Genocidio
El Gobierno de Israel compara al TPI con los nazis tras la solicitud de orden de detención contra Netanyahu

El anuncio por parte de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional de la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su Ministro de Defensa, Yoav Gallant y tres altos cargos de Hamás ha tenido, como es lógico, repercusión internacional y marca la agenda también en Israel, pese a que —en las últimas semanas— el gobierno de coalición sionista había desacreditado a los principales órganos de la justicia internacional y que, a corto plazo, es poco probable que se hagan efectivos los arrestos de Netanyahu y Gallant.

El primer ministro israelí ha hablado de “escándalo” y ha asegurado que la medida solicitada por la Fiscalía no le va a parar. El anuncio por parte del TPI se da en el contexto de la escalada de la masacre en Rafah y solo unos días después de que Sudáfrica volviese a solicitar medidas contundentes para frenar el genocidio en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia.

Por el momento, la orden ha supuesto que se postergara una reunión del Likud (el partido de Netanyahu) y una salida en tromba de sus dirigentes para defender a Netanyahu. Uno de ellos ha sido el ministro sin cartera Benny Gantz, miembro del “gabinete de guerra” encargado de la limpieza étnica en Gaza. Gantz ha defendido que el Estado de Israel “lucha de la manera más moral de la historia, apegándose al derecho internacional, y tiene un sistema judicial independiente y fuerte”. Gantz es considerado una opción plausible de primer ministro si Netanyahu cae. Del mismo modo, el jefe de la oposición, Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid también se ha alineado contra el TPI.

El portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri ha sostenido el mismo argumento y ha lamentado que la decisión de la Fiscalía alienta a Israel a continuar su “guerra de exterminio” en Gaza

Dentro del Gobierno, Israel Katz, ministro de Exteriores, ha calificado de “escandalosa” la decisión del TPI. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, ha ido un paso más allá al comparar al TPI con el régimen nazi y al vincularlo, como es habitual en la narrativa de su Gobierno, con el antisemitismo: “No hemos visto tal muestra de hipocresía y odio hacia los judíos como la del Tribunal de La Haya desde la propaganda nazi”.

La denuncia de la equiparación con Hamás es el argumento principal de los políticos israelíes. Pero también funciona en la otra dirección. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha criticado la decisión del fiscal Karim Khan de solicitar órdenes de arresto también para los líderes de Hamás como una “confusión entre la víctima y el verdugo”. La orden de la Fiscalía va contra Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, de las Brigadas de Al-Aqsa, ambos actualmente en Gaza, e Ismail Haniyeh, líder político del movimiento, exiliado fuera de Palestina.

El portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri ha sostenido el mismo argumento y ha lamentado que la decisión de la Fiscalía alienta a Israel a continuar su “guerra de exterminio” en Gaza. “El fiscal está actuando en violación de todas las normas que permiten que las personas bajo ocupación, incluidos los palestinos, resistan a su ocupante”, ha comunicado Hamás en una declaración.

Posibilidad de detención de los criminales de guerra

Tras la decisión emitida hoy, el siguiente paso es que Khan solicite que las órdenes se hagan efectivas a un panel previo —la sala de cuestiones preliminares— compuesto por tres jueces del Tribunal Penal Internacional. Estos tienen que considerar las pruebas aportadas hasta la fecha y determinar si el proceso puede avanzar, en un periodo que puede extenderse varias semanas, esos magistrados deben confirmar las órdenes de arresto. Se espera que no sean las únicas y que otros ministros y responsables de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) sean también parte del proceso.

Además, Israel no forma parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no reconoce su jurisdicción, lo que complica aun más que las órdenes se hagan efectivas y que se produzca un procesamiento inmediato de sus principales líderes políticos, pero desde el 2 de enero de 2015 Palestina sí obtuvo entrada en el TPI gracias a la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que en 2012 lo reconocía como Estado observador ante la ONU.

La cuestión de la jurisdicción es clave para entender el progreso de esta causa. Así lo explican en su informe los seis juristas del panel de expertos en los que se ha basado la Fiscalía de la TPI para emitir su informe. La corte tiene jurisdicción en relación con los crímenes cometidos en el territorio de Palestina, incluida Gaza, desde el 13 de junio de 2014: “La CPI tiene jurisdicción sobre ciudadanos israelíes, palestinos u otros que cometieron crímenes en Gaza o Cisjordania. También tiene jurisdicción sobre los ciudadanos palestinos que cometieron crímenes en el territorio de Israel, aunque Israel no es un Estado Parte de la CPI”, señalan en su reporte.