Laboral
Paro, precariedad y constante incertidumbre: el retrato de una generación perdida

Uno de los tópicos al que se suele acudir cuando se habla de los jóvenes es que “son el futuro del país”, las generaciones venideras en cuyas manos recaerán, ineludiblemente, las exigentes responsabilidades que a sus predecesores ya les tocó sacar adelante. Ley de vida.

Sin embargo, el tópico tiene una connotación irónica, casi despectiva. Cuando se usa se intenta evidenciar que “los jóvenes de ahora” no están preparados, que son menos capaces que sus precursores, que lo tienen todo y no están acostumbrados a nada, que no saben lo que es trabajar de verdad.

“El Estado no tiene una estrategia de segunda oportunidad para los jóvenes que abandonaron sus estudios”, denuncian desde Revolución Ugetista

En efecto, y lamentablemente, una gran parte de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años no sabe lo que es trabajar de verdad —ni de mentira—, porque no tiene la oportunidad de hacerlo. Según los últimos datos del barómetro de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en España 41 de cada 100 jóvenes está en el paro.

Al problema del desempleo hay que añadirle, además, que muchos de los jóvenes que ha encontrado un empleo padecen otros problemas estructurales como la temporalidad y la precariedad. Todo ello agravado por la epidemia de covid, donde se ha destruido más empleo en general, y juvenil en particular, y se ha creado la atmósfera propicia para que la calidad del trabajo que se ofrece sea todavía peor.

José Javier dejó el instituto con 16 años. Es de un pequeño pueblo de Córdoba, y desde entonces ha estado alternando trabajos de camarero y de temporero. “Yo no valía para estudiar, ni me gustaba. Allí [al instituto] iba porque te obliga la ley, pero yo lo que quería era empezar ya a trabajar y a ganar dinero, no estar ahí perdiendo el tiempo porque no iba a sacarme nada”.

En diciembre de 2019 cumplió la mayoría de edad, “tenía un poco ahorrado” y lo primero que hizo fue sacarse el carné de conducir. Dos meses después llegó el estado de alarma y el confinamiento; los bares y restaurantes cerraron, y José se quedó sin trabajo. Lleva parado desde entonces.

“Cuando abrieron [la hostelería] pusieron un límite de gente que podía estar en el bar, y los dueños se apañaban solos, no necesitaban un camarero porque no había clientela para eso”. Así que acudió a una oficina de empleo: “Me apunté a todo lo que pude: camarero, peón de albañil, para los talleres, para el campo... Y también para el Ayuntamiento, para [barrer] las calles y todo eso; pero aquí en el pueblo hay mucho paro y primero llaman a los padres de familia que están sin trabajo”.

Desde la organización juvenil Revolución Ugetista (RUGE), perteneciente al sindicato UGT, consideran el abandono escolar, y la posterior inestabilidad laboral de los jóvenes como José Javier, una de las consecuencias de la falta de planes específicos de empleo juvenil por parte de la Administración.

Su portavoz, Eduardo Magaldi, insiste en que “el Estado no tiene una estrategia de segunda oportunidad para los jóvenes que abandonaron sus estudios. No ha habido un plan de formación que recoja a toda esta gente, que adapte sus conocimientos y la experiencia que ya tienen para insertarlos en el mercado laboral”. La única herramienta que se habilita, dice, son las oficinas públicas de empleo —el actual SEPE—, pero considera que su actuación no va reforzada con campañas efectivas de información, por lo que se acaba “culpabilizando al joven de que no acuda a estas oficinas de empleo”.

José confiesa que gran parte del tiempo que ha trabajado, sobre todo en el campo, lo ha hecho en negro, sin estar dado de alta en la Seguridad Social

En la ausencia de estrategia estatal que comenta, Magaldi ve un claro interés electoralista. “Ante la UE, España presenta planes de empleo muy generales que abarcan a un gran espectro de la población, anuncia medidas de cara a la galería, para que los medios de comunicación las publiquen”. Reitera que el problema del paro juvenil es una cuestión a largo plazo donde, a su juicio, primero “hay que hacer un estudio en profundidad de las necesidades que tiene el mercado de trabajo español y, a partir de ahí, empezar a dar formaciones específicas que se adecúen a lo que se necesita”.

José confiesa que gran parte del tiempo que ha trabajado, sobre todo en el campo, lo ha hecho en negro, sin estar dado de alta en la Seguridad Social. “Todos los amos [los terratenientes] lo hacen, cogen gente y cuando acaba la jornada sacan el taco de billetes y le pagan a cada uno lo suyo. Es menos lío”, dice. Sabe que es ilegal y que, en último término, el perjudicado es él como trabajador, porque no está cotizando, porque no tiene derecho a nada si le ocurre algo; pero “si el que te da trabajo te dice que es así, tú te callas y tiras para adelante”.

Tener estudios tampoco garantiza conseguir trabajo

Si la franja de edad se amplía los datos tampoco mejoran. Tal y como refleja el informe de la Comisión Europea sobre España 2020, a los jóvenes les sirve de poco tener estudios superiores para acceder más fácilmente al mercado laboral. Así, España lidera junto a Italia el desempleo de jóvenes con estudios universitarios hasta 29 años, que se dispara hasta casi el 17%.

Como comentan desde UGT, desde la crisis de 2008 en España es muy habitual “ver a personas con formación universitaria desempeñando trabajos muy por debajo de su titulación”, algo que “menoscaba otras titulaciones como FP, donde se supone que se imparte formación específica para ese tipo de empleos”.

Es lo que le ocurrió a María, que tiene 23 años y se graduó en periodismo en 2018. “Como acabé la carrera y no me salía nada busqué en supermercados y tiendas de ropa”, y encontró un trabajo a media jornada en una de ellas, donde estuvo casi un año. “En el contrato ponía que trabajaba cuatro horas por la mañana, pero la mayoría de los días hacía seis o siete, y también me hacían ir los sábados”, explica. Todo por 500 euros.

Además de tener el mayor paro juvenil de la Unión Europea, España también es una potencia en mala calidad del empleo

Sin dejar de buscar de lo suyo, María se alegró cuando en agosto de 2019 un medio de comunicación le hizo un contrato. “Pero tenía truco”, dice. “Me tuve que hacer autónoma y así figuraba como colaboradora”. No tenía que ir presencialmente a la redacción, “pero me obligaban a estar las ocho horas trabajando desde casa”.

Al empezar, la empresa le dijo que le pagarían 900 euros y le dio el borrador de una factura. A final de mes María presentaba esa factura y le restaba el IRPF, además de tener que pagar su cuota de autónoma. Confiesa que “entre unas cosas y otras se me quedaba en unos 650”.

La figura de falso autónomo “es un fraude de ley”, dicen desde Lex Orbis-abogados laboralistas. Como se evidencia en el caso de María, el falso autónomo legalmente es un trabajador por cuenta propia, pero en realidad cumple “unos horarios laborales continuados”.

Los otros falsos autónomos

Yago Álvarez Barba

Falsos autónomos

Los otros falsos autónomos

Yago Álvarez Barba

El fenómeno de la uberización de la economía y los falsos autónomos no es nuevo. La economía de plataforma solo ha acelerado un proceso de décadas.

El despacho remarca que la figura del falso autónomo implica “una disminución de derechos” para el trabajador, mientras que “para la empresa supone un ahorro importante en Seguridad Social, en posibles beneficios sociales, desde planes de pensiones hasta cheques de gastos, como comidas o desplazamientos [...] Además, a la hora de despedirlo, el trabajador no tiene ningún tipo de derecho a indemnización, y lo mismo con la baja laboral”. El falso autónomo está completamente desprotegido, sin derecho a nada.

Después llegó el covid y, como legalmente no estaba en plantilla, María no tuvo la opción de entrar en ERTE, así que la echaron a la calle; de nuevo al paro, donde ya lleva casi un año.

“Lo peor es esa sensación de angustia por no ver una salida clara ni tener ninguna perspectiva. Te sientes una inútil y te preguntas ¿para qué he estudiado? Se supone que todo ese sacrificio, tuyo por estudiar y de tus padres por pagártelo, era para aspirar a tener un buen trabajo y un buen futuro [...] Trabajar en una tienda de ropa o limpiando casas son trabajos muy dignos, pero no he ido a la universidad para acabar haciendo eso, la verdad”.

Precariedad, temporalidad, exilio y pobreza

Además de tener el mayor paro juvenil de la Unión Europea, España también es una potencia en mala calidad del empleo. De los jóvenes ocupados que hay en nuestro país, casi el 70% tiene un contrato temporal; y no llegan a 9 de cada 100 los que han logrado adquirir estabilidad en el trabajo.

La neoliberalización de las políticas económicas y de empleo, y la ‘uberización’ del mercado de trabajo son los principales aliados del trabajo basura y de los salarios miseria. Desde la crisis económica de 2008 han proliferado modelos de empleo como el de los ‘riders’, o el de las “colaboraciones externas” de las que hablaba María. Empleos donde, además de estar muy mal pagado, el trabajador está totalmente desprotegido, prácticamente sin la cobertura de ningún derecho laboral básico como la baja por enfermedad.

En 2020 solo el 17% de los jóvenes viven emancipados, el peor dato desde el año 2001. Además, uno de cada cinco jóvenes que tiene trabajo está en riesgo de pobreza

Lo mismo ocurre con los salarios. Los menores de 30 años que han conseguido un trabajo en España cobran un 30% menos (unos 3.000 euros netos al año) que los trabajadores de mayor edad. Esto se traduce en inestabilidad, en tener que vivir al día, en no poder hacer planes más allá de pagar el alquiler del mes corriente. Según un informe del Consejo de la Juventud de España (CJE), en 2020 solo el 17% de los jóvenes viven emancipados, el peor dato desde el año 2001. Además, según el estudio, uno de cada cinco jóvenes que tiene trabajo está en riesgo de pobreza y exclusión social.

Con 25 años Emilio ya está casado. Es de Toledo, pero se mudó a Madrid buscando una alternativa al negocio de tractores de su padre. Ahora conduce un VTC durante 10 horas al día, a pesar de que “en teoría son ocho las que tenemos que estar”.

Se graduó en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, pero Emilio nunca ha podido trabajar en algo acorde a su formación. “Antes de empezar [la carrera] sabía que no tenía muchas salidas, pero era lo que me gustaba”, dice mientras conduce. Explica que su coche está monitorizado constantemente: “puedes parar un poco a estirar las piernas o si tienes que mear, pero si ven que estás parado más tiempo del necesario ya te están llamando”. En su empresa les dejan media hora para comer, pero Emilio prefiere hacerlo dentro del coche si tiene “un ratillo donde no sube nadie”, porque “es media hora antes que me voy a mi casa”.

Detalla que, conduciendo un VTC, “como de verdad se gana dinero es si el coche es tuyo”. Pero el coche no es suyo, es de la empresa, así que está obligado a ceñirse al horario impuesto y hacer un mínimo de trayectos al día. Luego recibe una pequeña bonificación por cada viaje extra que realiza. “No se gana mucho, en total me suelo ir con mil o mil cien [al mes]”.

Asegura que si le sale algo mejor deja el coche porque “es muy monótono conducir tantas horas”. Estar sentado tanto tiempo también le está pasando factura física, se queja de que “se me agarrotan las piernas y llevo unos meses que me duele un montón el cuello y la espalda”. Emilio se resigna: “No me imaginaba haciendo esto, pero hay que comer. Es lo que hay”.

El exilio es otra de las alternativas —en múltiples casos forzosa— al paro y a la mala calidad del trabajo en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2008 había en España 8.300.000 jóvenes de entre 18 y 30 años; tan solo cinco años después, en 2013, el recuento fue de 6.900.000. Los datos de 2020 rebajan esa cifra a 6.200.000, y todavía queda por saber qué impacto tendrá la pandemia.

Aves de paso

Pablo Elorduy

La semana política

Aves de paso

Pablo Elorduy

Un informe denuncia las condiciones de trabajo de migrantes españoles en Holanda. El recrudecimiento de la crisis económica dificulta aun más las medidas anunciadas para facilitar el retorno de estas personas trabajadoras, que quedan en un limbo de pérdida de derechos.

En gran parte son licenciados y graduados cuya formación es incapaz de absorber el mercado de trabajo español. El Estado les pagó la educación, a muchos de ellos les concedió becas para ir a la universidad o estudiar másteres y posgrados; pero como aquí no encuentran trabajo emigran, y el país de destino ya los recibe totalmente formados, sin tener que invertir nada en ellos, únicamente llegan, trabajan y generan actividad económica.

El paro también castiga más a las mujeres

Del mismo modo que tener estudios no garantiza tener trabajo, tener trabajo no garantiza librarse de la pobreza. Tal y como arrojan los datos del informe sobre pobreza y exclusión, que elabora la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés), el 32% de los jóvenes en España (de 16 a 29 años) es pobre y padece exclusión, un porcentaje diez puntos por encima de la tasa global de todo el país, de por sí alarmante (21,5%).

Por sexos, las mujeres son las más perjudicadas, con el 26% de riesgo de pobreza y exclusión, frente al 24% de los hombres. Y la grieta también se acentúa si se tiene en cuenta la nacionalidad: en España, el porcentaje de extranjeros (fuera de la UE) que se encuentran en riesgo alcanza el 50%.

La brecha de género también es muy significativa en los datos del paro. Tal y como reflejan las cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el desempleo entre las mujeres roza el 20%, mientras que entre los hombres no llega al 15%.

A pesar de ser algo muy común, no existe ningún documento oficial que tipifique y defina qué es un becario, y cuántas tipologías existen dentro de esta figura seudolaboral

El único acercamiento para intentar averiguar cuántos becarios hay en España lo hizo el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en 2015, con una guía que ha ido actualizando cada año y donde, en base a los datos recabados de informes oficiales y organismos públicos como la Tesorería General de la Seguridad Social, o el Ministerio de Educación, estima que en España hay en torno a un millón y medio de becarios, un trabajador de cada 15.

A pesar de ser algo muy común, no existe ningún documento oficial que tipifique y defina qué es un becario, y cuántas tipologías existen dentro de esta figura seudolaboral. Tampoco existe un censo de becarios, por lo que no se sabe con exactitud cuántos hay en España y bajo qué condiciones. Sin embargo, en el momento en el que un becario firma su contrato de formación o de prácticas, automáticamente cuenta como un trabajador, aunque muchos de ellos ni siquiera perciban un salario, o la remuneración mensual oscile entre los 200 y los 500 euros.

Becarios, el cuento de la lechera

Ter García

2

Educación

Becarios, el cuento de la lechera

Ter García

2

400.000 estudiantes se lanzan cada año a hacer prácticas no laborales, pero solo una quinta parte recibe algo de dinero por su trabajo. El becariado es, junto a los falsos autónomos y la mano de obra sin papeles, una ‘zona gris’ del derecho del trabajo. La obligación de alta en la Seguridad Social para todas las prácticas prometida por el Gobierno de Sánchez podría arrojar algo de luz, pero aún está por ver cómo se pondrá en práctica.

Aunque quizá el epítome de la explotación y la precariedad laboral juvenil sean los becarios, esa masa inagotable de recurso humano que nutre permanentemente a empresas de todo tipo, y que nadan en una nebulosa de desregulación laboral, en muchas ocasiones sin cobrar ni un euro, solo a cambio de “ganar experiencia”.

A eso hay que sumarle la brecha salarial, culpable de que una mujer cobre entre un 16 y un 23% menos que sus compañeros hombres por realizar el mismo trabajo.

El último barómetro del CIS refleja que, a día de hoy, la primera preocupación de los españoles es el coronavirus. Pero inmediatamente después se encuentran el paro, la crisis económica y los problemas de índole económicos, que llevan liderando invariablemente la tabla desde hace más de diez años, desde que comenzó la crisis de 2008.

En diciembre de 2018 el Gobierno aprobó el ‘Plan de Empleo Joven 2019-2021’, un programa orientado a que los menores de 30 años lo tuviesen más fácil para acceder al mercado laboral.

Entre los objetivos del plan estaban reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23% (seguiría siendo de las diez más altas de la UE), aumentar las contrataciones indefinidas, eliminar la brecha salarial de género, o establecer programas de formación para quienes no completaron la educación secundaria.

“Este plan tiene medidas muy importantes que pueden ser muy buenas, pero nació cojo porque no había presupuestos nuevos y hubo adelanto electoral. Ahora, cuando hay presupuestos, ha llegado la covid”, dicen desde UGT, que estuvo en la mesa de negociación y firmó el documento.

El sindicato incide en que en una iniciativa de estas características “hay muchos agentes implicados” y, por tanto, todo debe estar muy bien controlado y fiscalizado para evitar “duplicidades y que haya gente que se quede fuera”. Comentan que el plan de garantía juvenil anterior —el firmado en 2013— estuvo copado de estos problemas.

UGT denuncia que, en muchas ocasiones, este tipo de planes de empleo se diseñan mal, sin atender a las necesidades reales de los desempleados, por lo que se imparten formaciones que luego no se traducen en aplicación práctica, o los cursos no se adecúan a las características de los demandantes de empleo. “Se hace para justificar la subvención que se recibe, todo orientado a resultados a corto plazo, a pura economía”, sentencian.

De momento el plan está en el congelador, y millones de jóvenes siguen esperando, sobreviviendo y buscando dignidad en un sistema económico y productivo hostil, pendientes de poder empezar a construir sus propias vidas de una vez.