Hemeroteca Diagonal
Sin límites al negocio del hambre

Domingo 18 de mayo. Decenas de personas entran y salen del centro social donde están las oficinas de DIAGONAL en el barrio madrileño de Lavapiés. Arroz, leche, galletas, azúcar o legumbres, donados por las vecinas, pasan a la cesta de la compra de la clientela del banco de alimentos que se ha organizado desde hace poco menos de un año en la calle de la Fe. Son parte del millón doscientas mil personas que dependen de la solidaridad o la caridad para acceder a los alimentos básicos. Una cifra que ha aumentado más de un 174% desde el comienzo de la crisis económica. Cinco días antes, a 1.500 kilómetros de allí, el Parlamento Europeo aprobaba una serie de medidas que, aparentemente, tienen poca relación con el reparto solidario de alimentos que se celebra cada quince días en este local de Lava­piés. Europa daba luz verde a la segunda Directiva sobre Mercados de Instrumentos Finan­cieros (MiFid II), con la que se limitarán distintas prácticas realizadas por los operadores financieros que han contribuido decisivamente al encarecimiento de las materias primas alimentarias, como el maíz, el trigo, la soja, el arroz, el café o el azúcar.

Dicen que el parpadeo de un ordenador en Sidney puede mover miles de millones de euros en base al precio futuro de un quintal de maíz en el mercado de Chicago

Las crisis generadas por las burbujas de las materias primas en 2008 y 2011 llevaron a distintos países europeos a plantear la necesidad de “impulsar las medidas necesarias para evitar los movimientos de carácter exclusivamente especulativo” en el mercado de las materias primas alimentarias. Con esa frase se presentó una proposición no de ley aprobada por el Parlamento español en 2012 –ya con el PP en el Go­bierno–, a la que siguió una moción aprobada por el Parlament de Catalunya que pedía directamente la prohibición de la especulación con alimentos de primera necesidad. La alarma está justificada: según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los precios de los alimentos crecieron entre 2011 y mediados de 2013 casi un 80% respecto al periodo 2003-2008. Un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es de carácter especulativo, en pala­bras de Mi­chael Masters, del hedge fund Mas­ters Capital Mana­ge­ment, y el Banco Mundial estima que sólo un 0,5% de los contratos de futuro se acaban ejecutando. Com­binada con otros factores, como la crisis energética –sujeta a especulación en el mismo mercado que los alimentos, el de derivados de materias primas o commodities–, la destrucción de suelo fértil por sobreexplotación, el cambio climático –y los fenómenos asociados a éste, como las gotas frías y la desertificación– o la expansión de monocultivos, la especulación ha dado lugar a lo que se ha llamado una guerra silenciosa, por la que se estima que 1.300 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos.

Lo que ha aprobado Europa

A nivel europeo, las negociaciones de la directiva MiFID II se han encaminado a limitar distintas herramientas que juegan a favor de la especulación, como las transacciones finan­cieras automáticas, y a plan­tear mayores exigencias de transparencia en la compraventa de acciones, bonos y fondos que influyen sobre el precio de los alimentos. También se ha promovido la creación de nuevas categorías de mercado, destinadas, en teoría, a reducir el peso de las operaciones extrabursátiles, que juegan un papel protagonista en la especulación con materias primas alimentarias.

Javier Guzmán, de Veterinarios Sin Fronteras, explica que la directiva MiFID II ha sido muy peleada por las organizaciones movilizadas contra la especulación alimentaria, pero que el peso de los lobbies financieros ha sido importante en la redacción final. “Esta directiva reconoce algunos de nuestros planteamientos, sobre todo lo que tiene que ver con la transparencia de los mercados y cierta limitación de las posiciones, pero aunque el propio Parlamento Euro­peo quería hacer una regulación estricta, algunos estados, con Reino Unido a la cabeza, lograron que cada país tuviera en su transposición una enorme capacidad regulatoria para fijar los límites”, estima Javier Guzmán.

Según la ONU los precios de los alimentos crecieron entre 2011 y 2013 un 80% respecto al periodo 2003-2008

En opinión de la activista Esther Vivas, la directiva aprobada es “una victoria simbólica de las organizaciones ecologistas y en defensa de la soberanía alimentaria, que desde hace mucho tiempo vienen denunciando la especulación financiera con los cerea­les y la comida, pero la medida tiene muchas limitaciones e interrogantes porque pretende regular la especulación con alimentos, no prohibirla”.

Oportunidad de oro

Dicen que el parpadeo de un ordenador en Sidney puede mover miles de millones de euros en base al precio futuro de un quintal de maíz en el mercado de Chicago, el más importante en cuanto a la especulación sobre commodities. Aunque las operaciones automáticas quedarán bajo vigilancia a partir de la puesta en marcha, en 2017, de la Directiva Mifid II, la posibilidad de regresar a los niveles de precios previos a la crisis se esfuma.

La abogada y economista Pa­tricia Garrido Llamas, autora del capítulo “Especulación y materias primas agrícolas” del informe La crisis mundial de alimentos, publicado por la Fundación Alternativas en 2008, ha explicado a DIAGONAL que en ese informe “ya dijimos que los precios se estabilizarían, por supuesto sometidos a picos, pero no descenderían respecto a los niveles de 2008”. Un ejemplo de esos picos se visualiza en el conflicto que enfrenta a Ucra­nia y Rusia, que ha supuesto un encarecimiento de cerca del 20% de materias primas alimentarias como el trigo y el maíz.

“Como no se han tomado medidas legislativas ni de regulación de mercados, estamos abiertos a tener otro pico como el de 2008 o de 2011, o mayor, en cualquier momento”, advierte Patricia Garrido. Según esta economista se ha perdido “una oportunidad de oro para establecer unos límites a las operaciones especulativas sobre materias primas alimentarias a nivel paneuropeo”. Garrido apunta que, siendo realistas y “hasta un poco ambiciosos”, ni siquiera esa legislación garantizaba un coto a las prácticas de especulación, dado que “el capital se mueve por el mundo entero”. Pero con las rebajas que se han introducido en el largo proceso hasta la aprobación de la MiFID II se deja a los Estados la capacidad de intervenir. “Y ya sabemos lo que van a hacer: absolutamente nada”, denuncia.

Desde Ecologistas en Acción, la aprobación de la MiFID II también se ve como una oportunidad que los Gobiernos y las instituciones de la UE no han querido aprovechar. Tom Kucharz, de esta organización, cree que “al final han prevalecido los intereses del poder corporativo, los bancos y la industria financiera. Una vez más la presión empresarial ha minado los esfuerzos para frenar la práctica destructiva de la especulación alimentaria”. Kucharz advierte asimismo de que los avances establecidos por medio de la directiva corren el riesgo de una nueva desregulación si sale adelante el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, la Aso­cia­ción Transat­lántica para el Co­mercio y la Inversión, el llamado TTIP. Con este acuerdo, cuya quinta ronda de negociación transcurre desde el 19 de mayo, se “pretende eludir los Parlamentos y frustrar la regulación financiera; es un ataque a cualquier entidad reguladora”, resume Kucharz.

En el Estado español, diversas entidades comercializan fondos que especulan con materias primas alimentarias

En cualquier caso, las fuentes consultadas coinciden en que el traspaso a los Parlamentos europeos de la responsabilidad a la hora de regular las operaciones especulativas sobre materias primas puede dar lugar a una competición entre los distintos Esta­dos para aportar marcos regulatorios más laxos. “Todo el mundo va a intentar poner los límites más bajos y competir unos con otros”, sentencia Guzmán. Hay un límite que los Esta­dos no deben traspasar, opina Pa­tricia Garrido, que considera que se debe dejar marchar a las fortunas que pidan una regulación blanda de estas operaciones. “Hay determinado dinero que estaríamos mejor si se fuera”, dice en referencia a la economía de casino.

Lo que hace el Estado español

Los temores expresados por las organizaciones ecologistas, que prevén que la directiva se tope de frente con los Parlamentos nacionales, se veían confirmados en el Estado español antes incluso de la modificación de la MiFID. El 6 de mayo, una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural que reclamaba la prohibición de la especulación sobre los alimentos básicos era rechazada en la Comisión de Coo­peración Internacional del Congreso con los votos en contra del PP y la abstención de CiU y PNV.

“Los vínculos del Gobierno con la banca y la capacidad de incidir en las políticas por parte del lobby financiero” explicarían el rechazo parlamentario a la regulación, según Esther Vivas. En el Estado español, diversas entidades comercializan fondos que especulan con materias primas alimentarias. Además, se deben tener en cuenta los fondos que funcionan en el mercado over-the-counter (OTC) o mercado extrabursátil, sobre el que no hay regulación y que constituye el principal y más opaco foco de especulación sobre los alimentos. En estos mercados OTC se mueven sumas que representan más de diez veces el valor de las opciones y los con­tratos de futuros comercializados en los mercados organizados, y como recogió el Obser­vatori del Deute en la Globa­lització en su informe Mercados de derivados y especulación financiera: “A modo de comparación, el OTC equivale aproximadamente a diez veces el PIB mundial actual”.

Descartada por la presión de los lobbies financieros la posibilidad de intervenir sobre los mercados OTC y limitada la directiva impulsada en la Unión Europea, casi en exclusiva, a las operaciones automáticas, hay pocas posibilidades de modificar sustancialmente las reglas del juego, aunque no deja de haber margen, como recuerda Patricia Garrido. “La legislación de fondos de pensiones y de otros fondos domiciliados en España está en manos del Estado; claro que se pueden poner limitaciones”, indica Garrido.

De momento, la presión ejercida desde la campaña Banca Bajo Con­trol, impulsada por Veterinarios Sin Fronteras (VSF) y por otras 40 organizaciones, consiguió que Catalunya Caixa retirara su depósito 100% Natural, que se dedicaba a especular con materias primas alimentarias como el maíz, el café y el azúcar. Tras una acción lanzada tanto por VSF como por COAG y Mundubat en abril de 2011, y suscrita por más de 2.000 personas, la caja de ahorros se comprometió no sólo a retirar el producto financiero, sino también a no volver a comercializar depósitos de ese tipo en el futuro.

El propio subdirector del Sabadell en la sede parlamentaria dijo abiertamente que ese tipo de productos en España los tienen 20 bancos

Pero otras entidades han hecho oídos sordos a las denuncias. El pasado mes de noviembre, el subdirector del Banco Sabadell comparecía ante la Comisión de Agricultura del Parla­ment de Catalunya para dar explicaciones sobre su fondo de inversión BS Commodities FI, un producto financiero que lanzó al mercado en 2008, año en que se produjo una gran crisis alimentaria debido a la especulación con materias primas alimentarias. A pesar de la denuncia de VSF, que propició la comparecencia ante el Parlament, el banco se niega a retirar el fondo y rechaza que sea un producto especulativo, pese a que tiene a futuros 7,5 millones de toneladas de maíz, el equivalente a dos veces la producción anual de maíz del Estado español, toda la soja que se consume en el Estado al año (2,6 millones de toneladas) y tres millones de toneladas de trigo.

Otras entidades, como el BBVA, disponen también de fondos especulativos de este tipo, denuncia Guz­mán, que añade que éstos “son productos destinados al gran público, pero luego hay productos para un público más restringido, que se caracterizan por su opacidad” y son, por tanto, difíciles de detectar. “No obstante, el propio subdirector del Sabadell en la sede parlamentaria dijo abiertamente que ese tipo de productos en España los tienen 20 bancos”.

En los últimos años, varias entidades bancarias europeas, como la alemana Commerz­bank, la danesa Nordea, la austríaca Volksbanken AG o la británica Barclays, han ido abandonando estos fondos respondiendo a las denuncias que las acusan de provocar hambre en el mundo. Guzmán alerta de que “por cada 314 euros que uno invierte en esos fondos de inversión generamos un nuevo muerto de hambre; si inviertes 1.500 euros, te llevas la familia entera”. Y no sólo cuando se invierte directamente en estos productos. El consumidor, afirma, debería estar atento a los componentes de los “depósitos, fondos de pensiones o productos que nos puedan vender, porque si tienen un componente agrario, automáticamente tenemos que saber que estamos generando hambre”. Los efectos sobre los países del Sur, donde las familias destinan una mayor parte de sus ingresos a pagar alimentos, son devastadores. Pero también en el Estado español. A raíz de la crisis, la presión que la cesta de la compra supone sobre muchas familias “nos hace más vulnerables y nos expone mucho más que hace dos años”, explica Garrido. Por su parte, Vivas concluye que el movimiento de una burbuja, la inmobiliaria, a otra, la de los alimentos, obedece a una misma lógica: “Se hace negocio con el hambre de la gente igual que se hace negocio con los desahucios de las personas”, y lamenta que la opinión pública no se plantee a qué obedece el aumento del precio de los alimentos del mismo modo que ha tomado conciencia del abuso hipotecario creado por los mercados.