Gobierno de coalición
La Audiencia Nacional retrocede y no pedirá documentación al Gobierno sobre el embargo de armas a Israel

En un auto aclaratorio de fecha 10 de febrero que ha trascendido hoy, 19 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado la inadmisión de la totalidad de la petición de prueba antes admitida. Las pruebas admitidas el 17 de enero que quedan anuladas por la aclaración de la Audiencia Nacional iban al centro de la cuestión planteada por la campaña Fin al comercio de armas con Israel y la Comunitat Palestina de Catalunya, que han requerido al ministerio de Economía los expedientes administrativos de las autorizaciones vigentes de transferencia de material de defensa y de doble uso con destino Israel, los informes de las revisiones de las licencias de exportaciones a Israel autorizadas antes del 7 de octubre de 2023, así como los análisis y documentos de control de riesgo especial.

El auto viene motivado por un recurso lanzado por el Ministerio de Economía que, a través de la Abogacía del Estado, pedía que se declararan no pertinentes las pruebas solicitadas entre otros motivos por la confidencialidad de los expedientes. La sala inadmite el recurso, pero mediante la aclaración impide conocer las pruebas, lo que modifica el sentido de su resolución anterior.

Con la negativa dada hoy, la Audiencia Nacional aleja el objetivo planteado por la Comunitat Palestina de Catalunya con este proceso de fiscalizar “la posible complicidad de nuestro Gobierno con el genocidio del pueblo palestino”, según señalan en su nota de prensa. “A todas luces se trata de una resolución arbitraria, carente de fundamento y que facilita que el Gobierno de España continúe ocultando información y documentación acerca de cuáles han sido las relaciones armamentísticas entre España e Israel tras el 7 de octubre de 2023”, indica este colectivo.

El Gobierno de Sánchez anunció que se cortaban las operaciones de venta de armas a Israel a raíz del genocidio llevado a cabo por orden de los presuntos criminales de guerra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant desde octubre de 2023, pero ninguno de los ministerios implicados ha publicado “ni un solo documento en el que explique de qué manera ha cumplido con esta promesa”, resaltan desde la campaña. No se trata solo de una cuestión ética, sino de un posible delito de complicidad y facilitación de genocidio, tipificado en el Estatuto de Roma, del que España es signatario.

Además, como resalta la campaña, España ha seguido comprando armas a Israel en este periodo, financiando de este modo a la industria armamentística israelí, que publicita sus armas con el sello “probado en combate”. La Comunitat Palestina de Catalunya y la campaña Fin al comercio de armas piden tres decisiones al Gobierno progresista de Pedro Sánchez: que imponga de manera inmediata un embargo de armas integral a Israel, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico en base a una reforma de la Ley 53/2007; que informe “de manera clara y concreta acerca de cuáles han sido las decisiones adoptadas tras el 7 de octubre de 2023 para poner fin al comercio de armas con Israel” y que “revoque el Acuerdo entre el Gobierno de España y el Estado de Israel relativo a la protección de información clasificada de 7 de febrero de 2011”.