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LGTBIfobia
La cruzada homófoba en Estados Unidos: un centenar de propuestas legislativas para socavar los derechos LGTBI
El Senado de Florida aprobó el pasado martes, 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, la polémica ley “Don’t say gay”. El proyecto de ley, cuyo nombre oficial es Ley de Derechos de los padres en la educación, fue aprobado por 22 votos a favor contra 17 en contra y ahora tendrá que ser ratificado por el gobernador de Florida, Ron De Santis, que ya ha confirmado su apoyo.
El texto, en línea con el pin parental que propone Vox, prohíbe o limita al extremo dar contenidos sobre orientación sexual e identidad de género en todo el sistema educativo hasta Secundaria. En su artículo 3, el texto de la ley prohíbe que en el aula se dé orientación sexual o sobre identidad de género, tanto por parte del personal como por terceros, abriendo la puerta a que, hasta conversaciones entre niños o que entre ellos haya un menor trans pueda llevar a una denuncia por parte de los padres.
Pero esta ley estatal, que está a las puertas de ser definitivamente aprobada, no es la única que se están impulsando en contra de los derechos de las personas trans y LGTB en este país. Según expone la organización Equality Federation, en lo que llevamos de 2022 se han presentado hasta 113 proyectos de ley en marcha en varios estados de Estados Unidos que van en esta dirección. “Estos proyectos de ley se dirigen predominantemente a los jóvenes trans y tienen sus raíces en la desinformación y la discriminación”, alertan desde Equality Federation, entidad que colabora en este monitorio. “El impacto de estos proyectos de ley y el discurso deshumanizador avanzado en las audiencias legislativas y los medios de comunicación es devastador para las personas transgénero, sus familias y nuestra comunidad”, añaden.
Missouri, con los republicanos en el Gobierno, es el estado que cuenta mayor número de iniciativas legislativas en contra de los derechos LGTBI, 14 a día de hoy, siete de ellas encaminadas a limitar la temática de género en los centros escolares. Arizona, con once proyectos de ley bajo estudio y también con un gobernador republicano, es el siguiente. Y le sigue Florida con otros diez, nueva de ellas por tema educativo también.
En Oklahoma, que cuenta cinco proyectos de ley anti LGTBI bajo estudio, uno de ellos pretende eliminar de los centros educativos libros que traten temas de género u orientación sexual. Otros proyectos de ley, como el HB2633, para el que el Senado de Tennesse ya ha dado su visto bueno, tiene como objeto que los profesores y el personal de los centros educativos no estén obligados a nombrar a los estudiantes por el género con el que estos se sientan identificados si no coincide con el biológico.
Muchas de las propuestas, como la de Florida, están relacionadas con los contenidos que se dan en las escuelas en cuanto a género. Otras muchas van encaminadas a castigar con cárcel a los tutores legales y médicos que permitan y participen en tratamientos de cambio de género con menores de edad.
A los proyectos en curso se suman otros ya aprobados, como en Texas, donde el nuevo gobernador, Greg Abbott, del Partido Republicano, ha ordenado, en una carta enviada el 22 de febrero a los Servicios Sociales, que investiguen por abusos a la infancia a las familias en las que hayan menores que estén en tratamiento médico para cambio de género. Ya meses antes, los proyectos de ley presentados en este estado dirigidos a prohibir el tratamiento médico a personas trans provocaron el cierre del único centro médico que había en Dallas que daba atención a adolescentes que habían decidido cambiar su género biológico.
Como en España, las organizaciones pro derechos LGTB están impulsando una ley federal. Su propuesta de ley, llamada Equality Act, está pendiente de su paso por el Senado estadounidense y tiene como objeto “prohibir la discriminación basada en el sexo, orientación sexual e identidad de género en áreas que incluyen las instalaciones y lugares públicos, la educación, los fondos federales, empleo, vivienda, créditos y sistema judicial”.
“Ahora es el momento —y este es el Congreso— para hacer todo con lo que podamos dar seguridad a las personas LGTBIQ, sin que importe en qué estado tengan su hogar”, afirman desde Equality Federation. “Nuestra ventana de oportunidad puede que no dure mucho y es posible que no vuelva a abrirse en los próximos años”, concluyen.
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