Gobierno de coalición
El Gobierno anuncia un nuevo acuerdo con Bruselas para flexibilizar el objetivo de déficit

El Gobierno ya ha cerrado un nuevo acuerdo con la Comisión Europea para flexibilizar el objetivo de déficit, según ha anunciado esta mañana la ministra portavoz del Gobierno y titular del ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa celebrada al término del Consejo de Ministros. “Más que de negociaciones yo lo llamaría acuerdo”, ha señalado Montero, que no ha dado detalles sobre las cifras de reducción de déficit supuestamente acordadas con la Comisión Europea.

En su respuesta al borrador presupuestario enviado por el Gobierno en octubre, la Comisión Europea señalaba que sería necesario un ajuste adicional del 0,9% del PIB (en torno a 8.000 millones de euros) para cumplir con el objetivo de déficit para 2020, estimado en un 0,5% del PIB. Montero no ha concretado los nuevos porcentajes acordados con Bruselas, que deberían suponer un ajuste menor (entre aumentos de ingresos o reducción de gastos). El Gobierno actual prevé un descuadre de entre el 1,1% y el 1,7% del PIB con respecto al objetivo de déficit pactado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

“La senda acordada por el Gobierno del PP en 2018 es una senda desacompasada con la realidad del día a día”, ha señalado Montero. “A Bruselas le decimos que estamos comprometidos con la ortodoxia para cumplir con los parámetros fiscales sin que ello perjudique el crecimiento ni la creación de empleo”, ha resumido. “No hay duda de la pendiente [para cumplir el objetivo de déficit], pero sí de la inclinación”.

En ese marco, el Gobierno ha iniciado el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 y se ha remitido a próximas comparecencias para detallar el contenido del acuerdo flexibilización senda de déficit. Tras llevar al Senado y al Congreso la aprobación del nuevo techo de gasto y senda de estabilidad pactados con la Comisión Europea, el Gobierno espera reunir suficientes apoyos parlamentarios para la presentación del nuevo proyecto de Presupuestos. La ministra ha confirmado la previsión, adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió el lunes a TVE, de que los nuevos presupuestos estén listos para el verano.

Ante preguntas de las prensa, la ministra portavoz ha confirmado que el Gobierno mantiene su compromiso de derogar “los peores aspectos de la reforma laboral”, como el fin de la ultraactividad de los convenios o la subcontratación de servicios especializados dentro de la empresa o los procedimientos de “descuelgue” de las cláusulas salariales de los convenios colectivos. No obstante, ha precisado que al no tener mayoría absoluta el Gobierno tendrá que acordar estas políticas con el resto de formaciones con representación en el Congreso. Los sindicatos UGT y CGT venían pidiendo la derogación con motivos de urgencia del despido procedente por bajas de enfermedad, sin esperar a la negociación con los denominados agentes sociales ni a la reforma del Estatuto de los Trabajadores que el Gobierno quiere negociar en el Congreso.

Emergencia climática

El Gobierno ya había anunciado en la tarde del lunes que su consejo de ministras tenía previsto aprobar una declaración de Emergencia Climática. La vicepresidenta de Transición Ecológica y Teresa Rivera ha anunciado esta mañana en la rueda de prensa tras el consejo de gobierno que el Ejecutivo tendrá lista en los primeros 100 días de Gobierno la ley sobre Cambio climático, que incluirá la definición del compromiso de descarbonización de la economía hasta 2050 —hasta ahora eran conocidos los planes hasta 2030—  a través de 30 líneas de acción, de las que ha destacado el proyecto de un Plan Nacional de Adaptación al cambio climático, un plan de Educación Ambiental y un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, junto con medidas fiscales como los bonos verdes y una estrategia para protección de la costa.  

Ante preguntas de la prensa, la ministra ha adelantado que la Ley incluirá como novedad la obligación, para todos los municipios mayores de 50.000 habitantes, de establecer zonas de bajas emisiones que limiten la circulación de vehículos diésel. El anteproyecto, ha explicado, incluía esta posibilidad como mera recomendación. Ni Rivera ni Montero se han referido a la equiparación del impuesto del gasóleo al de la gasolina, medida prevista en el proyecto de PGE para 2019 que fue rechazado en el Congreso de los Diputados. 

Subida salarial para empleados públicos

Por su parte, la ministra de administraciones públicas, Carolina Daria, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto para establecer la subida salarial del 2%, con efectos desde el mes de enero, para todos los empleados funcionarios de las distintas administraciones del Estado. El Real Decreto da cumplimiento a una parte del acuerdo al que había llegado el Gobierno con CC OO, UGT y CSIF, que establecía el 2% como parte fija más una parte variable de un 1% máximo que dependerá de la evolución del PIB.

Así, los empleados públicos pasarán a cobrar un 3% más en 2020 siempre que el crecimiento de la economía iguale o supere el 2,5% del PIB. Por cada décima de avance del PIB por encima del 2%, la subida sería del 0,20% hasta el tope del 1%.  Daria se ha emplazado hasta los datos que dará a conocer en mayo el Instituto Nacional de Estadística (INE) para saber si finalmente la subida recogerá esos porcentajes adicionales. De momento, las previsiones más optimistas para 2020 son las del propio Gobierno (frente a las del FMI u otros organismos), y la sitúan tan solo en el 1,8%. 

Conflicto con Cataluña

Montero ha confirmado la previsión de que en febrero se celebre la primera reunión de la mesa bilateral con Quim Torra, presidente de la Generalitat, tal y como había adelantado el presidente del Gobierno en la entrevista concedida a TVE y emitida el lunes 19. En dicha entrevista Sánchez abría la puerta a una reforma del Código Penal que suavizara las penas del delito de sedición, por el que están condenados doce líderes políticos y catalanes por motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre.

"Lo que el presidente transmitió es que es evidente que tiene que haber actitud de escucha y de diálogo", ha desmentido Montero, que también ha destacado que la revisión de las penas del delito de sedición no forman parte del acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. En ese sentido, ha señalado que "estas no son medidas que pueda adoptar el Gobierno por sí solo" y ha hablado de la "vocación de que el Código Penal esté lo más consensuado posible", en un mensaje al Partido Popular,  "al que tendemos la mano en esta materia".