Galicia
El ‘teléfono antiokupas’ de la Xunta recibió solo tres llamadas por ocupaciones en 2024

El servicio ha sido renovado este año con un presupuesto de 61.000 euros, con la colaboración del Consello da Avogacía Galega y 135 abogados para atender las consultas. El pasado año atendieron 109 consultas, la mayoría sobre desahucios.
Alfonso Rueda saúda
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un cocido organizado en Ordes (A Coruña). Foto: PP.

Mientras el debate vacío sobre la ocupación domina buena parte del discurso político y mediático de la derecha, la realidad es diametralmente distinta en Galicia y en el resto del Estado si se observan hechos cuantificables. El “teléfono antiokupas” habilitado por la Xunta para consultas sobre vivienda apenas ha recibido llamadas relacionadas con ocupaciones: solo un 3% de las consultas en 2024. Es decir, aproximadamente, tres llamadas.

Según los datos del Consello da Avogacía Galega, entidad que gestiona el teléfono, la mayoría de las personas que llaman a este servicio lo hacen por desahucios (16%), problemas con contratos de alquiler (12%) o reclamaciones contractuales (8%). En total, se han atendido 109 consultas este año, y la ocupación es una de las preocupaciones menos frecuentes.

“Hoy podemos dar un balón de oxígeno a los afectados por casos de ocupación ilegal de viviendas, que tendrán un punto de información para saber como actuar y los trámites que deben hacer, sin que esto les suponga coste alguno para ellos”, declaraba la entonces conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, cuando anunciaba el gasto de 27.000 euros de puesta en marcha en 2020. 

El servicio, que funciona de lunes a sábado en horario laboral, ha sido renovado este año con un presupuesto de 61.000 euros, con la colaboración de 135 abogados para atender las consultas. Más abogados que llamadas reciben.

Un teléfono con otra realidad muy distinta a la esperada

A pesar de que este servicio se promociona como una herramienta para ayudar a propietarios afectados por ocupaciones, los datos reflejan que la verdadera urgencia para los ciudadanos está en la pérdida de vivienda por desahucios o ejecuciones hipotecarias, no en la ocupación.

La propia conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, calificó este número como un “teléfono antiokupa”, aunque los datos sugieren que la inmensa mayoría de quienes lo usan lo hacen por problemas muy distintos.

Aseguradoras
Okupación Seguros antiokupación: “Lo que te están asegurando no existe, te están estafando”
Línea Directa o Mutua Madrileña están comercializando estas pólizas para primeras y segundas viviendas, que nunca pueden sufrir usurpaciones —delito con el que se asocia la okupación—, algo que podría constituir una mala praxis.

¿Realmente hay una “alarma okupa” en Galicia?

El informe publicado por el Consello da Avogacía Galega desglosa hasta 16 tipos de consultas y las relacionadas con “situaciones de ocupación no consentida en viviendas de particulares” se sitúan entre las menos frecuentes. Por debajo del 4% solo aparecen las ocupaciones (3,2%) y las ayudas para rehabilitación de viviendas (2,4%). Mientras tanto, los principales motivos de llamada siguen siendo: desahucios y riesgo de pérdida de vivienda (16%), dudas sobre contratos de alquiler (12%), reclamaciones y garantías de alquiler (8%) y ejecuciones hipotecarias (7,2%).

Xunta de Galicia
O ‘teléfono antiokupas’ da Xunta recibiu só tres chamadas por ocupacións en 2024

O servizo foi renovado este ano cun orzamento de 61.000 euros, coa colaboración do Consello da Avogacía Galega e 135 avogados para atender as consultas. O pasado ano atenderon 109 consultas, a maioría sobre desafiuzamentos.
Alfonso Rueda saúda
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, nun cocido organizado en Ordes (A Coruña). Foto: PP.

Mentres o debate baleiro sobre a ocupación domina boa parte do discurso político e mediático da dereita, a realidade é diametralmente distinta en Galiza e no resto do Estado se se observan feitos cuantificables. O “teléfono antiokupas” habilitado pola Xunta para consultas sobre vivenda apenas recibiu chamadas relacionadas con ocupacións: só un 3% das consultas en 2024. É dicir, aproximadamente, tres chamadas.

Segundo os datos do Consello da Avogacía Galega, entidade que xestiona o teléfono, a maioría das persoas que chaman a este servizo fano por desafiuzamentos (16%), problemas con contratos de aluguer (12%) ou reclamacións contractuais (8%). En total, atendéronse 109 consultas este ano e a ocupación é unha das preocupacións menos frecuentes.

“Hoxe podemos dar un balón de osíxeno aos afectados por casos de ocupación ilegal de vivendas, que terán un punto de información para saber como actuar e os trámites que deben facer, sen que isto lles supoña custo algún para eles”, declaraba a entón conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, cando anunciaba o gasto de 27.000 euros de posta en marcha en 2020.

O servizo, que funciona de luns a sábado en horario laboral, foi renovado este ano cun orzamento de 61.000 euros, coa colaboración de 135 avogados para atender as consultas. Máis avogados que chamadas reciben.

Un teléfono con outra realidade moi distinta á esperada

Malia que este servizo é promocionado como unha ferramenta para axudar a propietarios afectados por ocupacións, os datos reflicten que a verdadeira urxencia para os cidadáns está na perda de vivenda por desafiuzamentos ou execucións hipotecarias, non na ocupación.

A propia conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, cualificou este número como un “teléfono antiokupa”, aínda que os datos suxiren que a inmensa maioría de quen o usan fano por problemas moi distintos.

Realmente hai unha ‘alarma okupa’ en Galicia?

O informe publicado polo Consello dá Avogacía Galega desagrega até 16 tipos de consultas e as relacionadas con “situacións de ocupación non consentida en vivendas de particulares” sitúanse entre as menos frecuentes. Por baixo do 4% só aparecen as ocupacións (3,2%) e as axudas para rehabilitación de vivendas (2,4%). Mentres tanto, os principais motivos de chamada seguen a ser desafiuzamentos e risco de perda de vivenda (16%), dúbidas sobre contratos de aluguer (12%), reclamacións e garantías de aluguer (8%) e execucións hipotecarias (7,2%).

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