en suelo libanés. En estas circunstancias, los bombardeos israelíes y la destrucción de decenas de pueblos y barrios residenciales, provocando el desplazamiento interno de 1,2 millones de personas, han puesto al país al borde del precipicio.
Esta crisis económica golpea de manera desproporcionada a quienes ya se encontraban en una situación vulnerable. Como señala Sayah, son “migrantes en crisis dentro de la crisis”. La reducción de sueldo y el impago del salario se ha convertido en una práctica normal en tiempos de crisis, apunta Soanirina. A esta situación se suma el impacto de los ataques israelíes que ha provocado el cierre de embajadas, empresas privadas extranjeras, fundaciones y centros de estudio, situación que ha generado un significativo aumento del desempleo entre aquellas mujeres que desempeñaban labores de limpieza de manera informal. Maya Gnrong, una socia de Alliance y originaria de Nepal, es un ejemplo. Cuando abandonó la casa donde trabajaba por abusos laborales y violencia, según cuenta, comenzó a trabajar en la Fundación Rosa Luxemburgo en Beirut. Hace algunas semanas que está desempleada.
“La esclavitud moderna”
El sistema Kafala, o patrocinio, presenta una laguna legal que, en la práctica, equivale a lo que muchas organizaciones humanitarias han denunciado como esclavitud moderna. Las trabajadoras afectadas no se rigen por el artículo 7 de la Ley de los Trabajadores en Líbano, por tanto, no se reconocen como trabajadoras y no disfrutan de protección estatal ni de derechos laborales.
“El salario actual oscila entre 100 y 500 dólares, y el número de horas de la jornada laboral pasa, en la práctica, a depender de la imposición del empleador”, explica Julia Soanirina refiriéndose a las mujeres migrantes. Tampoco disfrutan del sistema de salud pública. El salario mínimo interprofesional en Líbano está fijado en 1.096,4 dolares mensuales, con pérdida de poder adquisitivo sucesiva en los últimos años ya que la inflación anual continúa en los tres dígitos. Cuando las mujeres llegan a Líbano, comienzan ganando 100 dólares con el primer contrato. Poco a poco van subiendo el salario: “Si tú estás mucho tiempo con la familia, es posible que llegues a ganar 500 dolares”, comenta Soanirina.
Las contrataciones se realizan a través de agencias intermediarias que ponen en contacto a los empleadores con las mujeres cobrando a las dos partes. Se calcula que existen más de 600 agencias en todo el país. En 2020, Líbano dio un paso hacia la protección de los derechos de trabajadoras domésticas migrantes al presentar un contrato unificado estándar. En el mismo, se limitaba al 30% las deducciones que las agencias podían hacer del salario de las empleadas. Pero la Asamblea Consultiva, presionada por estas agencias de contratación, anuló el contrato.
“En nuestra opinión, el verdadero cambio, que aboliría el sistema Kafala, radica en incluir el trabajo doméstico en la Ley laboral libanesa”
Ghina Al Andary, portavoz de la Unidad contra la Trata de personas de la ONG Kafa, opina que el nuevo contrato que el ministro de Trabajo emitió no era un cambio en la ley, sino una reforma. “En nuestra opinión, si bien esto podía haber sido un paso adelante, el verdadero cambio, que aboliría el sistema Kafala, radica en incluir el trabajo doméstico en la Ley laboral libanesa”.
Kafa, una asociación que se define laica y feminista, cuyo objetivo es crear una sociedad libre de estructuras patriarcales, ha lanzado varias campañas publicitarias dirigidas a los empleadores con el objetivo de abrir un diálogo con aquellos que, no teniendo intención de vulnerar los derechos de las mujeres, lo hacen porque esas prácticas están muy normalizadas y no se cuestionan, como explica Al Andary. “El objetivo es resaltar esas violaciones legales y pedir que no las cometan”. Con el lema: “Piensalo”, “Piensa en ella”, tres videos muestran las violaciones de derechos laborales que las familias empleadoras cometen más a menudo como dejarlas encerrada en casa, no pagar el salario o la retirada del pasaporte.
El sistema Kafala está extendido en países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bharein, Arabia Saudí, Omán, Kuwait, así como Jordania. La implementación de este sistema varía de un país a otro. Más de 6.500 trabajadores migrantes de Asia y África, sujetos al sistema kafala, perdieron la vida durante la construcción de los estadios del Mundial de Qatar entre 2010 y 2022. Ni se indemnizaron a los familiares de las víctimas, ni se investigaron a fondo las causas de las muertes.
Según la OIT, el 70% de la fuerza laboral en los países del Golfo, junto a Jordania y Líbano, está formada por trabajadores migrantes. En 2019, todos estos países acogieron a 35 millones de personas, de las cuales, el 31% eran mujeres. La gran mayoría de ellos trabajan bajo el sistema Kafala.