Ley Trans
Más de 120 colectivos LGTBIQ piden al Gobierno que desoiga el informe del CGPJ sobre la Ley Trans

“Es preceptivo, pero no es vinculante”, recalcan más de 120 colectivos LGTBIQ y de derechos humanos del informe sobre la Ley Trans que ayer aprobó el Consejo General del Poder Judicial, un paso obligatorio para que continúe la tramitación de la futura ley. El informe, cuyo contenido se adelantó el pasado 8 de abril, afirma que el texto de la ley puede “generar discriminación con las mujeres no transexuales”, y, aunque califica como “loable” la finalidad del anteproyecto de ley en cuanto a garantizar la igualdad y evitar la discriminación que sufre este colectivo, enumera una serie de críticas en cuanto a que la ley sea de carácter “integral y transversal”, recomienda que se concreten las consecuencias de la normativa en el matrimonio o en el cambio de género en el Registro Civil.

En cuanto a las personas menores de edad, frente al texto actual de la ley, que no pone problemas al cambio de género en el Registro Civil a partir de los 16 años, pero reclama que se imponga la autorización de los progenitores para las personas trans de 14 a 16 años y de la autorización judicial entre los 12 y los 14 años, el CGPJ propone que hasta los 18 años una persona trans no pueda solicitar por sí misma la rectificación de su género en el Registro Civil. El gobierno de los jueces incluso descarta que se puedan prohibir las terapias de conversión cuando exista consentimiento, echando para abajo lo estipulado en leyes autonómicas como las de Andalucía, Aragón, Canarias, La Rioja o Madrid, que sanciona, en el caso de esta última, con multas de hasta 45.000 euros este tipo de “terapias”, aunque el gobierno madrileño rehusó recientemente a castigar por estos hechos al Obispado de Alcalá de Henares.

“La valoración respecto a la ampliación o el reconocimiento solo para personas mayores de 18 años del derecho al cambio registral de sexo y nombre es algo que entra en contraposición con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, que ya dijo que no reconocer a los menores el derecho al cambio de nombre y sexo es inconstitucional”, resalta Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans. “Pero también va en sentido contrario a todas las resoluciones del Consejo de Europa, que hablan de que el cambio registral de nombre y sexo de las personas no tiene porque tener límite de edad. Tiene que ser a través de un trámite administrativo no judicial y no debe de exigir ningún tipo de mediación médica ni judicial”, añade. 

Cambrollé añade que, en todas las comunidades del Estado español en las que hay una ley trans, los menores no son excluidos ni del modelo de atención sanitaria, ni a la hora de tener una tarjeta sanitaria con su nombre o de ser nombrados por su nombre y género elegido en sus centros de educación. “No vamos a tener una ley estatal ahora que esté menoscabando los techos competenciales que ya tenemos en las comunidades autónomas”, resalta Cambrollé. “Nos parece un agravio tener que someter a los menores a un trámite judicial no administrativo y que además tengan que aportar también informes médicos sobre su estabilidad o madurez. Con esto, de nuevo estaríamos sujetando a criterios psicológicos la identidad de las personas trans, en este caso de las infancias trans”, concluye.

Sobre la posición del CGPJ respecto a las terapias de conversión, Cambrollé señala que es “un paso atrás”. “Es una posición puramente ideológica y yo diría que incluso hasta inmoral y que contraviene también bastante principios y declaraciones, no solamente de organizaciones de derechos humanos o Naciones Unidas, sino también médicas, como la propia Organización Mundial de la Salud, que advierte que estas prácticas pueden ser muy perjudiciales para las personas trans y, por lo tanto, son poco recomendables”. 

“Si los grandes organismos mundiales, como son la Asociación de Psiquiatría Americana o la Organización Mundial de la Salud, han dejado ya muy claro que ni la orientación ni la identidad son patologías, estas no son cuestiones a tratar ni a curar”, resalta Cambrollé

La presidenta de la Plataforma Trans destaca que esta puerta abierta a este tipo de terapias entra también en conflicto con los principios de Yakarta, que delimitan cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. “Dicen de manera explícita que ni la orientación de las personas ni la identidad pueden ser objetos de tratamiento o de curación”. “Si los grandes organismos mundiales, como son la Asociación de Psiquiatría Americana o la Organización Mundial de la Salud, han dejado ya muy claro que ni la orientación ni la identidad son patologías, estas no son cuestiones a tratar ni a curar”, resalta Cambrollé, quien también señala una investigación llevada a cabo por la Universidad de Coventry, en Reino Unido, publicada el pasado año y que muestra, tras entrevistar a decenas de personas que habían sido sometidas a este tipo de terapias que no se había encontrado ninguna evidencia de que estas funcionaran pero sí de impactos negativos sobre su salud mental. Conclusiones que van en consonancia a otro informe realizado en 2020 por el Instituto Williams, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, que asegura que las personas LGTB y trans que son sometidas a terapia de conversión tienen casi el doble de probabilidades de intentar suicidarse o pensar en ello que quienes no las han recibido. Este tipo de terapias ya están explícitamente prohibidas en Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Puerto Rico.

Incluso en el lenguaje del informe, desde la Plataforma Trans señalan cómo el CGPJ las ha menospreciado, usando el término mujeres para las mujeres nacidas como tales. “Esto ahonda en la negación de la consideración de mujeres a las personas transexuales, señalándonos como la ‘otredad’. “No corresponde a una reflexión jurídica, sino a una reflexión ideológica que ahonda en la negación de las identidades y de la consideración de las identidades trans, también como naturales y legítimas”. Y de aquí señala uno de los temas que han generado, según resalta, más bulos sobre la Ley Trans, la discriminación de las mujeres cis en el deporte de competición. “Si el porcentaje de mujeres cis que se dedican al deporte de competición es ínfimo con respecto a la gran población de mujeres cis, imagínate nosotras, que somos ya el 1 por mil de la población: es casi insignificante el número de mujeres trans que se dedican al deporte de competición”.

“El Consejo General del Poder Judicial, que ha incumplido la ley entregando el informe tres meses tarde, tiene ya una impronta que se ha recogido en otras valoraciones que ha hecho”, concluye Cambrollé

“El Consejo General del Poder Judicial, que ha incumplido la ley entregando el informe tres meses tarde, tiene ya una impronta que se ha recogido en otras valoraciones que ha hecho”, concluye Cambrollé en relación al informe del órgano sobre la Ley del matrimonio igualitario de 2005, en el que comparó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo con la unión de un hombre y un animal, o al informe sobre la Ley de violencia de género de 2004, en el que negó que existiera violencia contra las mujeres. “Yo creo que es más que clara la impronta conservadora, reaccionaria, patriarcal, machista, hetero, sexista, y ahora también transfóbica, del CGPJ.

Petición a Pedro Sánchez Para Que Desoiga Informe CGPJ y Acelere Tramitación Ley Trans. by El Salto periódico on Scribd