Infancia libre
Madres de Infancia Libre: “Nuestros hijos han estado desamparados durante el confinamiento”

María Sevilla y Patricia González llevan ya más de un año separadas de su hijo y de su hija. Ya han pasado 12 meses desde que fueran detenidas en el marco de la investigación contra Infancia Libre, organización a la que pertenecían y a la que la Policía trató de acusar de trama criminal. Hace ya unos meses de que Fiscalía archivara esta investigación, al no apreciar datos objetivos de delito, pero sus consecuencias aún se hacen patentes.

Ambas están acusadas de sustracción de menores y se encuentran pendientes de juicio. Y ambas insisten en que lo único que hicieron fue alejar a los menores de sus padres cuando comenzaron a manifestar abusos sexuales. Abusos sexuales que fueron sobreseídos en diferentes tribunales. Durante este confinamiento no han recibido ninguna noticia sobre sus descendientes.

“Yo llevo sin saber nada de mi hijo desde el 30 de marzo de 2019 a las 12 de la noche que se lo llevaron. Ni el de mí. Mi juicio se ha parado por el estado de alarma”, manifiesta Sevilla, quien añade que, tras pelearlo en los juzgados consiguió un régimen de visitas en un punto de encuentro, pero desde el 27 de junio de 2019 hasta la fecha aún no se ha dado cumplimiento, y la resolución —a la que ha tenido acceso El Salto— es firme, corroborada por el Juzgado de lo Penal. “Pero los puntos de encuentro ahora están cerrados y antes no se ha hecho”, añade.

María cuenta que todo su periplo judicial arrancó en 2011, después de que su hijo, con cinco años, manifestara que estaba sufriendo abusos sexuales por parte de su padre. “Desde ese momento no le vuelvo a dejar ver a mi hijo”, afirma. 

María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, ante la fiscalía: “Lo único que he hecho es proteger a mi hijo”

Sara Plaza Casares

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María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, ante la fiscalía: “Lo único que he hecho es proteger a mi hijo”

Sara Plaza Casares

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La expresidenta de la asociación ha declarado hoy en sede fiscal, después de que la policía acuse a su entidad de organización criminal. Sevilla asegura que lo único que han hecho es atender a más de 100 casos de niños y niñas que sufren abusos sexuales y están desprotegidos.

“El lunes 11 de mayo hizo un año de que se llevaron a mi hija —cuenta Patricia González— Llevo un año sin verla. Me han puesto unas medidas cautelares con alejamiento y hace un año que no sé nada de ella”. En su caso, la denuncia por abusos sexuales contra el padre se reabrió en 2019 por unos informes médicos. La niña fue a declarar el 13 de febrero de 2020 de la mano de su progenitor. “En la prueba preconstituida se puso a llorar, dijo que quería verme”, insiste esta madre mientras lamenta que no se la esté escuchando y que el caso se haya vuelto a archivar.

“Yo tengo su custodia. Jamás me la han quitado. Pero, tras mi detención, el Juzgado de lo Penal me puso una orden cautelar y se quedó en suspenso. Cautelarmente está con su padre”, explica mientras intenta resumir la maraña judicial que también ha acompañado a su caso, desde que decidió incumplir el régimen de visitas. “En 2011, después de que pasara un fin de semana con él, la recojo y al meterla en el baño veo que tiene hematomas en sus partes. Él dijo que se había caído y se había hecho daño con unas ruedas de una silla de estudio", relata.

"En diciembre de 2014 la niña me relató abusos. Era un domingo, él tenía que venir a casa. Llamó él a la Policía porque le dije que no se iba a ir con él. Al día siguiente fui al pediatra que lo registró en su historial. Luego fui al hospital y luego a denunciar a Plaza de Castilla. Ahí empezamos una locura de derivaciones y yo decido incumplir el régimen de visitas. Un día la coge del cole y la devuelve con una contractura en la ingle”, rememora.

“CONFINADOS Y DESAMPARADOS”

“Nuestros hijos durante el confinamiento han estado desamparados. A nosotras se nos ha colgado un sambenito, se nos ha llamado brujas, terroristas…. Pero los que están mal son ellos. Los que están confinados con sus agresores son nuestros hijos. No hay ni interés en averiguar cómo están nuestros hijos. No van al cole, quién va a decir si pasa algo”, denuncia Sevilla mientras echa mano a las estadísticas para remarcar que sus casos no son incidentes aislados.

Según el Anuario Estadístico del Ministerio de Interior de 2018, una de cada dos denuncias que se presentaron por delitos contra la libertad sexual correspondían a casos cuyas víctimas eran menores de edad. 5.382 casos de un total de 10.939. Los datos suponen un incremento del 14,7% respecto a 2017. Sevilla alerta del aumento de situaciones que pueden estar teniendo lugar dentro de algunos hogares en el silencio del confinamiento. “Al tener a los niños encerrados en casa es mucho más fácil poder abusar”, advierte. Según los datos que maneja Save The Children en su último informe Ojos que no quieren ver, entre un 10 y un 20% de la población ha sufrido abusos en su infancia y solo un 15% de los casos son denunciados.

Mientras desde la fundación ANAR, que ayuda a la infancia en riesgo, alertan de que el confinamiento “ha escondido y agudizado la violencia que sufren cada día miles de niños, niñas y adolescentes en sus propios hogares”. Desde el 23 de marzo, con el confinamiento ya decretado, esta fundación ha atendido 1.787 peticiones de ayuda, de las cuales casi la mitad (49,1%) han sido por violencia. “Los casos de maltrato intrafamiliar son los más frecuentes, sobre todo maltrato físico y psicológico, violencia de género, abuso sexual, abandono e incluso ideas e intentos de suicidio”, añaden.

“Han tratado a mi hija como si no tuviera criterio, vulneran todos los derechos de mi hija como persona, los llevan vulnerando desde hace seis años”, asegura Patricia González

Mientras, María Sevilla hace hincapié en que todas sus actuaciones han ido encaminadas a proteger a su descendencia. “Nos decían que nuestros hijos estaban sin escolarizar. ¿Qué ha pasado ahora mismo en el estado de alarma? Se mandaron a los hijos a casa para protegerles y eso es lo que nosotras hemos hecho. No había otra opción ¿No ha podido un Gobierno paralizar un país entero? ¿Qué querían que hiciéramos las madres, que los entregáramos? Un abuso es peor que una pandemia”, sentencia.

“Se han olvidado siempre de nosotras. A mí me han tratado siempre como si fuese yo una delincuente y a la niña la llevó de la mano el imputado a declarar. Solicitamos que fuesen los servicios sociales, pero no quisieron. Han tratado a mi hija como si no tuviera criterio. Vulneran todos los derechos de mi hija como persona. Los llevan vulnerando desde hace seis años. Esto es para vivirlo”, concluye Patricia González.