Guerra en Ucrania
Las izquierdas rusa y ucraniana, ante un posible acuerdo de alto el fuego en Ucrania

La posibilidad de un alto el fuego en Ucrania este 2025 —una negociación entre Washington y Moscú de la que se excluiría por ahora a Bruselas e incluso a Kiev— ha provocado un terremoto político de alcance internacional. En el ruido que provoca lo que a todas luces parece el derrumbe de la arquitectura internacional de posguerra las voces de las izquierdas quedan ahogadas, pero en pocos lugares quedan más ahogadas que en la propia Ucrania y Rusia, donde los respectivos gobiernos han ejercido en los últimos años —antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022— una persecución constante contra sus organizaciones, sus militantes y sus simpatizantes.

Una de las principales demandas de la izquierda rusa es la liberación de los presos políticos. Así, el historiador y sociólogo marxista Borís Kagarlitsky, una de las voces más reconocidas de la izquierda rusa, pide desde la cárcel que cualquier acuerdo incluya este punto, en particular a quienes han sido encarcelados por oponerse a la guerra en ambos lados del frente. Kagarlitsky ha estimado que el número de presos políticos oscila entre el millar y los tres mil. Mijaíl Lobánov, que fue candidato del Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR) en Moscú y actualmente se encuentra en el exilio, participa en la iniciativa People First, centrada también en exigir al proceso negociador entre Trump y Putin que se priorice la liberación de los presos políticos y prisioneros de guerra, aunque esta campaña se centra únicamente en las personas represaliadas en Rusia.

Sajnín aclara que no se trata de “sabotear las negociaciones”, sino de “poner de relieve que en su forma actual están condenadas al fracaso, ya sea inmediato o dentro de un tiempo”

En declaraciones a El Salto, Alekséi Sajnín, de la Coalición de Socialistas Contra la Guerra, explica que se está “tratando de participar en la campaña por la amnistía política a ambos lados del frente”. Para Sajnín, “solo la democratización puede hacer que la paz sea sostenible”. “También pensamos que ahora es el momento de articular un programa de paz democrática”, añade al precisar que, entre otros, están hablando con La Francia Insumisa.

Sajnín aclara que no se trata de “sabotear las negociaciones”, sino de “poner de relieve que en su forma actual están condenadas al fracaso, ya sea inmediato o dentro de un tiempo”. Por su parte, el ucraniano Andréi Konoválov, activista de la Unión de la Izquierda Postsoviética Expatriada (que reúne a bielorrusos, rusos y ucranianos) en Alemania, asegura a El Salto que “la situación de los presos políticos dependerá en gran medida de la insistencia de la izquierda europea en esta cuestión”. Según Konoválov, “la parte rusa no va a sacrificar bazas militares o políticas por defender los derechos de los presos políticos ucranianos y los gobiernos de la Unión Europea los ignoran casi por completo”.

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Redacción El Salto

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Guerra en Ucrania

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El presidente de Ucrania abandonó Washington DC sin firmar el pacto por el que se comprometía a vender los recursos minerales del país a cambio de garantías de seguridad.

El Partido Comunista de Rusia (internacionalista), formado en 2024 por facciones antibelicistas de otras organizaciones comunistas, comparte la visión de la plataforma Acción Comunista Europea y sostiene en un comunicado que “cualquier proceso de negociación, como la reciente conversación entre Trump y Putin, o las que le seguirán, es contrario a los intereses de los pueblos, pues inevitablemente deja inalteradas las verdaderas causas de la guerra. Todos sus movimientos, planes y discusiones confirman que, independientemente de los pretextos utilizados, la causa fundamental del conflicto radica en la competencia por el control de los recursos naturales, las rutas de tránsito, las plazas geoestratégicas y las cuotas de mercado.”

Represaliados en Rusia

¿De cuántos represaliados hablamos? ¿Por qué motivos? No hay cifras exactas. Memorial, una de las organizaciones más citadas por los medios de comunicación por su larga trayectoria, advierte en su página web que no cuenta con datos precisos y que recoge los más flagrantes, ya que resulta imposible llevar una estadística completa. Según los datos de esta entidad, Rusia cuenta 868 presos políticos —unos 217 por su posición antibelicista— y otros 586 represaliados no reclusos. La mayoría de ellos han sido condenados por los dos nuevos artículos del Código Penal aprobados con carácter urgente tras el inicio de la invasión: el 207.3 (“Difusión pública de información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa”, castigado con hasta 15 años de prisión) y el 280.3 (“Acciones públicas destinadas a desacreditar las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”, penado con hasta cinco años de prisión). Otra organización, Arjipelag FSIN, eleva la cifra a 1.260 presos políticos. OVD-Info, por su parte, contabiliza 3.112 causas políticas abiertas en este momento, 1.184 relacionadas con la postura antibelicista. Entre 2020 y 2024 OVD-Info ha contabilizado 40.595 detenciones en protestas de todo tipo.

La mayoría de los presos políticos no están fuertemente politizados, sino que son personas de a pie que reaccionan espontáneamente a la injusticia social o a la agresión bélica

Todas estas organizaciones subrayan sin embargo que se trata solo de los casos más conocidos, como el ya mencionado de Kagarlitsky o el del excoordinador del Frente de Izquierdas Serguéi Udaltsov –encarcelado por apoyar a miembros del círculo marxista de Ufá acusados de terrorismo– y apuntan a la falta de transparencia del sistema, especialmente en Chechenia y los territorios ocupados en Ucrania, que son a todos los efectos cajas negras. Así, un informe publicado el año pasado por el Frente Obrero de Ucrania (contrario a la invasión pero perseguido en Ucrania por comunista) habla de una represión total tanto en los territorios ocupados como en la misma Ucrania:

“En la República Popular de Lugansk (RPL) y la República Popular de Donetsk (RPD) el comunismo y toda oposición en general fueron purgados hace mucho tiempo, e incluso la lucha laboral está hostigada por la represión. Una situación similar se está produciendo en los territorios recientemente ocupados. No tenemos información sobre organizaciones marxistas que operen allí. Sin embargo, sabemos de dos huelgas en la Mariúpol ocupada: una huelga exitosa en la empresa de suministro de agua y una huelga de trabajadores de la construcción rusos que estaban de visita con un resultado desconocido. En cuanto a la estrategia y táctica de los comunistas en los territorios ocupados, ahora vemos sólo dos opciones: o una clandestinidad muy profunda, o salir y unirse a organizaciones locales. Cualquier actividad visible en los territorios ocupados será reprimida inmediata y brutalmente.”

La mayoría de los presos políticos no están fuertemente politizados, sino que son personas de a pie que reaccionan espontáneamente a la injusticia social o a la agresión bélica. Muchos de ellos estaban encuadrados en el movimiento ciudadano organizado en torno a Alekséi Navalni antes de la guerra porque ese era en gran medida el cauce natural para la expresión de la disconformidad. Este espacio ha quedado ahora desarticulado y, además, como señala Kagarlitsky y confirman, una tras otra, las encuestas de Russian Field —una joven empresa de estudios sociológicos—, desde el comienzo de la guerra el perfil opositor se ha ido desplazando progresivamente hacia los sectores de rentas más bajas.

El opositor es cada vez menos el acomodado liberal moscovita y cada vez más una persona de clase trabajadora de cualquier lugar del país. Un buen ejemplo de esta tendencia es el líder sindicalista Anatóly Bánnyj, líder de la reciente huelga en la fábrica Ural, encausado con la excusa de un antiguo post de Navalni compartido en 2018 que ahora, no obstante, casi el único apoyo lo recibe de distintas organizaciones comunistas.

Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que la aplicación en Ucrania del tipo de “colaboracionismo” está siendo excesivamente amplia

Además de la persecución penal, todas estas organizaciones coinciden en señalar el uso de medios administrativos de presión igual de eficaces: los registros de agentes extranjeros, extremistas y terroristas. Se trata en la práctica de listas negras, elaboradas por los cuerpos y fuerzas de seguridad sin necesidad de validación judicial, que se han ido volviendo cada vez más arbitrarias en los últimos tres años y menos relacionadas con actividades reales al servicio de gobiernos extranjeros o acciones que puedan ser tipificadas como realmente extremistas o terroristas. Su función es hacer la vida imposible a los señalados (impidiéndoles el acceso a la enseñanza, a la política y a otras actividades públicas, impidiendo el uso del sistema bancario, etcétera) con el objetivo de obligarlos a abandonar el país. Si no logran su objetivo, se procede a la persecución penal y entonces van a parar a la cárcel. El itinerario recorrido por Kagarlitsky fue exactamente éste, paso por paso.

Represaliados en Ucrania

La Unión de Exiliados y Presos Políticos de Ucrania señala por su parte la existencia de entre 10 y 15 mil presos por tipos penales de contenido ambiguo, como “colaboracionismo”, “justificación de la agresión rusa”, “alta traición” o “atentado contra la integridad territorial”. Es imposible saber cuántos de estos casos se ajustan a la definición de persecución política, pero incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que la aplicación del tipo de “colaboracionismo” está siendo excesivamente amplia. Gran parte de los condenados por “colaboracionismo” son gestores de administraciones públicas de territorios que estuvieron bajo ocupación rusa en 2022 pero luego fueron recuperados por Ucrania.

Los condenados por deserción y similares son los menos: sus casos —que son numerosos, de acuerdo con los medios que siguen de cerca este asunto— se suelen resolver dentro de la administración militar. Además, en Ucrania hay un gran número, imposible de cuantificar, de personas represaliadas por la exhibición de ideas o simbología comunista. Va desde una multitud de jubilados condenados por mostrar algún símbolo soviético hasta el conocido caso de los hermanos Aleksandr y Mijaíl Kononóvich, encarcelados desde 2022 y actualmente en arresto domiciliario. Mijaíl Kononóvich había sido secretario de la principal organización de juventudes comunistas, el Komsomol del Partido Comunista de Ucrania (PCU), prohibido en 2015.