Infancia libre
Asociaciones contra los abusos a la infancia, un año después del caso Infancia Libre: “Lo vivimos como un aviso a navegantes”

“La descripción de las entradas en domicilios como si se tratase de operaciones a gran escala, la espectacularidad con la que se hacía el relato… había un algo de sobreactuado”, recuerda Estrela Gómez, presidenta de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), sobre las noticias hace ahora un año de varias madres relacionadas con la asociación Infancia Libre, una asociación cuyo fin social era la denuncia de negligencias en la protección a los menores en casos de denuncias de abusos sexuales contra la infancia (ASI).

El 1 de abril fue detenida María Sevilla en la casa de un pueblo de Cuenca donde se ocultaba con su familia, después de que la denuncia de abusos sexuales contra el progenitor de su hijo hubiera sido archivada. El 13 de mayo fue detenida Patricia González, que vivía con su hija en un pueblo de Madrid, también oculta de su exmarido, al que había denunciado por abusos sexuales contra la hija de ambos, denuncia también archivada.

El 22 de mayo, el nombre que alimentaba los titulares era el de Ana María Bayo. Sin embargo, ella no se había ocultado con su hija —quien en 2016 se escondió una grabadora en un calcetín para tratar de obtener pruebas contra su padre—. La Policía fue a buscarla a su puesto de trabajo para entregarle una orden de búsqueda y captura cursada en 2018. 

Hubo una cuarta mujer a quien se trató de implicar en lo que la Unidad de la Policía Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla y varios medios trataron de presentar como una trama de madres organizadas para denunciar en falso a sus exparejas: Rocío de la Osa, vicepresidenta de la asociación, que el 18 de junio acudió a declarar después de que la Policía le avisara de que tenía la citación con el apercibimiento de detención. No fue arrestada, ni detenida, como se apresuraron a asegurar muchos medios.

“A las asociaciones que trabajamos con el tema de los abusos sexuales contra la infancia no nos pilló de sorpresa lo que acontecía”, valora Ester Ruiz, de la Plataforma Luna contra el Síndrome de Alienación Parental (SAP), que cree es el argumentario que promueve este síndrome lo que explica este caso. “El inexistente SAP tiene como finalidad ocultar y negar la credibilidad de los niños y niñas y de sus madres, que son quienes ejerciendo su deber de custodia y cuidado proceden a denunciar lo que los hijos e hijas les cuentan”, dice. Por la experiencia que conoce a través la plataforma puede decir que se considera que en todos los casos las madres mienten y los niños y niñas inventan: “Si se denuncian malos tratos pasas a ser cuestionada y no creída, pero si se denuncian ASI, la suerte está echada y es cuestión de tiempo que te arranquen a tus hijos e hijas”.

Infancia Libre y el ‘antiperiodismo’

Sara Plaza Casares

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Opinión

Infancia Libre y el ‘antiperiodismo’

Sara Plaza Casares

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Los casos de las madres de Infancia Libre son complejos y muy diferentes, como hemos tratado de documentar en El Salto frente al silencio atronador de la mayoría de los medios. Ahora que la Fiscalía ha archivado la investigación policial, sería de recibo que estos medios pidieran perdón.

Esta plataforma que agrupa a mujeres que conocen de primera mano las consecuencias del SAP y que fue una de las primeras en España para denunciarlo —se crea en 2008, aunque la red ya existía unos años antes—, alerta de las consecuencias de este supuesto síndrome sin respaldo científico que se referiría al conjunto de comportamientos mostrados por niños que supuestamente habrían sido manipulados para posicionarse en contra de uno de los progenitores y que surge en contextos de disputa por la custodia. Un síndrome que, pese a llamarse “parental”, se aplica sistemáticamente contra las mujeres.

“Sabemos por experiencia que cuando hay un archivo de una denuncia por abusos contra la infancia se actúa como si no existiese la denuncia, o como si esa denuncia se hubiese condenado por denuncia falsa”, dice Maitane Urízar, del colectivo Gure Sarea, colectivo que conocía Infancia Libre porque había sido una de la organizaciones invitadas a las jornadas que Gure Sarea organiza en el País Vasco sobre abusos contra la infancia. La problemática que puso sobre la mesa el caso, explica, no sorprendió en este colectivo, “pero sí nos sorprendió la dimensión”.

En julio de 2019, la unidad policial que había llevado a cabo las actuaciones entrega a la Fiscalía el informe en el que trata de sostener la acusación de que existe una trama para denunciar en falso, un informe plagado de contradicciones, que la Fiscalía decidió archivar unos meses después, en enero de 2020, al no encontrar indicios de la existencia de tal trama. Hoy, dos de las madres, María Sevilla y Patricia González, tienen causas pendientes de manera individual, y están a la espera de juicio.

Pero, “socialmente queda una explicación por dar, queda pendiente un acto de justicia a favor de Infancia Libre”, dice la portavoz de Agamme, que señala que “no se ha intentado restaurar el daño causado ni en el caso de los niños o niñas y sus familias, ni en de los profesionales, ni a Infancia Libre como entidad”. “Nosotras lo vivimos como un aviso a navegantes, era una ataque directo a las madres protectoras”, añade por su parte Urizar.

ESCUCHAR, CREER, HACER ALGO

Julieta Sagüés aparece en la imagen replicada en aquellos días como prueba de la relación entre las madres, y a su vez de la supuesta relación de la asociación con Podemos. En la imagen, Sagüés posa junto a María Sevilla, Patricia González y Ana María Bayo con Idoia Villanueva, entonces senadora de Podemos por Navarra y hoy eurodiputada, después de que Villanueva, tras escuchar a varias asociaciones del ámbito, denunciara en el Senado la falta de políticas específicas contra el abuso sexual a la infancia.

“Fue muy chocante para mí volver a sentir que tenemos muy poco apoyo con respecto al abuso y que siempre la mentira es de las personas que lo denuncian”, recuerda con respecto a aquellos primeros momentos en los que su imagen circuló junto a titulares sobre una supuestas “secuestradoras”. Ella se posicionó del lado de estas mujeres entonces, no solo porque las conocía, argumenta, sino porque “para mí un tema recurrente a lo largo de todos los años en los que he luchado contra los abusos esto: que nadie escuche, que nadie crea, que nadie haga nada”.

Sagüés es colaboradora de El Mundo de los ASI, una asociación que sirve de punto de encuentro a personas adultas que sufrieron abusos en la infancia. Su aproximación a la intervención, explica, se basa en tres infinitivos: escuchar, creer, hacer algo. Por eso, posicionarse es crucial para ella y no repara en decir, sobre las dos mujeres que tienen pendiente un juicio por sustracción de menores, que tenían derecho a obrar en base a lo que estaban viviendo. En su opinión, ellas llevaron a sus últimas consecuencias el creer a sus hijos y considera que, pese a las duras consecuencias —ambas llevan meses sin poder ver a sus hijos—, esto lanza un mensaje y sienta un precedente.

Julieta Sagüés (colaboradora de El Mundo de los ASI): “Los peques han sentido cómo sus mamás les apoyaban, y esto cura el alma, esto les dice a los peques acá estoy, te creo; es un aprendizaje fundamental”

Además, pone en valor el “coraje” de las madres al creer a sus hijos y actuar en consecuencia: “Creo que los peques han sentido cómo sus mamás les apoyaban, y esto cura el alma, esto les dice a los peques acá estoy, te creo; es un aprendizaje fundamental para transitar en la vida”.

Julieta Sagüés insiste, como hacen muchas organizaciones, en la invisibilidad de esta violencia. Según recoge Save the Children, distintos estudios llevados a cabo arrojan que entre un 10 y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abusos sexuales durante su infancia, y que seis de cada diez abusadores son conocidos en distinto grado por los niños y niñas.

Sin embargo, los abusos a la infancia no se ven ni están en ninguna agenda y lo más fácil es no creer a los niños que los denuncian. “La cabeza tiene muchas creencias, y en la mayoría de los casos no existe una agresión física, no hay pruebas, y creen que el niño se lo está inventando”, dice Sagüés, que nove una reacción proactiva del sistema de justicia contra las madres que denuncian abusos, sino más bien una dinámica arraigada que no deja espacio a otros desenlaces. “La justicia actúa con las herramientas que tiene y, si no compra nuevas herramientas, no tiene formas diferentes de actuar; no tenemos herramientas en la justicia para que pudiera haber un desenlace diferente”.

AMENAZA A LOS PROFESIONALES 

Sobre si el caso Infancia Libre ha podido incidir en la posterior actuación de profesionales ante sospechas de abuso sexuales contra la infancia, las organizaciones coinciden en señalar que este existe y no es nuevo: “El miedo de los y las profesionales comenzó hace tiempo, cuando los empezó a perseguir porque sus informes recogían los testimonios de ASI o de malos tratos y se les recusaba para que no interviniesen en los casos por falta de objetividad, pero no les bastaba con eso y les denunciaban”, explica Ester Ruiz, que afirma que este “modus operandi” habitual ha saltado a la luz recientemente.

Porque una de las hipótesis policiales en el caso Infancia Libre para tratar de sostener la existencia de una trama es que la asociación contaba con profesionales al servicio de las madres, profesionales a quienes acusaba de redactar informes a la carta. Los profesionales más expuestos fueron el psiquiatra Antonio Escudero, que ejerce en Madrid, y la pediatra Narcisa Palomino, que trabaja en Granada, pese a que entre la documentación aportada por las madres para alegar la existencia de posibles abusos tenía la firma de diferentes profesionales. 

La Asociación Española de Neuropsiquiatría y Profesionales de Salud Mental (AEN) expresó entonces su preocupación por el tratamiento informativo del caso Infancia Libre, que señalaba el trato a Escudero como “un intento de retroceder en las políticas sensibles al abuso y al maltrato”. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, por su parte, recordó que los profesionales siguen los protocolos marcados cuando atienden casos de abuso infantil y muestran su apoyo a la pediatra Narcisa Palomino.

“El abuso sexual es desde siempre un delito silenciado y ocultado y en esa ocultación participa el conjunto de la sociedad; ahora bien, la responsabilidad es todavía mayor en el caso de profesionales de determinados ámbitos que están en contacto continuo con niños y niñas o que implican deberes respecto a su salud y protección. Esto era así mucho antes del caso Infancia Libre y seguirá siéndolo”, alerta Estrela Gómez. Gómez también señala que existe un sector de profesionales con convicciones fuertes que les empujan a mantenerse firmes a pesar de los riesgos,“en ocasiones sabiendo que ello les va a repercutir negativamente”.

Estrela Gómez (Agamme): “Se persiguió a una asociación de víctimas sin haber hecho otra cosa que llevar a los espacios públicos y de participación política una realidad incómoda para nuestra sociedad”

También Ester Ruiz recuerda que los profesionales cumplen con su labor al redactar informes y poner en marcha protocolos, y advierte de que “quienes no cumplen son aquellos que sesgan, ocultan e incluso inventan inexistentes síndromes en base a prejuicios”.

Pese a que las organizaciones conocen la presión que sufren los profesionales, algunas señalan que el caso Infancia Libre fue un poco más lejos al sumar esa presión también a las asociaciones. “El caso Infancia Libre nos ha puesto sobre aviso, no podemos olvidar que se persiguió a una asociación de víctimas sin haber hecho otra cosa que llevar a los espacios públicos y de participación política una realidad incómoda para nuestra sociedad”, advierten desde Agamme. 

CRIMINALIZAR A LAS MADREs

Pese a que, efectivamente, es obligación de personal médico y también de los centros escolares el notificar a las autoridades competentes una sospecha de abuso contra un menor, desde Gure Sarea advierten de que los protocolos que así lo establecen son poco concretos y que, además, no existe ningún tipo de fiscalización. “Si dejas un mínimo de subjetividad, la tendencia va a ser no notificar”, dice Maitane Urizar.

En Gure Sarea, explica, el punto de partida es creer al menor que denuncia un episodio de abusos sexuales. Sobre la necesidad de valorar esos testimonios y verificarlos con pruebas de credibilidad, objeta: “Me llama la atención que valoremos la credibilidad de, por ejemplo, una niña de cuatro años que ha contado con todo lujo de detalles los abusos que le realizaba su padre, pero no la credibilidad del padre”. Además, señala que los equipos psicosociales no tienen formación específica, e insiste en que es difícil que la tengan, cuanto apenas existe formación sobre abusos contra la infancia.

Ester Ruiz (Plataforma Luna): “Es curioso que las madres que se agrupan sean tramas, y los padres que se agrupan no lo sean”

Urizar anota también una omisión en el tratamiento de los abusos a la infancia en las escasas formaciones que se ofrecen: apenas se hace referencia a la criminalización de las madres que protegen a sus hijos. Una omisión que se extiende a las organizaciones: “Hay asociaciones que hablan de abusos sin hablar de la criminalización a las madres protectoras; tengo 200 horas de formación específica en ASI y solo en una de mis formaciones se habló de la criminalización a las madres: si no tomas esto en cuenta estás perdiendo una parte muy importante”. 

Sobre la posibilidad de que existan denuncias falsas en un delito donde la única prueba suele ser el testimonio de la víctima, apunta que es prácticamente imposible, ya que “ni las denuncias con parte de lesiones, que son las mínimas, prosperan”.

Para Ester Ruiz, la criminalización que se produce contra las madres se basa en un argumentario pro Síndrome de Alienación Parental, un síndrome para el que su creador propuso una terapia cuyo nombre deja poco espacio a interpretaciones: la terapia de la amenaza. “Es curioso que las madres que se agrupan sean tramas, y los padres que se agrupan no lo sean”, apunta Ruiz, que recuerda que uno de los padres denunciados es periodista en uno de los medios que sostuvieron la versión de la trama. 

Desde Agamme insisten en la gravedad de haber criminalizado el que un grupo de madres se agrupara para apoyarse: “Se ha atacado a una asociación, a un colectivo ciudadano y, a pesar de haberse comprobado que no había base para la acusación no se han depurado responsabilidades”.