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En febrero de 2014, el principal operador privado postal firmaba un acuerdo con los sindicatos UGT y USO para despedir a 400 empleados, el 15,3% de la plantilla, y rebajar el salario de la plantilla en un 17%, todo con la promesa de que el nivel salarial se recuperaría en cuatro años.
La empresa, propiedad de la familia Raventós —también dueña de Codorníu—, “agradeció” un “esfuerzo negociador” de estos sindicatos que “permitirá el desarrollo sostenible de la compañía”.
Tres años después, el 11 de octubre de 2017, una nota de prensa anunciaba un ERE que afectaría a la totalidad de la plantilla, 2.200 personas, de esta empresa con ingresos anuales que rondan los 100 millones de euros, con 600 millones de envíos al año destinados a más de 15.000 clientes en 200 países.
La empresa, que reconoce pérdidas desde 2011, había presentado el pasado julio el concurso voluntario de acreedores, con una deuda cercana a los 50 millones de euros. Los sindicatos esperaban un nuevo anuncio de reducción parcial de la plantilla y de salario, como ya ocurrió también en 2009 y 2012. No podían imaginar que el planteamiento de la empresa fuera el despido de todos los empleados y empleadas de Unipost, una medida que identifican con la liquidación completa de la empresa.
Una jugada que podría estar acompañada, denuncian desde CGT, de un degradación de las condiciones de trabajo para los que quedenLa sección sindical de CGT califica de “lamentable” la gestión del presidente de Unipost, Antón Raventós, a quien identifican con los problemas que atraviesa esta compañía con sede en Barcelona, y advierte de “una posible continuidad de la actividad a través de una venta a otra empresa o a un fondo de inversión”. Una jugada que podría estar acompañada, denuncian, de un degradación de las condiciones de trabajo para los que queden. El propio administrador concursal, el bufete Jausas, afirma que “la intención es dar continuidad a la actividad de Unipost" y que “existen varias ofertas de operadores interesados en la adquisición de la empresa”.
CGT afirma que no tolerará que los agentes implicados en la posible venta de la compañía “hagan y deshagan a su antojo” y demanda que se garantice la continuidad de toda la plantilla con las mismas condiciones laborales.
La central rojinegra hace un llamamiento a la movilización: “Es hora de que la plantilla de Unipost coja el toro por los cuernos. Debemos mantenernos unidos y presionar durante los próximos 30 días movilizando a la plantilla”.
Coincidiendo con la primera reunión del período de consultas del ERE, el sindicato Comisiones Obreras ha convocado para este miércoles 18 de octubre concentraciones en las principales sedes de Hacienda de todo el Estado. Este periodo de consultas tendrá una duración de 30 días naturales, con un mínimo de tres reuniones con las centrales sindicales, donde se concretará cuál será el destino de la plantilla afectada por este ERE masivo.