Ley de Vivienda
UP presiona para que la regulación de precios incluya las viviendas que se incorporan al mercado de alquiler

Cuando un fondo de inversión ponga en alquiler en una zona tensionada una vivienda que ya estaba alquilada, el precio de la renta deberá regirse por el índice de referencia de los precios del alquiler, según el actual borrador del anteproyecto de la Ley de Vivienda que el Congreso de los Diputados previsiblemente aprobará este trimestre. Pero si un fondo alquila una vivienda que nunca antes ha estado en el mercado de alquiler, el contrato no debería regirse por dicho índice, advierten fuentes de Unidas Podemos sobre la actual redacción del anteproyecto de la norma. 

La coalición morada aseguró ayer a El Salto sentirse “optimista” en cuanto al avance de las negociaciones con el PSOE, pero alertan de que para que la regulación sea “efectiva” debe incluir todas las viviendas. Las que ya están alquiladas y las que se alquilan por primera vez, a sabiendas de que posiblemente las viviendas de los pequeños propietarios no entrarán en la fórmula ante la insistente negativa del partido de Pedro Sánchez de establecer una regulación a medio gas.

La ley de vivienda se enquista en la defensa del PSOE al pequeño propietario

Gessamí Forner

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Derecho a la vivienda

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Aplicar la regulación de precios a todas las viviendas en alquiler en las zonas tensionadas es uno de los requisitos de partidos como Unidas Podemos y EH Bildu en la negociación de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Especulación inmobiliaria Última llamada para salvar la Ley de Vivienda

El PSOE sigue enrocado en excluir a los pequeños propietarios, mientras el movimiento en defensa de la vivienda recuerda que la regulación debe afectar a todos: grandes propietarios, personas jurídicas y físicas. De este modo, la regulación podría empezar a contener unos precios que cada año se disparan, empobreciendo al inquilinato. 

No obstante, se considera que las negociaciones avanzan, ya que el Partido Socialista se reúne. Tanto es así que ayer se acordó activar en la segunda quince de enero la Ponencia en el Congreso de los Diputados, el paso previo a la votación de la ley en el Congreso de los Diputados. La norma ya ha pasado por todos los trámites: la primera y segunda ronda en el Consejo de Ministros, las enmiendas a la totalidad y recibió en enero de 2021 el informe favorable del CGPJ.

Fuentes cercanas a la negociación también consideran que hay “acercamiento” entre el PSOE y las formaciones de izquierdas que están perfilando la norma —UP, ERC y EH Bildu— en cuanto a la prohibición de desahuciar, la definición de gran propietario y sobre el plazo en el que deberá entrar en vigor la ley.

En enmiendas que circularon el pasado otoño, ya aparecía como definición de gran tenedor un propietario con ocho o más viviendas, en vez de diez

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El informe trimestral del departamento de Vivienda catalán echa por tierra las tesis de los lobbies inmobiliarios, que alertaban de que la regulación del precio del alquiler hundiría el mercado.

Definición de gran propietario

En enmiendas que circularon el pasado otoño, ya aparecía el número 8 como definición de gran tenedor de viviendas, en vez de diez, tal y como figuraba en el primer borrador del anteproyecto. EH Bildu advirtió en octubre de que, si se considera como gran tenedor a quien posee más de diez viviendas en alquiler, solo el 5% de los pertenece a este grupo en el País Vasco. Desde UP pretenden rebajar la cifra a cinco. 

En cuanto a los desahucios, prohibirlos cuando las familias se quedan en la calle es el objetivo de los tres partidos. Alargar la fecha del desahucio hasta que la familia tenga una alternativa buscada por las administraciones públicas correspondientes —ayuntamiento o comunidad autónoma— es lo que se baraja ahora. Esta opción hará más patente el exiguo parque público de viviendas en alquiler de España —uno de los más bajos de la Unión Europea—. 

En cuanto a la entrada en vigor de la ley, el plazo previsto por el borrador del anteproyecto era de 18 meses. Se espera reducirlo considerablemente, teniendo en cuenta los reiterados retrasos que acumula esta norma. 

El Consejo General del Poder Judicial emitió su informe favorable al anteproyecto en enero de 2021. En el punto 30 destacaba que esta norma debería llamarse “una ley por el derecho a la vivienda”, pero no una “ley de vivienda” o “del derecho a la vivienda”, ya que estas denominaciones la consideró demasiado “puristas”, cuando el decreto solo pondrá un marco estatal con las “condiciones básicas”, ya que reconoció que las competencias de esta materia residen en las comunidades autónomas. Desde Catalunya, con la presión constante del movimiento en defensa de la vivienda más potente del Estado y dependiendo del Govern, la Generalitat podría volver a poner en marcha la ley catalana de alquileres para relajar la crisis habitacional actual. Desde Madrid, podrían hacer todo lo contrario, tal y como anunció su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en 2020: nada.