Italia
El agujero negro del pasaporte sanitario en Italia

El Gobierno de Mario Draghi decidió este verano instaurar el green pass o pasaporte inmunitario como principal herramienta para luchar contra la pandemia, haciéndolo obligatorio prácticamente para todo, incluida la mayor parte de actividades laborales. Su escasa utilidad a nivel sanitario, junto con una más que deficiente campaña de información sobre la vacunación, ha generado un conflicto social que se agudiza día a día. Las manifestaciones contra el green pass se multiplican y crecen cada semana y en puertos como el de Trieste —uno de los más importantes de Europa Central— los estibadores han amenazado con bloquear desde hoy su actividad hasta que no se retire la medida. El green pass se ha convertido así en un agujero negro que todo lo engulle, un embudo en el que converge la rabia y la confusión tras un año y medio de más que cuestionable gestión pandémica.

Una ciudad, dos manifestaciones

Durante la tarde del pasado lunes tuvo lugar en Trieste —ciudad situada en el extremo nororiental de la península italiana— una manifestación contra el green pass o pasaporte sanitario a la que acudieron alrededor de 15.000 personas. Una participación inaudita en la capital de la poco poblada región de Friuli-Venecia Julia. Se trata de la segunda gran manifestación en poco menos de una semana en la ciudad, y probablemente la mayor del país sin considerar la que tuvo lugar hace unos días en Roma. Una excepcionalidad que ha situado la periférica ciudad adriática en el centro del ojo mediático.

Pocas horas antes del desfile #nogreenpass tenía lugar en Trieste otra manifestación con una participación más humilde. Alrededor de mil personas caminaron por las calles del centro denunciando el “plan económico de relanzamiento” del Gobierno de Draghi que, con el apoyo de los principales sindicatos del país (CGIL, CISL y UIL), ha desbloqueado los despidos, “dando lugar a una oleada de reducciones de personal, deslocalizaciones y duras restructuraciones en todo el sector privado”.

Esta era una de las reivindicaciones de la huelga general convocada para el lunes, desde hacía meses, por parte de los sindicatos de base de todo el país. La cuestión del green pass estuvo presente en los discursos de quienes tomaron el micrófono durante la manifestación, pero de forma secundaria. Y así, al acabar el día, una huelga general —rara avis en el ecosistema italiano de las últimas décadas— quedó a la sombra de una movilización de masas que está superando cualquier previsión. El contraste de participación entre ambas manifestaciones es un reflejo bastante claro de la situación política actual en Italia.

“Un pasaporte para la vida”

Demos un paso atrás para enfocar mejor la situación. A mediados del pasado junio, el Gobierno italiano promulgaba un decreto para instaurar el certificado verde, pasaporte sanitario o, como se conoce popularmente en el país transalpino, green pass, que funciona como salvoconducto para quienes hayan superado el covid-19 recientemente, hayan resultado negativos a un test en las últimas horas o hayan sido vacunados. Documento nacido en el seno de la Unión Europea para controlar los desplazamientos de personas entre sus Estados miembros, desde el principio el Gobierno italiano lo ha utilizado además como mecanismo de control interno.

Desde julio el certificado es obligatorio para acceder a la mayoría de eventos públicos, así como a residencias de ancianos, y también para desplazarse a regiones del territorio nacional que estén en zona naranja o roja, esto es, cuyos parámetros epidemiológicos indiquen una potencial situación de riesgo.

Pocas semanas después de su promulgación, la patronal  propuso que se obligara por ley a sus empleados exhibir diariamente el certificado

Si la imposición del green pass se hubiese parado aquí, muy probablemente la revuelta no se habría desencadenado como lo ha hecho. La auténtica vuelta de tuerca llegó cuando, pocas semanas después de su promulgación, la potente patronal industrial italiana, Confindustria, propuso que se obligara por ley a los empleados de sus empresas a exhibir diariamente el certificado, bajo pena de ser trasladados de puesto de trabajo o incluso suspendidos de sueldo. La justificación de esta propuesta era “la tutela de los trabajadores”, según declaró un portavoz de la patronal a mediados de julio. Una declaración que contrasta con el comportamiento reciente de la organización empresarial, que durante los momentos más crudos de la pandemia demostró lo poco que le importaba la salud de sus trabajadores.

Resulta más lógico pensar que el objetivo de los grandes empresarios italianos es ahorrarse las inversiones en seguridad laboral que deberían hacer, a la vez que descargan sobre los trabajadores y las trabajadoras la responsabilidad de la gestión pandémica. Como era de esperar, la idea de la patronal se tradujo rápidamente en una propuesta de ley, escrita mano a mano con el Gobierno.

Por su parte, el Estado ha ido progresivamente extendiendo el campo de acción del salvoconducto. El green pass se ha convertido en un “pasaporte para la vida”, siendo ya obligatorio para sentarse a comer en bares y restaurantes, así como para entrar en otros lugares públicos —incluso aquellos con espacios al aire libre—, como gimnasios, cines y teatros. En el ámbito laboral, el Gobierno ha impuesto el green pass para todo el personal escolar y ministerial, mientras que en las Universidades incluso los alumnos deben mostrarlo para asistir a clase —y por este motivo han nacido, en numerosas universidades del país, grupos autoorganizados de estudiantes contra esta medida—. En el ámbito de los transportes, la obligación de exhibir el pasaporte verde se ha reducido a los trenes de alta velocidad —mientras que en los de breve recorrido los pasajeros siguen amasándose día a día—.

El green pass se ha convertido en un “pasaporte para la vida”, siendo ya obligatorio para sentarse a comer en bares y restaurantes, así como para entrar en otros lugares públicos

Al aplicarlo de manera tan extensiva, el green pass impone, de facto, una vacunación obligatoria. El chantaje es evidente: si no te vacunas (o te haces un test —pagado de tu bolsillo— cada dos días), no trabajas, además de volverse difícil una vida social tristemente basada en el consumo.

Alguien podría justificar que el Gobierno ha decidido aplicar una medida tan autoritaria para motivar a más gente a vacunarse. Pero esta suposición no tiene ninguna base real, ya que actualmente el porcentaje de personas de más de veinte años que se han puesto por lo menos la primera dosis de la vacuna está por encima del 80%, llegando a más del 90% en personas de más de 60 años, y la tendencia era parecida a principios de verano. Así, resulta evidente que el objetivo del Gobierno con la imposición del green pass es otro, que tiene mucho más que ver con la política que con la salud pública.

Leer la revuelta

Quien esté leyendo este artículo, si no es especialmente sensible a las derivas autoritarias de los gobiernos, dirá: “Bueno, la vacuna es algo bueno, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué no se vacunan y ya está?”. La respuesta que da todos los días desde hace semanas la prensa italiana a esta pregunta es monolítica: “Son todos antivacunas”, ergo idiotas, ergo inconscientes que nos ponen a todos en peligro con su estúpido egoísmo. Otro leitmotiv de los grandes medios es tachar las protestas de “fascistas”, cuando solo en Roma grupos como Forza Nuova están intentando llevando la voz cantante. La realidad, como suele suceder en estos casos, es más compleja de lo que dictan las portadas de los grandes periódicos.

El agujero negro que es hoy el conflicto en torno al green pass hace desaparecer gran parte del resto de conflictos sociales

Lo primero que hay que decir es que la composición de las protestas es muy heterogénea y políticamente confusa. En ella participan —y lideran— personas y grupos muy distintos entre sí, incluso antagónicos en algunos casos. Es cierto que algunos grupos o militantes fascistas están intentando —con escaso éxito— barrer hacia casa en las manifestaciones y comités, como también lo hacen grupos declaradamente antivacunas. Por otro lado, distintos colectivos y organizaciones de la izquierda extraparlamentaria participan en la organización de la protesta en muchas ciudades, junto con muchas personas provenientes del mundo del asociacionismo y una infinidad más sin una clara identidad política. Se trata pues de un movimiento transversal y contradictorio, que está poniendo a prueba las ideas y prácticas militantes de muchas personas y grupos que han decidido mancharse las manos.

Respecto a las motivaciones de la protesta, existen diversos elementos objetivos que han contribuido, en mayor o menor medida, a generar la oposición de masa —cada vez más organizada— que existe en este momento contra el green pass. Sin duda un elemento importante es la naturaleza del pasaporte sanitario en sí: una equiparación legal entre estar vacunado y haber resultado negativo a un test (PCR o antígenos). Dos condiciones que poco tienen que ver entre sí: mientras que la vacuna protege a quien se la ha puesto, saber que eres negativo al covid-19 te permite proteger mejor a los demás. Así, la utilidad sanitaria del green pass es más que discutible y, lo que es peor, transmite un mensaje aberrante a nivel científico, que no hace sino incrementar la confusión generalizada.

Gran parte de la rabia acumulada en los últimos meses que está explotando en estos días proviene de las carencias de la gestión pandémica por parte del Gobierno

Por otro lado, gran parte de la rabia acumulada en los últimos meses y que en parte está explotando en estos días proviene de las carencias de la gestión pandémica por parte del gobierno y, más concretamente, durante la campaña de vacunación.

Ya desde el principio, la campaña de vacunación en Italia ha presentado diversos elementos que permiten entender el porqué de la desconfianza de muchas personas que a priori no se habrían posicionado en contra de la vacunación. Uno de los aspectos fundamentales ha sido la ausencia de una auténtica campaña comunicativa, que explicase los mecanismos y —sobre todo— los riesgos que podría implicar vacunarse para ciertas personas.

Mientras en la televisión aparecían famosos y famosas repitiendo estúpidos eslóganes paternalistas que invitaban a la gente a vacunarse, se dejaba a los médicos de familia —enlace cotidiano entre la sanidad estatal y la población— desprovistos de recursos para encarar la avalancha de dudas que, legítimamente, muchos de sus pacientes les hacían llegar. Así, el principal mensaje que ha transmitido el Gobierno italiano ha sido que la vacuna era una panacea, al tiempo absolutamente inocua y absolutamente eficaz para acabar con la pandemia, cuando las bases de la comunidad científica han seguido repitiendo que se trata de una herramienta eficaz, sí, pero para nada definitiva.

Se está produciendo una politización de masas, aunque lejos de cualquier idea militante, porque es confusa, sin base ideológica y en muchos casos profundamente reaccionaria

Por otro lado, también la producción privada de las vacunas ha contribuido a generar desconfianza. Ya en diciembre de 2020, pocas semanas antes de la comercialización de las primeras vacunas, el famoso virólogo Andrea Crisanti denunciaba la opacidad con la que las grandes farmacéuticas habían desarrollado los ensayos clínicos. Actualmente los datos de tales estudios son en su mayoría públicos, pero estos se han difundido de tal forma que han llegado mal y tarde al conjunto de la ciudadanía.

Y ahora qué

Si bien resulta relativamente fácil analizar algunos de los elementos que han generado la indignación creciente, imaginar el futuro próximo se antoja complicado. Por un lado, la existencia misma del Gobierno de Draghi está ya unida a la del green pass. Ceder ante las movilizaciones significaría probablemente su caída. Por otro lado, la oposición popular contra el salvoconducto está creciendo día a día, y resulta difícil imaginar que se desinfle en el corto plazo. El Gobierno podría resistir hasta diciembre, momento en el cual, según las disposiciones actuales, el green pass perdería su validez actual. Así podría fingir que mantiene el control de la situación, pero la realidad es que las protestas actuales están liberando una energía con grandes potencialidades de transformación. Hoy será sin duda un día crucial, en el que el bloqueo de puertos por parte de los estibadores podría acelerar los procesos de cambio.

Se está produciendo una politización de masas, aunque lejos de cualquier idea militante, porque es confusa, sin base ideológica y en muchos casos profundamente reaccionaria. El agujero negro que es hoy el conflicto en torno al green pass, que hace desaparecer gran parte del resto de conflictos sociales — y que por tanto juega un papel de distracción a favor del gobierno y el poder en general— podría transformarse en algo distinto, hundir sus raíces y generar conciencia antiautoritaria. O bien el ciclo conflictivo podría cerrarse rápidamente y volver a la no-normalidad de hace unos meses. Todo está por ver.